BARCELONA.- El ministro de Hacienda y Función pública, Cristóbal Montoro, tiene en la recámara la propuesta de aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado, llegando incluso a plantearse que una parte sustancial se convierta en perpetua,
es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos, según fuentes
informadas sobre las discusiones, según avanza hoy La Vanguardia.
Hasta el momento, el ministro sólo ha
hecho públicamente referencias genéricas a la “reestructuración” de esas
deudas, a la espera de que se forme un Govern en Catalunya que participe en las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica.
Como se escucha en los pasillos del ministerio de la calle de Alcalá,
“sin la participación de Catalunya no tiene ningún sentido hablar del
nuevo modelo”.
Uno de los elementos clave, previo a la negociación del
nuevo modelo de financiación autonómica reside en dar una salida a las
cuantiosas deudas que las comunidades tienen pendientes de pago al
Estado, que ha asumido la cobertura de sus obligaciones financieras y
corrientes a través de los mecanismos especiales de financiación, el
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Facilidad Financiera
(FFF) y que suman desde su inicio, en el 2012, hasta el año 2017 más de
251.000 millones de euros, según las cifras apuntadas por el propio
ministro en su última comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función
Pública de finales del pasado mes de enero.
A estas cantidades, según
se detalló en la misma comparecencia, deben añadirse otros 12.500
millones correspondientes al primer trimestre de este año.
La conversión en deuda perpetua sería uno de los mecanismos
de normalización de la situación financiera de las comunidades
autónomas. Es un mecanismo que permitiría a Montoro avanzar en su plan
para rebajar el pesado fardo que arrastran las comunidades sin proponer
de forma abierta quitas, en línea con lo que explicó el pasado lunes en
la reunión del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los barones
territoriales del Partido Popular.
En el Congreso, Montoro señaló:
“tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades
autónomas y, particularmente, qué hacemos con la deuda que tienen
contraída con el Estado”.
Y también adelantó argumentos para hacer frente a las
críticas de los presidentes autonómicos de su propio partido al
justificar las posibles medidas en las propias “insuficiencias del
sistema de financiación actual”. Una visión que, con distintos e incluso
grandes matices, comparten desde las comunidades más endeudadas con el
Estado, como Catalunya, que lidera el ranking con pasivos de unos 53.000
millones de euros.
También figuran en la lista Valencia y Baleares. Esa
formulación permitiría, asimismo, cuantificar esas deficiencias del
sistema de financiación y compensarlas con reducciones de deuda
adicionales.
Montoro reconoció asimismo el sinsentido que supone que el
Estado acabe financiándose con los ingresos procedentes de la deuda de
las comunidades (intereses y devolución de capital): “realmente no hay
ningún interés por parte del Estado de financiarse sobre esa deuda, que
es una deuda entre administraciones, más bien al contrario; lo que hay
que hacer es disponer de esta relación de deuda entre Estado y
comunidades autónomas para facilitar la financiación de nuestras
comunidades autónomas”.
La desaparición de vencimientos inmediatos de la deuda de
las comunidades autónomas con el Estado tendría, si se mantuviese todo
igual, un efecto inmediato sobre los presupuestos de estas últimas, pues
sin ese destino, sería posible destinar más recursos a otras
actuaciones. En el caso de Catalunya, los repagos al Estado este año
2018 suman 5.454 millones. Montoro afirmó en el Congreso que su objetivo
es “la vuelta a los mercados de las comunidades autónomas”, descartando
la posibilidad planteada en algunos momentos de que tuviera que pasar
de manera centralizada a través del Tesoro.
Técnicamente, no implicaría una quita formal de la deuda,
aunque es verdad que en la práctica, el Estado no la cobraría. Montoro
planteó una quita o condonación formal a finales del 2014, con un
programa de cancelación de un diez por ciento anual, con lo que
desaparecería en una década. La propuesta contó con el rechazo del
ministro de Economía, Luis de Guindos, que consideraba que sería
rechazada por la Comisión Europea. Mariano Rajoy decidió no seguir
adelante, aduciendo que “sería muy mal vista”.
En su comparecencia, Montoro avanzó otras propuestas
sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que no se sabe si,
como temen responsables de varias comunidades, contrarrestarán o no
parte de esas medidas de alivio de la deuda, como la de crear “un
sistema que deje en manos del Estado las políticas de convergencia
reales para centrarse —insisto— en lo que debe ser la prioridad de las
comunidades autónomas”.
Es decir, la financiación de las comunidades se
centraría en determinar “el coste efectivo de los servicios públicos
fundamentales y que tenga como objetivo la seguridad financiera para que
en ningún momento del ciclo económico la prestación de esos servicios
públicos se resienta”.
Y para ello propone una simplificación del
modelo, dejando vigente un único fondo. También contempla una
armonización mínima de todas las comunidades en determinados impuestos
que pueden generar una indeseada competencia fiscal entre comunidades,
la mayoría apunta a Madrid. Montoro incluye aquí impuestos como el de
patrimonio. Aunque de distinta naturaleza, también los medioambientales.
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