Así pues, la Aemet pronostica una precipitación acumulada en una hora de 120 milímetros por lluvias que tendrán una posibilidad de producirse que oscilará entre el 40 y el 70 por ciento, según fuentes de la Aemet.
Pronóstico del tiempo en la Región:
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
En concreto, a las 18,00 horas, estaban cortadas en ambos sentidos las carreteras RM-D4 de Mazarrón a Morata, del kilómetro 17 al 24, por desbordamiento de una rambla; la RM-E-16 de La Aljorra a Cuesta Blanca entre los puntos kilométricos 0,5 y 3,1, y la RM-F-24 de El Mirador a San Javier del kilómetro 0 al 2.
Asimismo, la circulación permanece interrumpida desde las 14.54 horas en ambos sentidos de la carretera que transcurre de Lorca a su pedanía de Purias (RM-621), entre los kilómetros 3 y 6, en el municipio de Lorca.
Las seis carreteras restantes que se encuentran cortadas están en el término municipal de Torre Pacheco. Concretamente, las lluvias han provocado cortes de la circulación a partir de las 17.00 horas a la altura del kilómetro 9 de la RM-F-14, que une este municipio con la autovía A-30.
Asimismo, la circulación está interrumpida en el kilómetro 3,3 de la RM-F-51, que transcurre entre Torre Pacheco y Pozo Estrecho.
También en Torre Pacheco, hay un corte en el kilómetro 9 de la RM-F-29, carretera que une este municipio con San Javier; y entre los puntos kilométricos 7,4 y 8 de la RM-F-28, que une la pedanía de Pozo Aledo, en San Javier, y la Puebla de Cartagena.
Igualmente, la circulación permanece interrumpida entre el kilómetro 0 y el 5,1 de la RM-F-26, que transcurre entre la pedanía de Balsicas, en Torre Pacheco, y el municipio de Los Alcázares; así como entre los puntos kilométricos 5 y 7,4 de la RM-F-22.
Además, era necesario circular con precaución en la RM-601 de la pedanía de Corvera a Murcia, a la altura del kilómetro 6, y en la N-301, entre los kilómetros 426 y 428, en la zona de El Albujón, que presentaba nivel rojo, que significa circulación difícil.
Reverte señaló que "está previsto que la Región pueda registrar lluvias a lo largo de todo el día, con una precipitación acumulada que puede llegar a los cien litros en doce horas, con algún episodio más intenso de lluvias en la zona del litoral, que podría alcanzar los 70 litros por metro cuadrado en una hora".
En concreto, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil informó que, a las 13,55 horas, estaban en nivel negro, que significa cortadas, las carreteras RM-D4 de Mazarrón a Morata, del kilómetro 22 al 24, por desbordamiento de una rambla; la RM-E-16 de La Aljorra a Cuesta Blanca entre los puntos kilométricos 0,5 y 1, la RM-F22 de Torre Pacheco a Balsicas, a la altura del kilómetro cuatro, y la RM-F-24 de El Mirador a San Javier del kilómetro 0 al 1,5.
Además, era necesario circular con precaución en la RM-601 de la pedanía de Corvera a Murcia, a la altura del kilómetro 6, y en la N-301, entre los kilómetros 426 y 428, en la zona de El Albujón, que presentaba nivel rojo, que significa circulación difícil, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.
El Centro de Coordinación de Emergencias explicó que las lluvias han provocado el derrumbamiento del techo de una casa en la calle Floridablanca de Águilas, aunque no produjo ningún daño personal. Asimismo, el Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' recibió numerosas llamadas por inundaciones y ha sido necesario efectuar achiques de agua en algunos lugares de Cartagena y el Mar Menor.
Por otra parte, una Unidad Médica de Emergencias (UME) tuvo que trasladar al hospital Virgen de la Arixaca de Murcia a una mujer que iba en coche acompañada de su marido porque se había puesto de parto y no podía continuar, al verse atrapada, a la altura de Mercamurcia, como consecuencia de las lluvias.
