La deuda regional murciana sigue creciendo y se acerca ya a los 9.000 millones de euros

MURCIA.- La deuda pública de la Región de Murcia es del 29,2 % de su producto interior bruto (PIB), el quinto mayor porcentaje nacional por regiones, tras alcanzar los 8.949 millones, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. El pasivo regional se ha incrementado por tanto en 150 millones en el primer trimestre del año.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha subido al 98,8 % del PIB y ha marcado un nuevo récord en 1.160.613 millones de euros, tras sumar 16.315 millones en el primer trimestre de 2018, año para el que el objetivo está fijado en el 97,6 % del PIB. En comparación con el mismo trimestre del año anterior la deuda pública ha crecido un 3 %.

La administración central y las autonómicas han seguido aumentando su endeudamiento entre enero y marzo y han llegado en ambos casos a cifras máximas históricas, mientras que las corporaciones locales han continuado reduciéndolo.

La central ha alcanzado los 1.027.579 millones, equivalentes al 87,5 % del PIB, 16.803 millones más que al cierre de 2017.

En este importe, que es el que cuenta a efectos del procedimiento de déficit excesivo, están incluidos los 204.104 millones que el Estado ha prestado al resto de administraciones (FLA, Fondo para Proveedores y préstamo a la Seguridad Social).

El crecimiento de la deuda de la administración central ha sido del 4,2 % respecto al primer trimestre de 2017 y se ha concentrado en emisiones de valores a medio y largo plazo del Estado.

La deuda de las comunidades autónomas ha marcado un récord en 289.675 millones, equivalentes al 24,7 % del PIB, que suponen 1.570 millones más que a cierre de 2017 y un crecimiento del 3,7 % respecto al primer trimestre del año anterior.

Las corporaciones locales han disminuido su endeudamiento en 80 millones, hasta 28.875 millones que suponen el 2,5 % del PIB, y que son un 8,9 % menos que un año antes.

Las administraciones de la Seguridad Social han reducido el suyo en 30 millones, hasta 27.363 millones, que son el 2,3 % del PIB, aunque en comparación con un año antes ha aumentado en 10.000 millones tras un largo período en el que la deuda de este subsector había permanecido constante.

Del total de autonomías, siete han reducido su deuda en el primer trimestre en relación con el anterior, en tanto que otras diez la han aumentado.

En términos absolutos, las comunidades más endeudadas son Cataluña (77.478 millones), Comunidad Valenciana (45.433 millones), Andalucía (34.140 millones) y Madrid (33.489 millones), si bien todas ellas han disminuido su deuda, salvo Madrid que la ha aumentado.

Al medir la deuda sobre el PIB de cada región es la Comunidad Valenciana la que encabeza la lista con una deuda equivalente al 41,4 % de su PIB, seguida de Castilla-La Mancha (35,7 %), Cataluña (34,4 %), Baleares (29,4 %) y Murcia (29,2 %).

Dentro de la administración local, casi la mitad de la deuda está en municipios que no son capitales de provincia con 13.139 millones, en tanto que las capitales suman 10.162 millones y las diputaciones, consejos y cabildos insulares, 5.321 millones.

De los trece municipios con más de 300.000 habitantes destaca Madrid, con una deuda de 3.371 millones, 53 millones menos que a cierre de 2017.

El resto de grandes capitales también ha disminuido su deuda en el primer trimestre, salvo Bilbao, cuyo endeudamiento ha aumentado de 2 a 4 millones, Las Palmas, que de no tener deuda ha pasado a 2 millones y Zaragoza, que la ha subido de 922 a 933 millones.

Las empresas públicas han acumulado 37.540 millones de deuda hasta marzo, equivalentes al 3,2 % del PIB, que suponen 693 millones menos que al cierre de 2017.

Del total, 30.331 millones (2,6% del PIB) corresponden a empresas públicas propiedad de la administración central, 3.647 millones (0,3% del PIB) a empresas de las comunidades autónomas y 3.563 millones (0,3% del PIB) a empresas de las corporaciones locales.

Lorca alivia su deuda a un ritmo diario de 17.260,27 euros y consigue el mejor dato de los últimos 17 años

LORCA.- El concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha informado que el Ejecutivo Municipal ha conseguido optimizar el gasto en todos sus departamentos de forma que la deuda municipal, a día de hoy, se ha reducido a 41.428.911,19 euros, lo que constituye el mejor dato desde 2006. "Estamos hablando de una mejoría muy destacada, puesto que de los 105 millones destapados por la auditoría independiente realizada en 2008, pasamos al importe ya señalado, confirmando una mejora de 63,6 millones de euros en los últimos 10 años".

Martínez Carrasco ha detallado que la evolución positiva de la cifra de la deuda municipal se ha plasmado en términos prácticos en una mejora diaria cifrada en 17.260,27 euros, lo que supone un claro ejemplo de que el trabajo que se está llevando a cabo por parte del equipo económico y tributario de este Ayuntamiento está ofreciendo unos resultados sobresalientes. La mejora de las cuentas municipales se ha trasladado también al circulante de pago ordinario que ha venido variando cada año, hasta alcanzar su mejor dato de los últimos 21 años, en concreto 3.781.245,63 euros. 

De hecho habría que remontarse al año 1997 para encontrar una cifra mejor, una realidad que subraya la importancia de los pasos que se han realizado hasta el momento para eliminar gasto superfluo, optimizar el destino del dinero público y aprovechar hasta el último céntimo de los recursos económicos con los que cuenta este Ayuntamiento.

El edil de Economía y Hacienda ha manifestado, además, que la cifra total de deuda ofrece su mejor dato de los últimos 17 años, teniendo que retroceder hasta el año 2001 para encontrar una cifra igual. Hemos de señalar que este guarismo refleja una mejora de 4.064.377,07 euros respecto a la situación que presentaba a finales del pasado año.

Juan Francisco Martínez ha anticipado que esta mejora se deriva del compromiso de austeridad y eficiencia común de todas las áreas municipales para mejorar la salud económica del Ayuntamiento. 

Se está trabajando, y se está haciendo bien, logrando resultados que repercuten directamente en beneficio de todos los lorquinos, rebajando lo más rápidamente posible la abultada deuda municipal a la que tuvimos que hacer frente en su momento, y cuyo peso hemos afrontado con responsabilidad y eficacia. 

La situación a día de hoy nos permite afrontar con ilusión y esperanza el panorama económico del Consistorio, ya que los resultados constituyen una muy buena noticia para todos, por la que podemos congratularnos, ya que se ha conseguido precisamente teniendo que hacer frente a una auténtica "tormenta perfecta", cuando nos han golpeado las peores catástrofes naturales de la historia de la ciudad, a las que se sumó la peor crisis económica, social y laboral de España, con una caída en picado de los ingresos municipales y habiendo tenido que soportar sentencias judiciales millonarias contra el Ayuntamiento.

El edil de Economía ha señalado que donde había despilfarro, cajones repletos de facturas sin pagar y bancarrota, hoy Lorca dispone de rigor en el gasto, proveedores cobrando en cuestión de días y confianza ante administración y banca. Estamos hablando de hechos y realidades fruto del compromiso que adquirimos con los lorquinos y que vamos a seguir desarrollando hasta lograr sanear las arcas municipales. 

A pesar de todo, hemos sido capaces de incrementar la prestación de servicios municipales, aumentar y mejorar nuestras infraestructuras educativas, sanitarias y de comunicaciones, además de volver a levantar nuestro patrimonio histórico y de recuperar una ciudad maltrecha y herida.

