Alertan a la CNMV sobre las razones de la emisión de cuotas participativas por la CAM

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, una especie de Ralf Nader español de nuevo cuño, ha advertido por escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la emisión de cuotas participativas prevista por la CAM, y ha hecho partícipe de esa advertencia al Banco de España, Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana, Banco de Inglaterra y Defensor del Pueblo, español y europeo.

En síntesis, De Ramón desea que las razones esgrimidas desde la dirección para justificar esa emisión - respaldo financiero ajeno para el crecimiento de la entidad – responda verdaderamente a ese objetivo y no encubra la necesidad de tapar una supuesta gran falta de liquidez, estimada por diversas fuentes, que no cita expresamente, en 1.500 millones de euros, “cuando precisamente todo el sector financiero se encuentra en crisis”, y especialmente la CAM por un exceso de riesgo inmobiliario contraído en los últimos años.

De Ramón dice comparecer ante la CNMV “como ciudadano, español y europeo, y cliente de la CAM” para justificar su intervención en que la emisión de cuotas participativas sirva realmente para la expansión, dentro de un estricto marco de legalidad conforme a las directivas comunitarias en vigor, y para solicitar una investigación previa que afiance los extremos de una emisión avalada por el propio patrimonio social, “que es de todos los receptores sociales de la comunidad valenciana y murciana”.

El letrado desea que la CNMV verifique, antes de admitir a cotización en Bolsa dichos títulos, si la parte alícuota de ese ingreso previsto se destina a los fines sociales a que obliga la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro en España – y no los que elija libremente la CAM – allí donde el Estado o la UE no cubra las necesidades de los excluidos sociales.

De Ramón, acogiéndose al anuncio del presidente de la CNMV, Julio Segura, de que se reforzarán los controles sobre las empresas inmobiliarias cotizadas por tratarse de un sector de aparente riesgo contable, señala que la CAM, por si misma o mediante sociedades participadas, ha sido la “inductora y promotora (…) de grandes proyectos urbanísticos”, que se tendrán que investigar, con créditos propios o sindicados, tras la captación de pasivo fuera de España.

Expresamente cita en su escrito las relaciones financieras, incluso de otra naturaleza, de la CAM con Hansa Urbana, Terra Mítica, Polaris World, Llanera, Azora, Godosa, Tenedora de Inversiones y Participaciones, y hasta con las inversiones en Seseña del promotor conocido como “El Pocero”. Pide que sean investigadas a fondo para evitar la desprotección de los posibles inversores en cuotas participativas por una falta de celo de la CNMV, que ya en anteriores ocasiones “provocó la ruina de muchos españoles”, citando, entre otros, el caso de Gestcartera.

Llama De Ramón especialmente la atención de la CNMV sobre las consideraciones subjetivas en las valoraciones de activos inmobiliarios para, coincidiendo con su presidente, comprobar que se generan con procedimientos, hipótesis y criterios reconocidos, “e incluso pedir valoraciones o tasaciones complementarias de los activos a sociedades de reconocida solvencia sometidas a algún tipo de supervisión”.

Dice el abogado murciano en su escrito a la CNMV que “el patrimonio que dice la CAM tener, valorado en 5.000 millones de euros”, deberá constatarse por entidades que supervisen dicha valoración y que, además, se tenga en cuenta “la falta de liquidez, pues entendemos (…) que ese dinero no es para crecer sino para reponer su falta de liquidez”.

Duda De Ramón sobre la completa legalidad de la emisión de cuotas participativas, en base a consideraciones anteriores de la Fiscalía Anticorrupción sobre emisiones de entidades españolas, como la CAM, en paraísos fiscales, desde el punto de vista de la legislación tributaria, ya que estos tolerados instrumentos alternativos a otras vías más convencionales de captación de recursos, han venido eludiendo el pago del 35% de sus plusvalías. Y recuerda que la legislación española prohíbe deducirse del pago de los impuestos “las cantidades destinadas a retribuir, directa o indirectamente, el capital propio, cualquiera sea su denominación”, concluyendo que son lesivas para el Tesoro Público.

Cree este letrado que, en el caso de las cuotas participativas de la CAM, procede investigar “de dónde va a venir el dinero que compre dichas participaciones, pues si viniese de las islas Caimán (…) se vulneraría -según dicho informe de la Fiscalía Anticorrupción- la legislación tributaria”. Y “si el dinero se capta con los pequeños clientes de las Cajas, con escasa instrucción financiera (pensionistas, hombres y mujeres sin ninguna cultura financiera)” debe hacerse bajo las condiciones de protección, transparencia e información que piden las Directivas de la Unión Europea.

Diego de Ramón solicita expresamente de la CNMV que vele si la CAM cumple, en esta emisión de cuotas participativas, con las exigencias garantistas de la Directiva 2004/39/CE y las promulgadas para evitar el blanqueo de capitales ya que, citando cifras recientes de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), sólo el fraude fiscal inmobiliario en la Región de Murcia -donde la CAM aparece financiando grandes desarrollos urbanísticos- alcanza los 303 millones de euros.

Recuerda este abogado a la CNMV en su escrito de referencia que, conforme a la citada Directiva, “cuando una entidad de crédito decida prestar servicios o realizar actividades de inversión, en este caso emisión de cuotas participativas por la CAM, las autoridades competentes, antes de concederle una autorización, deben verificar si cumple las disposiciones pertinentes en la misma de proteger y legitimar los derechos del inversor” para así evitar una competencia desleal dentro del Mercado Único.

Finalmente, y a modo de conclusión, Diego de Ramón solicita la comprobación de todo lo expuesto anteriormente en su escrito, al objeto de asegurar dicha emisión de cuotas participativas por parte de la CAM “con todos los preceptos de Directivas europeas, transparencia e información en el Mercado de Valores, así como también la supervisión de todas las actuaciones financieras inmobiliarias que ha realizado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (…) así como los fines sociales en su grado de cumplimiento y las Fundaciones creadas por la Caja”.

En definitiva cree debe saberse públicamente si dicha emisión de cuotas participativas por la CAM “es para cubrir liquidez o para crecer, pues si es lo primero, estaríamos potenciando lo que ahora es crisis inmobiliaria financiera por haberse extendido o abusado en proyectos de grandes construcciones”. De Ramón expresa en su epílogo que “ojalá se cumplan estos preceptos y pueda salir esa emisión de cuotas participativas, sin quebrantar todas estas normas que garantizan un Estado de derecho y Europa”.

El PP acepta las bajas cautelares del alcalde de Totana y su antecesor, Juan Morales

MURCIA.- La Junta Directiva del Partido Popular de la Región de Murcia ha aceptado esta noche las solicitudes de baja cautelar de militancia en el partido presentadas por el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y su antecesor en el cargo, Juan Morales.

Antes de la reunión que ha realizado en la tarde de hoy el máximo órgano entre congresos de este partido en la Comunidad, se ha producido un encuentro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Totana con el fin de garantizar la gobernabilidad del municipio.

El PP, indicó el secretario general del PP en la Región, Miguel Angel Cámara, se reserva "todo tipo de acciones" precisas para defender los intereses del partido y de su militancia, así como el buen nombre de la Región de Murcia.

Sin embargo, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha afirmado, en un comunicado de prensa, que "ni el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ni el anterior, Juan Morales, deben seguir en sus puestos", por lo que consideró que "la suspensión cautelar de militancia aceptada por la Junta Directiva del PP no es más que una estratagema, un subterfugio para engañar a los murcianos e intentar salvar el escollo de la opinión pública".

De este modo, Jara insistió en que "lo que debe hacer el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, es echarlos a ambos de la política y hacer que dimitan de sus cargos", porque, subrayó, "lo único que están consiguiendo es que la imagen de la Región se deteriore todavía más".

Es por ello por lo que "retó" al ex-alcalde de Totana y ahora diputado regional, Juan Morales, a que "dé la cara y deje de parapetarse detrás de su condición de aforado".- (Agencias)

Largos e intensos interrogatorios judiciales / Juan Redondo

La “Operación Tótem” cumple ya una semana y hasta conocer el pronunciamiento oficial de la instructora, parece, según observadores como si la posible trama urbanística, partiera de una pieza central, de la que a lo largo de las investigaciones hubieran ido saliendo ramas o hijuelas.

La juez interrogó en bloque a los detenidos por la recalificación de El Raiguero para un proyecto urbanístico del grupo gallego Nuaria con más de cinco mil viviendas. Estableció unos cargos y una fianza. Por medio se aparecieron los terrenos industriales de El Saladar, con vinculación de un empresario avícola. Posteriormente la vinculación del jefe de la Policía Local y de un empresario de Puerto Lumbreras, en temas al parecer distintos, ambos en libertad.

La secretaria general municipal también ha quedado en libertad bajo fianza en este caso de 20.000 euros, y un ex concejal con 15.000, unas cantidades aparentemente no muy significativa para las comparaciones marbellís. Y están pendientes las tres imputadas a las que no se ha tomado declaración. “¿Muchos hilos distintos para una misma tela de araña?”, apuntan los observadores. Y como fondo del culebrón Juan Morales, aforado, atrincherado y sin pasaporte.

Al parecer, según fuentes populares, en la asesoría de la ex mujer de Morales no existían documentos oficiales, sino copias de documentos públicos. El ex alcalde y diputado regional Juan Morales dicen que tenía copias de los convenios urbanísticos, porque son documentos públicos, y en alguna medida para “curarse en salud”, como medida preventiva ante un eventual triunfo electoral de los grupos de la oposición y poder demostrar que todos los acuerdos se habían ajustado a la legalidad.

Todas especulaciones o pequeñas filtraciones ante un hermetismo judicial, que tiene en un sinvivir a los populares murcianos y con los comunicados cargados a la oposición. La expectación de cara al comité regional de los populares de esta tarde y su posible resolución sigue dependiendo de los pronunciamientos judiciales. Han anunciado contundencia contra posibles comportamientos ilegales de militantes y cargos públicos.

