CARTAGENA.- Con motivo de la información que publica el diario La Verdad en la
que informa que el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso
de casación interpuesto por el Ayuntamiento con motivo de la condena a
la institución municipal por anular de manera irregular la licencia de
construcción de 24 apartamentos turísticos en La Azohía y modificar la
clasificación de la parcela, que pasó de residencial a equipamiento
público, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha
señalado que "la promotora intentó llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento para que sólo tuviera que pagar 1,5 millones de euros y no
los 4,5 que tendrá abonar ahora, porque debemos sumar los intereses
legales desde la fecha en que se inició el expediente administrativo y
las costas".
"No sé qué pasará a partir de mayo, pero si de nosotros depende, el
PP no volverá acercarse a la Concejalía de Urbanismo, ni para pasearse",
informa el portavoz de C's.
"Tratar de agotar todas las vías para evitar el agujero al erario ha
triplicado la cantidad a pagar; los cartageneros perderemos otros 4,5
millones de euros en servicios gracias a otra chapuza del PP y también
gracias a la mala gestión posterior de MC y PSOE que no quisieron llegar
a un acuerdo con los empresarios damnificados; algo que habría aliviado
mucho el daño de esa sangría millonaria para los cartageneros", ha
denunciado el portavoz del partido liberal que recuerda que "en cuanto
conocimos la sentencia solicitamos una sesión de la Comisión de
Urbanismo para analizar sus consecuencias y evitar más quebrantos
económicos, pero nadie quiso escucharnos".
A las condenas conocidas por valor de 5,2 millones de euros por el
incumplimiento del PP del convenio urbanístico en el Plan Parcial El
Vivero, en La Manga, los 7 millones de euros a la empresa Promociones
del Mediterráneo, por no ejecutar un convenio aprobado por la Junta de
Gobierno Local en 2005 para el desarrollo urbanístico de Playa Paraíso,
los 4,5 millones de euros por la enajenación del suelo en La Azohía y
los 1,5 millones por las expropiaciones irregulares en Casco Histórico,
además es inminente la resolución de una demanda interpuesta por una
empresa en la que reclaman 2,3 millones de euros más intereses por el
incumplimiento de una permuta de 2008 relacionada con la prolongación de
Ángel Bruna.
"20,5 millones de euros, el urbanismo del PP nos está
matando; y a la espera de saber qué ocurre con la reclamación de Hansa
Urbana por valor de 30 millones de euros", señala Padín, quien teme que los
populares hipotequen a los cartageneros durante décadas e impidan así
nuestro progreso y el mantenimiento de unos servicios públicos de
calidad".
Manuel Padín considera necesario recordar a los cartageneros que
fueron Francisco Espejo y Joaquín Segado, el actual presidente del PP de
Cartagena, los que ocuparon el cargo de concejal de Urbanismo durante
el desarrollo de los hechos, y "en vez de exigirles responsabilidades por
sus decisiones temerarias y chapuceras, el PP los premió, a Segado con
el cargo público mejor remunerado de la Comunidad Autónoma, el de
presidente de la Autoridad Portuaria y a Espejo con el de portavoz del
Grupo Municipal en Cartagena; esto nos da una idea de la catadura moral
de este partido y de su esfuerzo interno por regenerarse".
"El PP
volverá a cargar cobardemente contra los técnicos de Urbanismo, es lo
único que podemos esperar de ellos, es una vergüenza y una inmoralidad
que nadie en el PP asuma la culpa", sostiene Manuel Padín.
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