La Región de Murcia se encuentra hoy y mañana, lunes, en alerta naranja ante la previsión comunicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que se produzcan precipitaciones que puedan llegara acumular 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, informó la Delegación.
Asimismo, la Aemet ha elevado dicha alerta hasta el nivel rojo en las zona del litoral y del prelitoral, ante la posibilidad de que en las mismas se produzcan precipitaciones de hasta 70 litros en el plazo de una hora. Esta alerta roja estará, en principio, vigente hasta las 10.00 horas de mañana.
En consecuencia, la Delegación del Gobierno ha mantenido la alerta en los organismos y servicios de la Administración del Estado en el ámbito de la Región de Murcia, es decir, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Confederación Hidrográfica del Segura, Jefatura Provincial de Tráfico, Demarcación de Carreteras del Estado, Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima.
La Delegación informó que ha mantenido en alerta a las empresas de servicios básicos de ámbito supracomunitario como Renfe, Iberdrola, Telefónica y Gas Natural, además de mantener contactos permanentes con los organismos competentes en la materia de la Comunidad Autónoma.
La Delegación informó que las precipitaciones más elevadas en las últimas 24 horas se registraron en la diputación cartagenera de en Perín, con 59,4 litros por metro cuadrado, seguida de los 48,9 en La Murta (Murcia), 46 en la ciudad de Cartagena, 40 en la ciudad de Murcia, 36 en la pedanía murciana de Rincón de Beniscornia y 32'6 en el Paretón de Totana.
Ante estos hechos, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, recordó las recomendaciones de Protección Civil ante fuerte y lluvias y tormentas, como adoptar medidas de autoprotección y extremar las precauciones, y precisó que "las medidas de prevención y la colaboración ciudadana son esenciales".
De esta forma, recomendó que "si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, y si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas".
Si comienza a llover de manera torrencial, el delegado instó a pensar que existe riesgo de inundación y recomendó no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados y no intentar salvar su automóvil en medio de una inundación.
El informe pone de manifiesto que, pese a los avances legales en este campo, que han corregido algunos graves defectos-por ejemplo los relacionados con las generalizadas donaciones anónimas-persisten muchos puntos negros que son utilizados, una y otra vez, para cometer delitos graves por parte de un sistema de partidos que tiene la afiliación más baja de toda Europa en el marco de uno de los modelos más partitocrátricos de organización de la vida pública.
No sólo identifican los problemas, sino que se proponen medidas para corregirlos. Reproducimos las conclusiones.
Al comenzar la Segunda República, en España había un tres por ciento de ricos, fundamentalmente agrarios, una inmensa masa proletaria y apenas un veinte por ciento de clase media: una estructura social catastrófica capaz de alentar el discurso revolucionario que provocó la tragedia.
El porcentaje de fortunas se ha mantenido en los últimos ochenta años, aunque su base actual sea la industria y la especulación bursátil, pero la mesocracia se ha convertido en la médula de un país en el que ahora son los inmigrantes quienes representan la mayor parte de la mano de obra no cualificada.
Aunque la recesión ha incrementado peligrosamente el índice de pobreza, el discurso dual de pobres y ricos queda hoy relegado al plano de la más burda demagogia.
Escribe Ignacio Camacho en ABC que el Gobierno está en su derecho de subir la presión fiscal y la deuda para sufragar su política de subsidios y gasto público sin tasa, pero lo que ya no cuela de ningún modo es el rancio argumentario de exprimir a los ricos, aunque se disfrace con el eufemismo técnico de las «rentas altas» o «rentas de capital».
Los impuestos se los suben a los que los pagan, que es la clase media porque es la única que está bajo el control de Hacienda.
La burguesía que ha sostenido el crecimiento español con el esfuerzo de su trabajo y de su ahorro ha sido señalada por el zapaterismo para sufragar la factura de una estrategia clientelar destinada a mantener el apoyo del voto subsidiado.