Es cierto que es la primera vez que un alcalde murciano duerme ya durante tres noches en los calabozos de la Guardia Civil, pero también como apuntan los dirigentes hay más de seiscientos cargos públicos del partido en la Región, que están realizando su trabajo sin sombra de duda. Dicen ser los primeros interesados en acabar con “este circo mediático” y apoyan firmemente a Morales, hasta que la Justicia demuestre lo contrario. “Todo este tema está siendo muy anómalo y si se producen cosas raras actuaremos en consecuencia”, insiste un dirigente regional del PP.

De momento el primer paso para empezar a entrar en el fondo de posibles responsabilidades políticas del asunto pasa por el pronunciamiento de la juez Asunción Navarro sobre la situación judicial del actual alcalde popular Martínez Andreo, que ayer estuvo cerca de seis horas declarando en el juzgado de instrucción y a medianoche aún estaba en expectativa de destino.

Concentraciones ante el poder judicial

En un estado democrático hay dos poderes que requieren tranquilidad para tomar sus decisiones. En teoría no se debe presionar al Legislativo ni tampoco molestar al Judicial. Las manifestaciones y protestas deberían dirigirse ante los poderes ejecutivos.

Con la “trama urbanística de Totana”, ayer varios centenares de personas se concentraron ante el Juzgado para reclamar la inocencia de los imputados, gritando slogan como “esto es un atraco” y de paso tratando de impedir a la prensa realizar su trabajo.

Dicen los populares que son “concentraciones espontáneas”, aunque las declaraciones de algunos de sus dirigentes han alentado a estos movimientos y además los asistentes son militantes o simpatizantes del PP.

La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero la jueza debe hacer su trabajo con tranquilidad, sin algaradas callejeras partidarias, para pronunciarse sobre el sumario que está instruyendo. Resulta también curioso que a lo largo de la tarde el Delegado del Gobierno no haya puesto protección policial especial ante los juzgados de Totana.

El PSOE asegura que la ruptura del pacto de gobierno no es oficial y que los ediles independientes de San Javier siguen trabajando

MURCIA.- La presidenta de la gestora del PSOE en San Javier, Rosa Peñalver, dijo a EFE que la ruptura del pacto de gobierno anunciada recientemente por la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, todavía no se ha hecho oficial, y que los ediles independientes continúan trabajando en el consistorio.

"Los concejales independientes trabajan y cumplen con su cometido y lo demás son declaraciones", agregó.

Peñalver consideró "incoherente" la postura de Espeso de notificar a los medios de comunicación una ruptura sin antes haberlo hecho a la alcaldesa, la socialista Josefa García, y comentó que "el pueblo de San Javier" no se merece esta situación.

Indicó que, a pesar de tal anuncio, Espeso participó esta mañana junto a la alcaldesa en los actos oficiales con motivo de la festividad de San Francisco Javier, y en ningún momento le ha comunicado la citada ruptura.

La dirigente socialista afirmó que la alcaldesa "ha mantenido la mano tendida" a Espeso, en un pacto de cuatro años, y dijo no entender la postura "personal" de la portavoz independiente, a la que instó a notificar en el registro municipal la ruptura del pacto "que sería lo coherente", afirmó.

Según Peñalver, "el equipo de gobierno no ha dejado de trabajar ni un sólo día y en este momento está donde corresponde, en los actos oficiales, y lo que los ciudadanos necesitan es tranquilidad y estabilidad, y que vayamos cumpliendo el programa".

Por su parte, el concejal del Centro Democrático y Liberal, Jesús Montesinos, dijo que él continúa apoyando a la alcaldesa, "que entró en el equipo de gobierno para trabajar", y que oficialmente desconoce la existencia de la ruptura anunciada a los medios de comunicación por Arancha Espeso.

Se intentó recabar la opinión del portavoz del grupo popular en este ayuntamiento, Juan Martínez, quién excusó tal posibilidad porque estaba ocupado con los actos oficiales de la festividad local. Tampoco la portavoz del grupo independiente, Arantxa Espeso, se puso al teléfono.- (EFE)

Un mirlo blanco de Gredos en la ciénaga murciana / Apunte de Argárico

Ha sido llegar Bermejo y empezar el baile de Santa Lucía. Los corruptos tiemblan, incluidos los ex alcaldes socialistas Navarro, Escudero y Hurtado, desde Águilas a San Javier y desde Cartagena a Cieza. Ya está aquí el ángel exterminador de la corrupción, piensan algunos. Otros más escépticos esperan a ver si todo no son más que fuegos artificiales.

Los del PP tienen el pañal más que pegadito desde que supieron la que se avecinaba con el de Arenas de San Pedro suelto, hasta el punto de que Valcárcel ya no puede controlar su acreditada mala educación llamando hoy por los micrófonos hijos de puta a no se quienes. Seguro que estaba entrenando con ese vocablo en las últimas horas, pensando en alguien, y no ha podido evitar soltarlo en la primera ocasión. Nervios de más porque esta dinámica Dios sabe dónde puede llevar a los de PP. (Por mucho menos, Jaume Matas huyó a Miami y ahora está “missing” hasta para los del PP balear).

Un alcalde dudoso preso en Sangonera por once presuntos delitos, a cual peor, es un magnífico precedente para la regeneración de la democracia murciana aunque no tanto para un Valcárcel pendiente de la Balsa Jenny y de que el agua de esta ciénaga en que ha convertido la Región de Murcia no anegue pronto predios familiares. Le faltaba un amigo en apuros, de los que sabe demasiado, caso del diputado regional Juan Morales Cánovas, pendiente de un suplicatorio para comparecer y, seguramente, acabar también en prisión sin fianza, como su testaferro Martínez Andreo.

Si el PSOE del señor Bermejo aspira a recobrar fortuna electoral en esta circunscripción, debe darse prisa, sin más dilación, en poner frente a los jueces a todos los corruptos en ejercicio de cargo público, sean del partido que sean, y sus corruptores, más que nada por esa izquierda volátil que no perdona la falta de huevos y de eficacia.

Menuda putada le hicieron Navarro y Hurtado cara a esa izquierda seria y exigente, apareciendo visiblemente por el mitin de Lorca. Si ahora no los trinca, podría parecer que existen corruptos de primera y de segunda en la Región de Murcia. Ánimo don Mariano, no se corte y exija justicia para todos, comenzando por los de su propia casa.

¿Qué pasa con los alcaldes de Águilas, Mazarrón, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cieza, Cartagena, Alcantarilla y Puerto Lumbreras, y los ex de Lorca, Ceutí, Los Alcázares, San Javier, La Unión y San Pedro? ¿Van a pasar otras Navidades en casa?

El PSRM se ha puesto el listón demasiado alto con Bermejo como para que aquí luego no pase casi nada entre Santa Lucía y San Valentín. Todos los presuntos delincuentes deben acabar ante el juez, más pronto que tarde, para responder de todo lo que han hecho contra los intereses generales de la ciudadanía o fuera de la Ley.

Don Mariano debe saber que el PSRM debe volver a creer en los murcianos para que los murcianos vuelvan a creer en el PSRM. Debe saber también, antes de que se confeccionen las listas de candidatos para sustentar la política de Rodríguez Zapatero en las Cortes siguientes, que la derecha murciana en el poder regional, radicalizada y cerril, se mantiene crecientemente hegemónica por el demérito e incoherencia del propio PSRM.

Si no se incorporan a esas listas del PSRM experimentados independientes con poder social, progresistas identificados con la política de Zapatero, de poco servirá su esfuerzo de venir tan lejos para clamar en solitario en este desierto de ideas y convicciones democráticas, en esta ciénaga murciana de corrupción muy generalizada, como vemos.

Es vital insacular elementos impolutos de la sociedad civil, gente de Murcia, mujeres, jóvenes, profesionales, docentes y pequeños empresarios. Más en la cuarentena que en los treinta sin olvidar alguna aportación cincuentona para que Bermejo no se sienta generacionalmente solo. Enfrente, el PP, carece de elementos para la necesaria renovación de candidaturas. Será más de lo mismo o peor porque no existe partido. No resultaría tan difícil darle la vuelta a la tendencia electoral dominante hasta ahora. Hay candidato.

Con todo, Zapatero es más víctima en la Región de Murcia de una falta de renovación profunda del propio PSRM, hasta la inevitable refundación dentro del año 2008, que del discurso político de un histrión como Valcárcel. Y mire lo que le digo, don Mariano, si la sociedad murciana, no ya la izquierda volátil, no ve en las listas una renovación total de caras y de nivel, el Presidente puede perder aquí y en la Comunidad Valenciana, las elecciones en España. Y la reacción, acecha, dentro y fuera. Usted me entiende.

Yo sé, por eso, que Murcia preocupa electoralmente en Ferraz y en Moncloa. El PSRM se encuentra embarrancado desde hace demasiado tiempo porque su electorado natural no se moviliza en espera de algún signo creíble y de que el aparato sea capaz de salir de Princesa y conectar con los problemas, aspiraciones y anhelos de la gente. Toda la sociedad murciana no está envilecida detrás de Valcárcel, ni mucho menos. Pero la mayoría, ahora abstencionista, exige seriedad, compromiso y gente fiable en política.

