jueves, 8 de julio de 2010

Valcárcel asegura ahora que Murcia aplicará la ley del aborto tras el pronunciamiento del CGPJ

BRUSELAS.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, aseguró hoy que su Comunidad acatará y aplicará la nueva ley del aborto tras conocer el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la norma no tiene efectos suspensivos.

"Si no hay efectos suspensivos, hago lo que siempre he hecho en los 15 años que vengo presidiendo la Región de Murcia, acatar todas las leyes. Unas me gustan mucho, otras me resultan indiferentes, otras me gustan menos, otras incluso pueden mermarme mis ingresos en un 15 por ciento. Esto no le gusta a nadie, pero se acatan", afirmó Valcárcel.

"Yo siempre acato la ley", insistió el presidente murciano. "Mi Comunidad no es ni mucho menos una comunidad que actúe en función de que le guste o no la ley", dijo en declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, junto con otros representantes de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas.

Valcárcel había dicho el pasado lunes que "de momento no hay razones" para acatar la nueva ley del aborto porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.

El presidente murciano aclaró que cuando pronunció esas palabras "necesitaba conocer" si "hay o no hay un efecto suspensivo" por la admisión a trámite del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley.

"Yo no aplico esta ley en tanto no se me aclare si los efectos son o no suspensivos, pero que lo aclaren las instancias judiciales, no las políticas", explicó. Una vez que el CGPJ confirmó este martes a través de su portavoz, Gabriela Bravo, que el recurso no tiene efectos suspensivos, Murcia aplicará la nueva ley.

Al ser preguntado si para él acatar la ley significa enviar a las mujeres a otras comunidades para abortar, Valcárcel aseguró que "esto no se va a hacer". "Ni mucho menos", zanjó.

En Murcia se sigue avanzando para solventar los problemas técnicos que permitan aplicar la nueva norma ya que ninguna de las cinco clínicas privadas están acreditadas para ello porque no ha existido tiempo material, pues el decreto que articula la nueva regulación se conoció el 26 de junio y la ley entró en vigor el 5 de julio, según explicó el Gobierno regional.

"Mi partido no me ha desautorizado en ningún momento. Nadie de la dirección nacional del partido me ha llamado para decirme nada absolutamente ni a favor ni en contra", aseguró el presidente murciano. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este martes al ser preguntada por la actitud de Murcia que la ley del aborto "ha entrado en vigor y es aplicable".

En todo caso, Valcárcel insistió en su rechazo a la nueva ley, especialmente por permitir a las menores abortar sin tener que informar a sus padres. "Esto nos parece demencial", señaló.

A su juicio, "no hay derecho alguno a que se prive a los familiares más directos, a los padres de esa menor de edad, por lo menos del conocimiento de que su hija va a abortar porque está embarazada".

"Parece que una niña de 16 años no tiene criterio suficiente para poder votar -probablemente sea así, no lo sé- y sin embargo se le dota de criterio para poder abortar. No tiene el más mínimo de los sentidos", insistió.

El presidente murciano atacó además la "hipocresía" del Partido Socialista por haberle criticado "rasgándose las vestiduras" cuando el PSC va a manifestarse en Cataluña porque no está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que buscará "por la puerta de atrás" alguna posibilidad "para que contentemos a los socialistas catalanes con su estatuto independientemente de lo que diga el TC.

miércoles, 7 de julio de 2010

El Banco de España propone que cada autonomía recaude en función de su gasto

MADRID.- El Banco de España insistió hoy en que las comunidades autónomas deben compartir esfuerzos para lograr reducir el déficit público, y propuso que se establezca una "corresponsabilidad fiscal" para que cada gobierno regional se encargue de recaudar en función de lo que gasta.

Según explicó el director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, durante su intervención en un curso sobre la economía española organizado por la Universidad Complutense, sería "muy bueno" establecer un criterio de este tipo.

Malo de Molina aclaró que el modelo de financiación autonómica es "sostenible", pero matizó que "otra cosa es cómo conseguir mantener la disciplina", en un marco de descentralización de competencias.

En cualquier caso, alabó la disposición autonómica a contribuir en la consolidación fiscal para lograr que el déficit público no supere el 6% del PIB al cierre de 2011.

Con este objetivo, recordó, el Gobierno tiene un programa "ambicioso y detallado", que supondrá una contención del gasto de una "proporción desconocida", pero que si se lleva a la práctica sin desviaciones, tendrá un esfuerzo positivo para la economía, añadió.

Recientemente, Bruselas pidió a España una reducción del gasto en un 1,75% del PIB, que la ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que se conseguiría en un punto, con la reducción del techo de gasto de los presupuestos, y el 0,75% restante con la colaboración de las autonomías.

La gente de Mazón arremete contra Valcárcel por declarar públicamente que no acatará la Ley

MURCIA.- La Asociación Preeminencia del Derecho ha denunciado al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia por declarar públicamente que "no hay razones suficientes para acatar" la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo "pues no está en su punto final", lo que "podría ser constitutivo de un delito de suspensión ilegítima de disposición general del artículo 506 del Código Penal en vigor", según la denuncia.

Para la Asociación, la conducta de Valcárcel es típica de este artículo 506, que indica que "la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 12 años".

La vicepresidenta de la Asociación, Encarnación Martínez, calificó la conducta de Valcárcel de "inaudita temeridad de un presidente de una Comunidad Autónoma", y añadió que "si la Justicia actúa con seriedad como es lo debido", le puede costar "el cargo y hasta prisión".

Todo ello por "insubordinación contra el texto legal aunque sea de forma temporal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la petición de suspensión cautelar, ya que carece de todo tipo de atribución para ello", según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

La Asociación considera que "ni Valcárcel tiene cultura de la legalidad ni el Gobierno del Estado ejecuta sus funciones al no llevarle ante los tribunales de justicia por semejante arbitrariedad que reviste indicios de delito".

En concreto, Valcárcel aseguró este lunes que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme por parte del Tribunal Constitucional, según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

La Asociación Preeminencia del Derecho acompañó la denuncia con recortes de la prensa regional en los que aparecen las citadas declaraciones, y otro en el que una fuente oficial del Gobierno regional reafirmó las declaraciones de Valcárcel diciendo que "mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad aquí no se va a aplicar la ley".

Preeminencia del Derecho, que presentó la denuncia ante el TSJ porque Valcárcel es aforado ante esa sala, justificó que estas declaraciones se ajustan al artículo 506 porque el denunciado "es una autoridad, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia", y porque "ha proclamado públicamente que suspende la efectividad de una disposición general para lo que carece de todo tipo de atribuciones".

Además, la Asociación Preeeminencia del Derecho manifestó que la petición de suspensión formulada por su partido, el PP, en su recurso de inconstitucionalidad "carece de efectos suspensivos sobre la norma, una vez que fue suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad".

Asimismo, explicó que Valcárcel "es el Jefe del Poder Ejecutivo Regional del que depende la sanidad pública y las demás instituciones sanitarias encargadas de aplicar la Ley del Aborto aprobada por el Parlamento y en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".

La Asociación también esgrimió que La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo (BOE 4 de Marzo) entró en vigor el 4 de julio de 2010, a los cuatro meses de su publicación y, hasta la fecha, Valcárcel "ha impuesto la suspensión de la ley durante cuatro días porque su publica declaración constituye la manifestación explícita de voluntad de hacer inefectiva la Ley citada".

La existencia de recurso de inconstitucionalidad, según la Asociación, "no suspende la eficacia de la ley, como se ha dicho, ni tampoco la petición de suspensión cautelar ante el Tribunal Constitucional efectuada por el PP recurrente, que solo se aplica a los recursos de amparo, no a las leyes, por lo que el denunciado carece de toda atribución para suspender la ejecución de esta Ley".

La Asociación añadió que Valcárcel "está también impidiendo con su temeraria y arbitraria conducta que las mujeres que puedan o deseen acogerse a la interrupción de su embarazo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia puedan ejercitar su derecho legal" lo que "constituiría una conducta de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, es decir de los derechos legales del artículo 542 del Código Penal".

Por todo ello, la Asociación ha solicitado la incoación de diligencias previas para la investigación del hecho que "reviste caracteres de delito", reclamando a la Consejería de Presidencia "la confirmación de la condición de Presidente de la Comunidad Autónoma del denunciado".

Asimismo, ha pedido "la reclamación de dicha Consejería y de la Consejería de Sanidad, de cuantas instrucciones se hayan dictado para la ejecución de suspensión de la ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo, sobre interrupción voluntaria del embarazo".

Igualmente, la Asociación ha solicitado "ser notificada de la apertura o resolución que se dicte en las expresadas diligencias con vistas a ejercer, en su caso, la acción popular".

Se caen de las inversiones de Fomento el AVE a Lorca y la variante ferroviaria de Camarillas

MURCIA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, informó hoy en rueda de prensa acerca de los resultados de las reuniones de trabajo mantenidas hasta el momento con el Ministerio de Fomento para definir los reajustes presupuestarios de infraestructuras estatales en la Región de Murcia que, según destacó, han permitido confirmar la llegada del AVE a la Región en el año 2014.