Martínez Carrasco ha indicado que, como ya anticipó el alcalde, Fulgencio Gil, el proyecto que estamos realizando para lograr una Lorca nueva tiene como base fundamental disponer de un Ayuntamiento fuerte económicamente, de modo que podamos aplicar nuevas rebajas en los impuestos municipales, al tiempo que conseguimos ser una administración con liquidez, frente a la grave morosidad a la que tuvimos que enfrentarnos años atrás. 

La fortaleza de una ciudad depende en gran medida de que logremos seguir mejorando la salud financiera de esta Administración Local. Ahora los lorquinos disfrutan de un Ayuntamiento cada vez más fuerte, de hecho antes no éramos solventes y hasta se negaban a concedernos créditos, mientras que en la actualidad hemos dado un vuelco total a la coyuntura.

Cifran en 640 millones la «deuda» del Gobierno regional con los ayuntamientos desde 2012

CARTAGENA.- Jesús García, representante de la consultoría de Administración Pública Acal y experto en financiación local, ha cifrado en 640 millones de euros el dinero que deberían haber recibido los consistorios de la Región entre 2012 y 2016 por parte del Gobierno regional, con cargo a la extinta Diputación Provincial, y que no han recibido.

En su comparecencia ante la Asamblea Regional, García ha señalado que la Comunidad Autónoma «se ha quedado» con este dinero asignado por el Estado español para financiación local, y que en 2017 supuso un desfase de 39 millones de euros entre la cantidad asignada (156 millones) y la entregada finalmente (117 millones).

El consultor ha remarcado que los ayuntamientos han aumentado en ese periodo la presión fiscal una media de un 22 por ciento para intentar rebajar la «penuria» de las haciendas locales.

García ha defendido la necesidad de crear una ley de financiación local que acometa la segunda «descentralización» y que acabe con una dotación «insuficiente» y «totalmente condicionada» a los criterios que establece la Comunidad Autónoma, lo que, en su opinión, «contraviene» los principios de la Constitución y la Carta de Autonomía Local de la UE.

Previamente, ha comparecido ante la Cámara autonómica el interventor de la Diputación de Albacete, Antonio Villaescusa, quien ha apostado por que la Comunidad Autónoma ejecute y financie directamente los servicios que son su competencia pero que están llevando a cabo los ayuntamientos, denominadas competencias impropias.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, Villaescusa ha rechazado la práctica habitual consistente en que los consistorios ejecuten las competencias impropias y que la Comunidad Autónoma les abone los gastos.

Finalmente, el interventor de la Diputación de Albacete ha incidido en que le legislación debe definir bien las competencias autonómicas y, en casos concretos, introducir elementos de «equidad» para los municipios, especialmente los de menor población.

Por parte de los grupos, el diputado socialista Emilio Ivars ha criticado que la Comunidad Autónoma se haya «autofinanciado» en los años de la crisis con dinero asignado a los municipios, mientras que el portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, ha pedido una ley que evite la «subvención incondicionada» según criterios partidistas por parte del Gobierno regional.

Desde la bancada de Ciudadanos, Luis Fernández ha valorado que la norma cuyas bases debe redactar una ponencia parlamentaria debe delimitar las competencias de cada Administración, al tiempo que el diputado del PP Domingo Coronado ha defendido la aprobación de la ley para dar estabilidad a los consistorios, si bien ha matizado que «no hay una solución mágica».

La Región debe al Estado el 77% de su pasivo e incumple el déficit con un riesgo muy elevado de insostenibilidad

MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.

Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".

Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 

Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.

El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 

A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.

Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.

En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 

Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.

Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 

Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.

Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 

En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.

“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  

Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 

Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.

Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 

En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.

En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.

Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.

Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.

El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.

“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 

Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.

Podemos alerta de que el PP dejará a la Región en 2019 en bancarrota

MURCIA.- El secretario de Economía de Podemos, Rafael Esteban, ha afirmado que la CARM es la única comunidad autónoma que ha cerrado 2017 con un déficit público por encima del 1%, lo que supone más de un punto por encima de la media de todas las comunidades, que está en el 0.32%.

Esteban ha explicado que el gobierno del Partido Popular nos encamina al "desastre económico" en 2019 puesto que nos van a dejar en "la ruina. En 2017 la CARM ha añadido otros 457 millones de euros de deuda y ya se acerca irremisiblemente a los 9.000 millones de euros. Estaríamos intervenidos si no fuese porque el PP de Rajoy no se puede permitir ese escenario con un ejecutivo regional del mismo color ".

Según ha detallado el secretario de Economía de Podemos Región de Murcia, el gobierno del Partido Popular debe dejar de escudarse en la infrafinanciación puesto que se demuestra que son un ejecutivo "incapaz y pésimo gestor ya que hay comunidades como la valenciana, peor financiadas que la nuestra, que han sido capaces de sostener su déficit en cifras del 0,73% de su PIB, aumentando las partidas de políticas sociales".

Asimismo, Rafael Esteban ha hecho hincapié en que "lo inaudito e irresponsable es que este déficit descomunal se haya producido en un contexto de supuesto crecimiento económico, sin revertir ni uno solo de los recortes llevados a cabo durante la crisis y con una pérdida de calidad alarmante en la prestación de los servicios públicos. La Región está sumida en un agujero de privatizaciones e ineficacias en la gestión y con un elevadísimo grado de inejecución presupuestaria de las partidas destinadas a inversión pública".

El Estado sumará 30.000 millones de deuda si acepta las quitas municipales

MADRID.- Si el Estado abre la espita de hacer algún tipo de quita sobre la deuda de las comunidades autónomas, como insinuó hace unas semanas el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tendrá detrás a más de 8.100 entes locales reclamando medidas similares para ellos. "Si se hace algún tipo de quita sobre la deuda de las CCAA, lo queremos también para los Ayuntamientos", aseveró hace unos días el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero y recoge elEconomista.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el pasivo de las corporaciones locales suma un total de 30.563 millones de euros en el tercer trimestre de 2017.

La cifra vendría a engrosar la factura autonómica, que podría alcanzar los 157.000 millones de euros, el dinero que deben actualmente las CCAA al Estado por los préstamos del FLA y la facilidad financiera. En el hipotético caso de una quita total de ambas Administraciones, hablaríamos de 187.000 millones de euros, un montante inviable para el Estado.

La exigencia de los alcaldes de que "cualquier reducción de deuda a cualquier institución pase previamente por un reacondicionamiento de la deuda de los ayuntamientos" se mantiene a pesar del guiño del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a las corporaciones locales, que podrán reinvertir su superávit de unos 5.000 millones del año pasado este año y hasta la primavera de 2019.

"Si el mensaje es que a los ineficientes se les perdona la deuda, vamos mal", reprochó Caballero, que fue incluso más allá y habló de "otro tipo de compensaciones" para las corporaciones sin deuda, como financiación con una cuantía similar a las condonaciones, reestructuración o no pagos de intereses que hagan con las comunidades autónomas o con otros ayuntamientos.

Las más cumplidoras

Desde las corporaciones locales defienden el buen hacer de sus Gobiernos. Y con razón. De hecho, son los únicas que llevan cinco años cumpliendo en materia fiscal, y el año pasado lograron repetir un superávit equivalente al 0,6 por ciento del PIB. Al mismo tiempo, no han parado de reducir su deuda, pasando de 44.000 millones en 2012 a los menos de 30.000 millones con los que se cerrará el ejercicio pasado.

