GINEBRA.- El relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó ayer al Gobierno español que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país «se enfrenta a una grave crisis» inmobiliaria. «El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población», declaró el experto de la ONU.
«El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas», explicó Kothari. Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el «acceso a la educación, la alimentación o el vestido».
En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, «de las más altas de Europa», está «directamente relacionada con el problema de accesibilidad». «Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación», explicó.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que «la situación no pueda sostenerse a largo plazo». «En cuanto suban un mínimo los tipos de interés - apuntó - , las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente», por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que «se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar».
Para Kothari, «la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo». Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15%) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales.
Además, apostó por abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
En ese sentido, recordó que sólo el 12 por ciento de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2 por ciento calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30 por ciento de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".
Entre esos esfuerzos citó la creación y compromiso del Ministerio de Vivienda, la Ley del Suelo, el Plan de Vivienda, el Código Técnico de la Edificación y el Plan Nacional de Calidad de Aguas.
Valoró especialmente las legislaciones regionales del suelo, en especial la vasca y andaluza y recomendó que las autonomías se impliquen más con el problema a través de iniciativas novedosas, "como las de Cataluña y el País Vasco".
"A los ciudadanos les recomiendo que sigan saliendo a la calle y exigiendo a su Gobierno que solucione el problema, porque la presión de la sociedad civil es fundamental", concluyó el relator.- (EFE)
«El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas», explicó Kothari. Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el «acceso a la educación, la alimentación o el vestido».
En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, «de las más altas de Europa», está «directamente relacionada con el problema de accesibilidad». «Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación», explicó.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que «la situación no pueda sostenerse a largo plazo». «En cuanto suban un mínimo los tipos de interés - apuntó - , las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente», por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que «se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar».
Para Kothari, «la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo». Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15%) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales.
Además, apostó por abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
En ese sentido, recordó que sólo el 12 por ciento de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2 por ciento calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30 por ciento de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".
Entre esos esfuerzos citó la creación y compromiso del Ministerio de Vivienda, la Ley del Suelo, el Plan de Vivienda, el Código Técnico de la Edificación y el Plan Nacional de Calidad de Aguas.
Valoró especialmente las legislaciones regionales del suelo, en especial la vasca y andaluza y recomendó que las autonomías se impliquen más con el problema a través de iniciativas novedosas, "como las de Cataluña y el País Vasco".
"A los ciudadanos les recomiendo que sigan saliendo a la calle y exigiendo a su Gobierno que solucione el problema, porque la presión de la sociedad civil es fundamental", concluyó el relator.- (EFE)
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El 'Clan Murcia', aliado de Sacyr, invirtió en acciones de Eiffage cifras muy superiores a su balance e ingresos
Eiffage
@Aníbal González.- - 28/06/2007
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Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso. Algunos de los más notorios integrante del ‘Clan Murcia’, compuesto por un grupo de pequeñas empresas y empresarios, en su mayoría dedicados a la actividad agrícola e inmobiliaria, que apoyan los planes de Sacyr Vallehermoso para hacerse con el control de la francesa Eiffage, invirtieron en acciones de la constructora gala cantidades muy superiores a su cifra total de balance y a su volumen de negocio.
La francesa Autorité des Marchés Financiers anunció anteayer su rechazo a la OPA, mediante canje de acciones, presentada por Sacyr sobre Eiffage, de la que ya controla un 33,2%. El supervisor galo argumentó su decisión en la existencia de indicios de concertación entre la compañía presidida por Luis del Rivero y los 89 inversores españoles que irrumpieron en el capital de Eiffage durante los meses previos a la junta general del pasado 12 de abril, haciéndose con un paquete que, en conjunto, equivale al 17,5% del capital de la firma gala.
Documentos contables de las empresas del ‘Clan Murcia’, como las calificó la prensa francesa con ocasión de la citada junta, que obran en poder de este diario, parecen avalar la tesis de la concertación. La mayoría de los nuevos accionistas de Eiffage son personas y sociedades domiciliadas en Valencia y Murcia, que estarían vinculadas entre sí y a su vez con Sacyr Vallehermoso a través de terceras personas o empresas.
Persona clave en el entramado es Mariano Roca Meroño, accionista, a título individual y familiar, de las sociedades Arcomundo, Inmobiliaria Vano y Portman Golf, dueñas de 2,29 millones de acciones de Eiffage. Roca Meroño está también vinculado a Jorge Camañas y EFAPASA (sociedad de la familia Camañas), propietarios en conjunto de 871.020 acciones de la firma francesa. Roca está igualmente relacionado con Acciones Reunidas (870.000 acciones), propiedad de la familia Gil Puerto.
Mariano Roca se sienta con las familias Camañas y Gil Puerto en los consejos de administración de las sociedades Prima Domus, Opera Bona, Horadada Golf Center y SAT Cítricos del Sureste, donde coincide también con dos pesos pesados de Sacyr como son el propio Luis Del Rivero y José Manuel Loureda.
Del cultivo de frutas a la gestión de acciones
Arcomundo y Acciones Reunidas se constituyeron en la misma fecha (19 de mayo de 2006) y con idéntico objetivo social, además de la promoción inmobiliaria y el cultivo de frutas y hortalizas: “La compraventa, explotación, administración, gestión de valores representativos de fondos propios de entidades no residentes en territorio español”.
Llamativo resulta comprobar como EFAPASA, fundada en 1954, modificó su objeto social en mayo de 2006, para introducir en el mismo exactamente idéntica letanía: “La compraventa, explotación, administración, gestión de valores representativos de fondos propios de entidades no residentes en territorio español”.
A nivel individualizado, hay que destacar que la SA Portman Golf, fundada por las familias Roca y García Sánchez, y cuyo objeto social originario era, aparte de la actividad inmobiliaria, la explotación de las minas heredadas de Peñarroya, ha invertido en Eiffage 79,6 millones de euros, una suma que equivale a 1,8 veces el volumen de su balance total, y 2,8 veces su volumen de ingresos anuales.
Creada en mayo de 2006, Arcomundo SL, con sede social en Pozo Estrecho, un pequeño pueblo cercano a Cartagena, no ha depositado todavía sus cuentas anuales. Los estados financieros de su matriz, Explotaciones Agrícolas de Pozo Estrecho, propiedad de la familia Roca Meroño, revelan que la inversión de 94 millones de euros realizada en Eiffage es casi 38 veces superior a su cifra de balance, y 1.943 veces superior a su volumen de ingresos.
En cuanto a Inmobiliaria Vano SL, creada en 1975 en Madrid, con domicilio social en Puerta de Hierro, Madrid, y objeto social de construir, promover y explotar el arrendamiento de viviendas de protección oficial y, a partir de 2002, la actividad inmobiliaria y la compraventa al por mayor de productos agrícolas, ha invertido en acciones de la constructora gala 80 millones de euros, cantidad que supone 3,58 veces el volumen de su balance y 57,27 veces sus ingresos totales.
Inversiones millonarias
Por lo que respecta a EFAPA SA, creada en Álava en 1957 y con domicilio social en Xátiva desde 1995, con la finalidad inicial de comercializar productos agrícolas, ampliada después al negocio inmobiliario y el año pasado a la tenencia de valores de “entidades no residentes en territorio español”, resulta que ha invertido en Eiffage más de 97 millones de euros, cantidad que representa 13,67 veces su balance, y 32,31 veces su volumen de ingresos.
En el caso de Acciones Reunidas SL, establecida en Murcia en mayo del año pasado y propiedad de la familia Gil Puerto, con domicilio social en la vivienda de Concepción Puerto y sin actividad aparente, resulta que ha invertido más de 97 millones en Eiffage, siendo así que de los estados financieros de su matriz, Fomentos Rústicos y Urbanos, se deduce que tal suma es 9,73 veces superior a su cifra de balance, y 181 veces su volumen de facturación.
En los últimos meses han sido numerosas las sospechas que, en línea con esa concertación, apuntan a que la OPA de Sacyr Vallehermoso era un simple mecanismo mediante el cual el Club de Murcia transferiría a Sacyr sus participaciones accionariales en Eiffage, lo que otorgaría a Luis del Rivero la mayoría de su capital, paso previo para poner en la calle a Jean Francois Roverato, presidente de la compañía francesa, que se ha opuesto férreamente a la toma de control por parte de la española. Tras el fallo de la AMF gala, la aspiración tiene un precio: el pago en metálico de 8.100 millones de euros.
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