El Ministerio ha planteado retrasar la conexión por AVE entre Murcia y Almería, así como el retraso 'sine die' de la puesta en funcionamiento de la Variante de Camarillas y de todas infraestructuras en carreteras que desarrolla en la Región. Entre ellas, ha planteado la anulación de la autovía del Reguerón, que es la carretera "más importante" que construye en la Comunidad.

No obstante, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha mostrado su "total" desacuerdo a todas las derogaciones y recortes, por lo que Fomento ha emplazado a los responsables de la Comunidad Autónoma a una próxima reunión, que tendrá lugar en septiembre, para seguir negociando los recortes y posibles soluciones alternativas.

El consejero manifestó que “hace un año el presidente Valcárcel arrancó al ministro de Fomento la fecha de 2014 para la llegada del AVE y, tras los contactos de los últimos días, podemos confirmar que ésta se mantiene, al igual que la construcción de una tercera vía de mercancías de Alicante a Murcia que incluye a la Región en el Corredor Ferroviario Mediterráneo”.

Además, José Ballesta indicó que, tras las conversaciones mantenidas, Fomento continuará con el estudio informativo para la llegada del AVE desde Madrid a través de un segundo corredor ferroviario por Cieza, así como con la tramitación de la conexión por Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena, “dos prioridades para el Ejecutivo regional que también se han conseguido salvar del reajuste presupuestario del Ministerio de Fomento”.

El titular de Obras Públicas y Ordenación del Territorio destacó también que se haya conseguido el mantenimiento del Corredor Mediterráneo como proyecto prioritario, la renovación de los trenes de mercancías y media distancia, y la llegada, en 2012, de trenes híbridos de Alta Velocidad por el corredor ferroviario de Cieza, que podrán circular a 180 kilómetros por hora en líneas sin electrificar, y hasta 250 kilómetros por hora en líneas electrificadas, reduciendo en 35 minutos el trayecto entre Murcia y Madrid.

El Ministerio también continuará los acuerdos para la renovación de los trenes de cercanías y de media distancia, que contempla la puesta en servicio de cuatro nuevos trenes de la serie 599 en las líneas Murcia-Valencia y Valencia-Murcia-Cartagena, así como de tres locomotoras de la serie 594 en la línea Murcia-Cartagena.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento ha transmitido al Ejecutivo regional la necesidad de retrasar la conexión por Alta Velocidad entre Murcia y Almería, así como de la puesta en funcionamiento de la Variante de Camarillas, “a pesar de estar ésta prevista para finales de este año o comienzos del próximo, por lo que hemos insistido a los responsables ministeriales de la importancia de concluirla en los plazos previstos inicialmente”, indicó José Ballesta.

"No tiene sentido retrasar una obra cuya ejecución estaba tan avanzada", según el consejero, quien recordó que "ya se han concluido la parte de la plataforma, que es la base sobre la que tiene que discurrir la vía, y faltaría la superestructura, formada por las vías, los elementos de electrificación, conexión y seguridad, que es la que el Ministerio quiere retrasar".

El Ministerio "también plantea retrasos en el AVE de Murcia a Almería -muchos de cuyos tramos ya están en obras- mediante "deslizamientos de las anualidades y nunca con la rescisión de los contratos". No obstante, Ballesta confirmó que este recorte no afecta a los soterramientos de Murcia, Cartagena y Lorca, que "son una cuestión que no se discute".

En lo que se refiere a las infraestructuras viarias, José Ballesta indicó que “se mantienen cuatro de las cinco actuaciones de carreteras en ejecución por parte del Gobierno central, si bien se baraja una posible rescisión, total o parcial, de las obras de la autovía del Reguerón”.

En este sentido, aseguró que “dada la importancia que tiene para el cinturón regional de autovías el tramo de la autovía del Reguerón que conecta con la de Zeneta-San Javier, hemos logrado el compromiso del Ministerio para que estudien la salvación de este tramo”.

El consejero lamentó que “todas las actuaciones que están actualmente en marcha sufrirán un retraso de entre 12 y 18 meses, así como la suspensión de los compromisos suscritos por el Gobierno central con la Comunidad Autónoma a través del Protocolo de Carreteras firmado en 2006, que será replanteado en las próximas semanas a partir de la disponibilidad presupuestaria y de las prioridades que hagamos llegar en nuestras conversaciones con el Ministerio de Fomento”.

Ballesta manifestó que el Ministerio prevé mantener pero retrasar entre 12 y 18 meses cuatro de las cinco obras que ejecuta en la Región, así como anular la infraestructura restante, que es la autovía del Reguerón, para la que plantea la "rescisión del contrato, que en este momento está adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE)".

Ballesta lamentó que la autovía del Reguerón representa el "mayor contrato" en infraestructuras ferroviarias, porque implica una inversión de 240 millones de euros, y mostró también la "disconformidad del Gobierno regional, que planteó posiciones intermedias como salvar la conexión entre esta autovía con la Zeneta-San Javier, que permitiría darle salida a la ciudad de Murcia".

Entre las obras a derogar se encuentra la denominada 'conexión suroeste' que conecta el puerto de la Cadena a la altura de la antigua venta de la Paloma con la MU-30, así como la autovía A-33 en los tramos Blanca-Abarán y Abarán-Jumilla, que deberían conectar Murcia con el Altiplano, y una obra de "menor calibre" que es la construcción del tercer carril en la A-30 entre Murcia y el inicio del Puerto de la Cadena.

El protocolo firmado hace un año entre el Gobierno regional y el Ministerio también incluía otro bloque de actuaciones en carretera como los arcos norte y noroeste -que nace en Archena y llega a Alcantarilla- de la ciudad de Murcia, que permitirían descongestionar el nudo de Espinardo, y los terceros carriles de la A-7, que Fomento también ha propuesto suspender, lo que generó la consiguiente muestra de disconformidad de la Consejería.

El Ministerio no decidió definitivamente ninguna de los retrasos planteados, sino que emplazó a una futura reunión en septiembre con la Consejería para replantear y estudiar las alternativas que proponga la Comunidad Autónoma, puesto que se trata de un proceso "dinámico y en permanente diálogo".

Fomento finaliza la plataforma que soportará la llegada del AVE a la ciudad de Alicante

ALICANTE.- El Ministerio de Fomento ha finalizado las obras de plataforma del tramo del tren de alta velocidad (AVE) entre La Alcoraya y Alicante, de 10 kilómetros de distancia y con un presupuesto de unos 81 millones de euros.

De esta manera, ya se han culminado las obras de plataforma de todo el trayecto entre La Encina y Alicante (70,7 kilómetros), a excepción de la segunda fase del acceso a Alicante.

Los tramos en que han concluido las obras de plataforma son el Caudete-Villena, Villena-Sax, Sax-Elda, Elda-Monóvar, Monóvar-Novelda, Novelda-Monforte del Cid, Monforte del Cid-La Alcoraya, La Alcoraya-Alicante y accesos a Alicante fase I.

Por su parte, ya ha sido culminada la redacción del proyecto constructivo en el restante, accesos a Alicante fase II.

En lo que respecta al citado tramo La Alcoraya-Alicante, los elementos técnicos más singulares son cuatro viaductos, uno de ellos situado sobre la carretera del Pla de la Vallonga a la cementera, con una longitud de 99 metros y constituido por 7 vanos.

Otro está sobre la autopista AP-7 y la rambla del barranco de las Ovejas, con una longitud de 553 metros y resuelto mediante dos estructuras de ocho vanos cada una.

Pajín acusa al PP de convertirse en un partido de "insumisos y desertores"

GANDÍA.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha asegurado que el PP "se empeña en demostrar que se ha convertido en un partido de insumisos y desertores". El Popular, ha subrayado, es un partido "instalado en la insumisión" y "ejemplos no les faltan: la aplicación de la subida del IVA y ahora la Ley del Aborto". Así, ha dicho que igual que se aplicaría la ley a un ciudadanos que no quiere cumplirla "hay que aplicarla en el caso de las CCAA que pretenden hacer insumisión".

Pajín, que se ha expresado de esta manera en la jornada previa a la interparlamentaria de los socialistas valencianos a celebrar en Gandia, ha señalado que en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha mostrado sus "irresponsabilidades", siendo "incapaz de aplicar leyes que hoy benefician a muchos ciudadanos en otras comunidades autónomas".

En este sentido, se ha preguntado qué deben de pensar los ciudadanos cuando los 'populares' se dirigen a ellos y les dicen que "no van a cumplir las leyes aprobadas de forma democrática".

"Qué diríamos de los ciudadanos que no quisieran cumplir las leyes que se han aprobado en los parlamentos, les aplicaríamos la ley, como no puede ser de otra manera y como hay que aplicarla en el caso de las comunidades autónomas que pretenden hacer insumisión con el voto y la democracia" de los ciudadanos.