Pero, como en casi todo, el problema de la deuda municipal va por barrios. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Madrid. Desde los casi 7.800 millones que llegó a acumular en 2012, en los dos últimos años sus compromisos financieros se han reducido un 40 por ciento, según la estadística del Banco de España. Ha amortizado cerca de otros 2.000 millones desde entonces. y cerró 2017 con un superávit de 1.120 millones.

Aun así, sigue acumulando préstamos por más de 3.510 millones, la mayor deuda en términos absolutos. Otro ayuntamientos que experimentó un descenso similar en su pasivo fue el de Las Palmas, con un 8,3 por ciento menos, aunque en cifras absolutas no es comparable, ya que la deuda sólo es de 44 millones de euros.

En términos brutos, por detrás de Madrid se sitúa Zaragoza, con 995 millones, seguido de Barcelona (799) Valencia (597) y Málaga (502). En total, los ayuntamientos suman una deuda de 24.563 millones; las diputaciones, consejos y cabildos insulares, 5.737 millones, mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla adeudan 263 millones según el Banco de España. Además, las empresas públicas de las corporaciones locales ascendieron a 4.054 millones de euros en el tercer trimestre.

Menos de 20.000 habitantes

La AIRef advirtió en un informe publicado a finales del año pasado que en España hay unos cuantos municipios de más de 20.000 habitantes con serios problemas de sostenibilidad. Casualidad o no, una mayor parte de los mismos se encuentra en Andalucía y en la Comunidad de Madrid.

Los casos más preocupantes, Jaén y Navalcarnero, cuyo pasivo supera el 400 por ciento de sus ingresos corrientes, y el municipio madrileño de Parla, donde su deuda supera en cinco veces sus ingresos corrientes.

Montoro avisa a las CC AA sobre la desaparición del FLA

MADRID.- Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado hoy que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.

Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.
Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.

Montoro ofrece a las CC AA que el Estado les perdone los intereses de deuda

MADRID.- El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa la posibilidad de perdonar los intereses de deuda que pagan las comunidades por los mecanismos de financiación desplegados por el Estado desde 2012. Desde el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se estudia una reestructuración de la deuda contraída por las comunidades con el Estado dentro del nuevo modelo de financiación, recoge Abc. 

En principio hay tres opciones: que el Estado asuma parte del principal del pasivo autonómico, o un alargamiento de los plazos de vencimiento o la reducción de los intereses. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se inclinó por esta última opción como guiño a las comunidades de cara al futuro modelo.
«No tiene sentido que cuando hablamos de nuevos recursos para las comunidades en Educación, Sanidad o protección social lo que planteemos en paralelo es que el Estado se financie con intereses por la deuda contraídas con el mismo Estado. O hacemos una cosa o hacemos la otra pero las dos, no», sentenció ayer el ministro a la entrada de la Asamblea General de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). Los mecanismos de financiación se pusieron en marcha en 2012, en un momento en el que las comunidades tenían los mercados cerrados, ya que pedían intereses disparados ante la crisis del euro. El Estado ponía a su disposición liquidez a un interés similar al que pagaba por financiarse el Tesoro. Lo que en su momento era una medida extraordinaria, desde entonces se ha convertido en permanente.
Como señalan desde el Ministerio, la referencia para un perdón de intereses sería lo que ocurrió en 2015: entonces ya se produjo una reestructuración de la deuda, ya que se redujeron los intereses de los mecanismos emitidos en 2012 (que tenían un tipo medio del 5,18%), 2013 (3,91%) y 2014 (2,02%) al 0,834%. En 2015 el tipo fue «cero».
En 2016 el interés medio de los mecanismos fue del 0,5%, lo que refleja que las comunidades pagan un coste mínimo por financiarse: por ello, el Gobierno calcula que las regiones se ahorrarán 44.000 millones frente a lo que hubieran pagado al financiarse en el mercado (solo 18.000 en Cataluña), calculado durante toda la vida de la deuda. 

Los mecanismos de financiación tienen un periodo de carencia, durante el que las comunidades no tienen que devolver los créditos concedidos, de dos años, para un plazo de amortización de diez.
Esta posibilidad de reestructuración de deuda levanta menos ampollas entre los barones regionales que la palabra «quita», una opción lanzada como guiño al PSOE quizá con vistas a que apoyara las cuentas. Posteriormente, el propio Montoro garantizó a los barones del PP que no habría quita alguna, ante el enfado de algunos de ellos. Eso sí,no se descarta que el Estado asuma una parte del principal de deuda estatal contraída por las comunidades o alargar indefinidamente el plazo de vencimiento del pasivo.
Las regiones tenían 159.526 millones de deuda con el Estado hasta septiembre de 2017, es decir, un 56,1% del total de pasivo que tienen. Las comunidades más endeudadas con el Gobierno central son las del arco mediterráneo, que están infrafinanciadas con el actual modelo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia), junto a Castilla-La Mancha. Sería a ellas a las que más aliviaría esta opción.
El Estado tiene el 80,6% de la deuda pública de Comunidad Valenciana, 35.827 millones (un 34,2% de su PIB). En términos absolutos la supera Cataluña, con un 69% de la deuda contraída con el Gobierno Central, 53.005 millones (un 24,8% del PIB). Le siguen Murcia (6.777 millones, un 78,8% de su deuda), Andalucía, con 24.263 millones (un 72% de la deuda total) y Castilla-La Mancha (10.273 millones, un 71,8% de todo su pasivo).
La medida beneficiaría, sin embargo, a todas las comunidades de régimen común, ya que todas se han acogido de una manera u otra a los mecanismos desplegados por el Estado (bien a través del Fondo de Liquidez Autonómica para las regiones incumplidoras, bien con el Fondo de Facilidad Financiera, para las saneadas). Por ello, ante la oposición de comunidades del PP como Galicia o Madrid a la posibilidad de quitas, Montoro insistió ayer en que un perdón de los intereses sería una medida distinta.
«Hay que hacerlo en términos ponderados, con equidad, de forma que las propuestas tengan suficiente envergadura para que sean bien recibidas por las comunidades y los grupos políticos», reseñó Montoro.
El experto designado por Aragón y profesor de la Universidad de Alcalá, Alain Cuenca, calcula que las comunidades pagan cada año unos 4.000 millones en intereses totales a acreedores. Según estimaciones aproximadas de Abc, un perdón de los intereses del Estado en la deuda autonómica ahorraría a las comunidades casi mil millones de euros al año.
Desde 2012 las regiones han pagado al Gobierno Central 4.944 millones en intereses, según los datos de la Intervención General del Estado. Hasta noviembre de 2017 ascendieron a 670 millones; en 2016 pagaron 780 millones mientras que en 2015 desembolsaron 1.380 millones, 756 millones en 2014, 1.276 en 2013 y 82 millones en 2012.
Desde el Ministerio tratan de lograr una postura que contente más o menos a todas las partes. O que trate de enervar lo menos posible. La propuesta de «quitas» ya fue tumbada por varias comunidades del PP el pasado lunes. 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el más crítico con la posibilidad de quita, ve con buenos ojos el alivio de intereses, toda vez que Galicia fue una de las comunidades que apoyaron en 2015 bajar el tipo de los mecanismos de financiación al cero ese año. 

Otras comunidades del PP, como Murcia, ven con un distinto prisma la posibilidad de que el Estado asuma parte del principal de deuda. La batalla política se libra bajo cuerda.

