Calero sostiene en su alegaciones que Puerto Mayor incrementará el deterioro del Mar Menor

MURCIA.- La paralización debe afectar a todas las obras de Puerto Mayor. Ésta es la posición de mantiene el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Abogacía del Estado, ya que considera que todas las obras actuales obedecen a modificaciones introducidas después de la concesión inicial del año 1975, según recoge "La Verdad".

El Ministerio, que presentó el recurso contra el Gobierno regional por autorizar este proyecto, entiende así el alcance del auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) del 17 de junio del 2005.

El abogado del Estado Juan Ramón Calero ha presentado sus alegaciones contra el informe pericial del ingeniero José Luis Monsó de Prat -que fue designado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ- por considerar que las obras que propone que se reanuden suponen de facto la construcción del puerto deportivo para 950 amarres.

José Luis Monsó propone que siga la construcción de gran parte del proyecto, sobre la base de las medidas cautelares fijadas por el TSJ en tanto que no emita su fallo. Añade que debe realizarse el dragado de todo el Canal del Estacio, y rechaza de plano la construcción de una urbanización. Considera que el auto del TSJ «es bastante restrictivo respecto de las obras que deben paralizarse».

Juan Ramón Calero apunta en su escrito que desde el punto de vista ambiental y social «en las últimas décadas se ha creado una alarma social por el deterioro del Mar Menor y por los procesos de urbanización y artificialización de la costa. Es evidente que una obra como la de Puerto Mayor está contribuyendo y contribuirá aún más, si prosiguen las obras, a alterar los procesos naturales del Mar Menor incrementando su deterioro.

Asimismo, resulta sorprendente que cuando existe una alarma social ante el problema de subida del nivel del mar se continúe actuando en uno de los espacios más sensibles a este fenómeno de la costa española».

El abogado del Estado estima «inadmisible» que en el proyecto no se hayan incluido estudios detallados de los procesos de intercambio de aguas entre el Mar Mediterráneo y la laguna. Añade que estas obras suponen «un freno» a dicho intercambio. «El perito reconoce en su informe el grave problema de los aterramientos. Lo que no reconoce es que las obras de Puerto Mayor son las causantes y que las obras que él propone agravarían más la situación».

Considera que debe plantearse la necesidad de «desmontar o no parte de las obras construidas en base a un proyecto del año 1975, que hoy día, transcurridos 33 años, sería inadmisible con la evolución que se ha producido en los aspectos legislativo, ambiental y social».

Critica por último la propuesta del perito de «adecentar» el recinto de tablestacas -que se están viendo deterioradas por la acción del mar- y configurar la bocana de acceso a la dársena «para que ésta quede operativa».

Una vez que las partes hayan alegado, la sala del Tribunal Superior de Justicia decidirá sobre el informe pericial y su alcance.

Valcárcel se pone sutilmente del lado de Mendoza en el litigio con el obispo sobre la UCAM

CARTAGENA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, advirtió ayer de que la Comunidad no entrará en el «conflicto» que mantienen el Obispado de la Diócesis de Cartagena y la Fundación San Antonio por la titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), sino que se limitará a determinar si los estatutos de esta institución se ajustan a la ley.

Antes de un acto oficial en la Universidad Politécnica de Cartagena, Valcárcel recordó ayer que, si bien los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma determinaron en 1999 que la UCAM es de la Iglesia Católica y que en ellos se encomienda la gestión de la universidad a la Fundación, tanto el Obispado de la Diócesis de Cartagena como la Fundación «son la iglesia católica».

«Que la universidad es titularidad de la iglesia católica es incontestable. Al menos, nadie desde el Gobierno regional lo va a cuestionar. Lo que ocurre es que hay muchas formas de estar en ella. No hay que estar ordenado sacerdote para ser iglesia», dijo en alusión velada al presidente de la Fundación San Antonio, el seglar José Luis Mendoza, y el conflicto con el obispo de la Diócesis, Juan Antonio Reig Pla.

Por otra parte y, según "La Verdad", los informes están prácticamente terminados y es probable que mañana se pronuncie el Consejo de Gobierno sobre la polémica de la Universidad Católica en el sentido de desestimar el recurso del obispo de la Diócesis de Cartagena sobre los nuevos estatutos de esta institución académica.

Los informes elaborados por las consejerías de Educación y de Presidencia coinciden al parecer en el mismo sentido de no aceptar la postura del Obispado. Falta por conocer si el Gobierno regional realizará algunas recomendaciones o puntualizaciones. El presidente Ramón Luis Valcárcel indicó ayer que el Consejo de Gobierno se limitará a decir si los estatutos son o no legales.

El obispo de la Diócesis, monseñor Reig Pla, ganó en enero pasado el primer round de este litigio cuando el Gobierno regional atendió su petición y decidió la suspensión cautelar de los estatutos de la UCAM que concedían la propiedad y titularidad a la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza. Las dos partes convinieron que acatarían la decisión del Vaticano sobre este asunto.

Desde su creación, todos han aceptado, incluida la Fundación, de que la UCAM es una universidad de la Iglesia Católica. A partir de ahí, la disputa se ha centrado en los últimos meses en que la Diócesis de Cartagena considera que le corresponde la titularidad y propiedad; mientras que la Fundación San Antonio, que también se considera Iglesia, defiende lo contrario en base al decreto de erección de esta universidad y al artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae.

El PSRM ha anunciado hoy que presentará un recurso contencioso-administrativo si el gobierno regional da por válidos esos estatutos.

El portavoz del PSRM consideró hoy que, si la Comunidad Autónoma da la razón al presidente de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), José Luis Mendoza, se vulneraría el ordenamiento jurídico vigente, y entonces "acudiríamos a los Tribunales de Justicia ordinarios".

Jara afirma que "la gestión de la UCAM puede ser civil, pero en ningún caso la titularidad".

El portavoz socialista sostuvo que, si finalmente la Comunidad Autónoma emitiese un fallo a favor de Mendoza, "podría abrirse la puerta a que cualquier asociación, cuyos miembros se declarasen católicos, aspirase a beneficiarse de los privilegios que el Concordato da a la Iglesia".

Ese fallo, además, iría en contra de dictámenes previos del Consejo de Estado y de múltiples documentos firmados desde hace más de diez años por todos los obispos titulares de la diócesis de Cartagena, por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y por el propio Mendoza, tal y como hoy mismo ha demostrado el Obispado a través de la información colgada en su página web, según opinó el portavoz socialista.

La crisis después de la crisis de Rajoy / José Antonio Martínez-Abarca

Siempre que me preguntan por la crisis de los cuarenta (voy a cumplir los primeros y espero que últimos cuarenta y dos años del camino del Dante), respondo que no me preocupa, porque la tengo pendiente para cuando resuelva otras crisis que estaban haciendo cola antes.
Es cuestión de prioridades.

Lo mismo habría que decir de la posible crisis del PP murciano para cuando Valcárcel se vaya supuestamente a Europa, el año que viene. Es una crisis que no es que sea extemporánea (al contrario, debería estar en plena efervescencia a día de ayer por la tarde), sino que la tenemos pendiente para cuando resolvamos la crisis nacional del PP, como poco. Estamos demasiado ocupados intentando resolver la crisis de Mariano Rajoy como para perder un minuto en la crisis que teóricamente ya tocaría, la de la sucesión del presidente regional murciano.

Parece raro que nadie vaya contando por ahí que el secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Cámara, está enfadado con Valcárcel porque no ha respetado el orden de sucesión natural a la corona dejando la presidencia en sus manos.

O que tampoco nadie vaya contando que el ex vicepresidente del Gobierno murciano, Antonio Gómez Fayrén, también está enfadado con el mismo Valcárcel por impedir que Cámara sea presidente y así él poder ser alcalde de Murcia por haber dejado el actual burgomaestre el sillón libre, ya que Delegado del Gobierno mientras los sorayos y lassallos no se hagan mayores y ganen las elecciones generales no va a poder ser.

Y hay una buena razón para que nadie vaya contando ninguna de las dos cosas: porque a Cámara y a Fayrén todavía no les ha dado tiempo a enfadarse. No se pueden enfadar en la crisis de la sucesión de Valcárcel porque de momento no hay tal crisis y no hay tal sucesión.

Cierto que Valcárcel ha dicho a sus próximos que se podrá adivinar quién será su sucesor (por "tecnología digital", en la mejor tradición pepera) porque le hará, o le está haciendo, salir mucho en los papeles, en los foros, en los viajes a Madrid, para que a su teórico sucesor vaya haciéndosele "madre" en el estómago y así cuando sea presidente pueda aguantar lo que le echen. Si fuera por eso, el sucesor ya estaría elegido y su nombre en una lista cerrada y bloqueada y en el juzgado, y probablemente ya estaríamos hablando también de los enfados anteriormente citados. Pero no es así.

Quien conoce a Valcárcel sabe que hasta cinco minutos después del cierre de plazo no hay nada, ni seguro ni aproximado. ¿O no nos acordamos de lo que pasó en aquel lejano caso del consejero designado que de una noche para otra no fue tal, padre de uno de los concejales más duraderos del Ayuntamiento de Murcia? ¿Y no se acuerdan de lo que ocurrió cuando algunos creyeron que el sucesor de Valcárcel, quien había abierto su propia veda, era el entonces consejero Paco Marqués, me refiero, lo que le ocurrió al final a Paco Marqués?