Feministas murcianas piden la dimisión de Valcárcel por sus declaraciones sobre la nueva Ley del Aborto

MURCIA.- La 'Comisión 8 de Marzo', integrada por feministas murcianas recalcitrantes, ha mostrado su "perplejidad" y "absoluto rechazo" a la posición del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ante la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por el Parlamento Español y pidió su dimisión por considerarlo "indigno de ocupar el puesto de representante de todos los murcianos".

De esta forma, la Comisión, en una nota de prensa, consideró "un escándalo" que en un estado democrático un presidente de una Comunidad Autónoma que forma parte de ese Estado anuncie que no acatará la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), "cuando su obligación es no sólo acatarla, sino hacerla cumplir".

A su juicio, "es una conducta injustificable que merece reprobación y la petición de la retirada de Valcárcel de la vida política".

En este sentido, le recomendó al presidente autonómico que "si quiere defender el dogma católico se vaya a militar a la Iglesia", al tiempo que le recordó que es "el presidente de todos los murcianos y que está obligado por la Constitución a defender la aconfesionalidad del Estado y de todas sus instituciones".

Con esta actitud, recriminó, "las mujeres murcianas están desprotegidas con respecto a el resto de los territorios del Estado" y más aún "teniendo en cuenta que Murcia es la región española con mayor número de interrupciones de embarazo", por lo que exigió a Valcárcel que "ponga los medios para informar y formar a las jóvenes para evitar embarazos no deseados".

Sacyr se desploma hasta un 9% en la Bolsa

MADRID.- Las acciones de Sacyr lideraban hoy las caídas del mercado continuo con un descenso del 9,27% algo más de una hora después de su regreso al parqué, tras estar suspendida su cotización desde antes del inicio de la sesión.

A las 10:45 los títulos de la constructora se cambiaban a 4,01 euros, el 9,27% menos de los 4,42 que marcaban al cierre de la jornada anterior, con lo que desde comienzos de año acumulan una caída en la capitalización bursátil que roza el 50% (49,99%).

Hasta ese momento, los inversores habían negociado dos millones de acciones por un importe que rozaba los ocho millones de euros.

La CNMV suspendía la cotización de la constructora tras anunciar ayer la Mutua Madrileña que ponía a la venta un 4% de su capital en la constructora a través del banco Goldman Sachs, operación que ha finalizado hoy por un importe de 50 millones de euros.

Según ha informado la entidad financiera Goldman Sachs, la operación, que ha supuesto la venta de 12.198.695 títulos, se ha realizado a un precio de 4,10 euros por acción.

La operación le generará a la Mutua una pérdida de unos 47,6 millones de euros, según la propia aseguradora, ya que tiene contabilizado a un precio de 8 euros el valor de Sacyr, que fue con el que cerró en el ejercicio de 2009 y tiene asignado en sus cuentas.

De este modo, la aseguradora mantiene una participación del 1% en la empresa que preside el murciano Luis del Rivero y que encabeza Aeropuerto de Murcia S.A., la concesionaria que ahora necesita un aval de 200 millones de euros de dinero público para afrontar su compromiso de construcción de la infraestructura aeroportuaria de Corvera.

martes, 6 de julio de 2010

Una nota de la Diputación de Alicante precisa que el presidente Ripoll ha sido puesto en libertad 'sin cargos'

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha salido en libertad "sin cargos", según una nota difundida esta noche por la institución provincial.


Minutos después de que los abogados de Ripoll no precisaran si la puesta en libertad de Ripoll ha sido "con o sin cargos", la Diputación de Alicante, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, ha informado que es "sin cargos" y sin que se hayan adoptado "medidas cautelares" al presidente de la institución. Una nota policial hablaba también de su imputación.

Ripoll ha sido puesto en libertad sobre las 20.00 horas tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, según han informado sus abogados.

"Está bien de ánimo, aunque cansado, pero contento de colaborar" con la investigación y de "estar en libertad", ha dicho uno de los abogados de Ripoll, cuya declaración no se ha prolongado más allá de "los diez minutos".

Desacato de Valcárcel respecto de Génova 13

MURCIA.- La Consejería de Sanidad de Murcia derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazados porque, según un portavoz, este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, y la nueva ley del aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora.

La resistencia de Murcia, que se hizo pública ayer, continúa pese a las declaraciones de dirigentes del PP como Soraya Sáenz de Santamaría, que hoy ha dejado bien claro que la ley "es aplicable". "La Ley ha entrado en vigor", ha repetido una y otra vez ante la insistencia de los periodistas en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Sanidad de Murcia ha informado de que en esta comunidad, que se sitúa a la cabeza de España en tasas de abortos por cada mil mujeres, con 16,59, no existe registro de médicos contrarios o favorables a la práctica de abortos porque desde la entrada en vigor de la primera ley reguladora, en 1985, ningún facultativo se ha pronunciado expresamente en ese sentido.

La Consejería de Sanidad ha avanzado que con la nueva ley elaborarán ese registro de objeción de conciencia, y constituirán un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación.

Según Sanidad, en 2009 se contabilizaron en esta región 4.172 abortos, el 58% de ellas en mujeres extranjeras, cuando en 2008 fueron 1.008 más.

La Consejería ha insistido en que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que entró en vigor ayer, ha provocado que hayan dejado de practicarse abortos en esta región porque el Ministerio obliga a las clínicas a que "se reacrediten" y ninguna de las cinco con las que existía concierto se han dirigido a la Administración para tal solicitud.

Así, durante el tiempo que transcurra hasta que vuelvan a acreditarse estos centros ginecológicos, la mujer que reclame interrumpir su embarazo en el sector público será derivada a otra autonomía. "No se va a quedar ninguna mujer murciana sin ser atendida", ha afirmado.

El Ministerio ha estimado en unos cuatro meses el tiempo de adaptación a la nueva ley, según la Consejería de Sanidad de Murcia, que reprocha al Gobierno de España la falta de previsión en sus plazos y el escaso tiempo que han tenido tanto comunidades autónomas como clínicas para adaptar certificaciones o preparar la información que reciben las pacientes que optan por abortar.

El mismo portavoz ha subrayado que el Gobierno de Murcia cree "fundamental" proporcionar toda la información posible a las mujeres para que tomen la mejor decisión posible.

También se ha preguntado por las consecuencias "irreparables" que tendría una supuesta sentencia favorable del Tribunal Constitucional a los recursos presentados contra esta ley por el PP y el Gobierno de Navarra.

Gran parte de la CAM se resiste al sometimiento astur

ALICANTE.- Los intentos del presidente de Caja Mediterráneo, Modesto Crespo, y del director general, Roberto López Abad, de vencer las reticencias de muchos de los consejeros de la entidad de ahorro a dar el sí definitivo a la "fusión fría", mediante un SIP, con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, se estrellaron ayer contra el rechazo del "núcleo duro" de la CAM a aceptar un contrato de integración que, a juicio de consejeros representativos de todos los grupos, concedería a la caja asturiana un poder absoluto sobre el nuevo banco que se crearía, según revela hoy 'Información'.

Crespo y Abad se reunieron ayer durante varias horas con los tres vicepresidentes de la caja -el murciano Ángel Martínez, el valenciano Benito Nemesio y el alicantino Armando Sala-, además de con el ex conseller de Industria Martín Sevilla, catedrático de Economía y presidente de Gesfinmed, sociedad que gestiona el fondo de inversiones de la CAM, y el secretario general del consejo, José Forner.

Fuentes conocedoras de la reunión señalaron que al término de ésta las posiciones seguían estando muy distantes entre la presidencia y la dirección general de la caja, que abogan por aceptar las condiciones que impone Cajastur ante el riesgo de que el Banco de España tome medidas contra la CAM si no se hace así, y el resto de asistentes, que entienden que dichas condiciones son inasumibles.

Como ha venido informando este periódico, el contrato de integración recoge que el presidente ejecutivo de Cajastur, Manuel Menéndez, será consejero delegado del nuevo banco por un período de seis años, prorrogable automáticamente por otros seis si la CAM propone un candidato que no sea aceptado por Cajastur, lo que en la práctica supone el "blindaje" en el cargo de Menéndez hasta el año 2022.

Esta fórmula, como también subrayó 'Información' en su día, figura en el protocolo del SIP al que dieron el visto bueno los consejos de administración de las cuatro entidades. Sin embargo, lo que desató la rebelión en la CAM fue otra exigencia, añadida a la anterior y que no figura en dicho protocolo, por la cual Menéndez obtendría para actuar como consejero delegado plenos poderes de la junta universal del nuevo banco, pero éstos tendrían carácter irrevocable.

La CAM entiende que esta última condición va, incluso, contra las prácticas de buen gobierno que el Banco de España quiere imponer a todas las entidades y no es práctica habitual en las empresas privadas, donde los poderes de los consejeros delegados siempre pueden ser revocados por las juntas de accionistas si lo estiman necesario.

La reunión se celebró ayer en un ambiente de gravedad. Alguno de los asistentes, ante la insistencia del presidente de la CAM en que había que aceptar las condiciones propuestas por Cajasturpara esquivar el riesgo de una intervención, emplazó a Modesto Crespo y a Roberto López a que acudieran al consejo de administración a explicar cuál es en realidad la situación financiera en que se encuentra la CAM.