Los analistas gubernamentales entienden que ha crecido el número y la edad de los mileuristas y que pueden constituir con ellos y los desempleados una fuerza social capaz de mantener al socialismo en el poder si se le administra una inyección económica suplementaria.
En este peculiar concepto de la redistribución no importa tanto el número de parados como la posibilidad de mantenerlos adheridos a un Estado maná que les asegure la supervivencia.
El problema es que para lograrlo es necesario exprimir al sector productivo, a una clase media menguante y asfixiada que ha de sufrir además la ofensa de ser considerada un sector de privilegiados.
Quizá acabe siendo un privilegio tener trabajo en esta España de parados profesionales, autónomos en quiebra y sindicalistas atrincherados en la subvención, pero será el Gobierno el responsable de esa silenciosa destrucción de la médula social que ha vivificado el país y lo ha dotado de musculatura económica.
El incremento impositivo, por mucho que se intente afinar en su alcance, es un paso atrás que define la impotencia de esta sedicente socialdemocracia para invertir el sentido de la recesión y buscar un impulso de crecimiento.
Con su cerrada negativa a rebelarse contra la crisis y su empeño en el discurso paliativo, el zapaterismo no está defendiendo a los pobres: está empobreciendo a los que aún no lo son del todo.
http://www.periodistadigital.com/opinion/economia/2009/09/27/viva-la-clase-media.shtml
A continuación, se sitúa Canarias (32,6 por ciento), Cataluña (23,9 por ciento), Andalucía (19,6 por ciento), Aragón (18,2 por ciento), Navarra (14,3 por ciento), y La Rioja (14,3 por ciento).
Por contra, Cantabria es la comunidad autónoma con menor superficie de regadío en relación a la SAU en la región, el 0,1 por ciento del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Según dicho informe, a continuación se sitúa Asturias (1,1 por ciento) y en tercer y cuarto lugar, aunque con bastante mayor porcentaje, si bien por debajo de la media de España (13,6 por ciento), están Baleares (6,2 por ciento) y Extremadura (6,6 por ciento).
También por debajo de la media nacional se encuentran Madrid (7,2 por ciento); Castilla y León (8,4 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,6 por ciento).
Atendiendo a la superficie total nacional, el primer puesto en cuanto al uso de agua de regadío lo ocupa Andalucía (23,8 por ciento); seguida de Aragón (14,2 por ciento); Castilla y León (13,5 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,9 por ciento), situándose a continuación la Comunitat Valenciana (9,8 por ciento).
Según los datos del INE, en el año 2006 la superficie dedicada al regadío en España ascendió a 3.278.906 hectáreas, lo que supone el 13,6 por ciento de la superficie agraria utilizada, y el 7 por ciento de la superficie nacional.
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha anunciado que propondrá en la Comisión Ejecutiva de la FEMP, que se reúne el próximo martes para analizar el proyecto de Ley de los PGE, que en los presupuestos se mantengan todas las partidas y conceptos que tradicionalmente se han destinado a las entidades locales, sin recortes ni supresión alguna.
En lo que respecta al nuevo Fondo de Inversión Local, cuya dotación prevista es de 5.000 millones, la FEMP solicitará al Gobierno que una buena parte del mismo pueda ser destinada a la financiación de gastos corrientes relacionados con políticas sociales y educativas.
Según la FEMP, esta medida responde a la "necesidad de financiar" los servicios públicos que actualmente prestan los ayuntamientos, los cuales podrían "ponerse en peligro como consecuencia del descenso de los ingresos en 2010".
En la Comisión Ejecutiva del martes también se abordarán las medidas de ayuda anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la semana pasada y según las cuales se aplaza un año la deuda de los municipios y se destina el 15% del segundo 'Plan E' a educación.
Castro afirmó el pasado martes que con estas medidas, los ayuntamientos comienzan "a ver un poco la luz", pero consideró que "no son suficientes", por lo que así lo trasladará a la Comisión Ejecutiva.
El presidente de la FEMP exigirá, asimismo, que los gobiernos locales tengan el mismo tratamiento que las comunidades autónomas en lo relativo a las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), una partida que, para la federación, "con toda seguridad se verá mermada por la correspondiente minoración de los ingresos del Estado".
