VALENCIA.-El «trasvase razonable» del Ebro con el que el síndic socialista, Ignasi Pla, desmontó el andamiaje político del presidente Camps y sorprendió a no pocos diputados socialistas en el pleno parlamentario de investidura es, en realidad, el minitrasvase a Castellón, que en determinadas circunstancias, «llegaría como máximo a Sagunto».
Lo explicaron en declaraciones a este diario el propio Pla y el portavoz de Territorio y Medio Ambiente del grupo socialista, Francesc Signes, quien destacó que el «auténtico valor» de la iniciativa de Pla estriba en haber apostado por un «pacto del agua que saque este asunto de una vez del debate político».
El líder socialista había repetido mil veces que el trasvase del PHN era imposible porque nunca contaría con la financiación de la Unión Europea ni con el aval político de las comunidades de la cuenca cedente.
La novedad es que ahora, al calor de la derrota electoral, animó a Camps a hacer causa común y trabajar por ese consenso de los gobiernos de España, Aragón y Cataluña para hacer viable un trasvase «razonable desde el punto de vista social, económico y ambiental».
Y «razonable» significa, según explicó el secretario general del PSPV, que en ningún caso se estaría hablando de los 350 hectómetros de la transferencia hídrica del Ebro del PHN ni magnitudes parecidas.
Por otro lado, el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Jesús Miguel Franco, rechazó cualquier intento de trasvase y afirmó que el Gobierno de España y el PSOE federal apoyan al PSOE aragonés. «Nosotros tenemos la posición que hemos mantenido siempre», indicó Franco, quien lamentó que «esto vuelve a salir y al final llega a enfadarte».
En Aragón «queremos que haya agua en todos los sitios»
El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Suárez, se remitió por su parte al nuevo Estatuto de autonomía para valorar la reivindicación y recordó que esta comunidad tiene derecho a una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de agua.
En su apartado tercero señala que corresponde a los poderes públicos aragoneses «velar, especialmente, para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras».
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