"Que nos den las cuentas claras y entonces decidiremos", señaló uno de los participantes a la salida del encuentro, tras el que nadie quiso hacer declaraciones públicas.

Aunque todo el mundo confía en que se encuentre una solución y no se produzca una ruptura del SIP, cuyas consecuencias serían imprevisibles, lo cierto es que la semana pasada la cúpula de la CAM avanzó que convocaría a su consejo de administración este próximo jueves, confiando en que la reunión de este lunes con el "núcleo duro" de la entidad serviría para zanjar los desacuerdos.

Y ayer mismo, el presidente de la caja habló de adelantar incluso un día esa convocatoria, y celebrar consejo el miércoles. Sin embargo, la reunión lo que dejó claro es que no existe la seguridad de que el consejo apruebe el contrato de integración en los términos en que se pretende o que, si lo hace, sea en todo caso en medio de una fuerte división y con bastantes votos en contra.

Así que de la reunión se salió sin una convocatoria del consejo, ni para el miércoles ni para el jueves.

Hay que tener en cuenta que, además, en este caso hay posiciones comunes entre consejeros propuestos por el PP y por el PSPV-PSOE, consejeros que en estos momentos, con independencia de colores políticos, están más por el rechazo al SIP que por su aprobación si no se modifican las condiciones en que queda en él la CAM.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, con ascendencia sobre varios de los consejeros designados en su día por el PP, es el único político que ha hecho declaraciones al respecto, pero se mostró muy contundente al tachar de "ridículas" las exigencias de Cajastur.

Por su parte, los miembros del PSPV-PSOE han mantenido en público un tono conciliador, pero en privado han expresado también su oposición a un acuerdo como el que se está planteando.

A diferencia de una fusión tradicional, el SIP no necesita el visto bueno de la Generalitat Valenciana para tener luz verde. Pero sí es condición imprescindible, dado que así se especificaba en los poderes para negociar que en su día se delegaron en el presidente y el director general, que el contrato de integración lo apruebe el consejo de administración, formado por veinte personas.

Al menos la mitad de ellos han expresado en privado en los últimos días su malestar por la situación, y es a ellos a quienes se están dirigiendo las gestiones en las últimas horas para que el SIP sea aprobado.

Queda en libertad con cargos José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha sido detenido hoy, y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado nº 3 de Orihuela, en la que también han sido arrestados tres concejales oriolanos.

Así lo ha confirmado su abogado, Fernando Candela, poco después de las ocho de la tarde.

Tras prestar declaración, que no ha durado "más de diez minutos", según sus abogados, Ripoll ha quedado en libertad, aunque sus representantes legales no han precisado si es "con o sin cargos" porque la investigación se halla "bajo secreto de sumario".

La actuación policial también se ha extendido a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de sus respectivas dependencias empresariales han sido registradas.

El empresario alicantino Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, que se encontraba hoy en Pamplona cuando se enteró de que los agentes de la policía judicial pretendían hacer un registro en algunas de sus dependencias, según su letrado, inmediatamente emprendió regreso a Alicante, adonde ha llegado ya y conocerá si está imputado y si debe personarse en la Comisaría para ser detenido.

La operación policial llevada a cabo en el Ayuntamiento de Orihuela, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de once personas y un total de 19 registros efectuados.

Fuentes policiales indicaron esta noche que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación alicantina, Juan José Ripoll, tres concejales y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, encargado del caso.

A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Durante el operativo, que se ha centrado en Orihuela, Alicante y Valencia, se han practicado 19 registros en domicilios particulares, empresas y organismos oficiales como el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación Provincial de Alicante, en los que se ha intervenido numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos.

El operativo ha sido realizado por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

Han contado con el apoyo de las Unidades de Intervención Policial y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), según informó la Policía en un comunicado.

Detenido un importante empresario

Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han detenido esta noche al empresario alicantino Enrique Ortiz en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en la que ha sido detenido también el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, posteriormente puesto en libertad.

El abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha indicado que, sobre las 17.00 horas de este martes, Ortiz se ha personado de forma "voluntaria" ante las fuerzas de seguridad de Alicante "para dar las explicaciones oportunas".

Enrique Ortiz, máximo accionista del club de fútbol del Hércules, se "encontraba fuera", ha apuntado su abogado, aunque no ha especificado dónde estaba, y "ha quedado voluntariamente en un lugar concreto con la Policía" en Alicante y los agentes "han practicado la detención".

A continuación, se han dirigido hacia las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas, en Alicante, situadas en el número 36 de la céntrica avenida de Alfonso X El Sabio, donde se está realizando un registro por parte de la Policía Judicial.

'La Santa Cena' de Salzillo llegará a Madrid tras un convenio entre la CAM y la Cofradía de Jesús

MURCIA.- Caja Mediterráneo (CAM) y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús han firmado un convenio de patrocinio para la restauración de 'La Santa Cena', del escultor murciano Francisco Salzillo, y su posterior traslado a Madrid como parte de una exposición incluida en la Jornada Mundial de la Juventud 2011 que presidirá su Santidad Benedicto XVI.

La cantidad aportada por la entidad bancaria alcanzará la cifra de 100.000 euros.

El objetivo es "exportar la obra de Salzillo fuera de los límites de la Región de Murcia", se explicó desde la CAM, desde donde se señala que formar parte de ese evento, en agosto de 2011, supone por su universalidad, "una gran oportunidad para poner a Salzillo en el escaparate, no sólo nacional, sino más allá de las fronteras estatales".

Desde la Cofradía se muestran "agradecidos y felices" por el esfuerzo de la entidad bancaria, mientras trasladaban este sentimiento a toda la Región. Al mismo tiempo, consideran saldada "la deuda que Murcia mantenía con su escultor más célebre".

La 'Santa Cena' ya ha sido trasladada al Centro de Restauración de Verónicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su completa rehabilitación. Se trata de la primera vez que el famoso paso, de 1.362 kilos de peso, es sometido a un tratamiento de este tipo.

Los estudios realizados para la restauración desvelan que la imagen se encuentra en un "perfecto estado de conservación" y que la intervención se reduce a la limpieza de policromías, apuntan.

Asimismo, se espera la participación en el proyecto de otras instituciones como el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Murcia, el Museo Salzillo y el Obispado.

La coordinación de la exposición ha sido encargada a Isidro Bango, catedrático de Historia de Arte Antiguo y Medieval en la Universidad Complutense, de Madrid. Bango ya desarrolló estas funciones de comisario en muestras similares sobre Saavedra Fajardo y Alfonso X el Sabio.

Un documental de animación digital realiza un recorrido por la Cartagena de hace más de 2.000 años

CARTAGENA.- El director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Diego Pedro García, presentó hoy un corto de animación digital de 11 minutos de duración, que reconstruye la ciudad púnica y romana de Cartagena y recrea algunos de los principales episodios históricos acaecidos en la muralla durante su etapa de esplendor.

En concreto, el audiovisual, que lleva por título 'De Cartagena a Qart Hadast. La Legendaria Muralla Púnica', hace un recorrido por el testimonio púnico más importante de la ciudad portuaria de Cartagena, que es la muralla que data del siglo III antes de Cristo y que coincidió con la fundación de la ciudad en el año 229 antes de Cristo.

El trabajo ha sido realizado por la Fundación Integra, como parte de los contenidos históricos de su portal Región de Murcia Digital.

Las ilustraciones animadas, los recursos digitales tridimensionales y el guión ágil y didáctico sirven para trasportarnos, en un ameno viaje en el tiempo, a la Cartagena de hace más de 2.200 años, según informaron fuentes del Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

El trabajo forma parte de una serie de actuaciones desarrolladas por el Proyecto Región de Murcia Digital de la Consejería de Economía y Hacienda, que incluye acciones de digitalización de contenidos sobre la historia antigua de Cartagena y que tiene por título Carthago Nova. El esplendor de una era.

Según ha explicado Diego Pedro García para fomentar el uso de internet era necesario tener no sólo ordenadores y redes, sino también formación y contenidos de interés, a ser posible de la Región.

El documental, rodado en alta definición y se proyectará además en el centro de interpretación de la Muralla Púnica, ha servido para recostruir el esplendor originario de los restos arqueológicos y facilitar su comprensión.

Por su parte, el concejal de Turismo del municipio, Javier Herrero, ha destacado que la Muralla Púnica es el segundo centro de interpretación más visitado de la ciudad, por detrás del Teatro Romano y ha agradecido a la Fundación Integra el esfuerzo que hace por dotar de una mejor información y contenidos digitales a los recursos turísticos de Cartagena.

La consejera de Economía confirma que la rebaja de calificación de Moody's a la Región va a afectar la emisión de deuda

MURCIA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, confirmó hoy que la rebaja efectuada por la agencia Moody's a la calificación de la Comunidad Autónoma "afecta, evidentemente, a la colocación de deuda pública".