Esa es una auto justificación para incapaces políticos. Lo que sucede en el PSRM, pese al empeño de Saura sabido de sobra en Madrid, es que tampoco resulta fácil vertebrar una alternativa interna, realmente renovadora, y por eso el pasado trata de condicionar demasiado el futuro, fundamentalmente desde las agrupaciones de Cartagena, Cieza, Lorca y Ceutí. Los rescoldos de la antigua corrupción propia hay que apagarlos cuanto antes también por eso y precisamente por eso. Con más de lo mismo no se despega. Es necesario evitar otro desastre, como el de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

El PSRM no puede volver a engañar a Zapatero. Ahora o nunca. Bermejo es un mirlo blanco de Gredos llegado a Murcia casi por casualidad. Se pensó en Solbes, en Molina, en Narbona… Algún amigo del fiscal, que es el ministro de Justicia, pudo sugerir la idea. Luego el partido la recogió, como otras más. Y más tarde alguien de fuera la consideró excelente. Pero de las ideas hay que pasar a los hechos y con Bermejo puede no bastar si desde Princesa no se diseña una estrategia coordinada para que la más elevada izquierda sociológica murciana deje de pasar del PSRM por considerarlo, sin solución de continuidad, una burocracia paralizada e inoperante.

Murcia también puede hacer granero para Z si sus candidatos gozan de credibilidad como para movilizar a la izquierda volátil y que la Región cuente en Madrid por el valor añadido que aporten sus representantes. ¿Quién conoce o se acuerda de los actuales diputados y senadores del PSRM, excepto de Saura? La estrategia parlamentaria desconocida es, desde luego, incapaz de movilizar a la izquierda sociológica moderada. Por eso Z se la juega si se repiten caras y caretos de ilustres desconocidos casi inactivos. ¿Qué ha hecho en el Senado, por ejemplo, Francisco Abellán, alcalde de Jumilla?

El PSRM debe presentar ahora como candidatos a personas de su tiempo que sepan en qué comisiones es preferible trabajar por la Región de Murcia, que cuenten por su esfuerzo en el seno del Grupo Parlamentario Socialista y que se ganen por méritos alcanzar el entorno de Zapatero. Y el único que en este partido ha funcionado hasta la fecha con ese pensamiento estratégico ha sido Saura.

Murcia: El PP prefiere hacer el avestruz en vez de encarar los problemas políticamente

MADRID.- El ‘Caso Tótem’ de Totana ha puesto a las claras el carácter del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel en Murcia. Mezcla de populismo “gilista” al estilo marbellí y de “fabrismo” castellonense, el PP gobernante en Murcia, con el determinante genio y figura de Valcárcel, queda caracterizado como un partido que renuncia a admitir políticamente las equivocaciones que hayan podido cometer algunos de sus miembros y que reafirma su legitimidad en los resultados electorales como justificantes de posibles actuaciones ilegítimas.

En efecto, las decenas de militantes del PP que ayer apoyaron políticamente al alcalde de Totana mientras declaraba ante la juez no muestran otra cosa sino el convencimiento de que las victorias electorales son patente de corso para realizar las actuaciones más discutibles que se puedan imaginar, al más puro estilo marbellí.

La petición de amparo al TSJ de Murcia del investigado diputado regional Juan Morales, ex alcalde de Totana, –en vez de renunciar a su aforamiento y ponerse a disposición de la Justicia– es más de lo mismo.

Además, el pertinaz recurso del PP murciano al argumento de que las urnas les siguen dando la razón como leit motiv para justificar sus actuaciones entronca con el “fabrismo” castellonense, que se ve igualmente justificado por el número de votos que obtiene en cada cita electoral.

Sin embargo, a ojos de muchos ciudadanos de a pie, los argumentos de Valcárcel para explicar lo inexplicable, argumentos de los que vuelto a hacer uso esta semana a cuenta de la Operación Tótem, se están empezando a caer por su propio peso debido a su propia inconsistencia.

Las reacciones políticas de la cúpula del PP en Murcia y en Madrid tras el inicio del caso Tótem se ven como un intento de esconder la cabeza debajo de ala, el cráneo en el agujero o perder la mirada en el infinito. “Cuando haya imputaciones o acusaciones, actuaremos”. Ésa ha sido la respuesta-tipo de los dirigentes del PP murciano, con Ramón Luis Valcárcel a la cabeza, y secundados desde Génova, ante el escándalo de Totana.

Pero en Murcia, como en otros lugares de España (Canarias, León, Castellón, etcétera), se recuerda que cuando eso ha pasado el PP ha continuado encastillado en su actitud general y generalizada de negar la evidencia.

Petición fiscal

Basta recordar un caso cercano por la proximidad geográfica a Totana y paradigmático por revelador de la actitud del PP. En el pueblo también murciano de Alcantarilla, el alcalde Lázaro Mellado está procesado y con una petición fiscal de seis años de cárcel por contaminar el Río Segura. El asunto data de una denuncia de 1999 interpuesta por el grupo municipal de IU en el vecino ayuntamiento de la capital regional.

Antes de la pasada campaña electoral del 27-M, Mellado ya estaba imputado, acusado y procesado en espera de juicio oral. Repitió como candidato del PP a la Alcaldía de Alcantarilla –acto de proclamación con presencia de Valcárcel mediante–, fue el candidato más votado y ahí sigue: de alcalde.

Por éste y por otros casos, que sería prolijo detallar, el PP murciano tiene actualmente, sin contar los de Totana, 19 imputados por corrupción. Está bajo mínimos la credibilidad del presidente regional del partido, Ramón Luis Valcárcel, y de su secretario general, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia.

Nadie les discute sus triunfadores altos porcentajes electorales –cercanos al 60% del voto emitido–,, pero está claro que los dirigentes populares de Murcia utilizan esos resultados para crear desde un punto de vista victimista la sensación de que cualquier actuación contraria a sus postulados o a sus intereses es un ataque a la Región murciana como tal.

Ya lo hicieron a cuenta del caduco y desestimado trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas. Y ahora lo intentan hacer con las actuaciones judiciales en curso. El primer comunicado del PP murciano al respecto insinuaba que todo el asunto de Totana estaba urdido desde el Ministerio de Justicia contra la Región con intereses electorales.

¿Y quién es el actual ministro de Justicia? Mariano Fernández Bermejo, que encabezará la lista del PSOE murciano al Congreso de los Diputados en la próximas elecciones generales de marzo. La táctica del avestruz sigue siendo imitada por el PP murciano cuando se plantean problemas incontrolables. Como hizo Gil y Gil en Marbella y como hace Fabra en Castellón.

www.elconfidencial.com

(Los alcaldes de Puerto Lumbreras y Cieza junto al diputado regional Juan Morales)

El alcalde de Totana seguirá detenido mientras la juez deja en libertad a la secretaria general

TOTANA.- El fiscal del caso Totana, José Luis Díaz Manzanera, solicitó anoche a la juez Navarro Artero, y consiguió, prisión incondicional sin fianza para el actual alcalde y ex concejal de Urbanismo, José Martínez Andreo, del PP, tras más de seis horas de declaración, según nota del TSJ, mientras la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, quedaba en libertad provisional mediante fianza de 20.000 euros.

La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de este domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil.

El fiscal que investiga la corrupción urbanística en Totana, José Luis Manzanera, había solicitado poco antes para Martínez Andreo prisión incondicional sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público y prevaricación. El detenido fue conducido inmediatamente, a las 2,20 horas, en un vehículo de la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Sangonera, a escasos 25 kilómetros de Totana, donde ha pasado ya el resto de la noche en el módulo de ingresos.

Martínez Andreo (en la imagen) está siendo investigado por su anterior etapa como responsable de Urbanismo siendo alcalde de Totana Juan Morales, según fuentes de la investigación. En su declaración ante la juez han salido a relucir «muchos favores» que éste podría haber atendido desde su responsabilidad municipal anterior. La situación de Martínez Andreo podría comprometerse si se confirman los contenidos de «numerosas grabaciones telefónicas» realizadas por la Guardia Civil en los últimos meses.

El actual alcalde debe aclarar su participación en la supuesta falsificación de un documento público porque, de momento, se le ha relacionado directamente con el presunto cobro de comisiones por favores urbanísticos y presuntas decisiones injustas a sabiendas que lo son. Se le acusa de once posibles delitos, entre otros, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación, prevaricación o blanqueo de capitales.

La juez Asunción Navarro ha dejado, pues, en libertad a once de las doce personas detenidas inicialmente, unas con y otras sin fianza, cuando parece que el caso, una vez instruido, pasará hoy a manos del la Sala de Lo Penal del TSJ al aparecer una persona aforada, el diputado autonómico y ex alcalde Juan Morales.

Martínez Andreo fue trasladado a los juzgados de Totana después de permanecer 72 horas en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, donde fue interrogado acerca de la venta de unas parcelas del polígono industrial, del supuesto cobro de favores y de los contenidos de varias escuchas telefónicas, una de ellas relacionada con un almuerzo mantenido con el promotor gallego Manuel Núñez, que también ha sido detenido en esta operación, y puesto en libertad provisional tras pagar una fianza de 150.000 euros.

La permanencia del alcalde durante 18 horas en las dependencias judiciales estuvo rodeada de cierta tensión en la calle, donde se llegaron a congregar simpatizantes y amigos para darle su apoyo. Entre los 250 manifestantes vociferantes, el resto de miembros de PP en la Corporación municipal de Totana.

Los insultos y las amenazas puntuales a los periodistas destacados en Totana continuaron durante toda la jornada del domingo hasta requerir la protección por parte de la Guardia Civil, que creyó conveniente ofrecerla el ante el cariz tomado por los acontecimientos y lo exaltado de los ánimos.

El primero en declarar, tras llegar a las 7,30 horas, fue el empresario y ex-concejal Juan Francisco Casanova, quien quedó en libertad provisional con fianza de 20.000 euros. Después la secretaria general del Ayuntamiento de Totana, Laura Bastida, también quedó en libertad provisional con cargos y una fianza de 20.000 euros para evitar la prisión preventiva por presunto falso testimonio y supuesta falsificación de documento público.