"Si a esto añadimos la pérdida de ingresos que van a tener los ayuntamientos españoles por la disminución de la actividad económica en sus respectivos territorios y su incidencia en la recaudación de los tributos locales, la situación se agravará aun más y habrá ayuntamientos que no puedan prestar algunos servicios básicos a sus ciudadanos", explica la FEMP.
A juicio de Castro, "en unas circunstancias de crisis como las actuales es más necesario que nunca dirigir todos los esfuerzos presupuestarios a reforzar las políticas sociales y el empleo", ya que recordó que los ayuntamientos son "la institución pública que alcanza mayor eficiencia y mayor rentabilidad social en la ejecución de las políticas públicas, como así se ha demostrado en el desarrollo de los proyectos del Fondo de Inversión Local de 2009".
En términos mensuales, la exportación en julio creció un 23% en volumen en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta las 598.227 toneladas, mientras que su valor se redujo un 5%, situándose en 374,9 millones de euros.
Para esta organización, los datos relativos al mes de julio demuestran una fuerte presión a la baja de los precios, en donde el crecimiento de la exportación en volumen se debe a un incremento en la comercialización exterior de la fruta, que aumentó un 27,5% sus ventas, hasta las 480.303 toneladas.
Los incrementos más importantes fueron los registraron por la sandía, 107.513 toneladas, un 73% más; el melón, con 98.551 toneladas, un 25,3% más; y la nectarina, que exportó un 27% más, hasta las 80.663 toneladas.
Por su parte, la exportación de hortalizas en volumen durante este mes también se incrementó en un 6,7%, hasta 117.924 toneladas, siendo la patata y la cebolla las que más crecieron, con incrementos del 62,5% y 33%, respectivamente.
En cuanto al retroceso de la facturación, el valor de la exportación de frutas en el mes de julio cayó un 4,5% totalizando 298,6 millones de euros y el de hortalizas se redujo en un 4%, situándose en 76,2 millones de euros. Los precios medios en julio se redujeron un 22% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Por regiones, la Comunidad Valenciana exportó 1,9 millones de toneladas en el mes de julio, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, Andalucía comercializó 1,8 millones de toneladas de frutas y hortalizas (-3,6%) y Murcia exportó 1,3 millones de toneladas (+13%). Destacó también la exportación de Cataluña, con 379.187 toneladas (-8%) y Extremadura, 79.144 toneladas (+26%).
En relación a estos datos, Fepex subrayó que la "fuerte presión sobre los precios" en todos los mercados pone en evidencia la necesidad de medidas urgentes de mejora de la competitividad, actuando sobre los rendimientos, la productividad y los costes.
Esta situación será objeto de debate en las jornadas técnicas que se celebrarán en el marco de Frui Attraction, la feria de frutas y hortalizas que Fepex organiza junto con Ifema, y que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de noviembre.
Estas investigaciones se encuentran dentro de la conocida como 'Operación Reciclaje' que investiga una presunta trama de corrupción en torno a esta empresa de limpieza del municipio lorquino.
En concreto señala que existen indicios suficientes sobre la participación de este aforado en gastos, comidas, viajes, autorizaciones a terceros de uso de bienes públicos y de fondos para fines privados, y firmas de pagarés emitidos con relación a facturas sobre las que existen dudas sobre los hechos o negocios a que responden.
A juicio de la Sala, compuesta por los el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, y los magistrados Manuel Abadía Vicente y Julián Pérez-Templado, todos estos indicios "son susceptibles de ser investigados en el proceso instructor que se abre", añade.
Asimismo la Sala decide incoar diligencias previas, designar instructor, conforme el turno establecido, al Magistrado de esta Sala, Enrique Quiñonero Cervantes, "a quien se remitirán inmediatamente las diligencias, poniéndolo en conocimiento del mismo", según indica el auto remitido por el Tribunal.
