El alcalde explicó que varias personas se han acercado al Ayuntamiento comentando este hecho. Así, dijo que según le han comentado, estas entidades serían la CAM, Banco Santander, Caixanova, o Caja Duero.
Asimismo, apuntó que ONDE 2000, la empresa constructora del 'El Pocero' no está pagando las certificaciones que corresponden a la obra hidráulica del PAU de 'El Quiñón', "lo que está provocando que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a estos pagos".
En este sentido, el alcalde afirmó que este hecho está dejando sin liquidez al Ayuntamiento de Seseña, ya que se trata de un montante de dos millones de euros. Si la situación continúa así, indicó Fuentes, el Ayuntamiento barajará la vía ejecutiva y el embargo.
Por otra parte, la empresa Onde 2000 precisó hoy que las 2.000 viviendas vendidas de la urbanización de El Quiñón en Seseña (Toledo) han sido adquiridas por inmobiliarias de diversas entidades financieras con precio tasado y no a cambio de solventar la deuda de la empresa, tal y como afirmó hoy el alcalde de la localidad, Manuel Fuentes.
Fuentes de la compañía explicaron que actualmente se ha vendido a particulares el 89,5 por ciento de las viviendas de El Quiñón pertenecientes a la empresa, que aún quedan 576 pisos por vender, y que, además, existen otras 2.000 viviendas que fueron vendidas hace tiempo a inmobiliarias con el precio tasado por Tinsa, la firma a la que acude la banca de manera regular.
Según afirman, si esta operación se hubiera realizado para solventar la deuda, ese precio no estaría tasado, sino rebajado, al tiempo que detallan que la venta se realizó mucho antes del 'crack' inmobiliario, lo que la enmarcaba dentro de la normalidad.
En cuanto a las críticas del alcalde seseñero por la falta de pago en las certificaciones de la obra hidráulica del PAU El Quiñón, las mismas fuentes recordaron que el proceso de adjudicación de estas obras está pendiente de resolución en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo, tras el recurso interpuesto por Onde 2000 en octubre de 2007 contra esta operación, en la que, añaden, el alcalde cambió los criterios de adjudicación. Por tanto, no se pueden afrontar los pagos hasta que los tribunales decidan al respecto.
Por último, critican que el alcalde culpe a la empresa de la falta de liquidez del Ayuntamiento, afirmando que esa es "su responsabilidad" y que otros consistorios se encuentran en la misma situación, por el marco de crisis económica actual, y no culpan de ello a las empresas constructoras que operan en los municipios con las correspondientes licencias.