Montoro estudia convertir en perpetua parte de la deuda de las autonomías

BARCELONA.- El ministro de Hacienda y Función pública, Cristóbal Montoro, tiene en la recámara la propuesta de aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado, llegando incluso a plantearse que una parte sustancial se convierta en perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos, según fuentes informadas sobre las discusiones, según avanza hoy La Vanguardia. 

Hasta el momento, el ministro sólo ha hecho públicamente referencias genéricas a la “reestructuración” de esas deudas, a la espera de que se forme un Govern en Catalunya que participe en las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica. Como se escucha en los pasillos del ministerio de la calle de Alcalá, “sin la participación de Catalunya no tiene ningún sentido hablar del nuevo modelo”.

Uno de los elementos clave, previo a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica reside en dar una salida a las cuantiosas deudas que las comunidades tienen pendientes de pago al Estado, que ha asumido la cobertura de sus obligaciones financieras y corrientes a través de los mecanismos especiales de financiación, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y que suman desde su inicio, en el 2012, hasta el año 2017 más de 251.000 millones de euros, según las cifras apuntadas por el propio ministro en su última comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública de finales del pasado mes de enero. 

A estas cantidades, según se detalló en la misma comparecencia, deben añadirse otros 12.500 millones correspondientes al primer trimestre de este año.

La conversión en deuda perpetua sería uno de los mecanismos de normalización de la situación financiera de las comunidades autónomas. Es un mecanismo que permitiría a Montoro avanzar en su plan para rebajar el pesado fardo que arrastran las comunidades sin proponer de forma abierta quitas, en línea con lo que explicó el pasado lunes en la reunión del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los barones territoriales del Partido Popular. 

En el Congreso, Montoro señaló: “tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades autónomas y, particularmente, qué hacemos con la deuda que tienen contraída con el Estado”.

Y también adelantó argumentos para hacer frente a las críticas de los presidentes autonómicos de su propio partido al justificar las posibles medidas en las propias “insuficiencias del sistema de financiación actual”. Una visión que, con distintos e incluso grandes matices, comparten desde las comunidades más endeudadas con el Estado, como Catalunya, que lidera el ranking con pasivos de unos 53.000 millones de euros. 

También figuran en la lista Valencia y Baleares. Esa formulación permitiría, asimismo, cuantificar esas deficiencias del sistema de financiación y compensarlas con reducciones de deuda adicionales.

Montoro reconoció asimismo el sinsentido que supone que el Estado acabe financiándose con los ingresos procedentes de la deuda de las comunidades (intereses y devolución de capital): “realmente no hay ningún interés por parte del Estado de financiarse sobre esa deuda, que es una deuda entre administraciones, más bien al contrario; lo que hay que hacer es disponer de esta relación de deuda entre Estado y comunidades autónomas para facilitar la financiación de nuestras comunidades autónomas”.

La desaparición de vencimientos inmediatos de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado tendría, si se mantuviese todo igual, un efecto inmediato sobre los presupuestos de estas últimas, pues sin ese destino, sería posible destinar más recursos a otras actuaciones. En el caso de Catalunya, los repagos al Estado este año 2018 suman 5.454 millones. Montoro afirmó en el Congreso que su objetivo es “la vuelta a los mercados de las comunidades autónomas”, descartando la posibilidad planteada en algunos momentos de que tuviera que pasar de manera centralizada a través del Tesoro.

Técnicamente, no implicaría una quita formal de la deuda, aunque es verdad que en la práctica, el Estado no la cobraría. Montoro planteó una quita o condonación formal a finales del 2014, con un programa de cancelación de un diez por ciento anual, con lo que desaparecería en una década. La propuesta contó con el rechazo del ministro de Economía, Luis de Guindos, que consideraba que sería rechazada por la Comisión Europea. Mariano Rajoy decidió no seguir adelante, aduciendo que “sería muy mal vista”.

En su comparecencia, Montoro avanzó otras propuestas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que no se sabe si, como temen responsables de varias comunidades, contrarrestarán o no parte de esas medidas de alivio de la deuda, como la de crear “un sistema que deje en manos del Estado las políticas de convergencia reales para centrarse —insisto— en lo que debe ser la prioridad de las comunidades autónomas”. 

Es decir, la financiación de las comunidades se centraría en determinar “el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y que tenga como objetivo la seguridad financiera para que en ningún momento del ciclo económico la prestación de esos servicios públicos se resienta”. 

Y para ello propone una simplificación del modelo, dejando vigente un único fondo. También contempla una armonización mínima de todas las comunidades en determinados impuestos que pueden generar una indeseada competencia fiscal entre comunidades, la mayoría apunta a Madrid. Montoro incluye aquí impuestos como el de patrimonio. Aunque de distinta naturaleza, también los medioambientales.

Montoro garantiza a los barones del PP que no habrá quita de deuda para los incumplidores (vs. Región de Murcia)

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha garantizado este lunes a los barones territoriales del Partido Popular que no habrá quita de deuda autonómica en el nuevo sistema de financiación, compromiso que ha tranquilizado a varios dirigentes del Partido Popular críticos con esta posibilidad, según han informado fuentes del partido.

Los líderes autonómicos del PP estaban citados por Rajoy a una comida de trabajo en la que el ministro de Hacienda abriría el melón de la financiación. 
Tras la reunión, los dos comensales de más rango autonómico, Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera, salieron tranquilos porque Montoro les garantizó que no habrá quita para los incumplidores, versus Región de Murcia.
«Las deudas se pagan», resumió después Maillo en rueda de prensa.

La reunión fue larga, más de tres horas. Y el menú fue variado: Presupuestos, financiación autonómica, pacto demográfico y el agua.

Montoro, dispuesto a perdonar deuda a las CCAA y reducir jornada a los funcionarios

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comparecido el miércoles en el Congreso para explicar cómo avanzan los trabajos de la reforma de financiación autonómica, que llevan un año en marcha con la participación de todos los gobiernos regionales, a excepción del catalán. El ministro ha asegurado que en 2018 las CCAA recibirán por el sistema de financiación 104.000 millones, la misma cantidad prácticamente de 2009, y 20.000 millones más que en 2011, lo que demuestra que los ingresos no son ya un problema, según ha dicho y recoge hoy www.libremercado.com.

Por ello, ha asegurado que es "el momento" de reformar el sistema de financiación autonómica, porque ha mejorado la recaudación y está controlado el déficit público, y ha confiado en que "pronto" Cataluña "esté en condiciones" de participar en las negociaciones porque tenga ya un gobierno, puesto que sin esta comunidad no se abordará el cambio, ha insistido.

El ministro ha asegurado que el sistema debe ser más sencillo que el actual, sin la sucesión de fondos que tiene el régimen de 2009 y que a su juicio crea agravios comparativos entre autonomías. Debe tener un fondo principal que sirva para asegurar la financiación de la educación, la sanidad y los servicios sociales según un coste efectivo y que quede protegido de los ciclos económicos, que no se resienta.

Garantizados esos servicios en todas las autonomías, ha agregado el ministro, el sistema debe permitir la corresponsabilidad fiscal de las autonomías para que cada cual se pague "servicios adicionales". También ha apostado Montoro por aprovechar la reforma del sistema para revisar los tributos medioambientales, que están en manos de las comunidades. "Es muy urgente", ha advertido.

