La democracia es el ágora, el foro; desde los tiempos de los griegos y
los romanos. El espacio público en el que los ciudadanos debaten los
asuntos de interés común. El lugar en el que se habla, se delibera, se
razona, se acuerdan decisiones colectivas. Hasta en los tiempos más
oscuros de la Edad Media se mantuvieron formas democráticas mínimas de
carácter municipal, con asistencia pública a concejos o similares.
Muy
distintos según los países, pero a partir de los cuales fueron surgiendo
luego los órganos deliberantes en las ciudades, hasta que el ascenso de
la burguesía en el siglo XVIII institucionalizó el ámbito de lo
público, la Öffentlichkeit habermasiana, como un lugar de
encuentro y discusión de unos ciudadanos razonantes y críticos. Así
nacería también la opinión pública y, en paralelo las instituciones
representativas, eje de la forma de gobierno moderna, la más importante
de las cuales es el Parlamento, esto es, el lugar en el que se habla.
La política se hizo comunicación política
Con
la irrupción de los medios, la expansión de la prensa escrita (causa y
efecto de la alfabetización de las sociedades), la aparición de los
audiovisuales, especialmente la televisión y también el cine, el ámbito
público invadió el privado y colonizó toda la acción social, arrebatando
al Parlamento la centralidad del debate. La opinión pública se hizo más
plural, más crítica, más informada y de mayor peso. Disponía de gran
diversidad de fuentes. Entre ellas, las voces de los intelectuales que,
ya desde el Rheinische Zeitung de Marx, se hicieron fuertes en
sus barricadas de papel. Los filósofos se expresaban en la prensa. Parte
de la obra de Ortega está en los periódicos. La de Sartre, en una
revista. Y con ellos, muchos otros. Filósofos, literatos, sociólogos,
psicólogos, juristas, expertos variados están permanentemente en los
medios, generando opinión pública.
La comunicación política se convirtió en la metateoría de las teorías políticas y la opinión pública.
Y
ahora, internet, las redes sociales. Muchos sostienen que hemos entrado
en una nueva forma de ágora, de ámbito público. Sin duda. Es el ágora
digital, una realidad inmediata que condiciona la interacción social sin
que quienes en ella participan tengan claro cómo funciona. Porque,
sobre ser nuevo este ámbito, es muy proteico, cambia continuamente de
formas y pautas y presenta un elemento de incertidumbre.
Justo
en el momento en que la comunicación política se ha convertido en el
arte de manipular la opinión pública al extremo de poner en cuestión la
esencia misma de la democracia.
Lo
anterior está basado en una convicción democrática que todos
compartimos, al menos públicamente, esto es, la de que el ámbito publico
debe ser libre, de libre acceso y garantizar derechos fundamentales,
como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la
información veraz, etc. No puede haber censura ni manipulación por
razones ideológicas o políticas. En realidad, por ninguna razón. Otra
convicción general es que, así como los medios de comunicación privados
pueden tener la ideología que quieran, los públicos deben carecer de
ella, ser imparciales, plurales y garantizar el acceso a todas las
opiniones. Si estas convicciones dejan de operar, si el gobierno las
quebranta de modo deliberado y sistemático, no es posible hablar de
democracia.
El
presidente Rajoy inició su mandanto modificando la Ley de
Radiotelevisión para nombrar un director general sin consenso, solo con
los votos de su partido. La finalidad, patente: poner la RTVE al
servicio del partido y el gobierno. Como está y a niveles de vergüenza.
Telemadrid no puede verse y la RTVE comete diariamente los mayores
atentados a la deontología periodística. No se informa sobre
manifestaciones multitudinarias o, si se informa, es para dar noticias
de altercados, sincronizadamente con las fuerzas de orden público a las
que muchos testigos acusan de ser quienes los inician.