Que, viendo que la presidencia no se quedaba ni en vicepresidencia y que había llegado a su techo regional al menos en vida de Valcárcel, aceptó echar su vida a perder ganando dinero en la empresa privada, un despilfarro, otro, del PP porque es infinitamente más fiera política, tiene más imagen y seduce más a las señoras que todos los pitufines de Rajoy juntos.

Yo del posible “sucesor” y de los que se pueden enfadar hipotéticamente empezaría a preocuparme ya, y así cuando llegue el gran día de que a lo mejor eligen a otros que pasaban por allí, pues una cosa que han adelantado.

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¿Inocente o presunto delincuente? / Juan Redondo

El alcalde de Totana, Martínez Andreo reclama el derecho constitucional de la presunción de inocencia, algo que hasta ahora nadie le ha negado. Pero también es cierto que como imputado ha tenido unos meses en la cárcel y está en libertad eludible por fianza.

Se supone que la Justicia ha tomado estas medidas porque existen indicios racionales de la comisión de varios delitos, y entonces según fuentes jurídicas se le podría calificar de presunto delincuente. El alcalde dice que está tranquilo y se quiere volcar en la gestión del Ayuntamiento de Totana y que los temas elacionados con la Operación Totem los va a llevar su abogado con despacho en Barcelona, José Ángel Gonzalez Franco.

Martínez Andreo reconoce que se reunió con el intermediario de las supuestas operaciones urbanística y que habló con Morales y éste le nego los hechos. Que había rumores, pero no los comunicó a nadie de su partido, que él no se llevó un duro y que todo son maniobras políticas de los socialistas que dieron pábulo a los rumores. Lo de la reunión de Albacete no es ningún rumor. Y que las informaciones sobre su posible intervención son falsas, inciertas y tendenciosas.

Gonzalez Franco va más allá. Pide responsabilidad a los periodistas para evitar “juicios previos”. Amenaza con tomar medidas sobre la posibles filtraciones del secreto de sumario. Afirma que el auto de la jueza tiene tintes novelescos y amenaza con elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial para que depure responsabilidades sobre un delito de violación de secreto.

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, una queja ante el CGPJ es inadmisible cuando el “quejoso” está inmerso en un proceso judicial. Mucho “victimismo”, mucha puesta en escena y mucha confianza en un proceso abierto. Aquí parece que el único malo de la película es el diputado y ex alcalde Juan Morales, sobre el que también hay que hacer presunción de inocencia, está repudiado por su partido y abandonado por sus anteriores compañeros de profesión.

Es legítimo que cada cual quiera irse de rositas, en este entramado “totanero”, que al final en opinión de los protagonistas no es más que un bluff. Aunque lo de ayer tenía algo o bastante de cortina de humo e intentar ganar “el juicio paralelo”.

El diputado Bermejo no ha vuelto por la Región
Aunque en la campaña electoral reiteró que su presencia en el distrito electoral de Murcia sería frecuente, el diputado socialista y ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo no se ha dejado ver por aquí. Es cierto que está liado con la organización de su Ministerio, pero como dicen militantes socialista han pasado ya dos meses y “al menos podía haberse dejado caer algún fin de semana”.

Quizás sea para evitar se que su presencia pudiera interpretarse como una posible intromisión en el debate precongresual de los socialistas murcianos con apoyo implícito a Pedro Saura. Se supone que al menos estará en los congresos regionales del PSRM. A los diputados “paracaidistas” murcianos en general les cuesta luego frecuentar la Región.

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Desde Londres se vaticina problemas en Murcia por la crisis inmobiliaria y tanta sobreoferta

LONDRES.- La ralentización del mercado inmobiliario y el considerable volumen de viviendas sin vender afectarán negativamente al conjunto de la economía española que podría crecer un 2,4% en 2008, una décima por encima de la última previsión del Gobierno, y un 2,2% en 2009, según Merrill Lynch, que prevé una caída de precios de la vivienda de hasta un 5% nominal en los próximos 18 meses.

En un informe titulado 'Los precios de la vivienda en España: de la fiesta a la siesta', los analistas del banco de inversión afirman que la desaceleración de la construcción "no sólo afectará al sector, sino al conjunto de la economía", que crecerá un 2,4% en 2008 y un 2,2% en 2009, frente al 1,9% y 2,1% de media que el banco espera para el conjunto de la eurozona en 2008 y 2009, respectivamente.

No obstante, la entidad pronostica que la tasa de desempleo alcanzará el 10% a finales del presente año, frente al 8,5% registrado en 2007, y señala que el creciente desempleo en la construcción registrado en los últimos meses "probablemente tenga un considerable efecto sobre el paro en general".

En cuanto a la evolución de los precios de la vivienda, Merrill Lynch augura que en términos nominales caerán entre un 0% y un 5% en los próximos 18 meses, tras lo que seguirá un periodo de estancamiento.

Riesgo de las pequeñas cajas regionales

Por otro lado, Merrill Lynch constata la creciente exposición de las cajas y cooperativas de crédito al sector inmobiliario y de la construcción, ya que pasaron de contar con una cuota en sus préstamos del 44% en 1992 al 56% en 2007, según los datos de la Asociación Hipotecaria de España (AHE).

"Las cajas de ahorros, especialmente aquellas de menor tamaño, cuentan probablemente con una mayor exposición a pequeñas compañías constructoras de ámbito regional, a las que los riesgos de una ralentización inmobiliaria probablemente pondrán más presión, especialmente en aquellas regiones con sobreoferta de viviendas, lo que tiene potenciales efectos sobre los bancos", señala el informe.

En este sentido, los analistas de Merrill Lynch consideran que prácticamente la mitad de las empresas promotoras de vivienda, que cifra en unas 60.000, desaparecerán durante el descenso.

Asimismo, el informe del banco de inversión señala que incluso en el caso de una caída severa de la vivienda las titulizaciones hipotecarias (RMBS) españolas con calificación AAA, y en algunos casos BBB, probablemente son seguras desde el punto de vista de pérdidas en el principal.

No obstante, los analistas de la entidad recomiendan evitar la exposición a emisiones con calificación BBB, especialmente las más recientes.

"Pensamos que el comportamiento probablemente continuará deteriorándose, el debilitamiento de la economía y el previsible incremento del desempleo probablemente dificultarán la capacidad de los prestatarios para cumplir con sus hipotecas", señala el documento.

Por otro lado, Merrill Lynch advierte de que el frenazo en la demanda de vivienda tanto de los españoles como de los compradores extranjeros hace evidente el problema de sobreoferta de vivienda, que podría rondar las 850.000 unidades, suficiente para cubrir "al menos la demanda de tres años".

En este sentido, los autores del informe señalan que no se trata de un problema uniforme y advierten de que las regiones con mayor problema de sobreoferta serían Andalucía, Castilla La Mancha y Murcia, seguidas de Islas Canarias, Aragón y La Rioja.

Desde el punto de vista de la demanda, Merrill Lynch subraya la existencia de signos que advierten de que está próxima a evaporarse, puesto que el ratio de nuevas viviendas vendidas ha caído al 1,59 en 2007, frente al 1,91 de 2004, especialmente en regiones vacacionales.

El informe señala que las subidas de tipos de interés han añadido presión sobre los prestatarios y han provocado una caída de la accesibilidad de la vivienda en combinación con el fuerte encarecimiento de los precios de la vivienda en los últimos años, lo que ha desanimado a los compradores potenciales. Asimismo, Merrill advierte del incremento de los préstamos dudosos, que se han duplicado en los dos últimos años.

Por otro lado, el banco señala que el enfriamiento del mercado inmobiliario y las restricciones de crédito restan interés al mercado inmobiliario español de cara a la demanda extranjera, mientras que advierte de que, pese al fuerte crecimiento de la inmigración registrado, "las evidencias demuestran que un significativo número de inmigrantes fueron contratados por empresas de la construcción, lo que, ante el áspero escenario para el sector, apunta a que la demanda de vivienda por parte de los inmigrantes está también destinada a caer".

Corbacho dice que las CC.AA. tienen más que hacer que el Ministerio de Trabajo frente al paro

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, admitió ayer durante la sesión de control al Gobierno que las comunidades autónomas tienen "más que hacer" ante el problema del paro que el departamento que dirige, debido a la descentralización de las políticas activas de empleo.

En este sentido, recalcó que no considera el diálogo social como una "estética" sino como objetivo, pero que deberá correr en paralelo a la concertación territorial de las medidas para que todas las administraciones trabajen "en la misma dirección".

Corbacho hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la diputada 'popular' Carmen Álvarez-Arenas, sobre el incremento de la tasa de paro, que ha situado a España en el segundo puesto de los países europeos con mayor desempleo.

El titular de la cartera de Trabajo aseguró el aumento de la tasa de paro preocupa "y mucho" al Gobierno, por lo que ha establecido la reactivación de la actividad como su prioridad, lo que queda demostrado tanto por el paquete de medidas aprobado el pasado 18 de abril y la celeridad de los primeros contactos con interlocutores sociales para marcar la agenda para superar la desaceleración.

Álvarez-Arenas aseguró que el aumento del paro de los últimos meses no es más que el comienzo y reclamó a Corbacho que muestre fuerza dentro del Gobierno para lograr un "pacto por el empleo" entre todos los departamentos del Ejecutivo a través de medidas urgentes.

En este sentido, aseguró que el PP no busca desgastar al Gobierno, sino orientarlo y darle un baño de "humildad" frente al triunfalista mensaje sobre la economía que, a su juicio, ha defendido el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. "Vamos a ser su pepito grillo", advirtió.