Sin embargo, uno de los puntos clave de la negociación es qué va a pasar con la enorme deuda de las CCAA en manos del Estado, contraída en los últimos años al crear el Gobierno fondos de financiación para las autonomías que no han podido obtener recursos en los mercados. Desde 2012 y hasta 2017, ha asegurado que son más de 251.000 de euros inyectados para asistir financieramente a la regiones.

De esa deuda acumulada con el Estado, "hay que ver qué parte corresponde a insuficiencias del sistema de financiación actual", según ha explicado el ministro. De este modo, Montoro abre la puerta, una vez más, a la posibilidad de aplicar quitas, con lo que las CCAA rescatadas no tendrían que devolver ese dinero al Gobierno y, por tanto, al conjunto de los contribuyentes.

Desde hace meses, PP, PSOE y Ciudadanos coinciden a nivel nacional en la necesidad de "compensar" a las CCAA por su déficit de financiación en la futura reforma del sistema. En concreto, estos tres partidos plantean"mecanismos de compensación" para resarcir a aquellas regiones que hayan sufrido un "déficit de financiación" como consecuencia del actual modelo, y uno de esos mecanismos consistiría en perdonar buena parte de la deuda que acumulan con el Estado.

El Estado no tiene "interés en financiarse" a costa de las autonomías, porque se trata de deuda entre administraciones. "Antes al contrario", ha agregado Montoro. "Hay que disponer de esa deuda para facilitar la financiación de las comunidades".

Por otro lado, Montoro, también ha reconocido que el Gobierno está dispuesto a reducir la jornada en el sector público, aunque distinguiendo entre aquellos sectores que, por su actividad, tengan turnos de horario nocturno. 

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso tras comparecer en la Comisión de Hacienda, ha confirmado que el Gobierno ha realizado esta propuesta dentro de la negociación con los sindicatos del sector.

El ministro ha justificado esta distinción "por entender que hay mayor penosidad en sectores que están a turno". "Ahí es donde debe irse en términos de reducción de jornada", ha aseverado a los periodistas, a los que ha explicado que tratan de compensar la nocturnidad de muchos de los sectores de la Función Pública. A ello, se sumaría la promesa de subir los sueldos públicos en 2018, haya o no Presupuestos.

La deuda de la Región con empresas de tecnología sanitaria se eleva a 54 millones en 2017

MURCIA.- La cifra global de facturas pendientes de cobro de la Región de Murcia con las compañías de tecnología sanitaria a cierre de 2017 se sitúa en 54 millones de euros y presenta una demora en el pago de 195 días, la segunda mayor cifra por comunidades, solo inferior a la de Cantabria (199).

Así se desprende de los últimos datos difundidos por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que señala que la cifra global de facturas pendientes de cobro de las comunidades autónomas con las compañías de tecnología sanitaria a cierre de 2017 se sitúa en 819 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,12% respecto al ejercicio anterior. 

En cambio, estos datos destacan como el periodo medio de pago se ha reducido en 6 días en el último año, pasando de 91 a 85 días en 2017.

La región con más deuda acumulada con este sector es la Comunidad Valenciana, con 160 millones, un 19,6 por ciento del total, seguida de Madrid (86 millones), Cataluña (81), Galicia (70), Andalucía (61), Murcia (54), Castilla-La Mancha (46), Baleares (40), Aragón (34), Castilla y León (33), Extremadura (31), Canarias (29), Cantabria (27), Asturias (26), País Vasco (25), Navarra (7), La Rioja (6) y Ceuta y Melilla (2).

En cambio, la que presenta más demora en el pago es Cantabria, con 199 días de media, seguida de Murcia (195), Comunidad Valenciana (163), Baleares (155), Extremadura (116), Galicia (104), Castilla-La Mancha (97), Cataluña (95), Aragón (94), La Rioja (75), Canarias (73), Madrid (67), Ceuta y Melilla (56), Asturias (52), País Vasco (45), Castilla y León (45), Andalucía (43) y Navarra (43). 

De hecho, las facturas de estas cinco últimas comunidades, y las de Ceuta y Melilla, no se consideran deuda.

Fenin celebra que algunas de las regiones, como Canarias, Asturias, Madrid, Andalucía y La Rioja, han mejorado significativamente sus plazos de pago a la industria, y lo consideran "una gran noticia para el sector".

Además, los datos del Observatorio de Deuda de la patronal muestran que el 89,9% de las facturas pendientes de cobro corresponden al ejercicio 2017 y solo el 10,1% son de 2016 o de años anteriores.

El FLA dejará a las autonomías otros 28.000 millones para pagar deudas

MADRID.- Con la agenda económica del Gobierno paralizada por el conflicto catalán; sin Presupuestos Generales del Estado para 2018; y a falta de una nueva financiación autonómica que establezca un nuevo marco, el Tesoro confirmó el lunes pasado que acudirá a los mercados a captar fondos para el "mantenimiento" de los mecanismos de liquidez de Hacienda "en un nivel similar al de 2017", según publica hoy elEconomista.

Así, y según los datos del gabinete que dirige el ministro Cristóbal Montoro, el FLA y la Facilidad Financiera, compartimento para regiones cumplidoras del déficit, prestarán este año casi 28.000 millones, igual que el pasado año.

De esta manera, Cataluña volverá a convertirse en la autonomía que más dinero reciba de manos del Estado para atender vencimientos, financiar el déficit y pagar a proveedores, con algo más de 7.750 millones. La Comunidad Valenciana, de nuevo, ostentará la segunda posición, con algo más de 5.400 millones. Hay poca novedad, dado que Cataluña ostenta el mayor volumen de deuda del país, con 76.831 millones según el Banco de España; y Valencia manteniene el porcentaje de pasivo sobre PIB más abultado, del 40,9%.

Aún así, cabe decir que un futuro pacto de Presupuestos puede hacer variar las cifras, ahora transitorias por la situación de prórroga. En este sentido, es posible que algunas de las autonomías que aparecen ahora como beneficiarias del FLA terminen no siéndolo por haber cumplido el déficit y la Ley de Morosidad, que obliga a abonar facturas a proveedores en menos de 30 días. Y tampoco es descartable que otras regiones en peor situación terminen demandando a Montoro cantidades superiores. Es el caso catalán, que cuenta con unas necesidades de 9.350 millones frente a los 7.750 que debería recibir según los planes actuales.

Los fondos de Hacienda habilitados en 2012 para facilitar la financiación regional habrán repartido, una vez caduque su séptimo año de vigencia, más de 212.000 millones de euros, cantidad equivalente a casi el 18% del PIB español. Y ello para que las autonomías atiendan vencimientos que en el ejercicio en curso sobrepasarán los 30.000 millones (la cifra exacta no se conoce aún por la falta de Presupuestos en Asturias, Aragón y Cataluña), y un déficit que este año debe cerrar en el 0,4%.

El FLA y la Facilidad Financiera deben convertirse en protagonistas de la reforma de la financiación autonómica que, hoy, Hacienda mantiene en discusión en un órgano de segundo rango del Consejo de Política Fiscal. Mientras numerosos gobiernos regionales como el andaluz, el balear o el valenciano reclaman al Gobierno una mayor agilidad para que se apruebe el futuro marco, el ministro Montoro ha imprimido un ritmo tan lento que hay quien sospecha en privado de "falta de voluntad política" por parte del Ejecutivo para que haya pacto.