El empresario local y ex concejal de Agricultura fue el primero en abandonar los juzgados por una puerta trasera mientras Laura Bastida también fue luego objeto del apoyo de los vecinos cuando salió del edificio por la puerta posterior, acompañada de su letrado. Ambos tienen que comparecer semanalmente en el juzgado nº 1 de Totana.

La nota del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se le imputan a los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso y que afecta a las doce personas detenidas.

La relación incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

La información proporcionada por el TSJ especifica que el jueves pasado, cuando se detuvo al alcalde, se practicaron registros en el Ayuntamiento, la concejalía de Urbanismo, la sociedad municipal del Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa), y en las dependencias de la Policía Local de Totana.

El lunes, indica la nota, se realizaron registros en domicilios, despachos profesionales y oficinas en Vigo, Madrid y Murcia.

La relación de imputados establece que el sábado 30 de noviembre, la juez estableció para P.J.M.R. libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros y obligación de comparecer ante el juzgado, en tanto que para D.C.C. y para A.C.L. libertad provisional sin fianza.

Para cuatro de los seis detenidos que declararon el viernes, J.A.A.N., J.C.A., G.M.N., P.J.M.G., la juez decretó libertad provisional con fianzas que van desde los 24.000 a los 90.000 euros; para uno, J.A.G.C libertad provisional sin fianza; y para el sexto, el empresario gallego M.N.A. prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros.

Todos ellos tienen retirado el pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, cuya titular ha decretado el secreto de sumario para el procedimiento.

La juez ha dejado en libertad sin fianza a: José Antonio Carrocera, Pedro Martínez, Alfonso Canales, David Carrión y Juan Francisco Casanova.

Y bajo fianza, Manuel Núñez Arias: 150.000 euros; Pablo José Maceira, entre 30.000 y 120.000 euros; Joaquín Carmona entre 30.000 y 120.000 euros; José Antonio Alcántara, entre 30.000 y 120.000 euros. Gabriel Martínez, entre 30.000 y 120.000 euros. Carmen Jordán y Vaneide Freita, entre 30.000 y 120.000 euros. Y Laura Bastida fianza de 20.000 euros.

También se ha sabido que el abogado y militante del PP, Javier Cegarra, es actualmente asesor urbanístico, al menos, en los ayuntamientos de Abanilla, Fortuna, Lorquí, Santomera y Totana, todos ellos gobernados por el PP.

Este partido, y su presidente, Ramón Luis Vacárcel, mantienen silencio ante el encarcelamiento de uno de sus alcaldes, a quien ni le piden su dimisión ni tampoco le expulsan de la formación pese a las solicitudes de la Oposición en ese sentido.- (NEM)

Por otra parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes, ante la entrada en prisión, esta madrugada, del Alcalde de Totana, dictada por la titular del Juzgado número 1, quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente:

• 
  
"Pedimos al pueblo de Totana que mantenga la serenidad y bajen los niveles de crispación, que solo harán empeorar la situación ya de por si confusa.

La Institución municipal y el buen nombre de Totana, está muy por encima de políticas, intereses o los mismos concejales y el alcalde, sometidos al imperio de la Ley, tal y como contempla la Constitución española y nuestro ordenamiento jurídico.

Si existe responsabilidad en los escándalos en las que este pueblo, personas concretas, empresas y familias, se encuentra inmerso, es exclusiva responsabilidad de los que, presuntamente, han incurrido en delitos que socialmente deben ser repudiados sin paliativos.

Ante la actuación de la Justicia, Fiscal y la Guardia Civil, no se puede, de una forma irresponsable, querer desviar o inventar culpas hacía los periodistas y medios gráficos, que cumplen con su trabajo, igual que los partidos de la oposición, cuyo deber es hablar a los ciudadanos y manifestar opiniones.

Ante la situación del Alcalde, José Martínez Andreo, y respetando siempre su presunción de inocencia, debe presentar su dimisión de inmediato, para poder defenderse, sin suponer un lastre para el Ayuntamiento de Totana, su partido o los miles de vecinos que depositaron su confianza en el Partido Popular, el pasado 27 de mayo.

La situación jurídica de la secretaria, Laura Bastida, para la que se decretó prisión, atenuada con fianza, es insostenible como funcionaria máxima en la Institución que representa a los totaneros y totaneras. Un cargo de ese nivel, acusada de presunta falsedad en documento público y falso testimonio, debe cesar de inmediato en sus funciones, por el buen nombre de los funcionarios y la Institución.

Solicitamos que el Jefe de la Policía Local, sea relevado de su puesto, en tanto no se sustancia su presunta responsabilidad ante los tribunales de Justicia.

Solicitamos a los miembros del Equipo de Gobierno, que estén a la altura y colaboren con la Justicia, sin cuestionar las decisiones emanadas de la misma, en un Estado democrático y de Derecho.

Exigimos al Partido Popular en la Región, que adopte medidas urgentes, porque el buen nombre de Totana, no puede ser moneda de cambio en luchas o enrocamientos que alargan una agonía jurídica que nos perjudica seriamente.

Exigimos al Diputado del PP, Juan Morales, que deje de manifestar la cobardía e irresponsabilidad, salga de la “gatera” que ha convertido un puesto que los ciudadanos le dieron para defender su cargo con honestidad, presente su dimisión y se dirija a los tribunales de justicia, para ser tratado como cualquier ciudadano en una Estado de Derecho. Debe, hoy mismo, hacer un favor al pueblo y la región que tanto dice querer, cerrando su triste y patética carrera política".

El edil de Urbanismo de Totana dirigirá el Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo de Totana y primer teniente de alcalde, Juan Carrión, ha asumido la dirección de la corporación municipal, después de que la titular el Juzgado número uno de esta localidad decretase prisión provisional sin fianza para el alcalde, José Martínez Andreo, del PP, cuyo abogado, José Antonio Ramos, ya prepara un recurso contra el auto judicial.

Según informaron fuentes del ayuntamiento de Totana, la corporación municipal se encuentra reunida en la sede consistorial desde primera hora de la mañana estudiando la situación derivada de la 'operación Tótem', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esta localidad.

Añadieron que, "por protocolo de funcionamiento", Juan Carrión, como primer teniente de alcalde de Totana, sustituye ahora al regidor municipal, aunque la corporación está decidiendo el futuro del Ayuntamiento.

Martínez Andreo presentó esta tarde, lunes, solicitud de baja cautelar en el PP, mientras también se ha sabido que el oficial jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales, según la Cadena SER, es investigado por presunto robo de documentación judicial relacionada con casos de corrupción urbanística hallada en su caja fuerte y por presunta falsificación de documento público.- (Agencias)

El pintor lorquino Muñoz Barberán cuelga para siempre los mejores pinceles murcianos del XX

LORCA.- Los restos mortales del artesano lorquino, Manuel Muñoz Barberán, sin duda el mejor pintor murciano del siglo XX, fallecido este fin de semana en su casa de Murcia a los 86 años, descansan ya en el cementerio de San Clemente tras un responso en la colegiata de San Patricio y una misa en el tanatorio murciano de Jesús al que, igualmente, acudieron a despedirlo numerosos amigos junto a sus nueve hijos y su esposa. El alzéhimer y un cáncer de próstata lo tenían postrado y ausente desde hace más de tres años, según la familia. La lápida que indica su enterramiento tiene la singularidad de que fue pintada hace años por él mismo.

Con una significativa presencia de la sociedad civil murciana, a despedirlo concurrieron, además de algunos políticos oportunistas, los pintores Molina Sánchez y Ángel Hernansáez, y los catedráticos de la Universidad de Murcia, Gerardo Landrove y Juan Torres Fontes, éste último en su calidad de presidente de la Academia Alfonso X el Sabio.

Con una proyección puramente regional, Muñoz Barberán fue nuestro "pintor de cámara" en las décadas de los 60, los 70 y los 80, y al igual que el imaginero Salzillo, nunca quiso salir de su tierra, cuyos colores entendía y plasmaba como ningún otro pintor murciano de su tiempo. Era, sin duda, el número uno de su generación y así lo atestigua una vasta y prolífica obra diseminada por toda nuestra geografía donde, en numerosos hogares ilustrados y pudientes cuelga, al menos, un "muñozbarberán" como símbolo de murcianía. El artesano lorquino comenzó a cotizarse con enorme fuerza conforme consolidaba su estilo y unas relaciones de altura que le servían de promoción para sus numerosas exposiciones locales.

Ha realizado 54 individuales de pintura, y entre sus obras destacan ‘La puerta del contraste de la seda’, ‘La plaza de Santo Domingo’ o ‘El mercado de Santo Domingo’. Muñoz Barberán , que fue nombrado cronista de la ciudad de Murcia en 1968, era descrito por amigos y críticos como un gran pintor que ha sabido reflejar como pocos el azul intenso del cielo murciano.

De formación puramente autodidacta, Muñoz Barberán fue adquiriendo sus conocimientos a lo largo de toda una vida de análisis de los grandes maestros del arte ya que, aunque fijó su residencia en Murcia, fueron frecuentes en una época los viajes que realizó a Madrid. Sus años de juventud estuvieron marcados por el clasicismo de la época y su relación con la nueva generación de artista murcianos relacionados con la Generación del 27.

Durante esta época, ganaba dinero realizando algunos retratos y comenzó a aceptar encargos sobre temas religiosos. Comienza entonces un período de viajes por las principales capitales de nuestro país, donde visita las principales salas de exposiciones y admira las obras de Fortuny, Goya y Velázquez.

Muñoz Barberán (Lorca, 1921) recibió a lo largo de su vida premios como la Tercera Medalla del Salón de Otoño de Madrid; "Paisaje Madrileño" del ayuntamiento de Madrid; Palma de Plata de la Bienal de la C.A.S.E., de Elche; Premio Nacional Villacis, de la Diputación Provincial de Murcia, Laurel de Murcia de la Asociación de la Prensa en 1967, Premio Chys y Premio del ayuntamiento de Madrid en la Exposición Nacional de Bellas Artes, entre otros.. Era hijo predilecto de Lorca, que le concedió su Medalla de Oro.

En 1968 fue nombrado académico de número de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia; en 1977, director del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, y en el 2000 académico de número y fundador de la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Arrixaca. Diseñó la bandera de Lorca y ejerció de director artístico del Paso Blanco.

Miembro de la generación de pintores murcianos de la posguerra, Muñoz Barberán se forma de manera autodidacta aunque asiste a clases en la Academia Municipal de Dibujo y profundiza en sus conocimientos a través del estudio de los grandes pintores del Museo del Prado y del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Conoce y admira a Ramón Gaya y Bonafé y mantiene relaciones de amistad con otros artistas de su tierra natal. Combina la creación y la búsqueda histórica, a la que ha contribuido con varias publicaciones. Su obra es extensa: desde murales de gran tamaño y temática religiosa a cuadros costumbristas, pasando por la realización de carteles para fiestas populares. En todos ellos encontramos la luz y el color tan característicos de su estilo posimpresionista, que lo caracteriza y define hasta encumbrarlo a la consideración de mejor pintor murciano del siglo XX.

La infancia de Manuel Muñoz Barberán estuvo marcada por la temprana muerte de su padre, Alejandro Muñoz Furió. Asiste a clases en la Academia Municipal de Dibujo que dirigía Francisco Cayuela, aunque es expulsado por falta de disciplina. Los ruegos de su madre, Bibiana Barberán, para que fuera admitido, le permitieron continuar sus estudios. Durante esos años pudo observar a otros alumnos: Marcos Cayuela, Joaquín Ruiz o Enrique Espín.

En la década de los 30 se traslada a Garrucha, allí se relaciona con personas que le ayudarán a desarrollar sus inclinaciones artísticas. Además durante esos años llegó el Museo Ambulante de las Misiones Pedagógicas, donde descubre a Ramón Gaya, Juan Bonafé y Eduardo Vicente.

Al inicio de la Guerra Civil Muñoz Barberán regresa con su familia a Lorca, y comienza a trabajar en el taller fotográfico de Juan Navarro Morata. Aunque solicitó una beca a la Diputación Provincial no se la concedieron por faltarle el certificado de prisiones.

En 1939 conoce a Joaquín Espín y desde ese momento la amistad les unió. De él recibió muchos libros de arte, además de consejos. En los años 40 se traslada a Cehegín. Allí realizó la restauración de la Iglesia de la Magdalena. Luego comienza un período de viajes por Zaragoza, Barcelona y Madrid, donde realiza visitas a las principales salas de exposiciones y museos.

En 1942 el párroco de San Antolín, de Murcia, solicita los servicios de Manuel Muñoz Barberán para decorar la capilla de la Comunión. Ese mismo año le otorgan el tercer premio en la Exposición Regional de Cieza con el cuadro “ Calle de Cehegín”.

Aunque fija su residencia en Murcia son relativamente frecuentes sus viajes a Madrid, que aprovecha para completar sus conceptos acudiendo al Círculo de Bellas Artes y realizando copias de los cuadros expuestos el Museo del Prado.

En Murcia comienza a tener relaciones con artistas de todos los campos: escultores como José Planes y Juan González Moreno; algunos de los pintores más relevantes del momento: Molina Sánchez, Hernández Carpe, Medina Bardón, Almela Costa, Mariano Ballester o Luis Garay; y también con escritores y profesores de la Universidad: Cano Pato, Fernández-Delgado, Marín-Baldo, Alemán Sainz, Torres Fontes o Antonio de Hoyos.

Muñoz Barberán fue el encargado de restaurar las pinturas de la iglesia del Rosario y de diseñar las pinturas de la Capilla de Fátima, en Espinardo.

Su relación con el decorador y galerista Manuel Fernández-Delgado Maroto, le llevó a conocer la decoración mural, ya que de él recibió el encargo de hacer un mural para la galería Chys, aunque actualmente no queda nada de él. Son numerosos los encargos de este período: Santo Domingo de Mula, los franciscanos de Cehegín y en Murcia.

En los años 50 Manuel Muñoz Barberán se ha consolidado como uno de los pintores más importantes de la Región.

En 1954 comienza a realizar los murales de la basílica de la Purísima de Yecla, en San Francisco Javier de Los Barreros y en San Dionisio Areopagita de Fuente Álamo, en Albacete. Posteriormente pinta en San Bartolomé, realiza la fachada de San Antolín, decora las iglesias de Ricote y la Asunción de Molina de Segura y la capilla de la Hermandad del Cristo de los Azotes.

Durante estos años Muñoz Barberán también participó en la pintura decorativa que se estaban realizando en buena parte de los edificios murcianos: establecimientos, oficinas y en entidades financieras.

Realizó una amplísima actividad artística: carteles para la Semana Santa, Festival de Folklore del Mediterráneo, numerosos encargos de retratos, bodegones y paisajes e, incluso, ilustra a plumilla artículos de periódico y libros.

Del viaje que realiza por Portugal con Molina Sánchez han quedado algunas anécdotas, como el que atravesara España en sidecar.

Con la llegada de la madurez, realiza de nuevo trabajos de gran envergadura: las decoraciones de los teatros Guerra, de Lorca y Concha Segura, de Yecla. También destaca su obra gráfica y los carteles. Destacan los libros “Murcia, Reino de Frontera. Castillos y Torreones de la Región de Murcia”, “Sobre el autor del Quijote Apócrifo”.

CROEM, CC.OO., y UGT recibirán 5,6 millones de euros para formación contínua de los trabajadores de la Región

MURCIA.- La Consejería de Empleo y Formación concederá subvenciones por un valor total de 5.653.775 euros, a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, UGT y CC.OO., para la ejecución de planes de Formación Profesional Continua de carácter intersectorial de los trabajadores de la Región de Murcia, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno.

La finalidad de los planes de formación continua dirigida a trabajadores de la Región será la mejora de las competencias y cualificación profesional de los trabajadores en activo, así como su actualización y especialización profesional.

Los contratos programa para la ejecución de planes de formación intersectoriales se dirigirán a la formación de trabajadores en competencias transversales y horizontales a varios sectores de la actividad económica.

Estas competencias transversales serán las competencias básicas comunes a diversas ramas de actividad, en particular sobre nuevas tecnologías de la información, idiomas, prevención de riesgos laborales y gestión empresarial.

La subvención total para este tipo de contrato ascenderá a 2.544.202 euros con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), y será de 1.537.990 euros para CC.OO. y de 1.571.583 euros para UGT.

Según IU-Totana, Valcárcel debe quitar la inmunidad al diputado popular Juan Morales

TOTANA.- Tras la detención del Alcalde de Totana -José Martínez-, la secretaria municipal -Laura Bastida- y el jefe de la policía local –Alfonso Canales-, el coordinador de política municipal de Izquierda Unida Regional apostilla que “la detención del alcalde, la secretaria municipal y el jefe de la Policía han dado lugar a un vacio administrativo de importancia capital en el Ayuntamiento, que Izquierda Unida de Totana considera que debe superarse cuanto antes”.

“Izquierda Unida de Totana –según Cánovas- desea y espera por el bien de nuestro pueblo que se clarifique pronto la situación legal de los detenidos, y que quede en buen nombre el ayuntamiento de Totana, concretamente que la actividad de la alcaldía no quede en entredicho, así como de la actuación de la propia secretaria del ayuntamiento y el jefe de la policía local”.

“Ahora bien, ha manifestado Juan José Cánovas, hay algo que podría acelerar la resolución de este caso, y es ni más ni menos que es enrocamiento en su calidad de aforado de Juan Morales Cánovas como diputado regional, y que va a alargar el procedimiento judicial del sumario”.

“El presidente del Partido Popular en la Región, Ramón Luís Varcarcel, puede y debe actuar para acortar el vacío de poder que en este momento existe en el municipio de Totana, debe obligar a su diputado regional, Juan Morales Cánovas, a proceder a su desaforamiento”.

“Juan Morales Cánovas debe dejar cuanto antes de ampararse en su cargo de diputado regional del PP, para no dar cuenta a la justicia de su actuación en el caso de presunto cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones ilícitas que se dirime en Totana. Su persistencia en la inmunidad parlamentaria, está aumentado la incertidumbre política que ahora existe en Totana”.

“Valcárcel al dilatar la agonía judicial del diputado aforado Juan Morales Cánovas, está echando sobre su espalda una responsabilidad que no es propia de un presidente regional”.

“Por otro lado, según Cánovas, la coalición Izquierda Unida pide que se clarifique cuanto antes el papel de los empresarios totaneros detenidos en todo esto, pues la generalidad de las empresas de Totana son ajenas a las prácticas que pueden estar en el fondo de este asunto judicial.

A la vez, dice Cánovas, que lo acontecido en Totana es un aviso para los agentes económicos de nuestro pueblo. Nunca más los intereses empresariales y los municipales deben enredarse en tramas de dudosa legalidad. Cuando las empresas quieren intervenir en política se esta a un paso de las prácticas corruptas”.

La Fiscalía almeriense pide 10 meses de cárcel para Tomás Olivo por un delito de desobediencia al juez

ALMERÍA.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería ha pedido diez meses de prisión para el empresario murciano Tomás Olivo por un presunto delito de desobediencia al incumplir dos órdenes judiciales de paralización de obras en una finca privada adyacente al centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería).

Según el escrito de calificaciones del Ministerio Público, Olivo -presidente de General de Galerías Comerciales, promotora de la superficie comercial- prosiguió con la ejecución de obras en la finca privada hasta su conclusión definitiva en enero de 2004 a pesar de que en febrero de 2002 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Roquetas de Mar dictó un auto urgiendo a la inmediata suspensión de las mismas.

Además de desoír esta orden judicial, Olivo hizo caso omiso según la Fiscalía a la sentencia en firme que dictó en el mismo sentido algo más de un año después la sección segunda de la Audiencia Provincial, en la que se acordó nuevamente la confirmación de la orden de paralización de obras.

Según el escrito, el empresario murciano, además de no frenar el muro que estaba construyendo en la finca privada, procedió a la instalación de un bordillo de tipo no remontable, que quedó situado en el área que debía retranquearse según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial almeriense.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar (Almería), ha dictado un auto en el que se declara apertura de juicio oral contra Olivo -quien se enfrenta por el mismo delito a una petición por parte de la acusación particular de un año de cárcel- al considerar que en las actuaciones que obran en poder del órgano judicial "aparecen méritos suficientes" para exigirle responsabilidad criminal.

El auto acuerda remitir las actuaciones en "el momento oportuno" al Juzgado de Lo Penal, competente para el conocimiento y fallo de esta causa.

La decisión judicial contra el empresario imputado tanto en la "operación Malaya", en Marbella (Málaga), como en el caso del parque comercial Nevada, de Armilla (Granada), se ha producido después de que el Juzgado de Instrucción nº1 de Roquetas de Mar dictase en febrero de este año una providencia en la que fijaba en un mes el plazo para que General de Galerías Comerciales y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar procedieran al derrumbe del muro construido en la finca privada.

Además, durante el pasado mes de marzo la sección primera de la Audiencia Provincial ratificó otra sentencia del citado juzgado en la que se establecía la demolición de una tubería del Gran Plaza que también invadía los terrenos privados situados a la espalda de la superficie comercial.

En estos momentos el TSJA dirime además un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra un auto dictado por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería en el que se estableció la no ejecución de la sentencia por la que el Alto Tribunal andaluz declaró previamente la nulidad de la licencia de apertura del Gran Plaza al haberla concedido el Ayuntamiento de Roquetas sin los perceptivos informes favorables de la Administración.- (EFE)

(Audiencia Provincial de Almería)

Dos nuevos detenidos en el desarrollo de la 'operación Tótem', uno ex concejal del PP

MADRID.- La Guardia Civil ha detenido esta mañana a otras dos personas en la localidad murciana de Totana en el marco de la 'operación Tótem', una de ellas un empresario y la otra un particular, han informado fuentes de la investigación.

El primero de los detenidos es un empresario, Juan Francisco Casanova que, según las mismas fuentes, podría haber incurrido en un delito de cohecho ya que está acusado de haber pagado algunas cantidades de dinero para que se agilizaran licencias de obras.

Este empresario pertenece actualmente a una cooperativa y fue concejal de Agricultura, Ganadería y Caminos por el PP, entre los años 1995-99, siendo alcalde Juan Morales.

El segundo de los detenidos, Diego Carrión, es un particular de Puerto Lumbreras que, en este caso, según estas fuentes, podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias relacionado con la Policía Local.

Fuentes municipales informaron que Casanova tiene una empresa de productos fitosanitarios en el polígono industrial El Saladar de la población, y explotaciones ganaderas.

Casanova es socio del también detenido Pedro Martínez, y a Diego Carrión se le ha encontrado documentación pública del Ayuntamiento de Totana aunque hoy mismo ha quedado en libertad después de prestar declaración ante la Guardia Civil y tras considerarse que no obstruiría la investigación.

Poco después, la Guardia Civil ha dejado en libertad al Jefe de la Policía Local de Totana tras tomarle declaración, según han confirmado fuentes de la investigación.

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, Asunción Navarro, reanudó pasadas las once de la mañana la toma de declaración de los seis detenidos el lunes en la 'operación Tótem' contra una presunta trama de corrupción urbanística, cuatro de los cuales declararon ayer y hoy lo harán los dos restantes.

Los seis detenidos llegaron pasadas las ocho de la mañana al edificio judicial, cuatro de ellos en un autobús de la Guardia Civil y los otros dos en sendos vehículos del instituto armado escoltados cada uno por dos agentes.

Además, a primeras horas de la mañana dos guardias civiles introdujeron en el edificio judicial cinco cajas y un paquete envuelto en una bolsa de plástico.

Asunción Navarro, ha finalizado a las 18.20 horas la toma de declaraciones a los dos detenidos que aún no lo habían hecho, tras lo que han dado comienzo las comparecencias de los primeros seis arrestados ante el fiscal.

Tras la toma de declaraciones por parte de la juez que instruye el caso, se están llevando a cabo las comparecencias de los seis detenidos ante el fiscal, quien, a su término, deberá solicitar las medidas que estime oportunas para los arrestados.

Tras la petición del fiscal, la juez se retirará a deliberar y emitirá una resolución, que, según estimaron las mismas fuentes, no se producirá hasta antes de la medianoche para conocer la situación en la que quedan los seis detenidos.

Esta juez ha iniciado también ya el trámite, habitual en estos casos, de notificación a la Asamblea Regional, mediante requerimiento judicial, para saber la actual situación de determinadas personas que pudieran estar aforadas para, si así fuese, proceder a su desafuero mediante el correspondiente suplicatorio del TSJ a los órganos competentes de la cámara autonómica, al objeto de que puedan ser procesadas en un procedimiento penal ordinario.

También el TSJ ha dictado hoy una providencia enviada a la Asamblea Regional para responder así a la petición de amparo que le ha hecho el diputado autonómico del PP, Juan Morales, y le ha dado tres días al fiscal para que informe sobre actuaciones que puedan interesar al ex alcalde de Totana.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha iniciado también actuaciones para determinar si el diputado regional y ex alcalde de Totana, Juan Morales, ha visto vulnerados sus derechos dentro de la investigación de la Guardia Civil sobre presuntos casos de corrupción en este municipio.

La actuación del TSJ es consecuencia del escrito de Morales presentado en este tribunal en el que se denuncia que la retirada de su pasaporte y del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional "viola sus derechos constitucionales".

En su escrito el diputado regional señala que sus derechos como ciudadano y como miembro de la Asamblea Regional pueden haberse visto afectados con la actuación de los agentes, que realizaron un registro en su domicilio en Murcia, por lo que pide el amparo del tribunal.

Antes de pronunciarse sobre la queja de Morales, la Sala deberá dar traslado de la misma a la Fiscalía del TSJ para recabar su criterio sobre el asunto, según fuentes judiciales.

Las fuentes añadieron que los diputados regionales gozan de una especial protección, de manera que no puede emprenderse actuaciones penales contra ellos si previamente no se ha concedido el suplicatorio por parte de este órgano legislativo.

Precisamente, el lider de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha puesto hoy en manos del presidente del PP y de la Región, Ramón Luis Valcárcel, la solución al tema de la corrupción en su partido. "Que saque de la política a los imputados y, si no se quieren ir, que los eche por el bien de la vida pública y de la Región de Murcia", mientras la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha calificado de "repugnante" la corrupción política.- (Agencias)

Del embargo al 'ladrillazo'

VIGO.- Manuel Núñez Arias, el propietario de la empresa que supuestamente pagó comisiones al anterior consistorio de Totana para que recalificara los terrenos donde construir unas 5.000 viviendas, se especializó durante la crisis económica de la Transición en asesorar como abogado a empresas en suspensión de pagos. Entonces acumuló los conocimientos que le permitieron, en 2004, continuar en sus oficinas de Vigo, pese a anunciarse su subasta, y seguir viviendo en su lujosa casa de A Ramallosa tras sendos embargos de 1998 y 1999, revela hoy "El País".

Sólo dos años después de la aparente ruina que indicaba la salida a subasta de sus oficinas, en septiembre de 2006, su grupo de empresas, Nuar, anunció una inversión de 570 millones de euros para urbanizar en Totana 2,2 millones de metros cuadrados. Curiosamente, dos de sus principales empresas, Conycase, que explota tres aparcamientos subterráneos en Vigo, y Senga, de productos de alimentación, acumularon pérdidas en los ejercicios de 2005 y 2006 por más de 1,5 millones de euros, según sus datos del Registro.

Ejerció de abogado, y temporalmente de administrador del patrimonio del empresario granitero David Fernández Grande, después de que en 1994 fuera asesinado éste, junto a su esposa, una hija y la chica del servicio doméstico. Encaró el declive profesional que le sucedió entonces con una incursión en la intermediación inmobiliaria. En 1997 creó la sociedad Mediación, Asesoramiento y Gestión (Mega) con el "proveedor de oportunidades" y gran tiburón del sector en Vigo durante la última década, Pedro Costas Gil.

Rompieron dos años después y Núñez fundó Inmonuar, que en 2002 compró Autocares de Tenerife, S.A., de cuyos solares habría obtenido, al parecer, las plusvalías necesarias para la operación de Totana.

Algunos abogados consultados por este diario afirman que Núñez Arias traspasó hace ya muchos años la línea roja. "Pensó que si obtenía dinero para otros, podía utilizar sus conocimientos para obtenerlo directamente para sí. Y cuando se da ese paso, ya no se puede volver atrás. Es un negociante antes que un abogado".- (PRISA)


'Totana Connection': Núñez Arias, el abogado gallego que quiso construirse una ciudad de vacaciones en Murcia

VIGO.- De Pontevedra a Murcia. De letrado laboralista a empresario imputado en un caso de corrupción urbanística y blanqueo de capitales. La historia del gallego Manuel Núñez Arias, conocido abogado en Galicia que llegó a ser socio del despacho de Garrigues Walker, se truncó en Totana, precisamente la tierra de los conocidos juristas, donde este selfmade man pretendía pegar su propio pelotazo urbanístico para construirse su ciudad de vacaciones en Murcia.