Pero se emiten
verderos publirreportajes y ditirambos al gobierno. Los medios no solo
reflejan una realidad distorsionada. Llegado el caso, se la inventan. En
la Televisión de Extremadura dan el discurso íntegro del presidente,
como si esto fuera el sultanato de Omán y, cuando toca hablar a la
oposición, pasan un episodio de una serie. Este es el régimen normal del
audiovisual público. Pura propaganda y, en algún caso, como en Castilla
La Mancha, Agitprop. Llenan además las tertulias y debates de
comunicadores afines al gobierno, a los que mantienen con cargo al
erario. Llaman habitualmente debate al linchamiento dialéctico.
Los
medios privados, escritos o audiovisuales forman un cerrado frente
progubernamental. En unos casos por afinidades ideológicas, fáciles de
entender entre el gobierno de la derecha y los empresarios de los
medios, muchos de los cuales tienen intereses en otros sectores
generalmente dependientes de las decisiones de la autoridad. O bien por
pura dependencia económica de los medios escritos frente a los poderes
que discriminan en la publicidad institucional y en las subvenciones.
El
periódico más favorecido por el gobierno, La Razón, es el de menor difusión pero más ímpetu en su defensa, hasta el extremo de haber inventado un género nuevo, el del comic serio. La abundante presencia de comunicadores no ya de derechas sino furibundamente reaccionarios y agresivos, al estilo del Tea Party,
descompensa de tal modo ese ideal ámbito público de debate democrático
que lo convierte en una burla. Se habla mucho de las puertas giratorias
en cuestiones económicas, pero las político-mediáticas son un hecho
cotidiano. La señora Aguirre pasa de ser presidenta de la Comunidad de
Madrid a candidata a la Alcaldía y columnista del ABC. La señora Aguirre columnista opina sobre la señora Aguirre candidata.
Realmente, en el ámbito mediático solo se oye el ruido y el discurso de la derecha.
Con
las instituciones sucede lo mismo. El Parlamento no existe. Ni siquiera
legisla, pues eso lo hace por decreto el gobierno. No se habla de nada
que disguste a la mayoría de la derecha. O sea, no se habla de nada. No
se habla. De vez en cuando, el señor Rajoy lee un papel; la oposición lo
critica, los suyos aplauden y se hace lo que él dice. ¿Debate?
¿Discusión? ¿Rendición de cuentas? ¿Explicaciones? ¿Asunción de
responsabilidades? Por favor. No confundan la libertad con el
libertinaje. De los tribunales, no hablemos. La lucha desesperada de los
dos o tres jueces empeñados en hacer justicia en asuntos que incomodan
al príncipe empiezan a rozar lo legendario. Como legendaria es ya la
identidad de criterios entre el Tribunal Constitucional y el gobierno
que nombró a su presidente entre lo más granado de su militancia. La
Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, la Defensora del Pueblo, Marquesa de
Salvatierra, etc. están secuestradas, convertidas en dependencias
privadas del gobierno.
Las
instituciones están al servicio del partido que, a su vez, está al
servicio de la voluntad omnímoda de su presidente y presidente del
gobierno. Esto, ¿cómo se llama?
Por
último, el ámbito público digital. Aquí se concentra la escasa
oposición que se da en España. Unos cuantos diarios digitales y las
redes sociales. Si es algo que se hará ver en la política real se
comprobará en breve. Pero el gobierno no duerme sino que, como las
vírgenes prudentes, mantiene la vela encendida por lo que pueda pasar en
un ámbito tan nuevo e imprevisible. Y no se limita a vigilar a los
tuiteros y echarles mano cuando atenten contra las convicciones del pío
ministro Fernández Díaz o a aprobar una ley de propiedad intelectual que
permita acogotar a quienes se expresen en la red. Va más allá. La
intención es pervertir la nueva ágora pública digital, manipulándola,
pretendiendo hacerla inservible o colonizarla, como ha hecho con la
mediática.