"Están mareando la perdiz. El debate arrancó en la Conferencia de Presidentes de enero del año pasado. Luego se encargó un informe a los expertos, ahora se para todo en el Consejo de Política Fiscal. Se va a agotar la legislatura", protestan a este periódico desde un Gobierno autonómico del Mediterráneo. Susana Díaz, presidenta andaluza, acusa a Montoro de poner "excusas" para retrasar el debate, posición que también sostiene Ximo Puig desde Valencia.

La demora tiene que ver con posiciones políticas antagónicas. Una mayor parte de las autonomías demanda más dinero. Y hay otras, sobre todo las infrafinanciadas, que reclaman quitas de la deuda contraída con el FLA. Mientras, Montoro ya ha hecho saber que no pondrá en cima de la mesa más fondos y no admitirá un perdón de la deuda porque "se enviaría una señal negativa a los mercados". 

Desde su gabinete se muestran más cercanos a opciones suaves como el alargamiento de plazos de devolución o la rebaja de intereses. Esas soluciones, por contra, sabrían a muy poco a los gobiernos más endeudados.

Los extranjeros dejan de financiar la deuda del Estado español

MADRID.- La vo­ra­cidad del Estado no tiene lí­mi­tes. Finalizada la crisis eco­nó­mica, el en­deu­da­miento de España sigue au­men­tando a ritmo ver­ti­gi­noso. En los nueve pri­meros meses de 2017 -última fecha en la que se dis­ponen datos ofi­cia­les-, la deuda de España se ha in­cre­men­tado nada menos que en 36.130 mi­llones de eu­ros, hasta si­tuarse por en­cima de los 900.000 mi­llones por pri­mera vez en la his­to­ria. Esta cifra no in­cluye la deuda de las ad­mi­nis­tra­ciones au­to­nó­mica y lo­cal. Tampoco la pri­vada, según se dice hoy en https://www.capitalmadrid.com. 

Para lograr una idea aproximada de lo que representa el crecimiento de la deuda del Estado hasta el mes de septiembre, basta decir que equivale a lo que costaría la construcción de 300 torres como la de Agbar en Barcelona. Hay que decir que la financiación del crecimiento de la deuda ha corrido exclusivamente a cargo del Banco de España. La autoridad monetaria española ha incrementado sus tenencias de deuda en 42.803 millones de euros.

La adquisición de deuda por parte del Banco de España se produce por delegación del Banco Central Europeo, como consecuencia de las compras de valores que realiza para impulsar la economía a base de relajar las condiciones de acceso al dinero.

El Banco de España mantiene deuda en sus carteras por 181.393 millones. Esto supone que el supervisor bancario español corrido con la financiación del 20% de los valores emitidos, una auténtica anomalía, porque desde el Tratado de Maastricht de hace 25 años está prohibido que los estados compren su propia deuda.

Escaso interés

El resto de inversores no han mostrado una tendencia a la financiación de la deuda. Los inversores extranjeros apenas han comprado títulos del Estado por importe de 3.271 millones de euros, muy lejos de su posición tradicional como financiadores de la mitad de la deuda.

Estos inversores mantienen en sus carteras títulos por importe de 386.225 millones de euros, lo que equivale al 42,77% de los valores emitidos por el Estado. El interés de los extranjeros por la deuda española se ha ido desinflando en los últimos meses.

A comienzos del año pasado, los inversores no residentes manejaban casi la misma deuda que ahora, 383.052 millones de euros, casi un 46,5% del total de títulos. Desde entonces, la deuda del Estado ha crecido en más de 78.011 millones de euros y los extranjeros apenas han comprado títulos por 3.173 millones de euros.

Las administraciones públicas han reducido su cartera de letras, bonos y obligaciones en 7.590 millones de euros, hasta situarla en los 15.393 millones de euros, mientras los fondos de inversión la han reducido en 3.482 millones, hasta los 32.077 millones. Los fondos de pensiones han reducido en 2.910 millones, hasta 16.286 millones.

En el lado de las compras, sólo las aseguradoras han incrementado sus portfolios de títulos del Estado en 4.582 millones de euros, hasta los 90.989 millones de euros.

Montoro confía en que las CC AA cumplan para no tener que intervenir

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confiado en que las comunidades autónomas que presentan desviaciones en el límite de gasto, entre ellas la Región, cumplan con la obligación de corregirlas para que no sea necesaria la intervención del Estado.

Montoro ha trasladado este mensaje después de que Hacienda haya enviado cartas a los interventores generales de diez autonomías para requerir datos sobre desajustes detectados en la regla de gasto, así como las medidas correctoras previstas para que cierren 2017 dentro del objetivo del 2,1 por ciento.

Los requerimientos se dirigen a los interventores de Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Murcia y Aragón.

Sobre si Hacienda podría intervenir y tomar medidas en caso de incumplimiento, el ministro ha respondido: "Sí, sí, siempre. Tenemos la obligación de hacerlo por la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria".

"Por eso, insistimos, para todos, para evitar que tengamos que entrar en los renglones coactivos de la ley, deben cumplir", dijo Montoro a los medios en un acto celebrado en el Ministerio de Sanidad sobre la renovación del convenio del Estado con la industria farmacéutica.

El titular de Hacienda y Función Pública emplazó a quienes tengan dudas sobre el grado de cumplimiento del gasto en cada autonomía a que consulten a la Intervención General del Estado, que es la que tiene "el único criterio válido", para evitar que haya equívocos.

"Los funcionarios que llevan adelante esas estimaciones en los territorios deben consultar con la Intervención General del Estado y no promover que los responsables políticos digan que están cumpliendo cuando no están cumpliendo", advirtió.

Montoro insistió en que el cumplimiento de la regla de gasto, de lo que son responsables los interventores, también los de los ayuntamientos, es "absolutamente fundamental y tiene tanta importancia como el objetivo de déficit" asignado a las comunidades autónomas. Según el ministro, "la mayoría de las comunidades van a cumplir el objetivo de déficit", al igual que las corporaciones locales.

Valoró que gracias a la acción de los funcionarios y de los interventores, se está consiguiendo equilibrar las cuentas y "tener la seguridad" de que se cumplirá la meta del 3,1 por ciento de déficit en 2017 impuesta por la UE. 

"Incluso si lo conseguimos bajar un poco más, mejor. Estamos haciendo un esfuerzo entre todos", añadió el titular de Hacienda.

En lo que respecta al gasto público del Estado, Montoro informó de que se va a reducir en torno a un 4 por ciento en relación con 2016, mientras "los ingresos están creciendo a buen ritmo, cercano a la previsto".

"Que nos quedemos al borde de salir del procedimiento de déficit excesivo y de esa manera, tengamos la seguridad de que en 2018 vamos a salir", vaticinó.

El PSRM denuncia que Carrillo y Montoro representan el mismo paripé de siempre con la economía regional

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Ángel Rafael Martínez , ha manifestado a propósito de la carta enviada por el ministro Cristóbal Montoro al Gobierno regional, avisándonos de que se va a incumplir la regla de gasto, que forma parte de la representación teatral que tanto el Gobierno regional como el de España llevan tiempo ejecutando.

Para el diputado socialista, "Montoro está al tanto que no vamos a cumplir ni el objetivo de déficit ni la regla de gasto en 2018, porque sabe perfectamente que los presupuestos que se presentan son una gran mentira, los de los años anteriores lo han sido y lo son también los del próximo año".

Añadió que "Montoro demostraría ser muy poco inteligente si pensara que en menos de un mes nuestra Comunidad puede tomar medidas de ajuste que corrijan esa situación; por tanto, simplemente actúa para su galería, es decir, la Comisión Europea y envía la carta a beneficio de inventario".