La consejera manifestó que la agencia de calificación ni siquiera ofreció a las comunidades autónomas el informe para presentar alegaciones como en otras situaciones.

La consejera recordó que el 29 de junio de 2009, Moody's rebajó el rating al resto de comunidades autónomas, pero no a la Región de Murcia.

Por eso, justificó que "cuando Moody's anunció hace unos días que va a bajar a España su calificación en tres meses, también rebajó automáticamente la calificación a las comunidades pendientes de bajar, que eran Madrid, Extremadura, Castilla y León y Murcia", que disminuyeron del grado Aa1 al Aa2, mientras que Castilla-La Mancha bajó del grado Aa2 al Aa3.

En este momento, la consejera explicó que su departamento está "intentando jugar con la situación y ver cómo se mueve", pero manifestó que esta semana "Valencia no pudo colocar, Cataluña tampoco hace una semana y media, mientras que Andalucía no está pudiendo colocar el corto plazo".

García manifestó que las autorizaciones de endeudamiento por parte del Gobierno de España a las Comunidades autónomas "se están retrasando". Así, explicó que cuando el Gobierno regional elaboró el presupuesto, tenía autorizado un endeudamiento equivalente al 2,5 por ciento del PIB, es decir, de aproximadamente 738 millones de euros.

La consejera explicó que el 0,75 por ciento, correspondiente a la Ley de Estabilidad, ascendía a 291,8 millones de euros y fueron autorizados hace dos semanas, cuando se tenía que haber autorizado en febrero "a más tardar".

"Si el Gobierno de España hubiera autorizado a la Comunidad en su plazo, esos 291,8 millones de euros estarían colocados y en los mercados de capitales y en unas condiciones muy buenas, que no es el caso actual", lamentó.

Al respecto, confirmó que el endeudamiento que queda pendiente es el del presupuesto de 2010, y que, por tanto, la Comunidad "necesita esos ingresos para poder satisfacer los pagos".

"En la tesorería de la Comunidad Autónoma estamos pendientes de que se nos autorice para ir cobrando y, por tanto, pagar, de forma que vayamos contemporizando los cobros a los pagos", manifestó.

Así, calculó que el Gobierno central autorizará la emisión de unos 400 millones de euros en el mes de octubre y 121 en el mes de febrero, lo que "quiere decir que los pagos correspondientes al presupuesto de 2010 se tendrán que pagar cuando lleguen esos ingresos".

Desde el PPRM recuerdan al PSRM que "abortar no es quitarse un diente"

CARTAGENA.- El secretario del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional y presidente de Nuevas Generaciones, Víctor Manuel Martínez, ha recordado a los responsables del PSOE murciano que "abortar no es quitarse un diente" en referencia a la Ley del Aborto que hoy entra en vigor.

En este sentido, el responsable del PP ha afirmado que "no parece muy razonable que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin informar a sus padres con sólo alegar que les causa un conflicto, tal y como prevé esta Ley" y en la misma línea ha señalado que "resulta ilógico que las menores tengan que pedir permiso a sus progenitores para hacerse un tatuaje, pero no para abortar".

A su juicio, la ley presenta muchas lagunas que hay que aclarar y muchas dudas sobre el modo de aplicarla y recuerda que todavía el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre esta Ley que "no responde a una demanda social; que se ha hecho sin consenso, con prisas y de forma improvisada, tal y como ya es habitual en este Gobierno", inquirió

Por último, ha recordado que el Tribunal Constitucional aún tiene que pronunciarse sobre esta Ley, después de haber admitido el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP. En este punto, Víctor Manuel Martínez ha puntualizado que "es la ley más radical de toda Europa, porque instaura el aborto libre y gratuito y reduce a sólo tres días el periodo mínimo de reflexión de la mujer, el plazo más corto de toda la UE".

El Príncipe de Asturias preside la entrega de despachos en la Academia General del Aire de San Javier

SAN JAVIER.- Su Alteza Real el Príncipe de Asturias presidió hoy la entrega de Reales Despachos 2010 de nuevos oficiales, a un total de 61 nuevos tenientes y alféreces del Ejercito del Aire que finalizaron sus estudios en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier.

De entre los oficiales que recibieron sus despachos, 55 eran hombres y seis mujeres. Así, del total, 38 recibieron su despacho de tenientes y pertenecen a la LXI Promoción del Cuerpo General de la Escala Superior de Oficiales.

La teniente Lourdes Losa obtuvo la mejor calificación de la LXI Promoción del Cuerpo General -escala de oficiales- en la Academia General del Aire, con lo que se convierte en la primera mujer en la historia que consigue ser número uno de su promoción en la Academia.

Nacida en Vallesa de la Guareña (Zamora), hace 26 años, Lourdes Losa ha sido la número uno de una promoción formada por 38 tenientes (tres de ellos mujeres). Hace dos años, esta alumna ya fue la primera mujer abanderada de la Academia General del Aire, al ser la mejor de su promoción al finalizar el tercer curso.

Además de la promoción del Cuerpo General, a la que pertenece la teniente, recibieron también los despachos las promociones del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros, cuyos número uno han sido Rubén Lobo Barral y José María Sanz Nogales, respectivamente. José Vinagre Parra también ha obtenido el número uno en la escala técnica de oficiales, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros.

El acto, que dio comienzo pasadas las 11.30 horas con la llegada de S.A.R, se desarrolló en el patio de armas de la Academia General del Aire de San Javier, donde ya se encontraba formado el batallón de alumnos, así como autoridades y un millar de familiares y amigos de los alumnos de la Academia.

Entre las autoridades que asistieron al acto se encontraban la ministra de Defensa, Carme Chacón; el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel; el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán; y el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar; así como el jefe de Estado Mayor de Defensa, José Julio Rodríguez, entre otros.

Tras pasar revista al escuadrón de alumnos, el Príncipe saludó a las autoridades civiles y militares asistentes y, posteriormente, el arzobispo castrense de España, Juan del Río, celebró un acto de acción de gracias.

Inmediatamente después, tuvo lugar el relevo de abanderados, tras el cual don Felipe entregó los Reales Despachos a los tenientes y alféreces número 1 de los diferentes cuerpos y escalas, e impuso las correspondientes condecoraciones; mientras que los demás alumnos recibieron sus despachos de manos del resto de las autoridades militares y civiles presentes.

Seguidamente, el coronel-director de la Academia General del Aire, Juan Antonio Ortega, pronunció una alocución.

Tras sonar el himno del Ejército del Aire, el Príncipe, quien también fue alumno de esta Academia al ingresar en la XLI Promoción durante el curso 1987/88 recibiendo el despacho de teniente el 10 de julio de 1989, dio la orden de romper filas a los nuevos oficiales, quienes lanzaron al aire sus gorras para celebrar su graduación.

Su Alteza Real presenció posteriormente un desfile aéreo, compuesto por una avioneta U-9 'Dornier', una formación de aviones E-25 'Tamiz', y siete cazas C-101 de la Patrulla Águila, que sobrevolaron la avenida principal de la Academia General del Aire, y que concluyó con un desfile del escuadrón de alumnos.

Asimismo, en la misma avenida tuvo lugar un homenaje a los que perdieron su vida por España, depositándose una corona de laurel ante el monumento a los caídos y, a continuación, la banda de la Academia General del Aire interpretó 'La muerte no es el final' y el 'Toque de Oración', se dispararon las tradicionales salvas de ordenanza.

La Fundación Cajamurcia entrega 18.000 euros para un nuevo Carro Custodia de la Vera Cruz

CARAVACA DE LA CRUZ.- La Fundación Cajamurcia ha entregado un total de 18.000 euros a la Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca para contribuir a la realización del Carro Custodia Jubilar, que se exhibió por primera vez el pasado mes de mayo, durante la celebración de las fiestas patronales de este municipio.

La Fundación Cajamurcia mantiene un acuerdo de colaboración con la Cofradía de Caravaca con el objetivo de colaborar en el enriquecimiento del patrimonio artístico de la ciudad, mediante el cual ha realizado dos donaciones de 9.000 euros, cada una de ellas, para poder efectuar el citado trabajo.

El Carro Custodia es una obra de arte de orfebrería, que constituye un referente en la rica historia de las custodias españolas, ya que ha sido comparada con algunas de las más conocidas como las de Toledo, Cuenca, Baeza y Cádiz, según informaron fuentes de la Fundación Cajamurcia en un comunicado.

El proyecto del nuevo Carro Procesional comenzó en 2006 y se aprobó en diciembre de 2007, con lo que se ha conseguido un objetivo deseado por todas las Juntas Participativas de la Cofradía desde principios de siglo XX.

La obra, que refleja una completa catequesis de la historia de la Cruz, mediante iconografía y simbología recogida en el Nuevo Testamento, ha tenido como director artístico al escultor sevillano Luis Álvarez y la creación se ha llevado a cabo en los talleres de los Hermanos Ramos, de la Rinconada de Sevilla.

