VALENCIA.- La jueza del caso Erial, la investigación que analiza el cobro de
comisiones por adjudicaciones por parte del expresidente de la
Generalitat , ha dado un nuevo impulso
a las pesquisas. Tras la recuperación de cerca de 11 millones de euros
entre dinero en efectivo en el extranjero, en cuentas nacionales y
diferentes propiedades –una cifra récord de recuperación de activos en
cualquier caso de corrupción– la instructora ha citado a buena parte de
los investigado por participar, de una u otra forma, en la trama para
desviar fondos, relata Las Provincias.
Destacan los nombres del expresidente de la Generalitat .
En su breve etapa en el Palau se emitió la resolución de Industria por
la que se resolvió la convocatoria en la que se seleccionó a Proyectos
Eólicos Valencianos para desarrollar tres zonas.
A través de su
consultora recibió un pago de casi 600.000 euros de una sociedad
perteneciente al grupo Sedesa, empresa de la,
que podría corresponder al pago de un presunto soborno por el trato de
favor recibido por la adjudicación, siempre según los investigadores.
Otro de los hombres clave en la supuesta red es el de .
Los investigadores han podido acreditar que el ex dirigente popular
llevó 640.000 euros a Luxemburgo para la creación de dos sociedades que
sirvieron para el depósito de supuestas mordidas por la privatización de
las ITV valencianas.
Los
inicios de la trama coincidieron en la etapa de Cotino al frente de la
Dirección General de la Policía. Incluso algún correo comprometido sobre
actividades sospechosas se le envió a su dirección oficial del
Ministerio.
Sus dos sobrinos, Vicente y José Cotino,
también figuran entre los investigados en esta causa, aunque en su día
ya se acogieron a su derecho a no declarar. Sólo Grau, el considerado
ideólogo del entramado financiero de Zaplana, declaró ante la jueza. Sus
explicaciones no convencieron a la magistrada, que le envió a prisión
provisional igual que hizo horas después con Zaplana.
Todas
las citaciones se realizarán a finales del mes de octubre. En concreto,
los días 23, 24, 25 y 28 de octubre. También se ha citado a la familia
más cercana a Zaplana, que también figuran como investigados.
Se trata
de su mujer, Rosa Barceló, y su hija María Zaplana.
La jueza mantiene sospechas sobre los pagos de un piso ubicado en la
céntrica calle de Pascual y Genís. La contratación, al parecer, la
efectuó María Zaplana.
En su día, fuentes del entorno del exministro
informaron de que el alquiler de ese piso fue gestionado por la hija
para que lo ocupase su padre en las constantes visitas que debía hacer a
Valencia para tratarse de la leucemia por la que fue trasplantado en
2015.
Al parecer, el propietario de esta vivienda, se encuentra huido de
la justicia y está siendo objeto de una investigación por parte de la
Guardia Civil. La UCO también elaboró un completo
informe acerca de cómo las hijas recibieron importantes donaciones del
matrimonio que les permitió la compra de bienes de lujo -coches y pisos-
que por su capacidad económica les impedía afrontar.
Entre estas
compras estaría la de un Porsche y un Ranger Rover, según se desprende
del sumario.
Entre los citados, también figura Elvira Suances, exdiputada autonómica del PP.
La confesión del testaferro de Zaplana, el abogado uruguayo Fernando Belhot,
ha sido una de las claves del asunto. Anticorrupción logró que
admitiera que manejaba cerca de siete millones de euros que, en
realidad, pertenecían al exministro. Zaplana siempre negó tener fondos
en el extranjero. La Audiencia ha validado la investigación del juzgado.
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