LORCA.- El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento
de Lorca por el Partido Popular, Juan Francisco Martínez, ha afirmado
que "Lorca ha perdido una oportunidad histórica para haber bajado los
impuestos a los lorquinos. La realidad es que tenían 2,2 millones de
margen, una cantidad más que suficiente para bajar el IBI un 10%, y
prefieren quedarse con el dinero de los impuestos. Y además en 2020
volveremos a pagar el 100% del IBI, gracias a que el actual gobierno
local se ha arrodillado ante sus jefes de partido y hemos perdido la
bonificación. Este es el mejor ejemplo de la desidia y la resignación
que han traído al Ayuntamiento".
Martínez Carrasco
ha indicado que por culpa de los impuestos de PSOE, IU y Ciudadanos
salimos todos perdiendo. No hay un solo sector productivo ni un
colectivo que no salga perjudicado. Así, las familias de pedanías que
están pagando IBI urbano por terrenos rurales, se quedan sin la
bonificación solicitada, mientras que recortan la bonificación del IBI
para nuevas iniciativas empresariales, que tenía que alcanzar el 50% y
se queda solo en el 30.
El concejal del PP ha
explicado que uno de los efectos más nocivos de los impuestos que PSOE,
C´s e IU es que discriminan la fiscalidad de los lorquinos, es decir,
depende de la pedanía en la que vivas pagarás más o menos. Eso es un
autentico disparate.
Jamás se había visto nada igual. De esta forma los
lorquinos de Campillo, Cazalla, Hinojar, La Hoya, Marchena, Parrilla,
Río, Pulgara, Purias, Tercia, Tiata y Torrecilla, son desde hoy menos
lorquinos que los de otros sitios, y se les castiga por vivir
precisamente en esas pedanías. Es un despropósito que jamás se había
visto. Depende de donde vivas eres más o menos lorquino. Es un
desequilibrio vergonzoso.
Por si fuera poco, los
impuestos municipales de PSOE, Ciudadanos e IU para 2020 golpean de
lleno a los sectores productivos. No hay ni un solo incentivo para el
sector industrial, ni para el turismo, ni para el comercio ni la
hostelería.
Además, en el caso de los ganaderos, que están sufriendo una
campaña de desprestigio, descalificaciones y ataques sin precedentes.
En vez de prestar apoyo a quienes generan riqueza y puestos de trabajo,
se les castiga subiendo un 30% el ICIO, penalizando cualquier reforma,
ampliación o nueva construcción.
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