La Custodia está elaborada con 500 kilogramos de plata repujada que se añaden al resto del armazón que, en total, tiene un peso de 800 kilogramos, y para poder sacarla en procesión se ha creado un complejo mecanismo motriz que funciona a través de sistemas hidráulicos lo que le otorga automatismo a la hora de salvar los obstáculos y las pendientes que encuentra a lo largo de su recorrido.

El nuevo Carro de la Custodia salió por primera vez en procesión el pasado 3 de mayo, una tradición que data del siglo XIV y que se ha mantenido a lo largo de los siglos dando origen a las Fiestas de Caravaca, a cuyo término, se traslada a su actual ubicación en la Basílica Santuario.

El Carro Custodia ha sido calificado como "una nueva joya de la orfebrería religiosa", según la Fundación, que precisó que la nueva obra "sustituye a la anterior que contaba con más de cien años de antigüedad y que, a partir de ahora, será utilizada en las misas de la explanada que se realizan con motivo del jubileo".

La creación de una nueva Custodia era un anhelo de las cofradías desde hace varias décadas que "se ha podido ver cumplido ahora gracias a la contribución de instituciones, como la de la Fundación Cajamurcia, y de empresas locales, así como de la participación de los propios cofrades que han realizado aportaciones para poder afrontar esta costosa obra".

Murcia alega problemas "técnicos, formales y jurídicos" en la aplicación de la Ley del Aborto

MURCIA.- La Consejería de Sanidad y Consumo alegó hoy problemas de naturaleza "técnica, formal y jurídica" a la hora de aplicar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo como, por ejemplo, las dificultades en cómo dar la información que sea precisa a la mujer que decide interrumpir su embarazo y el plazo para la acreditación de las clínicas concertadas que realizan el aborto.

La Consejería asumió no tener "más remedio" que aplicar la Ley, pero indicó que "no se puede aplicar en las condiciones que se dan ahora mismo". Así, estimó que la última opción es "acatarla", y reconoció barajar la posibilidad de derivar a otras comunidades autónomas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y que entren en los nuevos conceptos contemplados por la Ley, como está haciendo Navarra.

La Consejería justificó que ha tenido "apenas una semana" para desarrollar toda la documentación necesaria para aplicar la Ley. No obstante, explicó que se ha creado un comité técnico científico, tal y como estipula la nueva norma y "se ha intentado preparar la información que van a recibir las mujeres en los sobres que se les da antes de interrumpir voluntariamente el embarazo".

La Consejería alegó que la documentación necesaria para aplicar la Ley estaba formada por más de 150 folios, y criticó que, para proceder a su preparación y adaptarla a lo que pide el Ministerio "se debería haber procedido sin tanta prisa, para poder valorar bien qué información dar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente le embarazo".

En la Región de Murcia, donde se practicaron 4.172 interrupciones voluntarias del embarazo en 2009 -lo que supone un descenso frente a los 5.180 de 2008-, el 100 por ciento de los facultativos de ginecología se atienen a la objeción de conciencia, por lo que ningún hospital realiza abortos, y todos los casos se derivan a cinco clínicas concertadas.

Precisamente, la Consejería afirmó que ninguna de estas clínicas concertadas está acreditada todavía porque la Ley "entró en vigor ayer y no hay ninguna solicitud, como es normal, porque las clínicas deben elaborarla". La Comunidad dijo tener un plazo de cuatro meses para acreditar a estas clínicas, lo que supone "un problema" para la implantación de la Ley.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad murciana explicó que "lo deseable" sería "esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto de la aplicación de la Ley, que está recurrida".

"No sabemos si vamos a empezar a aplicar la Ley y, dentro de un tiempo, si el Tribunal la declara inconstitucional, es irreparable lo que se haya hecho hasta el momento", aseveró.

"Los pasos se están llevando a cabo y lo que tenemos que hacer es aplicar la Ley, pero nos encontramos con que no podemos aplicarla", concluyó.

Saura: 'Valcárcel se ha puesto a la cabeza del sector más reaccionario de la derecha española”

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, explicó que “hay 5.000 razones en la Región de Murcia para aplicar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo”, en referencia a las cerca de 5.000 mujeres que se han tenido que someter a un aborto en el último año.

Para Saura, detrás de cada uno de esos 5.000 casos “hay un drama personal y un drama familiar”, por lo que “la Región de Murcia no puede mantenerse al margen de la Ley, no puede convertirse en una Comunidad sin Ley”.

En opinión del líder socialista, “Valcárcel, con su actitud, demuestra quién es, se pone a la cabeza del sector más reaccionario de la derecha, a la cabeza de la caverna de la derecha española en estado puro”.

Pedro Saura se refirió al argumento de Valcárcel para no aplicar la Ley en la Región, cuando afirma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

“También está recurrida ante el Constitucional, desde hace muchos años, la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que se aprobó en el Parlamento autonómico. Imagínense que tampoco se aplicara”.

El secretario general del PSRM calificó como “hipócrita” la actitud de Valcárcel y del PP, teniendo en cuenta que durante los ocho años de Gobierno de Aznar, no sólo no se derogó la anterior Ley del Aborto, sino que se produjeron 530.000 interrupciones voluntarias de embarazos en toda España.

Y desde el año 2002, cuando se asumieron en la Región las competencias plenas de Sanidad, hasta 2008, se han realizado más de 15.000 abortos financiados en su mayor parte con los Presupuestos del Gobierno de Valcárcel”.

“Es particularmente grave la actitud de Valcárcel cuando precisamente la Región de Murcia es la primera de España en tasa de abortos con respecto a la población, y la tercera en número neto de abortos sólo por detrás de Madrid y Baleares”, finalizó.

El clúster de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia logra la calificación de 'excelente'

MURCIA.- El Ministerio de Industria acaba de calificar como 'excelente' el Clúster de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia (Agrofood).Esta calificación a Agrofood reconoce el mayor potencial de innovación, de internacionalización y de crecimiento que supone esta iniciativa de cooperación empresarial.

El respaldo a la cooperación empresarial y a la I+D+i en el sector alimentario de la Región estaba entre las líneas de priorización del Plan Industrial acordadas en la mesa de impulso empresarial entre el Ejecutivo murciano y las empresas.

Las 19 medias de priorización acordadas por la Comunidad Autónoma y el sector cuentan en seis meses con una ejecución de 85 por ciento. Tres de las medidas son de financiación, cuatro de cooperación, tres de I+D+i, una de formación, cuatro medioambientales, dos de internacionalización y dos de suelo y logística.

Entre las medidas de financiación destaca la puesta en marcha de herramientas dentro del método-acción FinanciaPyme concretas para las empresas agroalimentarias viables, como es la línea los avales de campaña, o la apertura de programas de InfoFinanciación al sector.

Asimismo, y como fue requerido por el sector, se ha impulsado la planta piloto del Centro Tecnológico de la Conserva para dar un paso más en el desarrollo de productos de quinta gama (platos elaborados de alta calidad listos para su consumo) y que obtuvo una subvención del Instituto de Fomento de 300.000 euros.

Las mesas de impulso empresarial son una iniciativa del Gobierno regional promocionadas por Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través del Info, y en activa coordinación con las consejerías de Agricultura y Agua y Educación, Formación y Empleo, en las que intervienen los representantes del sector, la patronal y los centros tecnológicos.

El consejero Bascuñana dice a las adolescentes embarazadas que 'el aborto no es la única alternativa'

MURCIA.- El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, consideró hoy que “el aborto no es la única alternativa para muchas menores. Actualmente hay otras, como la entrega voluntaria”. Y anunció que “desde el Gobierno regional estamos dispuestos a ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a las adolescentes que tengan un embarazo no deseado”.

Sobre entregas voluntarias de recién nacidos, en 2008 se registraron diez, los mismos que en 2009 y cinco en lo que va del presente año. El perfil de las menores, según indicó el consejero, es el de europeas del Este o sudamericanas.

Para ello, Bascuñana adelantó hoy que en su Consejería están en condiciones de formar ‘familias madrinas’, que se responsabilicen de la acogida de jóvenes embarazadas, ayudándolas a superar tal situación y el difícil proceso. Se trataría, según explicó, de propiciar incluso la convivencia en su hogar por si la menor no quiere permanecer en su entorno.

Apuntó el consejero que, obviamente, la situación de estas jóvenes es también responsabilidad de su departamento “y de ahí que se está trabajando para tener dispuesto para finales de verano un programa de apoyo”.

Todo ello, puntualizó, respetando la decisión de la joven madre sobre si se queda con su hijo o prefiere entregarlo a los servicios de la Administración regional. “Ella es la que marcaría el camino, nosotros nos limitaríamos a ayudarla en lo que precisara”, añadió.