"Yo aspiro a que ustedes no se conviertan en un 'pepito grillo' --respondió a esta última frase Corbacho-- sino en un partido capaz de analizar la complejidad y dificultad del momento para ver acuerdos en común".

Por su parte, el parlamentario del PP Nacho Uriarte interpeló al ministro en relación al hecho de que España también encabeza las estadísticas de paro juvenil en la Unión Europea, que considera "demoledoras".

Corbacho precisó que España ha tenido "históricamente" un desfase en tasa de desempleo juvenil con la media europea, que ha empeorado por la actual desaceleración económica, si bien la actual es cuatro puntos inferior a la de 2004. Asimismo, insistió en la mejora de la temporalidad. "Hoy hay más contratos fijos", aseveró, aunque admitió que el porcentaje "anda lejos" del objetivo del 25% que maneja el Gobierno.

Estas afirmación no convencieron a Uriarte, quien lamentó la "falta de rigor" de Corbacho por no plantear medias concretas para remediar la falta de la confianza de las empresas en los jóvenes. "Los jóvenes no queremos ser las primeras víctimas de estas crisis", señaló el presidente de Nuevas Generaciones del PP.

Un fiscal de Argelia pide dos años de cárcel para seis jóvenes conversos al cristianismo

ARGEL.- El fiscal instructor Mohamed Foulene pidió ayer en un tribunal de la ciudad de Tiaret (125 kilómetros al sureste de Orán y 265 al suroeste de Argel) dos años de prisión para seis jóvenes argelinos, convertidos al cristianismo, por ejercicio ilegal de un culto no musulmán, según informó la Agencia France Press. Si prospera esa petición, cada uno deberá pagar además una multa de 500.000 dinares (unos 5.000 euros) y regresar al banquillo por haberse convertido.

Los seis habían sido detenidos al salir de una vivienda donde, supuestamente, se había celebrado una misa y comparten abogada defensora con una educadora, igualmente sentada en el banquillo.

Porque también en Tiaret, una ciudad de 200.000 habitantes, está pendiente de sentencia una maestra de 37 años, Habiba Kouider, que fue detenida con una decena de biblias -25 según las autoridades- mientras viajaba en un autobús de Orán a Tiaret. El mismo fiscal pide tres años de cárcel.

Khelloudja Khalfoun es la abogada de la inculpada, y se desplazó desde Tizi Ouzou porque ningún letrado de Tiaret quiso defenderla. "Es un juicio ilegal porque no se requiere un permiso para practicar un culto no musulmán", señaló.

Las dos ligas argelinas de derechos humanos calificaron de "inquisición" el juicio de Tiaret.

Unos 10.000 cristianos, incluidos los expatriados, viven en Argelia entre 36 millones de musulmanes.

Argelia aprobó en febrero de 2006 una ley que regula el culto de los no musulmanes. Lo que empezó con las expulsiones de varios grupos de estudiantes cristianos de origen subsahariano continuó con la invitación a los cristianos a que abandonasen el país «por su seguridad» o la cada vez más difícil obtención de visados para religiosos.

Las críticas contra el texto de 2006 han arreciado sobre todo desde que, como informó "Abc", el sacerdote francés Pierre Wallez fue condenado a un año de cárcel en enero de 2008, por celebrar culto con un grupo de emigrantes cristianos en un bosque junto a la frontera con Marruecos.

Wallez fue acusado de proselitismo, algo prohibido por la ley argelina. «No estamos ante un caso de proselitismo, pues se trata de cristianos cameruneses. Ha sido una aplicación errónea de la ley», se indignó entonces la figura más prominente del cristianismo en el país magrebí, el arzobispo de Argel.

Henry Teissier dijo además que para buscar a los que están llevando a cabo conversiones hay que mirar hacia la Iglesia Evangélica, que está captando adeptos sobre todo en la región de la Kabilia.

La polémica ha coincidido además con la marcha de Teissier, que se ha jubilado después de mas de dos décadas en el cargo. Nació en Francia en 1929 pero su carrera está unida desde muy pronto a Argelia, donde fue ordenado sacerdote en 1955. Antes fue arzobispo de Orán.

Su salida del cargo es oficialmente por su edad y no está vinculada con la situación por la que pasan en la actualidad los cristianos en Argelia.

El arzobispo Teissier fue condecorado en la noche del lunes en medio de cerradas alabanzas por la diplomacia de su país como Caballero de la Legión de Honor en la Embajada de Francia del país magrebí.

El Papa Benedicto XVI ya ha nombrado sustituto, el jordano Ghaleb Moussa Abdallah, de 57 años, especialista del diálogo interreligioso.

Entre 1994 y 1996, 19 religiosos, incluido el obispo de Orán, fueron asesinados en Argelia por los terroristas islamistas.

Alicante y Valencia mantienen líneas, aéreas y marítimas, regulares con Argel y Orán aunque frecuentadas muy poco por ciudadanos occidentales desde el comienzo en Argelia de una guerra civil larvada entre islamistas y militares, que parece haber tocado a su fin aunque subsistan focos aíslados de insurgencia.

En algunos conventos cristianos de Argel y Orán viven religiosos y religiosas, de avanzada edad, provenientes de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, fundamentalmente.

También los protestantes

Hace poco más de mes y medio, la Iglesia Evangélica Argelina fue suspendida durante dos años tras sentencia judicial de un tribunal, también en Tiaret, por proselitismo, y condenada a una multa de 1.500 dólares, que va a ser apelada. Un pastor protestante se encuentra, además, en prisión al encontrar la Policía en su poder varios ejemplares de la Biblia, mientras que otro de 74 años fue expulsado de Argelia.

En las últimas semanas, la Policía ha detenido a varios cristianos, en un aparente esfuerzo de las autoridades locales por hacer cumplir la ley de 2006, que regula las prácticas religiosas en el país, la labor pastoral y la construcción de nuevos templos. Una interpretación extrema de la nueva legislación, convierte en ilegal y punible por ejemplo, llevar encima más de una Biblia.

El pasado 29 de marzo, la Policía detuvo durante 24 horas a una mujer, a la que descubrió seis ejemplares de la Biblia, durante un control rutinario en las afueras de Tiaret. Compareció ante un tribunal el pasado día 7 de mayo.

Una semana antes, dos hombres que viajaban en un autobus de la línea Tizi Ouzou-Bjaia, fueron detenidos por la Policía por portar once ejemplares de la Biblia. También fueron retenidos durante 24 horas.

Las autoridades argelinas han acelerado la clausura de templos cristianos, la mitad de los evangélicos, y ordenado el cese de todas sus actividades a 26 congregaciones de 20 pequeños grupos cristianos existentes en Argelia.

Otras confesiones religiosas han encontrado similares dificultades para obtener ahora del Gobierno aprobación para sus actividades.

El pasado 30 de marzo, el ministro de Asuntos Religiosos, Bu’Abdallah Ghoulamullah, proclamó durante una entrevista en la televisión nacional, que "serán cerrados los templos y centros religiosos que no funcionen de acuerdo con la ley". Esgrimió también que algunas congregaciones no están en templos sino "en casas y garajes" no acordes con lo que dice la legislación vigente, y los califica de "una minoría que propicia la injerencia extranjera en los asuntos internos" de Argelia.

Mientras, algun líder religioso cristiano le recuerda que tradicionales lugares de culto fueron confiscados para ser transformados "en mezquitas, farmacias, museos o sedes sindicales". Y hace un llamamiento a las autoridades para que devuelvan las propiedades confiscadas por el Gobierno a las numerosas órdenes religiosas e iglesias, tras obtener Argelia en 1962 la independencia de Francia.

(Vista de Tiaret; al fondo, su catedral católica)

La actividad de Caja Murcia "on-line" crece un 40%, según versión de la propia entidad

MURCIA.- El servicio de banca a distancia Intelvía de la Caja de Ahorros de Murcia ha registrado 13 millones operaciones, durante el primer trimestre de 2008, lo que supone un aumento del 40% sobre el mismo período de 2007, superándose en abril la cifra de 4.750.000 operaciones mensuales, según versión de la propia entidad.

Más de la mitad de las transferencias realizadas por la entidad se realizaron a través de Intelvía, según dice Caja Murcia.

Estas cifras, de ser ciertas, consolidan los esfuerzos de Caja Murcia para el desarrollo de una banca a distancia adecuada a las necesidades de los clientes.

Igualmente, la contratación de productos financieros en Intelvía creció en el primer trimestre de 2008 un 64%, con respecto al último trimestre del año 2007, siempre según versión de parte.

Además de la creciente oferta de operaciones y productos disponibles en Intelvía, el cuidado de la seguridad ha contribuido a este aumento en el uso de los nuevos canales, interpreta la entidad.

Entre las principales medidas adoptadas destaca, a juicio de sus directivos, la aceptación del nuevo DNI electrónico en el proceso de conexión a Intelvía.

IU+Los Verdes de Ceutí propone crear una comisión para investigar la desaparición de 15 expedientes de obras de arte

CEUTÍ.- UI+Los Verdes de Ceutí propondrá mañana en el Pleno del Ayuntamiento la creación de una comisión de investigación para "aclarar" la desaparición de 15 expedientes del Archivo Municipal relacionados con la adquisición de obras de arte, según informó hoy dicha agrupación en un comunicado.

Asimismo, la agrupación política insistió en la "gravedad del asunto" e informó de que sus responsables ya han solicitado un inventario con la relación de obras de arte propiedad del Ayuntamiento.