En cuanto al diputado José Antonio Pujante, la Sala, por el momento, no encuentra indicios suficientes que justifiquen la apertura de una instrucción penal y consiguiente imputación por presunto delito de malversación de caudales públicos, tal y como señaló el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca; sin perjuicio de que continué la investigación respecto al mismo y, en su momento, de existir indicios racionales de la comisión de una conducta delictiva, eleve nueva exposición razonada.
Así se indica que Pujante fue una de las personas que viajó a Sevilla en el año 2004 con ciertos cargos públicos del Ayuntamiento de Lorca a cierto evento, viaje en el que se acabaron cargando en las cuentas de Limusa los gastos que se ocasionaron en un local de alterne. Textualmente, en la exposición razonada, se añade que "igualmente en el año 2006 y aprovechándose otro evento se produjese otro desplazamiento de cargos públicos a Sevilla y se acabase efectuando igualmente otro elevado gasto en el mismo local de alterne de Sevilla y cargándose igualmente a las cuentas de Limusa".
Las fuentes que justifican la participación en estos hechos del aforado y singularmente, en lo que atañe tanto a su presencia como los gastos generados en un club de alterne, provienen de manifestaciones de uno de los imputados, no aforado (Gil Eguino), en la causa y de anotaciones manuscritas unilateralmente realizadas por éste, elementos, apuntó la Sala, que "no integran indicios suficientes para fundamentar por sí mismos una imputación penal contra Pujante.
Con relación a los restantes imputados no aforados que se relatan en el informe de la Fiscalía Superior de Justicia, la Sala señala que el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca deberá continuar la instrucción.
Esta semana se hacía público el informe de la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que señalaba que el diputado socialista podría haber incurrido en un delito de malversación de fondos públicos en su etapa como administrador de la empresa municipal Limusa.
En julio de 2009 el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca remitió al TSJ los hechos investigados sobre el caso Limusa en relación a ambos diputados --Soler y Pujante--, ya que vio indicios de participación de delito de malversación de fondos.
Posteriormente, el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, elevó en su informe a la Sala que no veía indicios de delito por parte del diputado de IU José Antonio Pujante y recomendaba a los magistrados que archivaran la causa contra él, aunque sí contra Soler.
Por entonces el diputado socialista aseguró que quería comparecer de manera urgente ante el TSJ "con el fin de aclarar este asunto cuanto antes".
La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'.
La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'. "En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe.
De los balances se deriva que el PP valenciano mantenía una deuda latente con Orange Market tanto en su caja A como en la B, que 'El Bigotes' reclamaba a Costa y al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, con el que se reunió para solicitar adjudicaciones de la Generalitat, según el informe policial.
Además, se relata cómo empresarios con importantes contratos con la Generalitat Valenciana hacían entregas de dinero en la 'caja B' de Orange Market y sus nombres se utilizaban para realizar facturas de actos del PP.
El documento infiere que el PP pagaba su deuda con Orange Market a través de contrataciones administrativas concedidas a dedo desde la Generalitat Valenciana y mediante aportaciones directas de varias empresas, a las cuales compensaba igualmente, mediante la licitación de contratos públicos.
El informe revela que los pagos en B a las empresas de Correa se sufragaban con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana" e incluso cita a Enrique Gimeno, presidente de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa y sobrino de uno de los vicepresidentes del Consell, Juan Cotino; o Luis Batalla, del grupo LUBASA.
"Una factura de un acto realizado para el Partido Popular se transforma en otra emitida para empresas privadas como Ortiz e Hijos (...) o Facsa y cambios en la descripción del concepto de servicio prestado", explica el texto como ejemplo de las alteraciones en las facturas.
El informe de la Unidad de Delitos Económicos asegura que el PP, "en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas".
También subraya que el sistema de doble financiación tiene "una persistencia en el tiempo suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política".
El pasado martes, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guardaba relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia, según consta en un auto facilitado por el TSJCV a los medios de comunicación.
