MURCIA.- La paralización debe afectar a todas las obras de Puerto Mayor. Ésta es la posición de mantiene el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Abogacía del Estado, ya que considera que todas las obras actuales obedecen a modificaciones introducidas después de la concesión inicial del año 1975, según recoge "La Verdad". El Ministerio, que presentó el recurso contra el Gobierno regional por autorizar este proyecto, entiende así el alcance del auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) del 17 de junio del 2005.
El abogado del Estado Juan Ramón Calero ha presentado sus alegaciones contra el informe pericial del ingeniero José Luis Monsó de Prat -que fue designado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ- por considerar que las obras que propone que se reanuden suponen de facto la construcción del puerto deportivo para 950 amarres.
José Luis Monsó propone que siga la construcción de gran parte del proyecto, sobre la base de las medidas cautelares fijadas por el TSJ en tanto que no emita su fallo. Añade que debe realizarse el dragado de todo el Canal del Estacio, y rechaza de plano la construcción de una urbanización. Considera que el auto del TSJ «es bastante restrictivo respecto de las obras que deben paralizarse».
Juan Ramón Calero apunta en su escrito que desde el punto de vista ambiental y social «en las últimas décadas se ha creado una alarma social por el deterioro del Mar Menor y por los procesos de urbanización y artificialización de la costa. Es evidente que una obra como la de Puerto Mayor está contribuyendo y contribuirá aún más, si prosiguen las obras, a alterar los procesos naturales del Mar Menor incrementando su deterioro.
Asimismo, resulta sorprendente que cuando existe una alarma social ante el problema de subida del nivel del mar se continúe actuando en uno de los espacios más sensibles a este fenómeno de la costa española».
El abogado del Estado estima «inadmisible» que en el proyecto no se hayan incluido estudios detallados de los procesos de intercambio de aguas entre el Mar Mediterráneo y la laguna. Añade que estas obras suponen «un freno» a dicho intercambio. «El perito reconoce en su informe el grave problema de los aterramientos. Lo que no reconoce es que las obras de Puerto Mayor son las causantes y que las obras que él propone agravarían más la situación».
Considera que debe plantearse la necesidad de «desmontar o no parte de las obras construidas en base a un proyecto del año 1975, que hoy día, transcurridos 33 años, sería inadmisible con la evolución que se ha producido en los aspectos legislativo, ambiental y social».
Critica por último la propuesta del perito de «adecentar» el recinto de tablestacas -que se están viendo deterioradas por la acción del mar- y configurar la bocana de acceso a la dársena «para que ésta quede operativa».
Una vez que las partes hayan alegado, la sala del Tribunal Superior de Justicia decidirá sobre el informe pericial y su alcance.
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