(Ex alcalde Manuel Hurtado)

El Consejo de Universidades se carga las pretensiones de la UCAM de Mendoza

MADRID.- El Consejo de Universidades, en el que participan todos los rectores, ha dado el visto bueno en su reunión de hoy a las 140 primeras titulaciones o grados universitrios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, según el modelo Bolonia, y ha aprobado un procedimiento urgente y abreviado para que las 33 universidades afectadas puedan reclamar por la calificación negativa de otras 57, sobre 205, que tienen informe desfavorable de la ANECA, entre ellas la de Medicina en la UCAM para Cartagena.

Los miembros del Consejo han dado el impulso definitivo a este primer proceso de verificación de títulos oficiales, que deberá culminar con la puesta en marcha de los primeros planes de estudio adaptados al EEES en el curso 2008-2009, con un año de adelanto sobre el calendario previsto.

El informe favorable de la ANECA es uno de los requisitos imprescindibles para que el Consejo de Universidades verifique como positivo un plan de estudios. Una vez que da el visto bueno a una titulación, se informa de ello al Ministerio de Ciencia e Innovación, a la comunidad autónoma correspondiente y a la propia universidad.

Según la normativa, un título debe ser evaluado en primer lugar por la ANECA, después verificado por el Consejo de Universidades, autorizado por la Comunidad Autónoma y finalmente, oficializado e inscrito en el registro por el Gobierno.

La mayoría de los planes de estudio con informe desfavorable, entre ellas Medicina en la UCAM, son de universidades privadas porque éstas son las que mayoritariamente han presentado titulaciones a la primera convocatoria voluntaria de verificación.

El 70% ha recibido una valoración positiva y el resto, negativa.

Madrid había solicitado cuatro nuevos títulos, uno por la Universidad pública Rey Juan Carlos y los tres restantes por las privadas Alfonso X el Sabio, Europea de Madrid y Francisco de Vitoria. Tan sólo ha pasado el filtro de la ANECA la solicitud de la Rey Juan Carlos.

En Valencia tampoco había sido evaluado positivamente el programa de la Universidad Católica, e idéntica situación se produce en Murcia con la Católica "San Antonio" (UCAM).

Entre las universidades más afectadas por el informe desfavorable de la ANECA figuran la UNED (4 títulos rechazados de 6 propuestos), la Universidad Antonio de Nebrija (12 de 20), la universidad Camilo José Cela (11 denegadas de 12 propuestas) y la Universidad Europea de Madrid (5 de 22).

La ANECA no se rige por principios distintos según se trate de un tipo de universidad o de otro, sino por los criterios establecidos en la legislación vigente y, sobre todo, por la calidad garantizada por los centros solicitantes.

El Consejo de Universidades, en el que no ha participado esta vez, Antonio Montoro Fraguas, rector dimisionario de la UCAM, ha decidido también hoy por unanimidad otorgar un plazo de dos semanas y dos días a partir de mañana para que haya una resolución en relación con las reclamaciones que se efectúen.

Las universidades afectadas podrán presentar esas reclamaciones, mañana y el próximo viernes, ante la Presidencia del Consejo de Universidades en primera instancia administrativa.

Si esas reclamaciones son admitidas a trámite, una comisión de expertos decidirá la semana próxima si ratifica el dictamen negativo o si el expediente se remite a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para que lo reconsidere, una vez subsanadas las deficiencias que se apuntan.

La ANECA asegura que las universidades con informe desfavorable «podrán subsanarlo cuando, realizadas las mejoras necesarias, la planificación de los estudios garantice a los estudiantes la consecución de los objetivos de la titulación».

Sólo un 30% de las universidades públicas han presentado esta vez sus nuevos títulos de grado para empezar a impartirlos el próximo octubre.

La reunión se ha caracterizado por la unanimidad alcanzada por los rectores en la elaboración de los informes correspondientes a los grados verificados por la ANECA, así como en la apertura del proceso abreviado de alegaciones.

La ANECA se ha comprometido a atender las dudas que puedan tener las 33 universidades respecto del contenido de los informes desfavorables.

El Consejo de Universidades no ha querido entrar hoy en los argumentos que han llevado a un informe favorable o desfavorable de la ANECA para tal o cualquier titulación de esta o aquella universidad.

La constatación de la existencia de ese informe desfavorable lleva inmediatamente a la propuesta de resolución negativa, ya que el decreto no permite cambiar esa orientación.

(Edificio del helipuerto de Los Dolores, en el futuro campus de Cartagena)

José Luis Mazón: “Los jueces deberían pasar exámenes psicológicos”

MURCIA.- “En la Justicia, el fenómeno de la arbitrariedad es algo extendido”. Así de concluyente se mostró José Luis Mazón, abogado, en cuanto a la situación actual de la Administración de Justicia, en una entrevista que hoy publica "El Faro".

Tras una huelga de funcionarios de dos meses, y un informe del CGPJ que indicaba que existían 269.450 sentencias penales sin ejecutar, la crisis por la que pasa uno de los tres pilares del Estado de Derecho Democrático en el que se fundamenta España es algo que no pasa desapercibido ante nadie.

Mazón, que recientemente denunció al juez Fernando Ferrín Calamita por retardo malicioso, al demorar durante dos años la adopción de una menor, presuntamente, porque la madre biológica estaba casada con una lesbiana, asegura que “a este paso, la Justicia entrará en colapso, y con ella, toda nuestra sociedad (...) La Justicia es un enfermo terminal sin diagnosticar”.

Al repasar el expediente de Calamita, explica Mazón, encontramos otros casos en los que, presuntamente, ciudadanos fueron discriminados por su orientación religiosa o sexual. “un juez de Familia no puede ser del Opus Dei ni de ningún otra creencia incompatible con su trabajo. Esto es lo que le ha pasado a Calamita”.

El letrado ganó otra batalla contra la “arbitrariedad laboral” cuando en 2004, consiguió que once miembros del Tribunal Constitucional pagaran una sanción de 5.000 euros, que fueron a parar a manos de un minusválido cliente suyo. “Hay muchos jueces que no deberían de ejercer, y esto ocurre en todas partes, tanto en el Constitucional como en el Supremo”.

Como crítica constructiva, el abogado murciano propone un nuevo sistema de selección de jueces, basado en el modelo holandés, en el que los futuros magistrados deben mostrar conocimientos para llegar al cargo, pero también pasar pruebas psicológicas. “No puedo entender como los policías tienen que pasar pruebas psicológicas y los jueces no”.

Hansa Urbana construirá en Mazarrón 2.500 casas y dos hoteles en primera línea de playa

MAZARRÓN.- El pleno del Ayuntamiento de Mazarrón ha aprobado por segunda vez el proyecto urbanístico "Llanos del Alamillo", que promueve Hansa Urbana, y que inició su tramitación en 2004. El proyecto ha tenido que adaptarse a las exigencias medioambientales de la nueva Ley del Suelo 6/2006. La propuesta contó con doce votos a favor del PP y PADE, siete en contra del PSOE y una abstención del concejal Salvador Ardil, del PP, que se ausentó en la votación por tener su familia intereses en la zona.

El proyecto de Hansa Urbana ha tenido que someterse a un Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, liberando un espacio protegido de la Sierra de la Muela y el yacimiento arqueológico de la Gacha Florida.

También ha tenido que reconsiderar el espacio de ramblas e incluir un informe de sostenibilidad de los recursos hídricos, subsanando de este modo las exigencias de Ordenación del Territorio, según explicó el concejal de Urbanismo, José Antonio Román.

La urbanización de Hansa Urbana es la de mayor extensión del municipio, con 2,5 millones de metros cuadrados. Estará situada en los Llanos del Alamillo, en primera línea de playa, y tendrá 2.500 viviendas. Destinará 355.000 metros cuadrados a vivienda residencial con una edificabilidad del 0,13%.

Otros 121.000 metros cuadrados serán para uso terciario, en los que se incluirán dos hoteles de cinco estrellas y campo de golf de 800.000 metros cuadrados en la ribera del mar, según explicó el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del Partido Popular.

Blaya dijo que la Ley del Suelo estatal surgió cuando se tramitaba la aprobación provisional de la urbanización. No obstante, el alcalde señala que el proyecto aprobado, sustancialmente es el mismo proyecto que ya se debatió y aprobó en pleno.

El portavoz del grupo socialista, Francisco García, solicitó que el proyecto se quedara sobre la mesa "por estar plagado de vicios sustanciales" y porque tenía tanta entidad que debería esperarse a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

García crítico la falta de información que se ha ofrecido a su grupo sobre este tema, al que no se le ha explicado por qué la terminología del proyecto cambia el nombre de uso turístico residencial por el de uso turístico de alojamiento o por qué hay un incremento de edificabilidad de 873 viviendas más.

Además, García denunció que «el informe de valoración ambiental fue realizado por un técnico que, según la asesoría que supervisa el proyecto, no era competente para la ejecución de dicha labor».

El proyecto urbanístico de Hansa Urbana será sometido ahora a exposición pública para que quien lo desee pueda presentar alegaciones. Posteriormente se llevará a cabo la aprobación definitiva. Luego se podrán iniciar las obras.

Por otra parte, el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, manifestó que el Plan General también está adaptandose a la nueva Ley del Suelo 6/2006 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La empresa Prointec, redactora del Avance del PGOU, es la que está haciendo los trabajos de adaptación. El Plan General definitivo tardará al menos un año en ver de nuevo la luz, según el primer edil.

(Playa de El Alamillo, Mazarrón)

La Fiscalía investiga si algún consejero, informado por Martínez Andreo, sabía lo que estaba ocurriendo en Totana

MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSRJM) está investigando si algún miembro del Gobierno regional, o más de un consejero, sabía de la existencia de la presunta trama de corrupción destapada en el municipio de Totana con la Operación Tótem, en la que han sido detenidas 15 personas, entre ellas el alcalde, José Martínez Andreo.

Fuentes de la investigación tratan de confirmar, según "La Opinión", si, tal y como dijo el propio primer edil de Totana en su entorno, pudo haberse reunido con uno de los consejeros del Ejecutivo murciano para poner en su conocimiento los presuntos casos de corrupción protagonizados por el ex alcalde y diputado regional Juan Morales.

Según esta versión, que mantiene sobre la mesa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Martínez Andreo, que entonces era concejal de Obras Públicas y uno de los aspirantes de su partido a ser el cabeza de lista del PP en Totana, habría utilizado esta información para lograr convertirse en el candidato de su partido a la alcaldía de Totana, desplazando a Morales, quien no obstante fue incluido en la lista del PP de la Asamblea Regional, resultando elegido diputado.

El propio magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado, instructor de la investigación, se interesó por los mecanismos de elección de los alcaldes en el PP, según consta en la declaración realizada por Morales.

Al ser preguntado también por el magistrado, Morales le explicó que, tras las pasadas elecciones el grupo parlamentario Popular en la Asamblea Regional lo eligió como portavoz de la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente y Comercio, llegando incluso a defender los presupuestos del 2008.

Además, el diputado del grupo mixto, formó parte de la comisión de Justicia e Interior del Parlamento Autonómico.

La Fiscalía da por hecho que Martínez Andreo aprovechó su amistad con varios de los miembros del Ejecutivo para desplazar a Morales, argumentando sus presuntas actividades ilícitas.

Morales había perdido su principal apoyo en el Gobierno al marcharse el entonces titular de Medio Ambiente, Francisco Marqués, quien lo había contratado como asesor en la consejería de Sanidad al perder Morales las elecciones la alcaldía en 1999.

El Ministerio Público trata de determinar si algún miembro del Gobierno regional podría haber cometido un delito, al no comunicar a la Justicia su conocimiento, a través de Andreo, de los presuntos casos de corrupción de Totana.

El actual alcalde pudo haber explicado a allegados, según la investigación, que había mantenido una conversación en un hotel de La Santa con un consejero, en la que le explicó los presuntos delitos que habría cometido Morales.

Martinez Andreo califica de falso que informara a algún miembro del Gobierno regional o del PP de la situación de Morales y que aprovechara esto para ser colocado como cabeza de lista por Totana. Niega haber cobrado comisiones por operaciones urbanísticas en el municipio.

No obstante, reconoce haber mantenido una reunión en Albacete con un intermediario de las supuestas operaciones urbanísticas, pero argumenta que luego no acudió a los juzgados, ni a su partido, porque nunca le facilitó pruebas. Revela que esa misma noche sí se dirigió a Juan Morales, quien le negó rotundamente los hechos.

(Fernando Cierva, ex consejero de Presidencia)

Reig Pla demuestra con documentos oficiales que la UCAM es propiedad de la Diócesis

MURCIA.- La polémica por la propiedad de la Universidad Católica de Murcia ha trascendido más allá de las instituciones implicadas, como son la Diócesis de Cartagena y la Fundación Universitaria San Antonio, que preside José Luis Mendoza. Varios sacerdotes expresaron su preocupación sobre este asunto en la última reunión del Consejo del Presbiterio, que presidió el obispo, Juan Antonio Reig Pla, según "La Verdad".

El asunto surgió en el apartado de ruegos y preguntas, a la finalización del Consejo, al que asistieron unos 50 sacerdotes de toda la Región. El obispo respondió a las inquietudes de los sacerdotes no sólo leyendo el comunicado difundido el día anterior, sino que mostró más de 30 documentos que, según Reig Pla, avalan su posición en este conflicto.

El Obispado ha colgado varios de estos documentos en la página web de la Diócesis. Entre ellos se encuentran el dictamen del Consejo de Estado del 16 de octubre de 1997; el informe de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del 25 de mayo de 1999; el Decreto 32/1999, de 26 de mayo, de la Comunidad Autónoma, y la Orden de 22 de marzo de 2000 de la Comunidad Autónoma.

Según el comunicado difundido por la Diócesis, distintos sacerdotes preguntaron al obispo sobre diversos detalles relacionados con la cuestión. Reig Pla explicó que «está actuando en perfecta comunión con todo lo que en su momento actuaron y certificaron por escrito sus predecesores».

Los documentos esgrimidos por el obispo «evidencian que el Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y todos sus predecesores asumieron por escrito el dictamen del Consejo de Estado de fecha de 1997.

Mientras, otros documentos dejan constancia de que todas las instituciones y organismos implicados asumieron que la Fundación Universitaria San Antonio solamente vino en 'apoyo' de la Universidad y que la titularidad de la Universidad Católica San Antonio corresponde a la 'Iglesia Católica'», según el Obispado.

También se mostró la documentación firmada por el representante de la Fundación Universitaria San Antonio, y presentada a la Administración pública en los orígenes de la Universidad,«en la que se aclara explícitamente que la expresión 'Iglesia Católica' se refiere a la 'Diócesis de Cartagena', añadió la Diócesis.

El Obispo desenmascara a Mendoza

La titularidad de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) corresponde pues a la Iglesia Católica de Murcia; o lo que es lo mismo, a la diócesis de Cartagena. Así lo establecía ya en 1999 un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma en el que se afirma que el hecho de que la UCAM se fundara por la vía de las universidades de la Iglesia, en virtud de un acuerdo del Gobierno central con el Vaticano, implica necesariamente que la titularidad no puede otorgarse a ninguna persona jurídica, según expone "La Opinión".

Este documento es uno de los treinta con los que el obispo trata de demostrar que tiene la razón en su enfrentamiento con el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, a propósito de la titularidad del centro universitario.

En dicho informe, elaborado y firmado con fecha de 25 de mayo de 1999 para analizar el proyecto de decreto por el que la Comunidad Autónoma pretendía conceder la autorización a la UCAM para impartir las que fueron sus primeras titulaciones, los servicios jurídicos hacen suyo un pronunciamiento del Consejo de Universidades publicado seis días antes en el que se afirma textualmente:

"La titularidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia corresponde a la Iglesia Católica de Murcia, sin perjuicio de que, en apoyo a la misma las facultades para su organización docente, gobierno y administración, y la obligación de dotación de infraestructuras, hayan sido encomendadas a la Fundación Universitaria San Antonio".

Días después de la publicación del documento de los servicios jurídicos, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto en el que se puede leer que la titularidad de UCAM es de la Iglesia Católica.

El conflicto entre el obispo y Mendoza estalló en noviembre pasado con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de los estatutos de la UCAM en los que, en contra de lo que se decía en el decreto de aprobación, se otorgaba la titularidad a la Fundación Universitaria San Antonio, cuyo presidente es José Luis Mendoza.

Desde que el obispo recurrió los estatutos ante la Comunidad, el consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, ha defendido que esperaría el dictamen de los tribunales del Vaticano para tomar una decisión.

Hace varias semanas Mendoza recibió una carta firmada por el secretario de Estado del Vaticano, Tarsizio Bertone, en la que supuestamente le daría la razón a la Fundación. Con este documento Mendoza pretende lograr que la Comunidad falle a su favor. Sin embargo, el obispo recurrió la validez del escrito ante los servicios jurídicos de la Comunidad por considerar que se trata de un documento privado y no de una sentencia firme de los dicasterios (tribunales).

El Consejo de Gobierno, a la luz de un nuevo informe de los servicios jurídicos, tomará una decisión.

Estrategia de Reig Pla

El obispo de la diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Plà, ha decidido defender sus intereses en el conflicto por la titularidad de la UCAM con todas sus armas disponibles. Su última acción ha sido poner a disposición de todos los interesados algunos de los documentos en los que apoya su postura a través de la página web de la Diócesis.

Hace poco más de una semana difundió un comunicado a los medios de comunicación en el que explicaba que en esta particular batalla tan sólo le mueve el interés por la legalidad y defender los intereses de la Iglesia, y en el que sostenía que siempre ha estado en comunión con Benedicto XVI, en respuesta al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, que considera que está desobedeciendo al Papa al no aceptar como buena la carta del Secretario de Estado del Vaticano con la que Mendoza pretende demostrar que la titularidad es de la fundación que preside.

El precedente de la UCAV

El conflicto por la titularidad de la Universidad Católica San Antonio tiene un precedente en un caso similar ocurrido hace más de una década con la Universidad Católica de Ávila, creada cuando monseñor Antonio Cañizares era obispo de aquella Diócesis y presidente de la subcomisión de Universidades de la Conferencia Episcopal Española.

De aquel caso queda un documento del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno de España, en el que se establece que una universidad creada bajo el amparo de los acuerdos con la Santa Sede (lo que implica que no se requiere una ley autonómica para su creación) no puede estar bajo la titularidad de una persona jurídica como lo sería una fundación.

Éste es otro de los documentos en los que apoya el obispo, Juan Antonio Reig Plà, la defensa de los intereses de la Diócesis de Cartagena.

Ese dictamen del Consejo de Estado, con fecha 16 de octubre de 1997, señala "la inviabilidad de utilizar el derecho de establecimiento de universidades por parte de la Iglesia Católica derivada del artículo X del acuerdo de 1979 (con la Santa Sede) en favor de una fundación (...). En consecuencia, la Iglesia Católica es la titular de la universidad".

Además, el Consejo de Estado afirma que en ningún caso ni una fundación ni otra entidad civil puede ostentar la titularidad de la citada universidad.

¿“Quo vadis” Javier Mármol? / Juan Redondo

Tras la muy holgada victoria de los “sauristas” en las agrupaciones locales del PSRM, Javier Mármol, el líder oficial de los “críticos” tiende su mano y habla de integración de cara al congreso regional extraordinario para elegir delegados a Madrid. Curioso planteamiento de los “alternativos”, primero dicen que con Saura no se va a ninguna parte y después le piden “cacao por señas”.

El proceso interno de los socialistas murcianos tiene cierto paralelismo con el de los populares a nivel nacional. Van contra Rajoy pero no se atreven a la confrontación abierta.
Es la vieja teoría de algunos “cabezas pensantes” o conspiradores de los partidos políticos en las batallas internas: “Nos desintegramos para luego pedir la integración”.

En el caso de Mármol se supone que estaba integrado con Pedro Saura, ya que forma parte de la Ejecutiva Regional del PSRM y no se oyó ninguna crítica interna ni externa. De hecho este actuó como su padrino, le incluyó en las candidaturas a las generales y se movió para que fuera portavoz adjunto en la Comisión de Economía. Ahora se encuentra en una situación políticamente compleja y resulta curioso que su presentación oficial del sábado sólo estuviera acompañado por su hermano.

Dió un paso adelante desoyendo los consejos de Pepe Blanco para enfrentarse a su “padrino político”. Optó por escuchar los cantos de sirena de sus compañeros de grupo municipal. Dicen que cuenta con los apoyos de Alfonso Navarro y Ramón Ortiz, dos históricos en batallas internas del PSRM. Navarro dijo en el comité regional que él estaba al lado de los “alternativos” y ha agrupado a la mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Murcia en la batalla contra Saura.

Ahora de cara al congreso extraordinario parece que los “críticos” tienen miedo a medirse, sino no se entiende que hablen de “delegados emboscados” o de listas de intergración. Parece que les pesa el posible resultado y empiezan a ser conscientes que sus posibilidades de cara al congreso ordinario de julio son tan efímeras como algunas obras de arte de Pedro Alberto Cruz.

El paso adelante de Mámol dicen que le lleva a un suicidio político, mientras que sus “consejeros” seguirán luchando por el futuro y la unidad del partido.

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El conejo de Esperanza Aguirre / Las pesquisas de Marcello

No nos queda más remedio que volver a hablar del PP. Y ello a pesar de las ganas que tenemos de contar la crisis de gestión y endeudamiento en la que está metido “el abrelatas”, que es como le llaman al murciano Luis del Rivero en Sacyr desde que pretendió abrir la caja fuerte del BBVA con un abrelatas; y los rumores de pretendidas fugas de sus notorios accionistas que circulan por Madrid, al grito de “el último que se salga que apague la luz”, con Caja Murcia y la CAM asustadas, porque se dice que se gastan los beneficios de Repsol en tapar los intereses de la gigantesca deuda de la compañía, que vive más del tráfico de influencias políticas y los desayunos políticos a los que acude todos los días el “abrelatas”, a ver qué pilla, que de la gestión.

Y que lo las obras en Libia no anda ni para atrás, entre otras cosas, que ya iremos desgranando para divertimento del personal (una vela a La Sexta y otra al mandril, peloteo a Zapatero y traición al PP).

Pues eso, volvamos al PP y vamos a contar lo de la estrategia del conejo de Esperanza Aguirre, que ella le llama “la liebre” porque la lideresa, que anda en un sin vivir en ella, entre lo de la boda del niño y el congreso del PP, no sabe qué hacer: si presentarse o no de candidata contra Rajoy, o si quedarse a la espera para una segunda oportunidad, marcando a Gallardón, que es su enamorada obsesión.

Y, entonces, la condesa, lideresa, ha decidido por el momento esperar, aunque a ella le gustaría que alguien, como Costa o el tonto de la rana Gustavo (Arístegui), le hiciera “de liebre”. Es decir, que le fueran abriendo camino, montando la oposición a Rajoy, a esperar que se estrelle en las elecciones autonómicas o europeas que están al llegar, y entonces ella saltaría como una leona sobre la presidencia del PP.

Bueno, eso es al menos lo que cuenta Esperanza a los de su alrededor, y lo que parece que le ha vendido Pedro J. para justificar su salto a favor de Juan Costa, dejándola a ella de lado porque —ahora dicen en el entorno de El Mundo que Esperanza está muy mayor— eso de la regeneración del PP pasa por alguien más mono y más joven, como el enamoradizo Costa, el ruso más yuppie del entorno de Rodrigo Rato, otro que está a verlas venir.

Pero claro, la lideresa se teme que la libre, una vez en carrera, no pare de correr y, al final, se convierta en el conejo que, en última instancia, todos piensan que Aznar sacará de la chistera del PP. Y entonces se acabaron los sueños de la presidenta de Madrid y su desmedida ambición al son de las campanadas de la Puerta del Sol. De manera que, liebre o conejo, he ahí la cuestión.

Al final, lo que está pasando en el PP es como lo de Sacyr, que quieren abrir la caja fuerte del banco o del partido con una abrelatas, como el murciano Luis del Rivero, colándose por la gatera, o llevando a un primo que haga de liebre, para luego ellos entrar bajo palio por el butrón. Pues no, queridos, niños y niñas que estáis a la que salta. Para ganar hay que arriesgar, y para hacer empresas hay que visitar menos FAES y la Moncloa y ponerse a dar un palo al agua, es decir, a trabajar.

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Morales explicó a una amiga su intención de asentarse en Brasil

MURCIA.- El diputado regional del grupo mixto Juan Morales le anunicó a su amiga brasileña Claudia Rodríguez Dacosta su intención de marcharse en algún momento a Foz de Iguazú (Brasil), localidad en el que supuestamente habría construido una vivienda y un local comercial, revela hoy "La Opinión".

Esta mujer, que llegó a Totana tras ser invitada por el Ayuntamiento en el marco de un "intercambio turístico internacional", tal y como reconoce Morales en su declaración como imputado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), conoció en 2004 al ex alcalde de Totana, aunque este no recuerda cómo, según le dijo al instructor de la causa, el magistrado Julián Pérez-Templado.

Lo cierto es que la Guardia Civil encontró un documento en la asesoría de la mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en la que la amiga de Morales era invitada por el Ayuntamiento, aunque la dirección que se daba era la de Morales en Totana.

La amistad con esta mujer coincide con la separación del ex alcalde, por lo que el juez trató de conocer si Morales llegó a pagarle el alquiler a esta mujer en España. Asimismo, Pérez-Templado se interesó por el destino de dos envíos de 11.500 euros al país suramericano.

Según Morales, este dinero se lo envió a su amiga "a título particular, por ayudar a esa familia, que tiene a un hermano enfermo y cumpliendo los trámites que establece la legislación", según consta en el sumario de la Operación Tótem, en la que han sido detenidas 15 personas como presuntas participantes en una trama de corrupción en el municipio de Totana.

En el citado "Intercambio Turístico Internacional" con Brasil, que según la actual concejala de Cultura y Turismo de Totana, que es la encargada de los programas de intercambio, no existen en el Ayuntamiento, también vino al menos otra mujer brasileña, Jucelía Leal Batista, que según Morales "era compañera y amiga de Claudia Rodríguez, que vinieron juntas una vez a España".

En el interrogatorio realizado a Morales también se le pregunta por el dinero encontrado en la vivienda de su actual novia, la también brasileña Vaneide Freita, (55.000 euros en billetes de 200 euros).

Morales contesta que el dinero lo ha obtenido de su trabajo como concejal, alcalde y en la gestoría desde 1988, pese a que estaba a nombre de su ex mujer. Cuando se le pregunta por el origen de los 7.900 euros que envió a Brasil, asegura que el dinero lo consiguió de su sueldo de diputado regional.

Preguntado si había invertido dinero en Brasil para comprar una vivienda y un local comercial en el país suramericano, dijo que no, ya que esos inmuebles eran de su novia, Vaneide Freita, que no tiene un trabajo reconocido.

Al recordársele su conversación con Claudia Rodríguez, en la que le anunciaba su intención de irse a Brasil, Morales asegura no acordarse de tal conversación, que fue grabada.

El Tribunal Supremo ratifica la paralización de las obras de Puerto Mayor

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la suspensión cautelar de las obras del puerto deportivo El Estacio de La Manga del Mar Menor, en San Javier, solicitada por la Administración estatal y dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en 2005, según recoge "La Opinión".

La nueva sentencia desestima las alegaciones de las empresas que acometieron las obras -Puerto Mayor S.A., Urmenor S.A. y Puerto Menor S.A.- y confirma la decisión del TSJ.

El tribunal murciano había aprobado en junio de 2005 la suspensión cautelar de las obras, que en aquella fecha estaban en ejecución o pendientes de ejecutar, "pero solamente en la zona de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal y que obedezcan a modificaciones introducidas después de la concesión inicial, y en particular en los años 1988 y 2001".

El auto del TSJ, confirmado por la misma sala tres meses después, autorizaba también a los promotores a realizar "las obras indispensables" para conservar lo construido hasta entonces, en espera de una solución definitiva del contencioso judicial.

En octubre de 2004, el Estado había acudido al TSJ ante la desestimación del requerimiento efectuado al consejo de gobierno de la Región de Murcia para que declarase nulas las resoluciones dictadas en 1988 y 2003, respectivamente, que ampliaban el plazo de ejecución del puerto deportivo y alzaban la suspensión de las obras.

Además, el Estado instaba al Gobierno murciano a declarar la caducidad de la concesión otorgada en 1975 para construir las instalaciones portuarias.

Al decretar la suspensión, el TSJ recordaba en 2005 que la ampliación del plazo de ejecución exigía a los promotores una Declaración de Impacto Ambiental y un proyecto adaptado a ella, y precisaba que las dos modificaciones del proyecto inicial presentadas en 1988 y 2001 no habían obtenido el preceptivo informe de la administración estatal y, por tanto, no deberían haber sido autorizadas por el Gobierno autonómico.

En su recurso ante el Tribunal Supremo las empresas constructoras alegaron, entre otros argumentos legales, que el auto judicial carecía de motivación suficiente y podría acarrearles unos perjuicios de difícil reparación.

En todo caso, la sentencia del TS recuerda a los promotores que fue su propia demora inicial en acometer las obras -desde 1975 a 1986- "la que determinó la aplicación de la nueva normativa medioambiental y el traspaso de competencias a la Región de Murcia, cuyo interés prevalente, por otra parte, no puede ser otro que el de la protección del dominio público marítimo terrestre".

Los magistrados del TS respaldan así la decisión de sus colegas del tribunal murciano, que "perciben e intuyen", sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, que pueden ser anulables de pleno derecho las resoluciones del Gobierno autonómico de 1988 y 2003, y que son más sólidos los argumentos esgrimidos por el Estado para paralizar las obras que los de los promotores para pedir su continuación.

Europa divaga en inmigración / Enrique Badía

Acordar una política común en la Unión Europea (UE) nunca ha sido fácil: requiere tiempo, esfuerzos y sobre todo capacidad de impulso a cargo de uno o varios de los grandes países que la integran. Eso cuando se ha logrado, porque no faltan asuntos que se han revelado de imposible armonización.

Baste recordar que el tenido como gran éxito del proceso, la implantación del euro, necesitó más de dos décadas y media de gestación, estuvo al borde del definitivo fracaso varias veces y ni siquiera fue adoptado por todos los socios en aquel momento incorporados al club. Y si ya resultaba complicado cuando sumaban doce o quince países, caben pocas esperanzas de que siendo veintisiete la cosa gane sencillez.

Lo que está pasando con la inmigración, por tanto, no representa ninguna novedad. Los líderes comunitarios llevan al menos media docena de cumbres incluyendo el tema en la agenda, pero no van más allá de los pronunciamientos solemnes y la perenne propensión a trasladar posibles acuerdos y planes de actuación a la siguiente reunión.

Por una parte es comprensible, dado que no todos los países afrontan el asunto en igualdad. Unos, porque el fenómeno migratorio les viene de antiguo, han ensayado ya varias políticas y conseguido ordenar, en mayor o menor medida, un cierto grado de integración. Otros, en cambio, han debido afrontar la afluencia foránea de forma un tanto súbita, masiva y con escasa tradición de acogida en la sociedad. Y los hay, en fin, que son más expedidores que receptores, aun siendo ambas cosas, lógicamente con una distinta visión.

Lo que ya no parece tan claro es cómo se armoniza esa disparidad con el principio de libre circulación de nacionales de los países miembros dentro de la UE y todavía menos con el espacio Schengen que en realidad entraña la supresión de fronteras entre los países adheridos. Tanto como lo anterior puede poner en duda el establecimiento de una política común en materia migratoria, estas dos realidades deberían ser más que suficientes para fijarla cuanto antes.

Sin perjuicio de otros factores, algunos tenidos por políticamente incorrectos, es presumible que un escenario de debilitamiento de las economías propicie cuando menos dos fenómenos en cierto modo entrelazados: un aumento del paro, con alta probabilidad de afectar al colectivo inmigrante, y un mayor recelo social hacia los foráneos concurrentes al mercado de trabajo. Lo que refuerza, sin duda, la conveniencia de adoptar políticas comunes… antes que el caldo de cultivo propicio a la aparición de simplismos y demagogias con pretensiones de solución fermente en unos sitios más que en otros, añadiendo problemas donde ya sobran.

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El programa de retorno voluntario para inmigrantes estará aprobado en julio

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció anoche que el Gobierno está "elaborando un documento" para "incentivar y facilitar" el retorno voluntario de los inmigrantes mediante "fórmulas" como la capitalización del subsidio por desempleo y aseguró que estará "aprobado en el mes de julio".

Durante la que ha sido su primera intervención ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, Corbacho avanzó las que serán las líneas generales de su política los próximos cuatro años, una etapa durante la que habrá que afrontar "retos" como "la gobernabilidad del fenómeno de la inmigración".

Para ello, el ministro anunció que constituirá "la Conferencia Sectorial de Inmigración", que habrá de mejorar "la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y la Federación Estatal de Municipios y Provincias" y desarrollar "las facultades autonómicas estatutarias sobre participación en las decisiones estatales de política migratoria y sobre ejecución laboral".

Según afirmó Corbacho, el hecho de que la gestión de la inmigración sea "competencia exclusiva del Estado, no significa en absoluto que el resto de las Administraciones Públicas no tengan nada que hacer para mejorar la gestión" de las políticas migratorias, motivo por el cual "junto al diálogo social" se necesita "concertación territorial".

Asimismo, el titular de Inmigración se refirió a la anunciada reforma de la Ley de Extranjería. "Desde que se aprobó la Ley Orgánica (...) al día de la fecha, se han sucedido una serie de acontecimientos que hacen necesario adecuar el contenido de la norma a las sentencias de inconstitucionalidad de determinados artículos" y a la "aprobación de Directivas de la Unión Europea que requieren la preceptiva transposición normativa" a la legislación española. Para ello, será necesario "el máximo consenso", sentenció.

La SEC investiga a tres grandes agencias calificadoras

PARÍS.- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) comenzó a invetigar las actividades de tres importantes agencias de calificaciones, por su gestión de la crisis del mercado de alto riesgo y por un informe de fallos informáticos en la agencia Moody's.

Las agencias han sido criticadas por no haber advertido anticipadamente grandes escándalos de deudas corporativas, y también por sus calificaciones de productos complejos que fueron severamente golpeados por una epidemia de morosidades en hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos y la consecuencia crisis en el mercado de créditos.

"Enviamos cartas a Moody's, Standard & Poor's y Fitch pidiéndoles que nos informen de aspectos de sus metodologías", comentó Erik Sirri, director de la división de intermediaciones y mercados de la SEC.

"Les pedimos que nos explicaran sus políticas y procedimientos utilizados para detectar errores en calificaciones de instrumentos de financiación estructurada y que nos avisen de cualquier error que hayan encontrado en sus instrumentos durante los últimos cuatro años, incluyendo las medidas que tomaron para corregir el problema", añadió.

Los supervisores también han sido criticados por controlar inadecuadamente los sucesos.

El presidente de la SEC, Christopher Cox, previamente había dicho que su entidad regulatoria había comenzado una investigación en Moody's, cuyas acciones se hundieron la semana pasada por temores a que hubiera cometido errores en sus calificaciones.

"Tenemos amplia jurisdicción para revisar esto", comentó Cox.

"El 11 de junio, la Comisión propondrá formalmente nuevas reglas que involucran a las agencias calificadoras de créditos", añadió.

Cox habló al margen de la conferencia de la Organización Internacional de Comisiones de Valores en París.

El responsable dijo que los problemas de las agencias tenían una larga historia.

Las agencias ya habían estado en el punto de mira entre 2001 y 2002 por no haber detectado los problemas en Enron y WorldCom, las inmensas empresas que fueron a quiebra tras publicar cuentas fraudulentas.

Grifols firma un crédito sindicado de 350 millones de euros

MADRID.- El fabricante de hemoderivados Grifols, con un centro de producción en Las Torres de Cotillas, confirma que ha firmado un crédito sindicado a cinco años con 24 entidades bancarias por un importe de 350 millones de euros.

El grupo señaló que empleará los recursos para amortizar anticipadamente un préstamo anterior y refinanciar otras líneas de crédito a corto plazo de la compañía, así como para financiar parte de su plan de inversiones a 2012.

El préstamo se estructura en dos tramos. El primero, de 200 millones y dispuesto en euros, tiene dos años de carencia. Grifols podrá disponer de los 150 millones restantes en euros o en dólares, durante toda la vida del sindicado. Este segundo tramo se amortizará con el vencimiento de la financiación.

Grifols destacó la buena acogida entre la comunidad financiera del préstamo, teniendo que recurrir al prorrateo por la elevada demanda, "a pesar de las circunstancias adversas que actualmente viven los mercados financieros en general".

En el sindicado participan, entre otras entidades, BBVA, Banesto, Barclays, Calyon, HSBC, Institut Català de Finances, ICO, KBC, Lloyds, Natixis, Santander, Royal Bank of Scotland, Banca March, y Banco Sabadell.

En el mercado, las acciones de Grifols subían ayer en la Bolsa.

