Arroyo pide una entrevista inmediata e insiste en los riesgos sociales de concentrar en Cartagena recursos que pueden suponer la presencia en el municipio de 10.000 migrantes en un año.
Del mismo modo, denuncia que Cartagena es el único municipio español con Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) y un campamento montado por el ministerio.
"Consideramos ineficaz, injusto e
inexplicable que se tomara esa decisión y que se siga manteniendo,
porque Cartagena se convierte en el único lugar de España al que llegan
migrantes por patera -2.600 pasaron por el CATE en 2023- y por avión,
trasladados por el ministerio".
La alcaldesa recuerda que el Ministerio prometió en noviembre pasado "que se haría un uso temporal
del campamento, que éste no tendría más de 600 plazas, se cerraría en el
mes de marzo y que no se haría uso del edificio del Hospital Naval.
Ninguno de esos compromisos se ha cumplido".
La realidad,
señala Arroyo, es que el Ministerio ha decidido ampliar cuatro meses el
campamento, lo ha ampliado hasta 772 plazas y, según publica la prensa,
citando fuentes ministeriales, también ha decidido hacer uso del
edificio del hospital para instalar equipamientos para la acogida
incumpliendo la voluntad de los cartageneros y las peticiones de este
ayuntamiento, que ha reclamado al Gobierno central la cesión de ese
edificio para uso socio-sanitario.
Arroyo afirma que por el
campamento han pasado ya más de 1.900 personas, de las que han
abandonado la instalación más de 1.200.
"Los servicios sociales de este
ayuntamiento siguen sin tener ninguna información sobre el destino o las
necesidades de esas personas. No tenemos noticia de que se haga
seguimiento de ellas una vez que han abandonado las instalaciones. No
sabemos cuántos siguen en Cartagena ni si necesitan algún tipo de
asistencia social".
Por ello, exige a la ministra una reunión
para explicarle las demandas que resumen en su escrito.
"Exigimos que
concrete una fecha de cierre. Exigimos, igualmente el compromiso de que
el antiguo hospital Naval no será utilizado como CETI o una instalación
similar para que el edificio puede ser destinado a uso socio-sanitario".
En tanto se cierra el campamento, "pedimos al Ministerio información y
medios económicos para asegurar la atención social de todos los
migrantes acogidos en el CATE o alojados en el campamento que se queden
en Cartagena", añade.
Los grupos parlamentarios del PP en el
Congreso y el Senado han interpelado al Gobierno central exigiendo el
cierre del campamento, más medios para atender las necesidades
humanitarias y más medios humanos y materiales para que la policía de la
guardia civil puedan realizar su trabajo de control de fronteras y
gestión de la migración.
La semana pasada, el gobierno
contestaba a sendas preguntas del grupo popular en el congreso,
reconociendo la intención del ministerio de prolongar la permanencia del
campamento, como consecuencia de la crisis migratoria que sufre
Canarias.
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