Por su parte, indicó que nuestro consejero de Hacienda y Administración Pública lo justifica todo con el argumento de que estamos mal financiados por el sistema de financiación autonómica y, si bien esto es cierto, también lo es que nuestro déficit es mucho mayor que la diferencia entre lo que recibimos del sistema y la media de lo que reciben el conjunto de las comunidades autónomas. 

Es decir, "aunque una parte del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria se deba a la mala financiación, otra parte aún más grande se debe a la mala política fiscal y económica llevada a cabo por nuestro Gobierno regional".

En cualquier caso, desde el PSRM no se apoyaría que se realizara ningún ajuste en el gasto social de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, reclama tanto al ministro Montoro como al consejero Carrillo que simplemente digan la verdad a los ciudadanos.

Las autonomías replican a la carta de Montoro y afirman cumplir la regla de gasto

MADRID.- Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Cantabria han respondido ya a la carta que el Ministerio de Hacienda ha enviado a diez comunidades autónomas en las que habrían detectado una desviación de la regla de gasto. Unas comunidades a las que el Ministerio reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo: el 2,1 %.

En sus cartas, Hacienda alertaba de que en el análisis de los datos de ejecución presupuestaria y del gasto computable a estas comunidades se había apreciado una evolución que "podría poner en un posible riesgo" el cumplimiento de la regla de gasto.

Por ello, les había reclamado que informasen de las causas de esa posible desviación así como de las medidas que piensan poner en marcha para su corrección "antes del cierre del presente ejercicio".

Andalucía

"La Junta de Andalucía cumple de sobra la regla de gasto", ha aseverado este martes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en respuesta a la carta remitida por el ministro Cristóbal Montoro. De hecho, la consejera se ha preguntado que "de dónde saca el ministro que esta comunidad autónoma ha tenido un aumento del gasto del 2,8%, frente al 2,1% establecido como límite".

Tras  confirmar a eldiario.es que ha recibido el requerimiento del Ministerio, la socialista ha comentado que "no es baladí que haya llegado después de que se se hizo al Ayuntamiento de Madrid" y que acabó con la intervención de su hacienda. Por ello, la consejera ha criticado "la falta de transparencia sobre cómo computa la previsión de la cifra de la regla de gasto", dado que no se le ha trasladado "ninguna metodología" para saber de dónde sale que Andalucía se ha situado en ese 2,8%.

Baleares

Desde la consellería de Hacienda y Administraciones Públicas de Baleares, la consellera, Catalina Cladera,  ha asegurado a eldiario.es que tiene "clarísimo" que "no cumple la regla de gasto" estipulada de forma "opaca" por Cristóbal Montoro, pero considera "paradójico" que el Ministerio de Hacienda haya enviado una carta al interventor general de las Islas avisándole de una desviación de la regla de gasto cuando el archipiélago está cerca del superávit. "No entendemos la carta cuando Balears está cerca del superávit", asegura la consellera.

"Cuando estamos cerca del superávit como en nuestro caso, que la regla de gasto opere de esta manera, con cartas del Ministerio de Hacienda, no deja de sorprender", puntualiza Cladera. En este sentido, cuestiona qué quiere el departamento dirigido por Montoro: "¿Qué más podemos hacer en Balears, cuando llevamos nueve meses pagando a los proveedores en menos de 30 días, cuando estamos estabilizando la deuda pública y cuando el año que viene la bajaremos en términos absolutos?".

Comunidad Valenciana

La conselleria de Hacienda y Modelo Económico valenciana ha respondido al ministerio informando de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado. 

Por ello, la conselleria entiende que ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno, dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio. Acto seguido, añade: "La única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017".

La Conselleria insiste en "la imposibilidad material" de "adoptar en el momento actual medidas efectivas" al respecto, al tiempo que subraya que "la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica".

Extremadura

La Junta de Extremadura ha respondido al Ministerio de Hacienda que la región cumple con la regla de gasto y no a realizar ningún recorte. “En nuestro caso, no cumplimos con el déficit pero sí con la deuda y con la regla de gasto. Aunque, como ya hemos avanzado, Extremadura estará en 2018 en condiciones de cumplir con este indicador”.

En cuanto a la regla de gasto, señala que la tasa de referencia para 2017 es del 2´1%, "mientras que la región registra una tasa de variación del -1´3%".

Murcia

El consejero murciano de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, ha señalado este martes que la Región de Murcia, "antes de este mal sistema de financiación, era la menos endeudada".

Carrillo ha explicado, por otro lado, que el incremento del gasto en la Región de Murcia "responde a la necesidad de prestar los servicios públicos fundamentales de Educación, Sanidad y Políticas Sociales de los que somos competentes".

"Se ha debido básicamente a la puesta en ejecución de leyes de carácter básico", según Carrillo, quien recordó que la Comunidad Autónoma "ha impulsado actuaciones como la mejora de la gestión y las cantidades de la Renta Básica de Inserción, la Ley de Dependencia, la implantación de la LOMCE o el incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos".

Cantabria

El Ejecutivo cántabro ha facilitado a los medios la respuesta dada por el Servicio de Intervención, que no aclara si la autonomía se ajustará o no a la regla de gasto.

En el escrito, firmado el 13 de diciembre y de apenas dos hojas,  el interventor general apunta que hay "una carencia de datos imprescindibles" para el cálculo de la regla de gasto y afirma que "cabe la posibilidad" de que Cantabria se sitúe "en torno a la tasa de referencia (2,1%)".

Entre los anotaciones positivas, este funcionario destaca que el presupuesto entró en vigor con dos meses de retraso (a finales de febrero), "lo que se supone conllevará la no ejecución de parte del gasto dispuesto", y asimismo resalta el "efecto positivo" del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 8 de junio para "la no disponibilidad de los créditos presupuestarios que resulten liberados"

La 'AIReF' pronostica un nivel de riesgo para la sostenibilidad financiera «muy alto» en la Región

MADRID/MURCIA.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pronostica un nivel de riesgo para la sostenibilidad financiera "muy alto" en la Región de Murcia, según el último Observatorio de Deuda del organismo público.

Las comunidades autónomas presentan una imagen dispar, destacando Cataluña, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con un nivel de riesgo para la sostenibilidad muy alto. Dos escalones por debajo se sitúan Extremadura y Andalucía y, en tercer lugar, Aragón e Islas Baleares presentan un nivel medio de riesgo.

Cantabria y Castilla y León se encuentran en el nivel de riesgo ligeramente bajo, al igual que Asturias y Galicia. 

Por último, Navarra y La Rioja presentan riesgos bajos para la sostenibilidad, junto con Canarias, Madrid y País Vasco.
El consejero murciano de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, señaló  que "antes de este mal sistema de financiación, era la menos endeudada".
Carrillo afirmó, de otro lado, que el incremento del gasto en la Región de Murcia "responde a la necesidad de prestar los servicios públicos fundamentales de Educación, Sanidad y Políticas Sociales de los que somos competentes".
"Se ha debido básicamente a la puesta en ejecución de leyes de carácter básico", según Carrillo, quien recordó que la Comunidad Autónoma "ha impulsado actuaciones como la mejora de la gestión y las cantidades de la Renta Básica de Inserción, la Ley de Dependencia, la implantación de la LOMCE o el incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos".
Por otro lado, remarcó que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "es la peor financiada de España junto con Valencia", y recordó que "antes de este mal sistema de financiación, era la menos endeudada".
Por tanto, sostuvo que la deuda "se debe únicamente a que se debían mantener los servicios públicos fundamentales a los que estamos obligados". Por ese motivo, añadió que "el 80 por ciento de nuestra deuda está formalizada en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)".

