MADRID.- El Ministerio de Fomento, a través de la sociedad pública Seittsa, tiene previsto licitar seis contratos para el mantenimiento integral de las autopistas de peaje rescatadas (R2, R3, R4, R5, AP-36, AP-41, M-12, Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera) por un importe anual de 42 millones de euros.
De acuerdo con un informe elaborado por la ingeniería pública Ineco
para el Ministerio de Fomento estas infraestructuras padecen un déficit
de inversiones de más de 320 millones de euros.
Los contratos de mantenimiento integral anunciados este
jueves se licitarán por tres años, hasta el 30 de junio de 2022, y son
prorrogables hasta 5 años, por periodos semestrales, ha indicado el
departamento que dirige José Luis Ábalos.
Los nuevos
contratos supondrán un aumento del 39 % en los recursos humanos
destinados a estas tareas y un incremento del 84 % en la dotación de
máquinas quitanieves.
Estos contratos incluyen la
vigilancia de la carretera; la conservación de las infraestructuras, que
incluye las reparaciones ordinarias de mantenimiento; el cuidado y el
mantenimiento de las instalaciones eléctricas; la limpieza (tanto de las
vías como de las oficinas, casetas de peaje, edificios de peaje), así
como la defensa del dominio público.
Además, se
encuentran en redacción los proyectos de reparación de firmes
correspondientes a las nueve autopistas y sus tramos libres asociados,
que se licitarán próximamente.
Según ha explicado
Fomento, la prórroga del convenio de gestión por Seittsa, adoptado a
finales de diciembre, garantizará que los ingresos provenientes de los
peajes que se cobran en estas autopistas sirvan para realizar las
inversiones necesarias para la "puesta a cero" de las infraestructuras.
Para estas autopistas de peaje, que revirtieron al Estado tras la
liquidación de las sociedades concesionarias que explotaban estas vías,
el Gobierno ha aplicado una reducción media del 30 % en el precio de los
peajes a fin de favorecer el uso de las mismas.
Fomento pretende poner en valor estas infraestructuras, cuya reversión
al Estado reconoce que va a suponer un "elevado coste para el erario
público, ya que acumulan un elevado déficit de conservación y
mantenimiento, después de años en concurso de acreedores durante los que
han perdido el proyecto empresarial original".
De
hecho, según el plan presupuestario de 2019 enviado por el Gobierno a
Bruselas en octubre, el Ejecutivo ha decidido mantener en 1.800 millones
de euros el importe previsto para la Responsabilidad Patrimonial de la
Administración (RPA) asociada a estas vías.
Con esta
licitación, agrega Fomento, se incrementan los medios respecto a los que
empleaban las sociedades concesionarias de estas vías (en cuyos
contratos Seittsa se subrogó para asegurar la continuidad del servicio) y
se garantiza que las infraestructuras que explota el Estado tengan una
conservación y un mantenimiento adecuados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario