La “Operación Tótem” cumple ya una semana y hasta conocer el pronunciamiento oficial de la instructora, parece, según observadores como si la posible trama urbanística, partiera de una pieza central, de la que a lo largo de las investigaciones hubieran ido saliendo ramas o hijuelas.
La juez interrogó en bloque a los detenidos por la recalificación de El Raiguero para un proyecto urbanístico del grupo gallego Nuaria con más de cinco mil viviendas. Estableció unos cargos y una fianza. Por medio se aparecieron los terrenos industriales de El Saladar, con vinculación de un empresario avícola. Posteriormente la vinculación del jefe de la Policía Local y de un empresario de Puerto Lumbreras, en temas al parecer distintos, ambos en libertad.
La secretaria general municipal también ha quedado en libertad bajo fianza en este caso de 20.000 euros, y un ex concejal con 15.000, unas cantidades aparentemente no muy significativa para las comparaciones marbellís. Y están pendientes las tres imputadas a las que no se ha tomado declaración. “¿Muchos hilos distintos para una misma tela de araña?”, apuntan los observadores. Y como fondo del culebrón Juan Morales, aforado, atrincherado y sin pasaporte.
Al parecer, según fuentes populares, en la asesoría de la ex mujer de Morales no existían documentos oficiales, sino copias de documentos públicos. El ex alcalde y diputado regional Juan Morales dicen que tenía copias de los convenios urbanísticos, porque son documentos públicos, y en alguna medida para “curarse en salud”, como medida preventiva ante un eventual triunfo electoral de los grupos de la oposición y poder demostrar que todos los acuerdos se habían ajustado a la legalidad.
Todas especulaciones o pequeñas filtraciones ante un hermetismo judicial, que tiene en un sinvivir a los populares murcianos y con los comunicados cargados a la oposición. La expectación de cara al comité regional de los populares de esta tarde y su posible resolución sigue dependiendo de los pronunciamientos judiciales. Han anunciado contundencia contra posibles comportamientos ilegales de militantes y cargos públicos.
Es cierto que es la primera vez que un alcalde murciano duerme ya durante tres noches en los calabozos de la Guardia Civil, pero también como apuntan los dirigentes hay más de seiscientos cargos públicos del partido en la Región, que están realizando su trabajo sin sombra de duda. Dicen ser los primeros interesados en acabar con “este circo mediático” y apoyan firmemente a Morales, hasta que la Justicia demuestre lo contrario. “Todo este tema está siendo muy anómalo y si se producen cosas raras actuaremos en consecuencia”, insiste un dirigente regional del PP.
De momento el primer paso para empezar a entrar en el fondo de posibles responsabilidades políticas del asunto pasa por el pronunciamiento de la juez Asunción Navarro sobre la situación judicial del actual alcalde popular Martínez Andreo, que ayer estuvo cerca de seis horas declarando en el juzgado de instrucción y a medianoche aún estaba en expectativa de destino.
Concentraciones ante el poder judicial
En un estado democrático hay dos poderes que requieren tranquilidad para tomar sus decisiones. En teoría no se debe presionar al Legislativo ni tampoco molestar al Judicial. Las manifestaciones y protestas deberían dirigirse ante los poderes ejecutivos.
Con la “trama urbanística de Totana”, ayer varios centenares de personas se concentraron ante el Juzgado para reclamar la inocencia de los imputados, gritando slogan como “esto es un atraco” y de paso tratando de impedir a la prensa realizar su trabajo.
Dicen los populares que son “concentraciones espontáneas”, aunque las declaraciones de algunos de sus dirigentes han alentado a estos movimientos y además los asistentes son militantes o simpatizantes del PP.
La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero la jueza debe hacer su trabajo con tranquilidad, sin algaradas callejeras partidarias, para pronunciarse sobre el sumario que está instruyendo. Resulta también curioso que a lo largo de la tarde el Delegado del Gobierno no haya puesto protección policial especial ante los juzgados de Totana.
La juez interrogó en bloque a los detenidos por la recalificación de El Raiguero para un proyecto urbanístico del grupo gallego Nuaria con más de cinco mil viviendas. Estableció unos cargos y una fianza. Por medio se aparecieron los terrenos industriales de El Saladar, con vinculación de un empresario avícola. Posteriormente la vinculación del jefe de la Policía Local y de un empresario de Puerto Lumbreras, en temas al parecer distintos, ambos en libertad.
La secretaria general municipal también ha quedado en libertad bajo fianza en este caso de 20.000 euros, y un ex concejal con 15.000, unas cantidades aparentemente no muy significativa para las comparaciones marbellís. Y están pendientes las tres imputadas a las que no se ha tomado declaración. “¿Muchos hilos distintos para una misma tela de araña?”, apuntan los observadores. Y como fondo del culebrón Juan Morales, aforado, atrincherado y sin pasaporte.
Al parecer, según fuentes populares, en la asesoría de la ex mujer de Morales no existían documentos oficiales, sino copias de documentos públicos. El ex alcalde y diputado regional Juan Morales dicen que tenía copias de los convenios urbanísticos, porque son documentos públicos, y en alguna medida para “curarse en salud”, como medida preventiva ante un eventual triunfo electoral de los grupos de la oposición y poder demostrar que todos los acuerdos se habían ajustado a la legalidad.
Todas especulaciones o pequeñas filtraciones ante un hermetismo judicial, que tiene en un sinvivir a los populares murcianos y con los comunicados cargados a la oposición. La expectación de cara al comité regional de los populares de esta tarde y su posible resolución sigue dependiendo de los pronunciamientos judiciales. Han anunciado contundencia contra posibles comportamientos ilegales de militantes y cargos públicos.
Es cierto que es la primera vez que un alcalde murciano duerme ya durante tres noches en los calabozos de la Guardia Civil, pero también como apuntan los dirigentes hay más de seiscientos cargos públicos del partido en la Región, que están realizando su trabajo sin sombra de duda. Dicen ser los primeros interesados en acabar con “este circo mediático” y apoyan firmemente a Morales, hasta que la Justicia demuestre lo contrario. “Todo este tema está siendo muy anómalo y si se producen cosas raras actuaremos en consecuencia”, insiste un dirigente regional del PP.
De momento el primer paso para empezar a entrar en el fondo de posibles responsabilidades políticas del asunto pasa por el pronunciamiento de la juez Asunción Navarro sobre la situación judicial del actual alcalde popular Martínez Andreo, que ayer estuvo cerca de seis horas declarando en el juzgado de instrucción y a medianoche aún estaba en expectativa de destino.
Concentraciones ante el poder judicial
En un estado democrático hay dos poderes que requieren tranquilidad para tomar sus decisiones. En teoría no se debe presionar al Legislativo ni tampoco molestar al Judicial. Las manifestaciones y protestas deberían dirigirse ante los poderes ejecutivos.
Con la “trama urbanística de Totana”, ayer varios centenares de personas se concentraron ante el Juzgado para reclamar la inocencia de los imputados, gritando slogan como “esto es un atraco” y de paso tratando de impedir a la prensa realizar su trabajo.
Dicen los populares que son “concentraciones espontáneas”, aunque las declaraciones de algunos de sus dirigentes han alentado a estos movimientos y además los asistentes son militantes o simpatizantes del PP.
La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero la jueza debe hacer su trabajo con tranquilidad, sin algaradas callejeras partidarias, para pronunciarse sobre el sumario que está instruyendo. Resulta también curioso que a lo largo de la tarde el Delegado del Gobierno no haya puesto protección policial especial ante los juzgados de Totana.
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