LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha
anunciado que su formación política ha interpuesto una denuncia ante la
Comisión Europea contra el Gobierno de la Región de Murcia por
infracción del Derecho comunitario. Denuncia que también realizarán ante
la Fiscalía de Medio Ambiente.
El motivo es el grave delito ecológico y medioambiental que ayer se
perpetró en las calas lorquinas de Calnegre, Baño de las Mujeres y
Siscal, y que tuvo como consecuencia la destrucción de tres importantes
hábitats comunitarios (1210, 2110 y 2230), formados por dunas móviles
embrionarias que albergan especies botánicas singulares.
Martín explicó que sobre los gobiernos autonómicos del PP pesa la
vergüenza de que la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de
infracción sobre el Estado español por el retraso en la aprobación de
los planes de gestión de la Red Natura 2000, incluidos los de Cabo
Cope-Calnegre.
Esto puede derivar en sanciones económicas y en la
reducción de ayudas por parte de los fondos europeos para la Región.
También recordó que la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del parque regional Cabo Cope-Calnegre lleva "27 años
de retraso".
"Al gobierno de López Miras le importa una mierda el Medio Ambiente,
pero su desidia, el mirar para otro lado para que prevalezcan los
intereses económicos de unos pocos sobre la defensa de espacios
naturales protegidos tiene que tener consecuencias políticas y
jurídicas", aseveró Martín.
La roturación ilegal se ha practicado con un tractor en un espacio
considerado Lugar de Interés Comunitario, amparado por la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
flora y fauna silvestres.
Se ha arrasado hasta con postes de madera que
impedían el trasiego dentro de la duna para evitar daños a estas
especies.
Izquierda Unida ha condenado duramente este acto de sabotaje, que se
suma a los que se realizaron el pasado verano para impedir el control de
accesos para vehículos a motor. Una medida para proteger nuestras
playas, "que son de todos", dijo Martín.
La edil de IU censuró que "el odio y la codicia de cuatro desalmados"
les impida ser conscientes del "daño brutal e irreparable" que realizan
a este verdadero tesoro natural. "Aquí hay gente que se ha dedicado a
destrozar con motosierras infraestructuras pagadas por todos los
contribuyentes, a amenazar con prender fuego o con moler a palos a los
ecologistas", explicó la edil. Sin embargo, a día de hoy, no hay ni un
solo detenido por estos actos vandálicos.
"No es verdad que nadie vea
nada, que nadie sepa nada. Resulta infame que lo que reine aquí sea una
auténtica omertá, una auténtica ley del silencio por miedo a represalias
o para proteger a los culpables que pretenden que lo que impere en
nuestro litoral sea la ley del salvaje Oeste", aseguró.
Martín ha instado al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia,
Diego Conesa, a que se incrementen los efectivos destinados a velar por
la protección de estos espacios naturales. "Es imposible que el Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), pueda
realizar su trabajo con dignidad y eficacia si sólo hay tres agentes
para toda Lorca, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo, que tocan a 728 km2
cada uno", dijo al respecto sobre unos efectivos a quienes calificó de
"auténticos héroes".
También ha exigido al presidente autonómico, Fernando López Miras,
que amplíe la plantilla de agentes medioambientales, incluidos los que
se integran en la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales
(Brida).
"Se sienten invadidos por la impotencia cuando comprueban que
algunos de sus atestados se meten directamente en un cajón" explicó
Martín, quien se preguntó qué intereses hay detrás del ocultamiento de
estas denuncias y si la Fiscalía de Medio Ambiente conoce estas
prácticas, ante lo que pidió que se investiguen.
Por último, la concejala de Izquierda Unida-Verdes pidió al Alcalde
de Lorca, Fulgencio Gil (PP), que los servicios jurídicos del
Ayuntamiento se personen como acción popular en las diligencias que
puedan abrirse en el juzgado por estos hechos.
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