El nuevo delegado del Gobierno de coalición, investigado por presunta malversación y prevaricación

MADRID.- El alcalde de Calasparra, el socialista José Vélez, es el nuevo delegado del Gobierno de coalición en la Región de Murcia, según anunció Francisco Jiménez, quien ocupaba actualmente el cargo. El nuevo nombramiento de Pedro Sánchez resulta llamativo porque Vélez está siendo investigado por un posible delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa, según cuenta Abc para toda España. 

Fue Jiménez el encargado de anunciar ayer que sería relevado por Vélez como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, un traspaso que se produciría «en breve», tras solo diez meses «de mucha dedicación» en el puesto. «Me une una gran relación con él y estoy seguro que lo hará de maravilla», afirmó.
Sin embargo, este nombramiento está bajo el punto de mira por los asuntos judiciales pendientes de resolución que debe afrontar Vélez.
En julio de 2015, él, como alcalde, y otros dos concejales de Calasparra adquirieron la condición de liberados, una decisión tumbada en varias ocasiones por los tribunales.
Sin embargo, tras pronunciarse el TSJ murciano en julio de 2017 a favor del Ayuntamiento, Vélez decidió abonar los complementos salariales de forma retroactiva, unos 30.000 euros en total, a pesar de que ningún concejal había estado liberado.

PP, Cs y Calasparra Viva se querellaron y la juez vio en esta actuación, según un auto de septiembre de 2018, la posible comisión de dos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos que aún siguen investigándose. El mes pasado, la Fiscalía solicitó la declaración de causa compleja para prolongar las pesquisas otros 18 meses.

Según okDiario, José Vélez, está imputado por cobrar una retribución ilegal como regidor de dicho municipio. El Consejo de Ministros aprobó hoy el nombramiento de este alto cargo, dependiente del departamento de Política Territorial y Función Pública, pese a encontrarse en situación de investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Caravaca de la Cruz. En concreto, en dicho juzgado hay unas diligencias abiertas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, derivados del supuesto cobro ilegal de salarios en el Ayuntamiento calasparreño contra Vélez y otros dos socialistas murcianos, Jordi Arce Corbalá y Antonio José Moreno Gil.
El caso se remonta a una querella interpuesta por tres ediles de la oposición, Jesús Alajarín (Ciudadanos), María Marín (PP) y Alonso Torrente (Calasparra Viva) contra dichos dirigentes socialistas, quienes habrían percibido ilegalmente entre los tres más de 30.000 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento de Calasparra.
Estas retribuciones, que responden a distintos conceptos, comprendieron el periodo que va de septiembre de 2016 hasta agosto de 2017, en el que supuestamente habían renunciado a su condición de liberados con dedicación exclusiva en el Consistorio (Vélez regresó a su puesto de trabajador del Servicio Murciano de Salud) y se habían dado de baja por ese concepto en la Seguridad Social.
De esta manera, según la querella, el alcalde José Vélez habría cobrado 4.572 euros; Jordi Arce, 15.071 euros y Moreno Gil, 10.582 euros.

Una murciana, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

El Consejo de Ministros de este martes ha formalizado igualmente el nombramiento de la murciana Gloria Isabel Calero Albal como nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Calero nació en 1954, y realizó los estudios de Enfermería en la Universidad de Murcia. Ha desarrollado diferentes puestos de gestión como enfermera durante el ejercicio de su profesión, la cual inició en 1974 y hasta la actualidad. Desde el 2016, ocupaba el cargo de directora de Enfermería del Departamento de Salud de Sagunto.

Inició su carrera política como concejala de Igualdad y de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sagunto en la legislatura de 1995-1999. Posteriormente, durante la legislatura del 2003-2007 fue alcaldesa de la ciudad. 

Asimismo, durante dicho periodo formó parte como vocal de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Entre los años 2000 y 2004 fue miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.