En Galicia se preguntan cómo es posible que a este hombre le recalificaran 2,2 millones de metros cuadrados en la huerta murciana. Anteayer, agentes de la Guardia Civil le detenían junto a su socio como dueños de la inmobiliaria Nuaria y registraban su impresionante chalet de A Ramallosa. Los otros detenidos fueron dos intermediarios, un miembro del ‘clan de los Recoveros’ de Totana y una sexta persona cuya identidad no ha trascendido. En la trama están involucrados asimismo el ex alcalde de la localidad, su ex mujer y su amante brasileña.

Núñez Arias comenzó su carrera como letrado sindical. En los 80 abrió su propio bufete, desde el que intervino en numerosas suspensiones de pagos en Galicia. Una década más tarde comenzó su despegue profesional. En esa época llegó a defender como abogado los intereses de los hijos del empresario David Fernández, tras el asesinato en Nigrán en 1994 a manos de dos policías. También representó a Segundo Rodríguez, en la batalla judicial que inició contra su hermano Francisco y que acabó destapando el caso de la adjudicación del Puerto de Sada.

Ruina y reflote gracias a un socio canario

A principios del 2000, comenzaron los problemas. Sus oficinas fueron embargadas por Bankinter para atender las deudas que había contraído por créditos impagados. Sus impresionantes propiedades en A Ramallosa, en el concello de Nigrán, fueron intervenidas por el Banco Pastor y por el Juzgado a instancias de uno de sus antiguos socios. Hacienda investigó asimismo algunas de las actividades que desarrollaba. Por aquel entonces, ya había comenzado su actividad empresarial.

"En el año 2002 estaba totalmente arruinado. Le habían embargado la casa y las cosas le iban fatal", publica "Faro de Vigo", que cita a uno de sus colaboradores más próximos de aquellos años. Pero la suerte le volvió a sonreir cuando, junto a un socio canario, se hace con Transportes de Tenerife, compañía que tenía en propiedad importantes solares en aquella Isla. Ahí se produce el gran despegue económico de Manuel Núñez.

El espaldarazo de Tenerife le sirvió para crear el Grupo Nuaria, actualmente integrado por siete empresas, cuya actividad principal se centra en el sector inmobiliario, de la construcción y de la comercialización, aunque también participa en negocios del sector de la alimentación.

Nuaria lo conforman A&UGA (Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo de Galicia), dedicada a la redacción de proyectos urbanísticos, así como la dirección de obras; Inmonuar, sociedad inmobiliaria; Parking Nuar o Conycase -tal como figura en el Registro Mercantil- , que gestiona aparcamientos vigueses; Perconiza, dedicada a la venta de materiales para la construcción; Hogarhotel, que distribuye diversos productos en venta directa; Autesa (Autocares de Tenerife); y Senga, dedicada a la alimentación.

El negocio de Totana era el más cuantioso de todos en cuantos el abogado y empresario se había embarcado. Pretendía desarrollar una ciudad de vacaciones de más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa, con un coste aproximado de 570 millones de euros. El proyecto estaba a la espera de de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se preveía que fuera esta misma semana.

(Núñez y su pazo en Nigrán)

www.elconfidencial.com

Los independientes de San Javier pueden romper en horas su coalición de gobierno con PSOE y CDL

SAN JAVIER.- El apoyo político que hasta el día de hoy ha dispensado el Grupo Independiente al Gobierno municipal de San Javier pende de un hilo. De hecho, todo apunta a que esta misma mañana se romperá, después de la reunión interna en la que los independientes tomarán una decisión, adelanta hoy "La Opinión".

Anoche debía haber tenido lugar un encuentro entre los cuatro ediles independientes y el resto del equipo de Gobierno para tratar de acercar posturas, pero este fue finalmente rechazado por la portavoz y máxima dirigente del Grupo Independiente, Arantxa Espeso.

Durante la mañana de ayer, la alcaldesa, Pepa García, había manifestado su deseo de pulir asperezas en este encuentro y su voluntad de "continuar gobernando juntos". Sin embargo, Espeso declaró que, "después de mirar los expedientes sobre lo ocurrido a uno de mis compañeros (en referencia al edil Ramón Fernández), he querido respaldarlo, y considero que no hay lugar a más reuniones".

Según explicó Espeso (en la imagen), el Gobierno socialista "estaba tomando decisiones al margen de Ramón Fernández (edil de Personal) en asuntos de su competencia, y muchas veces en contra de su voluntad política". Asimismo, la líder del Grupo Independiente declaró que su formación siente que le han "faltado al respeto tanto política como personalmente".

En caso de que hoy anuncien la retirada de su apoyo al Gobierno socialista, este perdería la mayoría que actualmente ostenta al frente del Ayuntamiento.- (EPI)

Álvaro Cuesta habla de una "red de corrupción" en Murcia y de "crimen organizado"

MADRID.- El secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por la «red de corrupción» que a su juicio existe en la Región.

Cuesta llegó a lanzar una pregunta al aire. «¿Qué más tiene que ocurrir en Murcia para que el PP desautorice esta línea de corrupción?» y se atrevió a afirmar que «detrás de la especulación y del dinero negro hay crimen organizado».

En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Cuesta aseguró que el caso de Totana ha alcanzado «cotas de escándalo», con 60 convenios urbanísticos «que esconden operaciones de todo tipo», y quiso subrayar que en una Comunidad de 45 municipios, 14 ayuntamientos están afectados por tramas urbanísticas, existen 22 causas judiciales abiertas y «un tercio de los alcaldes del PP están imputados».

Por otra parte, Bruselas abre una investigación por el urbanismo salvaje en Murcia, según revela esta mañana el diario "El Economista" en una amplia información donde se cita al abogado Diego de Ramón.- (Agencias)

Una fundación próxima al PSOE augura fusiones entre cajas de ahorro

MADRID.- Los autores de un estudio publicado por la Fundación Alternativas, de inspiración socialista, consideran que el entorno financiero que viene, con los mercados más endurecidos y las exigencias de Basilea II, propiciará más fusiones entre cajas de ahorros, movidas por criterios de «racionalidad empresarial».

Los profesores Ángel Berges y Alfonso García defienden la necesidad de que estas entidades emitan cuotas participativas -para mejorar su base de capital y obtener el contraste del mercado- y se declaran firmes partidarios de mantener su especial régimen jurídico siempre que se acompañe de un bien definido marco de gobierno, con credibilidad reforzada.

Si el entorno presiona hacia las fusiones -apuntan- parece razonable favorecer que estas operaciones se puedan llevar a cabo entre cajas de diferentes comunidades autónomas con la misma facilidad que dentro de una comunidad. Como alternativa a una fusión, sugieren alianzas reforzadas, que permitan obtener parecidas ganancias de eficiencia sin los inconvenientes asociados al debilitamiento de los lazos de vinculación territorial.

Interpretan los autores del informe que el movimiento de Caja Madrid en Iberia -donde ha incrementado del 10% al 23% su cuota en el capital- responde, sobre todo, a una estrategia de negocio de la compañía, y abogan porque las cajas puedan tener participaciones industriales, operando con reglas de juego equiparables.

A su juicio, si se echa la vista atrás, las compras de participadas han dado resultados muy positivos. Las cajas de ahorro «lo han hecho francamente bien» en la mayoría de los casos con las contadas excepciones de Port Aventura o la politización de Endesa, afirmaron.

Los autores del estudio sugieren una mayor difusión y comunicación de la obra social, y la expansión internacional de las cajas mediante la explotación de las oportunidades que puedan surgir en otros países.- (EFE)

Morales, ex alcalde y diputado del PP, pide amparo al TSJ al sentir “vulnerados sus derechos”

MURCIA.- El ex alcalde de Totana, Juan Morales, rompió su silencio y denunció finalmente la “incautación” de su pasaporte y la intervención del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional, lo que entiende como “una más que notoria vulneración de sus derechos constitucionales como ciudadano y diputado regional”.

En un comunicado de prensa Morales señaló que ha remitido una petición al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que le solicita que adopte las medidas pertinentes para la “preservación y salvaguarda de los derechos que le conceden la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposiciones legales aplicables”.

Morales pidió amparo al TSJ, ya que con la incautación del ordenador y de su pasaporte, así como de material de trabajo durante un registro de su domicilio en Murcia, afirmó que se ha producido “una más que notoria vulneración de sus derechos”.

El ex alcalde de Totana y actual diputado regional pidió al TSJ que se le informe de qué se le imputa y por qué motivos está siendo objeto de esta persecución, ya que hasta el momento, alega, no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de ningún órgano competente.

Finalmente, Morales mostró su voluntad y su total disposición para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia con el fin de aclarar la situación en la que se encuentra.

El ex alcalde saltó a la actualidad informativa el pasado lunes tras hacerse público que su ex mujer, la hellinera María del Carmen Jordán, estaba imputada en el caso, al igual que su actual novia, de nacionalidad brasileña.

La Guardia Civil estrechó luego el cerco sobre el ex alcalde de Totana desde el martes. Los agentes realizaron ayer jueves un minucioso registro en el domicilio de Morales y le requisaron su ordenador -proporcionado por la Asamblea Regional en su condición de diputado-, el pasaporte y diversa documentación.

El ex alcalde, que es diputado por el PP y por lo tanto aforado, ha defendido en los últimos días su inocencia. Entre tanto, los agentes han detenido y registrado los domicilios de su ex mujer y de su actual pareja.

El diputado popular pasó la mañana de ayer estudiando con su abogado la forma de dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para prestar declaración.

