CARTAGENA.- Varios propietarios del mercado de Juan XXIII se plantean llevar a los tribunales al conocido constructor de Pozo Estrecho Mariano Roca, dueño del 90% de los puestos, por realizar obras presuntamente ilegales en el recinto. Obreros están desmantelando las 160 casetas de las que es titular Roca, quien tiene dificultades para comprar el resto de cara a convertir las instalaciones en un aparcamiento con capacidad para 150 vehículos, revela hoy "La Verdad".
Los dueños minoritarios han puesto en manos de un despacho de abogados las posibles irregularidades cometidas por Roca y por el Ayuntamiento de Cartagena, ya que entienden que los trabajos afectan a toda la comunidad de propietarios, y éstos no las han autorizado en una junta; y que, además, el constructor inició las obras a finales de diciembre a pesar de que el consistorio le dio la licencia de obra menor anteayer.
"La Verdad" pudo comprobar que, al menos, los trabajos ya estaban realizándose el lunes, con los permisos aún en trámite.
"La Verdad" pudo comprobar que, al menos, los trabajos ya estaban realizándose el lunes, con los permisos aún en trámite.
La autorización que Roca ha obtenido de la Gerencia de Urbanismo se ciñe a las tareas para desmontar los cierres de persianas y la tabiquería de los puestos. Sin embargo, los otros propietarios consideran que en realidad se trata de «una demolición encubierta» y una forma de «presionar a los propietarios para que vendan», en palabras de Francisco Paredes, uno de ellos.
Según fuentes del mercado, el promotor trata de comprar por 3.000 euros los puestos, cuando hay dueños que exigen al menos 30.000 euros y otros no quieren vender. Varios propietarios han recibido en las últimas semanas llamadas de un despacho de abogados desde el que les reclaman cantidades por cuotas impagadas a la comunidad de propietarios y, después, llamadas telefónicas de una inmobiliaria con ofertas económicas por sus locales.
Algunos afectados achacan estas llamadas a supuestas «maniobras» de Roca para forzar acuerdos de compraventa que le permitan ser propietario único. El propio Roca promueve un expediente de ruina económica para que un juez autorice un cambio de uso del mercado, cerrado desde que hace varios meses acabó la primera fase de la remodelación del mercado de Santa Florentina y regresaron a sus puestos treinta vendedores de fruta y pescado de este recinto realojados dos años en Juan XXIII.
Fuentes municipales indicaron que Roca (quien no respondió a las llamadas de este periódico) solicitó permiso para limpiar y retirar escombros, como le venían reclamando los vecinos de un edificio anexo por los malos olores.
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