El informe se basa en la documentación intervenida en los registros a Correa y subraya la "estrecha relación" de Álvaro Pérez con Ricardo Costa y Vicente Rambla, pero también con David Serra, vicesecretario de organización del PPCV, y Yolanda García Santos, tesorera del partido.
El 'modus operandi', según relata el documento, era el siguiente: "La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo [socio de Correa], confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez; David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono; y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".
La nueva norma fija una lista europea de sustancias activas --componentes químicos de los pesticidas-- que permitirá a los Estados miembros conceder autorizaciones nacionales a los productos fitosanitarios o reconocer las licencias aprobadas por otros países comunitarios.
Gracias a un mecanismo para el reconocimiento mutuo y autorización zonal, un Estado miembro podrá autorizar un pesticida tras la evaluación de este en otro país de su misma zona. La UE estará dividida en tres zonas según las condiciones agrícolas, climatológicas y ecológicas de los países: norte, centro y sur, incluyendo esta última a los países del arco mediterráneo, entre ellos España.
La armonización de la evaluación no impedirá, sin embargo, que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.
Esta normativa, que entrará en vigor a finales de este año, fue adoptada formalmente en un Consejo de ministros de Competitividad de la UE celebrado este jueves en Bruselas, después de haber sido criticado por los propios agricultores y por las organizaciones ecologistas, que consideran insuficientes las nuevas reglas tanto para la protección de los ciudadanos como del medio ambiente.
La comisaria de Salud, Androulla Vassiliou, sin embargo, celebró la decisión de los Veintisiete porque considera que establece el sistema "más moderno y protector" para la salud de los consumidores. "También beneficia a nuestros agricultores porque garantiza sus propia protección y promueve los productos saludables", añadió.
También queda prohibido el uso de una serie de sustancias químicas consideradas muy tóxicas (cancerígenas, mutagénicas, etc.) para la fabricación de pesticidas y se aplicarán criterios más estrictos de seguridad en el caso de las sustancias neurotóxicas e inmunotóxicas. La lista de componentes vetados incluye también sustancias perjudiciales para las abejas de miel.
No obstante, existe la posibilidad de que se autorice durante un máximo de cinco años aquellas sustancias que, aún no cumpliendo los estándares de seguridad, resulten necesarias para combatir una plaga importante. Además, habrá un plazo de tres años para sustituir por alternativas más seguras aquellos pesticidas que tengan alguna de las sustancias peligrosas.
Otra de las novedades con las que se pretende frenar el uso abusivo de plaguicidas, especialmente en el sector agrícola, y minimizar su impacto, es que cada Estado deberá contar con un plan de acción nacional que incluya medidas de formación para la venta y manejo de los pesticidas, de inspección y de protección. También deberán trabajar en métodos alternativos de control de las plagas.
El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat Valenciana.
La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta.
La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.
Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana.
Pago de constructoras. La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA).
En los pagos en dinero B por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".
Costa, canalizador de los pagos. "Además el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política.
Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, tiene una persistencia en el tiempo suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política como se deriva del conjunto de elementos aportados.
La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dosde la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordado entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios.
El Tribunal valenciano saca del sumario la posible financiación del PP al pedirlo Camps
Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.
El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.
El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.
Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.
El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.
"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".
Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".
Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.
En este sentido, explicó que en la Región de Murcia "la duplicidad de oficinas es notable", ya que CAM posee 182 y Cajamurcia 251 oficinas.
A ello habría que sumar, indicó López, la concentración de servicios centrales en una de las dos provincias, "que provocaría, sin lugar a dudas, varios cientos de puestos de trabajo menos y la tremenda movilidad geográfica que se padecería por parte de la plantilla resultante".
López estimó que ambas entidades "ya tienen un volumen suficiente y no necesitan crecer para mantenerse en el actual mercado", al tiempo que destacó en un comunicado que "Cajamurcia ha demostrado ser más eficiente que CAM, caja que la triplica en tamaño".
Además, defendió la viabilidad de ambas cajas "como grandes creadoras de empleo de calidad y su influencia social en los entornos donde se desarrollan en la actualidad".
