LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes y número dos por esta
formación a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, Gloria
Martín, ha anunciado la presentación de dos recursos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
contra actos de la Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento e Infraestructura
de la Región de Murcia, relacionados con el procedimiento de exigencia
de devolución de las ayudas concedidas a damnificados por los terremotos
de 2011 para la reparación de sus viviendas.
El abogado de la plataforma de afectados, Joaquín Dólera, también ha
impugnado las providencias de apremio dictadas por la Consejería de
Hacienda, ya que se emitieron sin haber dado contestación a los recursos
de reposición presentados por los afectados, tal y como exige la Ley.
La representación legal de los afectados correrá a cargo del
Ayuntamiento de Lorca según el compromiso manifestado por el alcalde de
Lorca, Fulgencio Gil. Al respecto, Martín lamentó que Fomento se haya
cebado con familias a las que han dejado en una situación económica
"calamitosa", por lo que ni siquiera pueden hacer frente a la defensa de
sus derechos a través de la Justicia.
Por eso, estos dos casos servirán
como "avanzadilla" con la esperanza de que las sentencias sean
favorables a los afectados y, con ellas en la mano, Fomento "entre en
razón", dijo la edil de IU-Verdes.
Martín también ha puesto de manifiesto una grave incongruencia que
tiene que ver con la aplicación de los cómputos para la prescripción del
derecho de las Administraciones a reclamar la devolución de las ayudas a
los afectados. En ese sentido, ha mostrado dos resoluciones distintas
aplicadas a casos similares.
En la primera, firmada por el Director
General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José
Antonio Fernández Lladó, se procede a la declaración de la prescripción
mediante la aplicación de los criterios defendidos tanto por la
plataforma, como por la Abogacía del Estado, como por los servicios
jurídicos del Ayuntamiento de Lorca y de la propia comunidad autónoma.
Sin embargo, respecto al segundo de los expedientes, por orden firmada
por la Secretaria de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, se
desestima la petición de prescripción porque se aplica un criterio
diferente. En ambos casos, Fernández Lladó y Muñoz actúan por delegación
del consejero de Fomento, Patricio Valverde.
"¿Cómo es posible que a un
afectado se le aplique lo que dicen las normas y la jurisprudencia y a
otro se le computen 12 meses completos antes de aplicar la prescripción
sin que se tenga en cuenta el momento exacto en que realizó las obras?",
se preguntó Martín.
Al respecto, Martín ha señalado que Yolanda Muñoz ha mentido a los
afectados ya que se comprometió públicamente a respetar lo que
dispusieran los servicios jurídicos consultados respecto a este asunto.
Por ello, Gloria Martín ha pedido su "cese fulminante" ya que Muñoz se
niega a aplicar la doctrina de los tribunales y lo contemplado en el
artículo 10.3 del Decreto 68/2011 que establece que la justificación del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda, se
realizaría en el plazo de los seis meses siguientes a la finalización de
las obras, momento a partir del cual, empezarían a correr los cuatro
años para la prescripción que determina la Ley de Subvenciones.
Gloria Martín lamentó que Muñoz esté comprometiendo el buen nombre
del propio consejero de Fomento, Patricio Valverde, que también empeñó
su palabra, y del que dijo que siempre le ha parecido una persona
"sincera" y "sensible" a la problemática de los afectados. Sin embargo,
"o Valverde nos engañó, o esta señora está haciendo de su capa un sayo y
se muestra como alguien díscolo y rebelde al cumplimiento de la ley,
por lo que debe ser apartada de sus funciones de inmediato", concluyó
Martín.
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