En su petición, según un comunicado hecho público por el Partido Popular, Juan Morales argumenta que debido a su condición de diputado regional y «siendo objeto públicamente, según se puede constatar en cualquier medio de comunicación social, de una investigación policial y judicial, se ha producido una más que notoria vulneración de mis derechos constitucionales como ciudadano» y aquellos que se derivan de su condición de diputado de la Asamblea Regional.- (Agencias)

El "aforado Morales" ahora pide amparo / Juan Redondo

Al alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, una juez le ha “cesado temporalmente de su libertad, con efectos jurídicos”. No existen precedentes en la Región en la etapa democrática. Retenido o detenido, es cuestión de opiniones, lo cierto es que el alcalde anoche no durmió en su casa, al igual que otras nueve personas.

La “Operación Tótem” sobre la trama urbanística totanera engorda cada día el número de personajes invitados al culebrón. Ayer se incorporaron además del actual alcalde, la secretaria general del Ayuntamiento, un empresario y hasta el jefe de la Policía Local. El que dicen que está en la diana de la investigación pide ahora amparo al presidente del Tribunal Superior de Justicia por su condición de ciudadano y diputado regional.

Juan Morales se coloca en el papel de mártir perseguido públicamente y se pregunta por los motivos de este acoso. Como cualquier ciudadano en este sinvivir de “me acosan, pero no me acusan” podría haber comparecido voluntariamente para colaborar con la Justicia y dejar clara su inocencia en la trama urbanística. Sin embargo, ha optado por la “clandestinidad” y verlas venir y está en su derecho, como lo está su ex abogado a renunciar a su defensa.

La trama de Totana ha cogido a los populares murcianos con el paso cambiado. Es cierto que no se puede demonizar a cerca de 600 cargos públicos por posibles comportamientos individuales, como recogen en su comunicado de prensa. Valcárcel dejó claro hace años que como presidente del PP no permitiría un presunto caso de corrupción en su partido dentro de la filosofía de que aquí el que la hace que pague.

Partiendo de la presunción de inocencia, los populares se encuentran ahora, a menos de cien días para las generales de marzo, con un alcalde “cesado temporalmente de libertad” y un diputado regional que se siente “acosado”, con su círculo personal detenido y que pide amparo al TSJ. Un ciudadano que hasta el pasado mes de mayo era alcalde de Totana y que por decisión del partido no repitió como cabeza de cartel al ayuntamiento para formar parte de las candidatura autonómica.

Juan Morales, según las informaciones que se deducen en la instrucción, era un hombre de trabajar en su casa o con las amistades. En su petición de amparo al TSJ se queja de que en la intervención en su domicilio en Murcia, junto con algunos miles de euros, se llevaron un ordenador proporcionado por la Asamblea Regional, así como documentación propia de su trabajos parlamentarios, quizás por ello no pudo asistir al pleno del pasado miércoles.

Parece que su ex mujer también tenía una amplia documentación oficial del Ayuntamiento relacionada con convenios urbanísticos, algo que debe estar custodiado por la Secretaría Municipal. Y su abogado hasta hace unos días también llevaba un maletín. Muchos papeles para un hombre solo, según comenta un asesor fiscal y financiero. El “aforado”, que no pasa por su mejor momento, muestra “su voluntad y total disposición de comparecer ante el TSJ para aclarar la situación en la que se encuentra”. La Justicia tiene la palabra.

¿Otros ayuntamientos en el punto de mira?

La ‘Operación Tótem’ de los servicios especiales de la Guardia Civil (UCO) y la intervención judicial en Totana contra la posible corrupción urbanística en la Región, no podría ser un episodio aislado. Ya existe el precedente de la juez de San Javier en Torre Pacheco y Fuente Álamo en proceso de instrucción.

La Región de Murcia se vuelve a colocar en la “prime time” de la prensa nacional por un tema de presunta corrupción, como si esto fuera Marbella en sus peores tiempos. Allí los ‘malayos’ movieron miles de millones de euros, y aquí parece que en los corretajes totaneros y los empresarios gallegos los maletines son mucho más modestos. Dicen que es lo que hay y lo que da la mata.

Sin embargo parece que los UCOs no pierden el tiempo y el viaje. Y ya los rumores apuntan que antes de las generales aparecerá otra operación sonada sobre posible corrupción urbanística en un importante municipio de la Región.

¿Un intento socialista de “canarizar” la Región de Murcia?

Para fuentes populares es una instrumentalización de las fuerzas de seguridad y de los fiscales con fines electorales. La presencia del ministro Mariano Fernández Bermejo como cabeza de cartel por Murcia y la ‘Operación Tótem’ tendría, según estas opiniones, cierta similitud con el desembarco del anterior ministro de Justicia, López Aguilar como candidato a la presidencia del gobierno canario.

La ‘Operación Tótem’, según fuentes de la investigación, empezó en marzo pasado, cuando Pedro Saura andaba enfrascado con Ramón Luis Valcárcel en la batalla autonómica y Bermejo era un recién llegado al Ministerio de Justicia del quien nadie sospechaba, ni remotamente, que podría ser futuro cabeza de lista electoral por la Región.

Además el proyecto urbanístico de Totana con los empresarios gallegos tampoco llamó hace un año la atención en el sentido de alarma pública sobre posibles irregularidades; en las hemerotecas sólo se recogen algunas críticas de IU. Las generales son el 9 de marzo y, como decía el amigo, cien días a veces son muchas semanas.

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El área urbana de Murcia es donde los particulares acumulan más suelo

MADRID.- Una sola persona tiene en Murcia 469 hectáreas de suelo en las principales áreas urbanas de la provincia. Otro afortunado posee en Madrid seis parcelas que suman 150 hectáreas. Este millón y medio de metros cuadrados le convierte en el mayor propietario de suelo urbano del área que engloba el gran Madrid.

Éstos son algunos datos de los que se entera el lector del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España 2006, elaborado por Vivienda.

Las 1.245 hectáreas de suelo urbano sin edificar que acumulan los 10 mayores terratenientes de Murcia convierten a esta zona urbana en la que tiene una mayor concentración de tierra en manos de unos pocos. Le siguen Las Palmas, con las 728 hectáreas que poseen los 10 mayores propietarios, y Madrid, con 647 hectáreas.

El atlas también estudia cómo se reparte en cada comunidad las tierras en función de si son propiedad de personas físicas, jurídicas o de entes públicos. Y es en el noroeste peninsular donde los particulares se llevan una mayor proporción de la tarta. Porque en ciudades como Vigo, el 60% del suelo urbano está en manos de particulares, mientras que en el área central de Asturias, esta proporción sube hasta el 80%.

Pero el atlas, que se puede consultar gratuitamente en la dirección http//atlas.vivienda.es, no habla sólo sobre la propiedad del suelo. También trata temas como la estructura territorial, la población y las viviendas (aunque en este apartado los datos se remontan al año 2001).

Del estudio se desprende que España consolida su carácter urbano. El 80% de la población vive en un millar de municipios que ocupan el 20% de la superficie. Y también pone negro sobre blanco el crecimiento de algunas ciudades.

Por ejemplo, en los años que van de 1987 a 2000 el área urbana de Murcia creció más de un 78%, la de Alicante-Elche lo hizo un 67% y Madrid aumentó su superficie en un 50%.- (Agencias)

(Tomás Fuertes, primer propietario de suelo en la ciudad de Murcia)

Un aforado acosado y atrincherado / Juan Redondo

Dice que se siente acosado, no acusado. Lo que está es aforado y atrincherado por las investigaciones judiciales. Juan Morales, diputado regional por el PP, no asistió a la Asamblea a pesar de que se celebraba sesión plenaria. Parece que el hombre no esta para plenos, según pintan las cosas en Totana donde fue alcalde hasta los pasados comicios de mayo.

Por orden judicial han intervenido el despacho de su ex esposa, el domicilio donde vive con su actual compañera sentimental y hasta un maletín que llevaba su abogado en el coche. De momento es intocable por su condición de aforado, ya que tendría que intervenir el TSJ en caso de implicarle en el asunto de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero que investiga la juez. Para llamarle a declarar tendría que inhibirse la instructora del tema en favor del TSJ o Morales renunciar a su condición de diputado regional para poder defenderse por su cuenta.

La operación ‘Tótem’ sobre presunta corrupción urbanística por la zona de secano de ‘El Raiguero’ tiene todos los elementos para un culebrón bananero por los protagonistas y el desarrollo de los acontecimientos. Donde sólo había brécol y alcachofas y cuatro explotaciones ganaderas, que no contaba con “agua del trasvase por culpa de Zapatero” se iba a crear un emporio de riqueza, una ciudad nueva del abogado gallego Manuel Nuñez, máximo responsable del grupo Nuaria, con unas inversiones de 570 millones de euros. Ademas según la propia empresa afirmaba en Galicia, no habría problemas de agua porque existía autosuficiencia del líquido al contar con un manantial de 38.000 litros por segundo. El proyecto tenía todos los parabienes hace menos de un año.

Ahora han cambiado las cosas, el empresario esta detenido, el ex alcalde aforado, la ex mujer registrada, la nueva compañera también de forma irregular. Al abogado le llevan el maletín, se registran casas de seguridad. Un empresario emergente de una empresa puntera en su sector detenido y perjudicando al resto de los accionistas por sus “veleidades urbanística para diversificar riesgos”.

El presidente del PP, Valcárcel, que se responsabilizó de las listas autonómicas teniendo que personalizar a su partido en el proceso y el grupo parlamentario popular en la Asamblea en una situación incómoda, defendiendo como no podía ser de otra manera al diputado atrincherado y pendientes de una posible petición futura del TSJ sobre un aforado.

La situación no les tiene que resultar cómoda a los dirigentes populares, que intentan ganar tiempo y lanzar balones fuera. Tras la toma de declaraciones de la juez a los detenidos y el arrinconamiento a Morales, no parece que el polémico ex alcalde de Totana pase por sus mejores momentos. La política del avestruz aquí no es la más recomendable, y si no hay nada que esconder dicen que lo mejor es dar la cara y defenderse y ello pasa por renunciar a su condición de aforado.

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