Por ello, reclamó "a los partidos políticos, a los órganos de gobierno y a las direcciones de las cajas que no escondan las repercusiones negativas que los procesos de fusión acarrearán para los trabajadores del sector y para nuestros clientes".
En opinión de López, "la excusa de la crisis es una herramienta que están utilizando para que la fusión sea aceptada por nuestra sociedad como única alternativa".
"Detrás de ella están los deseos de los poderes económicos del país para que haya concentraciones de bancos/cajas y puedan ser mas fácilmente controlados por los intereses especulativos del capital".
A la vez, agregó, su objetivo es "el de abaratar/eliminar las actuales condiciones laborales de los trabajadores de las cajas". Precisamente, López indicó que "observamos, en línea con lo descrito anteriormente, una campaña mediática para desacreditar y desestabilizar a las cajas de ahorro del país, persiguiendo una disminución del número de las mismas, camino que llevará a la desaparición del sector de ahorro".
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, mostró su "satisfacción" por el apoyo unánime a este nombramiento, e indicó que Lorca Planes "lo merece por ser hijo de Murcia, concretamente de Espinardo, y por su trayectoria".
Además, el alcalde hizo hincapié en que por primera vez es obispo de la Diócesis de Cartagena un "hijo de Murcia, lo que nos llena de orgullo".
Según el Ayuntamiento, Lorca Planes mostró un profundo conocimiento de la ciudad de Murcia, tanto por ser hijo de esta tierra como por los diferentes cargos que desempeñó en la Diócesis antes de su nombramiento como obispo y su firme defensa de las tradiciones murcianas y la labor que desempeñó como fiel embajador de la tierra durante el gobierno de la Diócesis de Teruel.
En todas las responsabilidades llevadas a cabo por monseñor Lorca Planes coincidió el "desinteresado trabajo por engrandecer la ciudad, al que se suma su relevancia e indiscutible consideración en el ámbito público, por cualidades y méritos personales, y por los servicios prestados con inequívoco amor al municipio", explicó el Consistorio.
Este gran parque económico y comercial, con una superficie total de cerca de 1,3 millones de metros cuadrados, está situado junto a la autovía El Palmar-Alcantarilla (MU-30) y el paso de La Paloma (MU-31), frente al Polígono Industrial Oeste, el Centro Integrado de Transportes (Citmusa) y el CAEDI Oeste (complejo de actividades económicas, dotacionales e industriales).
El parque tendrá 626.000 metros cuadrados destinados a parcelas, 97.000 metros cuadrados de equipamientos, 155.000 metros cuadrados de zonas verdes y 100.000 metros cuadrados de viarios y carril-bici. Además, el Ayuntamiento ha obtenido 87.000 metros cuadrados de suelo en una parcela para construir equipamiento deportivo.
La inversión privada a realizar entre obras de urbanización, sistemas generales, equipamientos y las edificaciones comerciales y terciarias ascenderá a los 500 millones de euros.
La locomotora de este gran espacio será el centro comercial que el Grupo Anjoca está desarrollando en la unidad de actuación primera del Plan Parcial, sobre una parcela bruta de unos 102.000 m2 y una edificabilidad de 40.000 m2 de techo.
Contará con más de 112 locales dedicados entre otras actividades a alimentación, moda, servicios, hogar, electrónica, restauración y ocio, y con más de 2.200 plazas de aparcamiento, que supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo directos. Adicionalmente, se construirá un hotel.
El Ayuntamiento de Murcia destacó en una nota de prensa su "apuesta por el desarrollo económico del municipio en una época de crisis en la que es necesario aunar esfuerzos para impulsar el mercado laboral".
Además, el Grupo Adeo (Leroy Merlin, Bricomart, Aki Bricolaje) pretende desarrollar su proyecto en la unidad de actuación número tres, sobre una parcela bruta de unos 100.000 m2 de superficie y una edificabilidad de más de 35.000 m2 para la posterior instalación de un gran establecimiento de bricolaje con servicios complementarios.