MURCIA/MADRID.- El Gobierno regional murciano cerró 2018 con un déficit de 421 millones de euros,
casi la décima parte del presupuesto anual autonómico y un 1,34% del
producto interior bruto regional, el mayor porcentaje de España por
comunidades, aunque mejora levemente respecto a los 454 millones de 2017
(1,49% del PIB).
Es el cuarto mayor por comunidades en términos absolutos
pese a ser una única provincia y solo lo superan los de la Comunidad
Valenciana, Cataluña y Andalucía, por este orden decreciente, al tiempo
que el porcentaje sobre el PIB triplica el límite autorizado por el
Gobierno central para cumplir con las exigencias europeas.
La Comunidad Valenciana y Murcia fueron las únicas autonomías que cerraron 2018 con déficit,
ya que las otras catorce sí han cumplido, cinco de ellas con superávit
-Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y el País Vasco-, mientras que
Extremadura terminó el ejercicio en equilibrio presupuestario.
Según
datos del Ministerio de Hacienda, el conjunto de las comunidades
tuvieron una necesidad de financiación de 2.810 millones de euros al
finalizar el año, lo que supone un 0,23 por ciento del PIB cuando el
déficit autorizado llegaba al 0,4 por ciento. Las comunidades redujeron
en más de un 33% su déficit, hasta ese 0,23%, lo que supone una
disminución de 0,13 puntos porcentuales respecto al año anterior.
La Comunidad Valenciana necesitó una financiación de 1.456 millones de euros, el 1,29 por ciento del PIB, y Murcia 421 millones, lo que supone el 1,34 por ciento del PIB.
Canarias
registró un superávit de 947 millones, el 2,05% del PIB, seguido del
País Vasco, con 507 y un 0,68 %, Navarra (112 y 0,55), Galicia (104 y
0,17 y de Asturias (13 y 0,05).
Para Hacienda, la evolución del
déficit se debe a un crecimiento de los ingresos no financieros del 5,2%
frente a un aumento de los gastos del 4,3%. Este resultado está
influido por el incremento de los recursos de las comunidades,
ya que la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de
los Actos Jurídicos Documentados aumentó en 842 millones. Además del
incremento de las transferencias netas derivadas del Sistema de
Financiación aumentó en 3.824 millones, según el Ministerio.
La Administración Local volvió a registrar superávit por séptimo año consecutivo, con un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018.
En
términos de PIB, el superávit supone el 0,52%, frente al 0,61% del año
anterior, que Hacienda atribuye al crecimiento de los empleos no
financieros del 2,2%, motivado especialmente por el incremento de las
inversiones financieramente sostenibles, frente a los ingresos que
crecen un 0,9 %.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto-Ley que permite a los ayuntamientos y a las comunidades destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019.
La Ley de Estabilidad recoge que el saldo positivo de las
administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda, aunque
contempla una excepción: las denominadas inversiones financieramente
sostenibles.
Para permitir a los municipios y a las autonomías
beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprobó este Real Decreto-Ley
que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.
La norma también contempla que estas administraciones puedan disponer
de más tiempo para desarrollar estas inversiones y les permite que la
ejecución aprobada en 2019 pueda terminar de ejecutarse en 2020.
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