Elorriaga: "La generación que surgió y creció a la sombra" de Aznar está "más que nunca preparada para asumir el relevo"

MADRID.- El diputado y secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, cree que el presidente del partido, Mariano Rajoy "no está en condiciones de ofrecer" el liderazgo "renovado, sólido e integrador" que el PP necesita para convertirse en una "alternativa potente" para "pelear y ganar cada uno de los próximos procesos electorales".

En un artículo de opinión publicado hoy en 'El Mundo', y titulado 'Así no es posible', el diputado 'popular' sostiene que para este objetivo el partido tiene "proyecto" y "equipos disponibles" y lo que falta es ese "liderazgo renovado, sólido e integrador". "Y eso es algo que, aunque me pese, Mariano Rajoy no está en condiciones de ofrecer", señala Elorriaga.

Para el secretario de Comunicación, del próximo Congreso del partido en Valencia debe salir un partido capaz de convertirse en una "alternativa potente" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para ello, sostiene, "la generación que surgió y creció a la sombra del mandato" del ex presidente José María Aznar "está más que nunca preparada para asumir el relevo", porque "tiene experiencia, talento y determinación".

"No valen ya las estrategias reactivas; no valen soluciones incompletas o escasamente atractivas. No valen ahora los desafíos internos ni las actitudes excluyentes", añade Elorriaga, que defiende que "el presidencialismo" es justamente "lo contrario del liderazgo".

Para Elorriaga, la legislatura que comienza ahora será "crucial". En ella, indica, Zapatero "intentará consolidar y ampliar las reformas insolidarias que ha introducido en nuestro modelo de Estado". Por ello, sostiene que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el PP deberá "hacer un balance de su contenido" y, de manera "ineludible" tendrá que "actualizar" su posición política".

Además de este asunto, afirma, los principales "problemas" a los que se enfrentará el Ejecutivo son "la gestión de la crisis económica y sus inevitables consecuencias sobre la política social" y "la inmigración desordenada y sus consecuencias". En todos estos temas, afirma, el PP tiene "una posición ganada ante la opinión pública española", así como "buenas ideas y soluciones que ofrecer".

En el artículo, Elorriaga también critica el debate que está girando en torno al Congreso, centrado en "proclamar con solemnidad que se quiere un partido unido e integrado", cuando "ningún dirigente, militante o simpatizante podría asumir lo contario". Recalca que el debate "se hace incomprensible cuando gira en torno a lo evidente", por lo que se convierte en "una obligación el intentar clarificar de qué estamos discutiendo".

Además, considera fuera de lugar el debate ideológico, ya que la "definición ideológica" del partido está clara desde el XIII Congreso del partido del año 2000, donde se precisó "el concepto de centro reformista que, con leves cambios, se mantiene vigente". Desde entonces, asegura, liberales, democristianos, conservadores y centristas se han sentido "bien acogidos" bajo esta definiicón, que les ha permitido "trabajar juntos hasta alcanzar los mayores éxitos".

De hecho, apunta que es "curioso y agradable comprobar" que la ponencia de Estatutos del próximo Congreso no "propone ningún cambio en esta definición, ni tan siquiera de matiz". Por ello, Elorriaga estima que el deberá será "estratégico" y en esos términos debe analizarse.

En lo que a esto se refiere, Elorriaga sostiene que la base de toda estrategia reside en el líder, su equipo y "un correcto análisis de la realidad" y defiende que "si falla alguno de esos tres pilares, cualesquiera que sean las ideas que se defiendan, el proyecto fracasará".

Asimismo, el diputado recalca que el planteamiento que se debe adoptar no debe referise "exclusiva ni básicamente a las próximas elecciones generales", ya que, en primer lugar, "estarán precedidas de un nuevo congreso nacional" y, en segundo lugar, previamente habrá comicios en Galicia, País Vasco y Cataluña, además de las europeas de 2009 y las autonómicas y locales de 2011, que constituirán "el trabajo principal y compromiso inexcusable del equipo que resulte elegido".

Además, sostiene que, de la misma forma que se le exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que hiciera "un balance de su gestión" en la pasada legislatura, la dirección del PP debería haberlo hecho, porque si se le dice al Ejecutivo que "omitir ese análisis, o dejarlo dudosamente implícito, es hurtar la esencia del debate, es rehuir la responsabilidad propia y, lo que es más importante, implica dejar sin fundamente cualquier compromiso futuro", algo "muy parecido se puede decir de quien ha estado al frente de la oposición".

En su artículo, el diputado recuerda cómo en sus 20 años de historia, al PP se han "sumado muchos, millones de personas", que en 1989 acudieron a "la llamada de José María Aznar, que fue capaz de ofrecer un proyecto político atractivo e integrador". A partir de entonces, dice, el PP se supo "transformar en un partido ganador", con "una orientación inequívoca y un progreso electoral constante".

Sin embargo, lamenta que ahora, a diferencia de lo que ocurrió a partir de 1989, sean "pocas" las incorporaciones al proyecto, con la "brillante excepción" de Manuel Pizarro, y "demasiados" los abandonos. "A diferencia de entonces también han sido insuficientes los progresos electorales alcanzados y bastante significtivos algunos retrocesos", continúa el diputado.

En este contexto, agrega Elorriaga, surge ahora "un falso debate ideológico que tan sólo aporta exclusiones y renuncias", con "un discurso arrojadizo que más parece que pretende distanciar a algunos que invitar a nadie". De hecho, asegura que la "inmensa mayoría de los 'populares'" observan "con estupor el resurgir de viejas batallas ya superadas hace años" y de las que no aceritan a "entender la causa".

Como ejemplo, se refiere al "esperpento injustificable" que supuso el pasado viernes las dos manifestaciones contrarias convocadas ante la sede del PP en la madrileña calle de Génova en apoyo de Rajoy, una, y otra de la dirigente vasca María San Gil.

Ante esto, Elorriaga se muestra contrario a "callar", ya que, explica, no sería "responsable". A su juicio, aunque en "circunstancias normales, el silencio puede ser una contribución eficaz a la resolución de los problemas", en momentos "excepcionales" omo el que vive ahora el partido "esa omisión se transforma en deslealtad hacia la organización" de la que forma parte.

Piden a Anticorrupción, Tribunal de Cuentas y OLAF se investigue al INFO de Murcia

MURCIA.- Un ciudadano de la Región de Murcia se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en Madrid, así como a la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea (OLAF), en Bruselas, para que se investigue por estas tres instancias oficiales la distribución, cantidades y destinatarios finales de las ayudas, propias y canalizadas, del Instituto de Fomento (INFO) a diversas empresas murcianas en los últimos años.

La petición de investigación para que finalmente, si procede, se actúe de oficio, se basa en la presunta concentración de cantidades en determinados destinatarios así como las más abultadas. Y la supuesta desestimación de otras, también casi siempre coincidentes.

Dicho ciudadano indica en su escrito desconocer el criterio objetivo seguido para designar las ayudas al detectar indicios racionales de supuesta arbitrariedad en su concesión.

La causa de esta petición hay que buscarla en la negativa sistemática del partido que sostiene al gobierno regional, el PP, de proporcionar a la oposición, PSRM e IU, en la Asamblea Regional, la relación detallada de los destinatarios de las ayudas, ya desde la anterior legislatura, y las cantidades concedidas a todos y cada una de ellos.

El motivo de encauzar hacia Madrid y Bruselas, en vez hacia la Fiscalía del TSJ de la Región de Murcia, la solicitud de investigación se justifica, según el peticionario, por ser el INFO el organismo regional competente en la selección de beneficiarios de las ayudas comunitarias y del Gobierno central, aparte de la directas otorgadas por la Comunidad Autónoma de Murcia.

La investigación, de llegar a abrirse, afectaría a las etapas como consejeros de Industria, de Ruiz Abellán, Patricio Valverde, Benito Mercader e Inmaculada García.

(Sede del INFO, en Murcia)

Fripozo abrirá una nueva empresa para ampliar su capacidad productiva

ALHAMA.- Fripozo, perteneciente al Grupo Fuertes, cuya empresa insignia es 'El Pozo', y cuya actividad se centra en la elaboración y comercialización de productos ultracongelados, abrirá una nueva empresa en las Torres de Cotillas, según informó hoy en un comunicado la empresa, que permitirá multiplicar por 20 su capacidad productiva.

De este modo, Fripozo continúa su expansión y se plantea retos para este año, tras el balance positivo de 2007. En dicho ejercicio, la empresa creció un por ciento por ciento, pasando de 67 a 72 millones de euros de facturación.

Además, recientemente se ha producido el arranque de la tercera línea de platos preparados, con una inversión cercana a los dos millones de euros y que le permitirá afrontar con el futuro ante la creciente demanda de esta gama de soluciones.

Tras el crecimiento empresarial de Fripozo, la empresa está centrada en el desarrollo de los objetivos marcados para este 2008, entre los que se encuentran la potenciación de grandes cuentas, ofreciéndoles a sus clientes soluciones competitivas e innovadoras, capaces de desarrollar la demanda y hacer crecer la categoría de ultracongelados, así como la elaboración de productos exclusivos para ellos; también se potenciará el canal 'Horeca', en el que Fripozo ha crecido durante el primer trimestre del 2008 un 13%.

Otro de los pilares del progreso económico es la innovación, a la que se destina entre el 0,7 por ciento y el uno por ciento de la facturación de la compañía a través de inversiones en I+D+i. Para ello, Fripozo tiene suscritos convenios de investigación con universidades, entre las que se encuentra la Universidad de Murcia.