La jefa de la campaña electoral de Esperanza Aguirre está
siendo investigada por tramitar contratos con dinero público a través
de la red Púnica para mejorar la reputación en internet de altos cargos
del Gobierno regional, entre ellos, el actual consejero de
Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, y el presidente, Ignacio
González. Bien. ¿Qué llama la atención de esta noticia? Exactamente, la
finalidad, "mejorar la reputación en internet de altos cargos", etc. Y
eso, ¿cómo se hace? Esos dineros públicos ahora investigados han ido a
parar ¿a quién? Y por hacer ¿qué? ¿A pagar trolls, comentarios en las
redes, fabricación de noticias, fakes? ¿Cómo se mejora la imagen
de Ignacio González en las redes? ¿Mintiendo, engañando, falseando la
realidad con el dinero de todos?
Los
mismos que destruyen los discos duros de sus tesoreros son los que
gastan fortunas de dinero público en embellecerse en el ciberespacio, en
pagar loas y ditirambos. Es decir, quieren destruir el nuevo ámbito
público de internet. O controlarlo, lo cual vendría a ser lo mismo si
pudieran.
La
intención es clara: privatizar todo lo público, incluida el ágora. En
el fondo, privatizar el Estado, condición conveniente para ponerlo en
manos de las multinacionales, como prevé el proyecto de TTIP.
Fondos, sí. Bajos fondos. Los de los ladrones comprobados y presuntos
del PP en la Comunidad Valenciana que son una gavilla, una verdadera
plaga: Francisco Camps, Carlos Fabra, Lola Johnson, Luis Redondo, Lluís
Motes, Nuria Romeral, José López Jaraba, Sonia Castedo, Rafael Blasco,
Angélica Such, Milagrosa Martínez... y así hasta 127 personas,
concejales, consejeros, alcaldes, dirigentes. Un mar de corrupción y
podredumbre.
El PP no es un partido político al uso, sino una asociación
para delinquir y, en Valencia, una cueva de ladrones desorejados, de
sinvergüenzas estafadores. Una colección de granujas que, con la ayuda
de los delincuentes de la trama Gürtel o por su propio ingenio, han
esquilmado los caudales públicos destinados la asistencia al desarrollo,
a las obras públicas, los hospitales, las escuelas, las actividades
municipales, las competiciones deportivas, los museos, todo, hasta dejar
una de las comunidades más ricas del país en la quiebra. Hasta la
visita del Papa en 2006 les sirvió para robar con una mano mientras con
la otra se santiguaban.
En
Valencia el PP es una industria de chorizos que compite directamente
con la que también tiene este partido montada en Madrid, en donde la
apropiación indebida y hasta el robo y la cantidad de imputados y
procesados es similar a la de los valencianos. Esa caterva de ladrones,
encabezada por su presidente, él mismo acusado de haberse llenado los
bolsillos con dineros sospechosos mientras imponía sacrificios y
necesidades a sus conciudadanos, viene con todo el morro a pedir el voto
a los valencianos.
Y
habrá quienes les voten. Sin duda, todos los sinvergüenzas que hayan
estado aprovechándose de los contratos ilegales, las mordidas,
comisiones y trinques. Áñádase la multitud de enchufados que la partida
de ladrones ha ido colocando en las administraciones públicas, todos
leales votantes del PP, los clientes y lo que esperan que se les
resuelva el ¿qué hay de lo mío? así como todos los parásitos que
viven de las mamandurrias distribuidas entre clientes, "asesores" y
otros siervos de la banda.
Es
un voto cautivo con las cadenas de la corrupción, pero lo
suficientemente cuantioso para que pueda darse la imagen de más arriba:
la plana mayor de la supuesta organización de mangantes, con los
presuntos corruptos al frente, Rajoy y Cospedal, pidiendo el voto para
los demás pillasobres y corruptos y amenizando la fiesta esa zafia
alcaldesa, vestida de capitán América, que sabe que cuanto más
verdulera, grosera y ridícula sea, más votos atraerá.
Porque si aquí, un granuja como el Curita,
ya descubierto en sus mangues, pudo revalidar una mayoría absoluta, la
hazaña estará también al alcance de este espanto de mujer que no
solamente cobra uno de los sueldos más elevados del país, sino que tiene
enchufada a su familia a costa del contribuyente. Y del votante.
De los demás, Palinuro no habla pero, para su coleto, piensa que hace falta ser tonto para votar a quien te roba.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
