miércoles, 23 de octubre de 2019

Los cinco grupos parlamentarios suscriben una declaración institucional sobre la erradicación de la pobreza en Murcia


CARTAGENA.- Las cinco fuerzas políticas con representación parlamentaria: PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos, han suscrito hoy una declaración institucional, con motivo del Día Internacional para la erradicación de la Pobreza,  en la que recuerdan la necesidad urgente de seguir avanzando contra la pobreza extrema y alertan sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza y sobre la creciente evolución de prejuicios, estereotipos, intolerancia y desprecio hacia las personas en riesgo de pobreza o exclusión.

La declaración institucional ha sido leída por el secretario segundo de la Mesa de la Cámara, Emilio Ivars Ferrer, al inicio de la sesión plenaria.
En el texto consensuado por los cinco grupos parlamentarios de la Asamblea se pone de manifiesto que el 32% de la población residente en la Región de Murcia se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según la investigación "Condiciones de Vida y Bienestar Social de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia".
Especial atención se presta a la transmisión intergeneracional de la pobreza, y a la necesidad urgente y vital de evitarla. "Nuestra Comunidad cuenta con una tasa de población infantil en riesgo de pobreza del 34%. Por ello, hay que seguir luchando para evitar que la infancia que hoy vive en familias en la pobreza esté condenada a sufrirla el resto de su vida".
En el texto se resumen las demandas de las personas en riesgo de pobreza en tres principios: la lucha contra las causas de la pobreza y la desigualdad, muy lejos del asistencialismo y asegurando la igualdad de derechos y una inclusión social activa basada en la aplicación de la ley, el compromiso en presupuestos, y la planificación a medio y largo plazo.
En la declaración aprobada se puede leer que "las personas no son culpables de su pobreza",  junto al compromiso de que "los poderes públicos tenemos la responsabilidad de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, poniendo en marcha las medidas necesarias para reducir las desigualdades sociales, combatir la discriminación y favorecer el respeto, la tolerancia y la participación activa de todas las personas".

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