El citado proyecto de formación de ‘familias madrinas’ podría estar listo en septiembre próximo. Además, concluyó Bascuñana, las jóvenes madres pueden acogerse a otros programas del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

Detenido el presidente de la Diputación de Alicante y registrado el Ayuntamiento de Orihuela


ALICANTE.- La Policía Nacional ha detenido esta mañana al arquitecto, presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, lugarteniente del ex ministro Eduardo Zaplana, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. El empresario de la construcción y presidente del Hércules C.F., Enrique Ortíz, cuyo domicilio al igual que el de Ripoll ha sido registrado sobre las 7 de la mañana por orden del Juzgado nº 3 de Orihuela, se ha entregado ya en una Comisaría de Policía de Pamplona, adonde había acudido a disfrutar de los sanfermines, y también está detenido en espera de ser trasladado a nuestra ciudad en un furgón celular.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008. Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

Bernardo del Rosal, abogado de Ripoll junto con el letrado Fernando Candela, ha afirmado que, por el momento, desconocen cuáles son los cargos que se le atribuyen y ha confirmado que su cliente permanece en la Comisaría Provincial a la espera de prestar declaración.

Ripoll ha sido trasladado pasadas las tres y media de la tarde por la Policía Nacional a la Comisaría de Benalúa, después de que los agentes registraran durante varias horas la Diputación de Alicante, donde permanece incomunicado.

El presidente ha salido de su despacho custodiado por los agentes, en calidad de detenido, en dirección a la Comisaría. Iba en un todoterreno de la Policía Judicial en el asiento de atrás, acompañado por varios agentes desde un garaje situado en un edificio colindante a la Diputación de Alicante.

El todoterreno en el que estaba Ripoll iba acompañado de otro vehículo de los agentes y su salida de la Diputación de Alicante se ha llevado a cabo muy deprisa con la presencia de media docena de policías.

El también presidente provincial del PP de Alicante "está muy tranquilo y colabora con la Policía en todo lo que le han pedido y requerido", ha dicho Bernardo del Rosal, que fue Síndic de Gregues de la Generalitat.

Del Rosal ha asegurado que todavía no les han informado de los hechos que han motivado las imputaciones porque están declarados bajo secreto de sumario desde 2007.

"En el auto de la entrada de registro hay indicaciones genéricas, pero no nos han dicho los hechos que motivan las imputaciones", ha explicado Del Rosal, quien ha reiterado que no saben de "qué se le acusa".

Fuentes próximas al caso han explicado que, probablemente, Ripoll prestará declaración en la Comisaría una vez que sean trasladados "otras personas" desde Orihuela.

Los tres concejales detenidos han sido conducidos ya a la Comisaría provincial, en Alicante, para prestar declaración.

Los ediles Manuel Abadía (Servicios e Infraestructuras Urbanas), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medioambiente) han sido introducidos en coches policiales, entre las 15,00 y las 17,00 horas, después de que los efectivos policiales registraran sus respectivas dependencias.

A pesar de que todos ellos ya han sido remitidos a la Comisaria Provincial, los agentes de la Policía Judicial continúan en el interior de las dependencias del Área Municipal de Medioambiente.

Durante el registro, que se ha prolongado durante siete horas hasta la salida de los ediles del edificio consistorial, ha estado presente en todo momento el secretario municipal, Virgilio Estremero, y el teniente alcalde Antonio Rodríguez Barberá.

Los agentes han recogido "diversos archivadores de documentación" que, posteriormente, han introducido en un vehículo policial.

El secretario del consistorio oriolano, Virgilio Estremero, ha estado presente en esta diligencia policial, que ha sido realizada a través de una puerta ubicada en la parte posterior del edificio municipal.

Los agentes, además, han arrestado al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales, y a otros dos ediles del consistorio.

Y han registrado el domicilio del concesionario de la recogida de basuras en este término municipal, Ángel Fenoll, y el de su hijo, donde se ha encontrado abundante material audiovisual relacionado con el caso.

El interrogatorio al empresario oriolano Ángel Fenoll, se produjo también en su domicilio particular en la pedanía de La Aparecida, de la capital de la Vega Baja. El industrial ha sido conducido finalmente con su hijo hasta sus oficinas en un coche oficial donde prosiguen las pesquisas policiales. Se desconoce si ambos también han sido detenidos o si continúan los registros.

Se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Han sido más de dos años de pesquisas que han incluido intervenciones telefónicas. Unas intervenciones que, según fuentes de la investigación, acumulan una importante carga probatoria contra los detenidos.

La detención de Ripoll se produce en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la propia Diputación y varios municipios de la provincia de Alicante en la comarca de la Vega Baja, entre ellos Orihuela, cuyo Ayuntamiento ya ha sido registrado y donde se ha detenido a tres concejales por su responsabilidad de áreas específicas.

A primera hora de la tarde no se había confirmado la detención de la alcaldesa Mónica Lorente, mano derecha de Ripoll en la dirección provincial del PP, y si esta se encontraba o no en Alicante llamada por Ripoll puesto que es también vicepresidenta de la Diputación aunque no estaba en el Ayuntamiento de Orihuela durante el registro.

Efectivos de la Policía Nacional de Madrid, Valencia y Alicante registraron desde primera hora de esta mañana las dependencias de la corporación provincial, en concreto su primera planta donde se encuentra la Presidencia.

Además, los agentes se habían desplazado primero hasta el domicilio del presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, en el residencial barrio de Vistahermosa, donde, al parecer, se han encontrado grandes cantidades de dinero, y desde donde en torno a las 12 del mediodía ha sido conducido a su propio despacho por la Policía, al que entró por un tunel desde una dependencia anexa.

Fuentes policiales advierten de que los registros domiciliarios se realizan por orden judicial cuando existe una imputación. No obstante, las mismas fuentes esperan que Ripoll quede en libertad en todo caso tras las investigaciones en curso.

La operación policial parte de una investigación abierta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela para esclarecer una trama de corrupción vinculada con las contrata de basuras en el sur de Alicante, la adjudicación de una planta de reciclaje a una UTE participada por Ortíz y la presunta financiación ilegal del PP en la provincia de Alicante. Pero fue el año 2007 cuando la investigación comenzó a dar sus frutos.

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial de la Comisaría Central y de la Comisaría Provincial han entrado también en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, del secretario del Consistorio y de varios funcionarios del servicio de contratación. Las dependencias municipales donde se han producido los registros son los servicios de Fomento y Calidad Ambiental y han procedido a precintar algunas de ellas.

A primera hora de la tarde se ha sabido que Ripoll permanecía en su despacho de la Diputación mientras se procedía a diversos registros dentro del propio Palacio Provincial y que estaba acompañado del abogado penalista y catedrático de la Universidad de Alicante, Bernardo del Rosal, y de la propia jueza que ha ordenado registros y detenciones a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Ripoll iba a ser trasladado posteriormente a las dependencias de la Comisaría Provincial en el barrio de Benalúa.

Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía también han llevado a cabo este martes un registro de las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, que afecta también la Diputación de Alicante, su presidente José Joaquín Ripoll y el Ayuntamiento de Orihuela.

La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, permanece junto a la Policía desde primera hora de esta mañana en el Ayuntamiento de la localidad junto a otros cuatro concejales del equipo de gobierno, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción.

La primera edil ha sido requerida para colaborar en el registro iniciado sobre las 8.30 horas de este martes por los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, quienes han precintado la propia alcaldía y otras dependencias municipales.

Junto a Mónica Lorente, también se encuentran varios ediles de su equipo de gobierno, entre los que se encuentra el edil de Manuel Abadía —concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio— y Antonio Rodríguez Barberá —edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio y Parajes Naturales—.

También acompañan a Lorente Ginés Sánchez —responsable de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Transporte Urbano—; y Antonio Rodríguez Murcia —delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías y Desarrollo Rural, Parques y Jardines y alumbrado público—.

Por su parte, el edil David Costa —concejal de Recursos Humanos, Contratación y Calidad y Modernización de la Administración— se encontraba en Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín, y está previsto que vuelva a la localidad en las próximas horas.

Los agentes también han realizado registros en los domicilios particulares de los miembros del equipo de gobierno de Orihuela, y han requisado el vehículo oficial de la primera edil, según han explicado testigos presenciales.

Los agentes entraron en las dependencias de la empresa Ortiz e Hijos a primera hora de la mañana, y requirieron al personal de la compañía que les facilitara documentación.

La labor de los agentes obligó a buena parte de la plantilla a abandonar el edificio y a esperar a las puertas de las oficinas, situadas en el número 36 de la céntrica avenida de Alfonso X El Sabio, en Alicante, muy cerca del propio Palacio Provincial.

Además, la policía judicial se ha personado en las instalaciones de la empresa INUSA (Ingeniería Urbana, S.A.) para registrar "exclusivamente" uno de los despachos correspondiente a un empleado "con responsabilidades", han informado fuentes próximas a esta mercantil.

La empresa, formada por Cespa, FCC y el Grupo Cívica -esta última liderada por el empresario Enrique Ortiz-, sostiene que "desconoce el motivo por el que se ha efectuado esta actuación policial".

El nombre del empresario Enrique Ortiz está también vinculado a la investigación judicial abierta en torno al caso 'Gürtel' después de que un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales identificara a su empresa, Ortiz e Hijos, como una de las que supuestamente financió ilegalmente al PP en la Comunidad Valenciana.