Deuda sobre el PIB

La AIReF pronostica una "disminución gradual" de la ratio de deuda sobre PIB, de forma que se retrasará la consecución del valor de referencia del 60% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas "por lo menos" hasta 2035, condicionada a la corrección del déficit estructural.

Así lo refleja el último Observatorio de deuda de la AIReF, después de que la ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situase en el 98,7% (1.136.170 millones de euros) al finalizar el tercer trimestre del año, disminuyendo 1,1 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año, según los datos publicados por el Banco de España y la actualización de los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral por parte del INE.

El organismo presidido por José Luis Escrivá estima que, en el medio plazo, la evolución de la senda de la deuda de las administraciones públicas prevista en el Plan Presupuestario 2018 puede considerarse "probable".

En el escenario neutral de deuda, AIReF proyecta una senda levemente decreciente, donde se retrasaría la consecución del valor de referencia del 60% del PIB para el conjunto de las administraciones hasta 2035.

No obstante, un empeoramiento de las condiciones macro-financieras pueden significar un riesgo para la sostenibilidad de la deuda, aunque el principal factor determinante de la dinámica decreciente en el medio plazo sigue siendo la corrección del déficit estructural y la generación de superávits primarios.

Pese a mostrar un perfil de deuda descendente, el análisis de sostenibilidad refleja el incumplimiento de la Disposición Transitoria primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), que establece un periodo transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del 60% del PIB exigiendo una reducción de al menos dos puntos porcentuales de la ratio de deuda sobre el PIB, si el crecimiento real de la economía o el empleo crecen por encima del 2%.

Las previsiones oficiales prevén un incumplimiento de estas dos condiciones, así como las proyecciones de la AIReF, que advierte de que los riesgos para la sostenibilidad financiera en el medio plazo para el subsector CCAA son "altos", dado el elevado nivel de partida, cercano al 25% del PIB, que retrasa el cumplimiento del nivel de referencia del 13% del PIB al año 2037 en el escenario neutral.

Sin embargo, señala que a lo largo de 2017 estos riesgos han disminuido ligeramente, por la contribución de tres factores principales: la mejoría del entorno económico, la evolución contenida de los costes de financiación (apoyados en las condiciones favorables de los mecanismos de financiación) y la corrección progresiva prevista del déficit del subsector con un cumplimiento factible del objetivo de estabilidad para 2018.

Días de trabajo necesarios para pagar la deuda

En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, se prevé que, en 2017, en promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 89 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda.

Las comunidades en donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (151), Castilla-La Mancha (133) y Cataluña (127), mientras que donde emplean menos jornadas sería en el País Vasco (47), en Madrid (52) y en Canarias (56).

En cuanto al componente común, se observa una caída generalizada en todas las comunidades autónomas. Extremadura (397), Andalucía (366) y Castilla-La Mancha (349) son las comunidades cuyos habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor. Donde menos días de trabajo se dedican a este fin es en la Comunidad de Madrid (197), el País Vasco (203) y Navarra (216).

La deuda baja en el tercer trimestre

En el tercer trimestre, la deuda bajo 1,1 puntos porcentuales, hasta el 98,7% del PIB. El conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,3% del PIB (821.200 millones de euros), 0,6 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior.

Para el conjunto de las CCAA la ratio de deuda cayó 0,4 puntos porcentuales, sufriendo así el mayor descenso trimestral registrado en los últimos 20 años, para situarse en el 24,7% del PIB español (284.410 millones de euros), mientras que para el subsector de corporaciones locales disminuyó ligeramente la ratio hasta el 2,7% del PIB (30.560 millones de euros).

La AIReF explica que el peso los mecanismos extraordinarios de financiación a las CCAA ha ido incrementándose tanto en términos absolutos (hasta alcanzar los 159.526 millones en préstamos vivos en el tercer trimestre de 2017) como en términos relativos, ya que representan el 56,1% del total de la deuda del subsector autonómico.

En términos absolutos, el recurso a los mecanismos también ha sido desigual por parte de las distintas CCAA ya que el 70% del total de la deuda del fondo de las CCAA pertenece a tres regiones: Cataluña (33% del total), la Comunidad Valenciana (22%) y Andalucía (15%).

Entre tanto, tras haber disminuido por debajo del 3% del PIB a finales de 2016, la ratio de deuda del subsector de corporaciones locales parece haberse estabilizado. En términos netos, una vez descontados activos financieros líquidos, la deuda se redujo hasta el 0,6% del PIB.

Así, desde finales de 2012 se observa un crecimiento significativo de los depósitos de las corporaciones locales, superando en el tercer trimestre los 23.000 millones de euros y duplicando con ello su peso en el PIB.

'Ganar Totana' afirma que "el informe de 'Airef' solo viene a ratificar lo que hemos venido diciendo los últimos años"

TOTANA.- En la reciente publicación de un informe económico de Airef, se ratifica lo que desde Ganar Totana IU siempre hemos afirmado y explicado a los vecinos y vecinas de Totana con total claridad y transparencia, dice esta formación en un comunicado.

"La grave situación económica a la que nos enfrentamos, y que tiene como único responsable al Partido Popular, que mal gobernó durante 12 años, de los cuales los ocho primeros estuvieron marcados por la corrupción, y los cuatro restantes por una incapacidad de gestión manifiesta, es la que se ha reflejado en ese informe que tal y como siempre hemos mantenido, nos sitúa como uno de los ayuntamientos con mayor deuda del país."

No obstante, es un hecho que a pesar de que la recuperación económica es un camino de largo recorrido, tomando como referencia datos de los últimos tiempos, se han tomado medidas que han mejorado considerablemente la situación financiera y la posibilidad de hacer frente a las responsabilidades contraídas por el consistorio.

"Esto solo ha sido posible dentro del marco del Plan de Ajuste que por primera vez ha obtenido el visto bueno en Madrid lo que ha permitido que hayamos hemos hecho frente a sentencias millonarias, en su gran mayoría por los Convenios Urbanísticos del PP, se han refinanciado los préstamos que se encontraban en situación de impagos y morosidad desde hacía años, se ha renegociado la deuda con el Ministerio de Hacienda, consiguiendo años de carencia y reducciones del interés en los préstamos y quitas de la deuda millonarias negociadas directamente con los acreedores por parte del entonces alcalde, Juan José Cánovas. Además de todo eso, se han pagado grandes cantidades de la deuda existente tanto con proveedores, la propia Seguridad Social del Estado y con Mancomunidad y Canales del Taibilla."

Todo ello, ha sido conseguido con mucho esfuerzo y constancia, a pesar de los retrasos provocados por la dificultad a la hora de aprobar el Plan de Ajuste, ya que fue votado en contra por PP y PSOE hasta en dos ocasiones.

"Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero no cejaremos en nuestro empeño de salir adelante, con seriedad, transparencia e implicación de todos y todas. Seguiremos exigiendo las ayudas que necesitamos para salir adelante, demostrando que estamos dispuestos a cumplir con los compromisos adquiridos con seriedad y el optimismo de ver como esos esfuerzos están dando frutos, quizá no todo lo rápido que nos gustaría, pero hemos de insistir en porque es posible y alcanzaremos el objetivo de una deuda sostenible."