MURCIA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, acompañada por la directora de la Agencia Regional de Recaudación, Encarna López, presentó hoy las medidas que va a poner en marcha este organismo para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de la obligación de tributar “ante la previsión de que la actual crisis económica pudiera afectar al nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias”, según la versión de "El Faro"
Estas medidas, con carácter excepcional y temporal, “garantizarán la máxima eficiencia en las tareas recaudatorias de tributos, sin merma de los ingresos por parte de los ayuntamientos, de tal modo que vean aliviada su situación económica con un sistema de pago de impuestos más asequible”, expresó la consejera.
Se trata de “favorecer la liquidez de familias y empresas, mediante la disminución de exigencias de garantías en los aplazamientos y fraccionamientos de deudas, y la flexibilización y ampliación de los plazos de pago”.
La consejera explicó que se ha multiplicado por cinco la cantidad a partir de la cual es necesario presentar un aval para el fraccionamiento de su pago, pasando de 6.000 euros a 30.000. Esta medida afecta a más del 90% de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago gestionados por la Agencia, y la mayor parte de estas garantías están constituidas por avales bancarios.
“Entendemos que multiplicar por cinco la cantidad a partir de la cual son necesarias estas garantías facilitará considerablemente la satisfacción de los ciudadanos, ya que actualmente las entidades financieras están, debido a la situación de crisis, remisas a conceder esos avales”.
Una segunda medida permitirá ampliar los plazos de recaudación voluntaria de dos a tres meses, influyendo directamente en los calendarios del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que finalizará en mayo en lugar de abril; en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), cuyo plazo del periodo voluntario abarcará desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre.
“Esta ampliación del plazo permitirá a los contribuyentes programarse con mayor comodidad”.
Por último, también se va a abordar una medida dinamizadora que afecta a la recaudación en período voluntario de los tres impuestos mencionados. Se trata del ingreso fraccionado de recibos de tributos locales domiciliados.
El importe de los recibos de esos impuestos será fraccionado en un 20, 30 y 50 por ciento respectivamente, para que el ingreso se haga de forma escalonada, y siempre que el importe acumulado por cada concepto supere los 100 euros.
“Gracias a esta medida, el contribuyente podrá solicitar, a través del correspondiente modelo, el pago en varios plazos de los tributos, sin intereses de demora y dentro de los plazos de ingreso en periodo voluntario”, indicó García.
“Pagar impuestos, además de ser una obligación legalmente establecida, es un deber ciudadano, y por ello es necesario facilitar en todo lo posible, y de acuerdo con lo que nos permite la ley, que los ciudadanos cumplan con ese compromiso”, aseguró la consejera.
García recordó que el pasado 4 de diciembre ya presentó las actuaciones destinadas a los ayuntamientos, entre las que se encuentra la mejora de la información, mediante la actualización de las omisiones en el impuesto de bienes inmuebles y tributos locales relacionados con el territorio; el apoyo tecnológico a los municipios, mediante los servicios de tramitación electrónica de la Agencia Regional de Recaudación; el incremento en un 22 por ciento del número de ayuntamientos y organismos a los que la Agencia presta colaboración en materia financiera y tributaria; y la reducción de los plazos de pago a los ayuntamientos, hasta lograr realizarlos en la primera semana de mes.
Se trata de “favorecer la liquidez de familias y empresas, mediante la disminución de exigencias de garantías en los aplazamientos y fraccionamientos de deudas, y la flexibilización y ampliación de los plazos de pago”.
La consejera explicó que se ha multiplicado por cinco la cantidad a partir de la cual es necesario presentar un aval para el fraccionamiento de su pago, pasando de 6.000 euros a 30.000. Esta medida afecta a más del 90% de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de pago gestionados por la Agencia, y la mayor parte de estas garantías están constituidas por avales bancarios.
“Entendemos que multiplicar por cinco la cantidad a partir de la cual son necesarias estas garantías facilitará considerablemente la satisfacción de los ciudadanos, ya que actualmente las entidades financieras están, debido a la situación de crisis, remisas a conceder esos avales”.
Una segunda medida permitirá ampliar los plazos de recaudación voluntaria de dos a tres meses, influyendo directamente en los calendarios del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que finalizará en mayo en lugar de abril; en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), cuyo plazo del periodo voluntario abarcará desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre.
“Esta ampliación del plazo permitirá a los contribuyentes programarse con mayor comodidad”.
Por último, también se va a abordar una medida dinamizadora que afecta a la recaudación en período voluntario de los tres impuestos mencionados. Se trata del ingreso fraccionado de recibos de tributos locales domiciliados.
El importe de los recibos de esos impuestos será fraccionado en un 20, 30 y 50 por ciento respectivamente, para que el ingreso se haga de forma escalonada, y siempre que el importe acumulado por cada concepto supere los 100 euros.
“Gracias a esta medida, el contribuyente podrá solicitar, a través del correspondiente modelo, el pago en varios plazos de los tributos, sin intereses de demora y dentro de los plazos de ingreso en periodo voluntario”, indicó García.
“Pagar impuestos, además de ser una obligación legalmente establecida, es un deber ciudadano, y por ello es necesario facilitar en todo lo posible, y de acuerdo con lo que nos permite la ley, que los ciudadanos cumplan con ese compromiso”, aseguró la consejera.
García recordó que el pasado 4 de diciembre ya presentó las actuaciones destinadas a los ayuntamientos, entre las que se encuentra la mejora de la información, mediante la actualización de las omisiones en el impuesto de bienes inmuebles y tributos locales relacionados con el territorio; el apoyo tecnológico a los municipios, mediante los servicios de tramitación electrónica de la Agencia Regional de Recaudación; el incremento en un 22 por ciento del número de ayuntamientos y organismos a los que la Agencia presta colaboración en materia financiera y tributaria; y la reducción de los plazos de pago a los ayuntamientos, hasta lograr realizarlos en la primera semana de mes.
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