MADRID.- El PSOE
ha pedido crear en el Congreso una comisión de investigación sobre la
financiación ilegal y las tramas de corrupción que afectan al PP para
que den en ella explicaciones el jefe del Gobierno en funciones, Mariano
Rajoy, el expresidente de los populares José María Aznar y el extesorero Luis Bárcenas.
El
portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha registrado hoy
la petición, que es similar a la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha incluido entre las
condiciones planteadas a Rajoy para abrir una negociación que pueda desembocar en el voto favorable a su investidura.
"Esta comisión no puede depender del sí de Rajoy a Rivera,
sino que tiene que depender de la voluntad del Congreso, y hay una
voluntad mayoritaria para investigar las responsabilidades políticas de
las tramas de corrupción del PP y de su presunta financiación
irregular", ha sostenido Hernando en una rueda de prensa en la Cámara
Baja.
El portavoz socialista ha criticado a Ciudadanos
por poner la investigación parlamentaria de la financiación del PP como
requisito para negociar con Rajoy cuando esta iniciativa podría
prosperar sin el apoyo de los populares.
Según Hernando, el PSOE,
al contrario que C's, "con una mano no va a presentar una comisión de
investigación para dilucidar las responsabilidades políticas de Rajoy y
con la otra a facilitar su presidencia".
"Queremos y vamos a ser
coherentes", ha subrayado el portavoz parlamentario, quien se ha
mostrado convencido de que la iniciativa contará con el apoyo de C's y
también de otros partidos.
La pretensión del PSOE es que la
comisión se constituya de manera inmediata, una vez que el pleno del
Congreso la apruebe, y que tenga un periodo de trabajo prorrogable de
seis meses.
Además de Rajoy y Aznar, los socialistas quieren que en la comisión comparezcan la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,
así como una veintena de dirigentes y excargos del partido, buena parte
de los cuales se han visto salpicados por algunos de las tramas de
corrupción de más relevancia, en especial en Madrid y en la Comunidad
Valenciana, como la Gürtel o la Púnica.
Entre ellos, Luis Bárcenas, Francisco Granados, Ignacio González,
Jaume Matas, Ricardo Costa, Carlos Fabra, Juan Cotino, Alberto López
Viejo, Jesús Sepúlveda, Alfonso Rus, Joaquín Ripoll y la actual tesorera
del PP Carmen Navarro.
El PSOE también quiere que desfile por la
comisión Rita Barberá, Ana Mato y los exsecretarios generales del PP
Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos.
Todos estas personas pueden resultar, en opinión de los socialistas, "políticamente responsables de las prácticas" en las que indagaría la comisión parlamentaria.
El
PSOE pretende que la comisión pueda recabar de los tribunales que están
investigando estos casos de presunta corrupción todos los documentos
que no estén bajo secreto.
También solicitarían al PP facilitar
toda la documentación necesaria para poder dilucidar las posibles
responsabilidades políticas.
Para que la comisión se pueda poner
en marcha, es preciso primero que la petición sea calificada por la Mesa
del Congreso, que aún no ha dado curso a ninguna de las iniciativas
parlamentarias presentadas por los grupos políticos.
Luego, la Junta de Portavoces, a instancias del PSOE,
la tendría que incluir en el orden del día del pleno, si bien aún no
hay previsión de cuándo podría celebrarse la primera sesión ordinaria en
septiembre.
Hernando ha explicado que la intención de su grupo es que pueda debatirse cuanto antes.
IU financió ilegalmente candidaturas
de los comicios locales de 2015
El Tribunal de Cuentas ha
detectado irregularidades en la financiación de la campaña de IU para
las elecciones locales de 2015, ya que incluyó en su contabilidad más de 1,5 millones de euros destinados a la actividad de diferentes coaliciones.
"Estos
recursos no deberían figurar en la cuenta electoral ni en la
contabilidad de Izquierda Unida, sino en las de las diferentes
coaliciones en las que participa", advierte el órgano fiscalizador en el
informe de los comicios municipales de mayo del año pasado, el último
publicado.
Otras formaciones en las que ha localizado irregularidades son la antigua CiU y Geroa Bai, pues superaron los límites de gasto, lo que en ambos casos puede llevar aparejada una sanción por vulneración de la Ley de financiación de partidos políticos.
Al PSOE,
asimismo, le aplica una reducción de la subvención electoral de 350
euros como consecuencia de la emisión de publicidad electoral por
televisiones locales, lo que no permite la Ley de publicidad electoral
de televisión local por ondas terrestres.
El Partido Socialista es uno de las siete formaciones a las que el órgano fiscalizador aplica una reducción de la subvención.
El Tribunal de Cuentas,
por tanto, ha redactado un informe de casi 900 páginas para analizar la
contabilidad que desarrollaron 2.075 formaciones para las locales de
mayo de 2015.
De este total, 903 formaciones pequeñas no han presentado la contabilidad, por lo que no recibirán ninguna clase de subvención.
El
órgano fiscalizador entra también en el detalle de las cuentas de los
principales partidos, como el PP, al que llama la atención por haber
"incluido erróneamente" en la contabilidad de su propaganda electoral
hasta un total de 41.218 euros.
De este partido dice, además, que muestra gastos por más de 207.500 euros que "no son susceptibles de ser financiados con subvenciones", lo mismo que 8.628 euros derivados del envío de propaganda electoral.
Igualmente,
aprecia gastos electorales no declarados por 55.108 euros que el
Partido Popular, explica, provienen de los grupos políticos municipales.
El Tribunal de Cuentas, sin embargo, considera "constatado" que tales
gastos sí corresponden al proceso electoral.
Otro reproche del
órgano fiscalizador tiene que ver con la contratación de otras empresas,
en concreto de cuatro proveedores que han generado una facturación de 113.325,32 euros, de lo que no han informado al Tribunal.
A
Ciudadanos le informa de que 36.488 euros considerados como gastos de
operaciones ordinarias no serán cubiertos por subvención, así como más
de 5.500 en concepto de propaganda electoral. En Podemos no encuentra el
Tribunal de Cuentas nada irregular.
La antigua CiU es uno de los
partidos más apercibidos, entre otras razones por haber sumado 112.973
euros como gasto electoral no declarado (la formación alega que son de
precampaña, lo que no comparte el Tribunal de Cuentas) y por haber
llegado a un gasto irregular en envío de propaganda de más de 39.200 euros.
Pero
la advertencia se centra sobre todo en la superación del límite de
gasto en cerca de 130.200 euros, un 9,6 por ciento de exceso que la Ley
de Financiación de los partidos políticos considera una infracción grave
y que, en consecuencia, conlleva una sanción de más de 25.000 euros.
Geroa Bai, las siglas de Uxue Barkos, presidenta de Navarra, recibe varias llamadas de atención.
Por
un lado, por contar 25.741 euros como aportaciones del partido a
cuentas no electorales, lo que vulnera la Ley orgánica del Régimen
Electoral General, y por otro, por rebasar el límite de gasto tipificado
por ley tanto en publicidad como en publicidad exterior. En este último
caso, la superación llega a un porcentaje del 109,2 por ciento