La investigación de esta supuesta trama de corrupción comenzó en 2006 cuando el empresario Ángel Fenoll denunció un supuesto soborno por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela. El industrial entregó las pruebas (una grabación en DVD) a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.

El propio empresario fue detenido en 2007 y acusado de cohecho y extorsión y la policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban supuestos sobornos realizados en casa del industrial. Fenoll quedó en libertad unas semanas después tras pagar una fianza.

Con el material incautado, el juez abrió una nueva investigación para determinar si el empresario había colaborado en la financiación de las campañas electorales de algún partido político. En estas nuevas pesquisas, el juez se interesó también por la adjudicación de una planta de basuras en la comarca de la Vega Baja. El concurso para construir esta planta de tratamiento de residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, se paralizó tras la detención del empresario Ángel Fenoll y otros responsables de su empresa.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, decidió el año pasado retomar el proyecto de la planta de basuras y adjudicó la obra al empresario Enrique Ortiz, que también aparece en las investigaciones del caso Gürtel por su supuesta vinculación a la financiación irregular del PP. La investigación judicial ha estado bajo secreto de sumario desde junio de 2007.

Ripoll lidera en Alicante el antiguo sector zaplanista del PP, enfrentado a Camps, y ha sido muy crítico con el actual presidente autonómico y su actuación ante el caso Gürtel. De hecho no ha asistido a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante los casos de corrupción que lo salpican.

Protagonistas de la operación policial

José Joaquín Ripoll, arquitecto e hijo de un popular panadero de la ciudad, fue vicepresidente de Eduardo Zaplana en el Gobierno valenciano. Hostigado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras perder los zaplanistas el control de la dirección regional del PP en 2004, se refugió en la provincia de Alicante, donde ha conseguido mantener la dirección provincial.

Durante los escándalos del caso Gürtel, que han afectado a Camps y a la cúpula regional del PP, Ripoll ha sido quien ha mantenido las posiciones más críticas y ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas más alla de la baja de militancia del ex secretario regional Ricardo Costa.

Alicantino, de 52 años, es presidente de la Diputación Provincial desde 2006. El dirigente popular fue elegido en 1991 diputado en Les Corts, cargo que revalidó en las dos siguientes legislaturas. Con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, Ripoll ocupó las consellerías de Administraciones Públicas y Presidencia y fue vicepresidente segundo del Consell. En el breve periodo en que José Luis Olivas presidió el gobierno valenciano, Ripoll actuó como vicepresidente primero de su gabinete.

Tras la elección de Francisco Camps al frente de la Generalitat, Ripoll ha aglutinado en torno a la Diputación de Alicante a los seguidores de Zaplana opuestos a la línea oficial del PP de la Comunitat. En diciembre de 2008 obtuvo la presidencia del Partido Popular de Alicante en liza con Manuel Pérez Fenoll, al que respaldaba Camps, por un puñado de votos.

Ángel Fenoll es un empresario nacido en Santomera (Murcia) que comenzó su fortuna con la explotación del servicio de basuras de la costa de Orihuela en 1987 gracias a sus buenas relaciones con el PP. Fenoll acumula ya tres condenas firmes. Una por comprar votos por correo para el PP en las elecciones municipales de 1991, una segunda por tenencia ilícita de armas y una tercera por falsificar facturas para proteger a Luis Fernando Cartagena, ex consejero del Gobierno valenciano, que se apropió de una donación de unas monjas al Ayuntamiento cuando era alcalde de Orihuela.

Los registros efectuados hoy tienen su origen en una denuncia presentada por el propio Fenoll en la primavera de 2006 después de que el Ayuntamiento de Orihuela decidiese adjudicar la contrata de basuras municipal a la firma Urbaser y dejase la oferta del empresario oriolano en tercer lugar.

Enrique Ortiz ha visto como su más reciente negocio en Alicante, cuyas empresas aparecen en cualquier proyecto o contrata, se cerraba el pasado lunes, con la decisión del Ayuntamiento que preside Sonia Castedo, del PP, de que el nuevo campo del Hércules CF, que él mismo preside, se construya sobre el antiguo, con un coste de 55 millones de euros y financiación a base de plusvalías. Ortiz es propietario del campo desde que lo compró al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 millones de euros.

Uno de los contratistas más importantes de las Administraciones valencianas, Enrique Ortiz es , además, el promotor del polémico Plan Rabassa, en Alicante, que prevé construir 13.500 viviendas al norte de la ciudad. También fue quien compró la reserva de suelo de Terra Mítica por 85 millones de euros, que permitió levantar la suspensión de pagos que pesaba sobre el parque temático.

Ortiz es uno de los seis empresarios implicados en el sumario del caso Gürtel por participar supuestamente en la financiación ilegal del PP valenciano.

http://alicanteconfidencial.blogspot.com/2010/07/detenidos-el-presidente-de-la.html

lunes, 5 de julio de 2010

Ecologistas advierte que se tramitan estudios urbanísticos en la costa murciana 'en espera de tiempos mejores'

MURCIA.- La portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, Natalia Martínez Galindo, ha advertido hoy en rueda de prensa que se siguen tramitando estudios para la construcción de mas resort en la costa murciana "para cuando vengan tiempos mejores", durante la presentación del balance "Banderas Negras 2010" que han obtenido 18 zonas.

Martínez Galindo ha reconocido que la crisis ha frenado el desmán urbanístico que ha vivido la Región en los últimos años, algunos de los cuales amenazan espacios protegidos, ya que la protección no supone garantía por "la poca conciencia" ambiental de las administraciones.

Indicó que los proyectos urbanísticos de Lo Poyo y Novo Cartago amenazan la laguna costera del Mar Menor a pesar de sus cinco figuras de protección, y que el de Marina de Cope se presenta como uno de los mayores complejos turísticos del Mediterráneo, y recordó que Portmán sigue siendo el punto negro con mas contaminación por metales pesados, y reclamó la demolición de lo construido en Puerto Mayor.

De las banderas azules que se han dado este año subrayó la coincidencia de algunas como Cala Cortina, que Ecologistas la ha designado como bandera negra debido a la recepción de vertidos continuos de petroleros y gaseros pro fugas en el valle de Escombreras que han hecho que esté cerrada al público en varias ocasiones.

Los puntos negros son las playas de La Llana; la Torre Derribada, ambos en San Pedro, así como los puertos y depuradoras de esta localidad y de San Javier; "Golf Torre del Rame" y playa camping Cartagonova (Los Alcázares); cañada Real de La Raya; LIC y ZEPA de La Muela-Cabo Tiñoso, y el camping naturista del Portús.

La Manga del Mar Menor figura con bandera negra en los capítulos de urbanismo, vertido de aguas residuales urbanas y obras en costas y regeneraciones de playas, mientras que en el de vertidos industriales la bahía unionense de Portmán es el punto del Mediterráneo más contaminado por metales pesados.

A ello que se suma la proyectada ampliación del puerto de Cartagena en la bahía de El Gorguel, actuación que supone ocupar 336 hectáreas en medio marino y 2 millones de metros cuadrados en tierra para la zona logística de la terminal, lo que, según los ecologistas, carece de justificación económica y que incluye un túnel en la sierra de la Fausilla, catalogada como LIC y ZEPA.

Además han sido seleccionadas la Punta Aguilones-Isla de Escombreras; las calas Cortina y Reona; la playa de Calnegre; la pedanía de Los Nietos; la depuradora de La Loma-Los Urrutias; el paseo marítimo de Marchamalo, en su fase II, y el plan parcial Novo Cartago.

Además destacan siete puntos negros en la playa Veneziola donde, según los ecologistas, se riega un campo de golf con agua de pozos; en la playa del Pudrimel, también por otro campo de golf, y las playas Punta Brava, Los Urrutias, Mar de Cristal, Vivero y cala Flores.

Otros puntos negros ligados al urbanismo son Hacienda la Loma, donde Atlantia/Progarpi pretende construir 2.000 casas y campo de golf; Llanos del Alamillo, con otras 2.500 viviendas frente a la playa del Mojón; el puerto deportivo y la urbanización Monterverde, de Bayshore Investments, en Bolnuevo; Marina de Cope, con 9.000 casas y dos campos de golf en Ramonete y puntas de Calnegre.

Se remarca también el plan de ordenación de Águilas, "que supondría la urbanización casi completa de la línea de costa del municipio" multiplicando por 7 el número de viviendas y por 12 el de habitantes, recalificando 1.330 hectáreas.

Por otro lado, destacan siete puntos positivos que son el acondicionamiento de la playa de La Llana, la demolición del chiringuito y pantalán de Isla Perdiguera, la ordenación y peatonalización del frente marítimo de Santiago de la Ribera; la restauración ambiental del borde litoral de playa Paraíso; el proyecto de recuperación del espacio litoral de Las Amoladeras, y la depuradora de Los Alcázares, así como la incorporación y adecuación de 6.000 metros cuadrados al dominio público marítimo con la demolición de 80 viviendas en playa Honda.