CARTAGENA.- El portavoz parlamentario y secretario general de
Podemos Región de Murcia ha recordado a la Croem que Podemos presentó el
11 de febrero un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley
de Aceleración.
El principal argumento del recurso de
inconstitucionalidad se basa en la posible vulneración del artículo 9 de
la Constitución puesto que puede crear inseguridad jurídica.
Es decir,
“la ley no es suficientemente clara en la regulación en materia
urbanística y ambiental. Se trata de un texto confuso, de difícil
comprensión no sólo para la ciudadanía, sino también para la
Administración autonómica y local, que tendrá que aplicarla, lo que va a
generar muchos problemas. Nos tememos que el PP la va a usar para poner
a la venta la Región por piezas. Quieren despedazar y trocear lo que
hasta ahora ha estado protegido. Es como una amnistía urbanística y
medioambiental a aquellas empresas que llevan muchos años vulnerando la
ley sin importar si perjudican a la Región”.
Óscar
Urralburu ha subrayado que Podemos ha recurrido al Constitucional
porque es una ley “tóxica, más propia del salvaje oeste, que simboliza
el peor testamento que nos podía dejar el agónico gobierno de López
Miras. Un testamento escrito por la patronal, para que los que controlan
realmente la Región puedan descuartizar a gusto lo que es de todos y
venderlo al mejor postor. Han puesto al zorro a cuidar de las gallinas”.
Para
Urralburu la actitud del gobierno de López Miras es “miserable puesto
que están cometiendo una gran injusticia con aquellos empresarios que
llevan dos décadas haciendo esfuerzos por cumplir la ley. Estos
empresarios son de los que se olvida el PP mientras que hace de sastre
para aquellos piratas a los que les regala una amnistía urbanística y
medioambiental”.
Asimismo, el PP y Ciudadanos han
abierto la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan
informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del
expediente, “algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los
mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza
que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa
contaminar el aire, el agua o la tierra. No sé qué más le puede pasar a
esta Región que ha visto como su Mar Menor ha sido destrozado”.
Óscar
Urralburu ha contado que Podemos ha presentado un recurso ante el
Constitucional porque lo que parece que el PP pretende hacer con esta
ley es que sea “poco clara a propósito, sobre todo en materia
urbanística y ambiental, para hacer lo que más le convenga a ellos y a
sus redes clientelares.
Por ejemplo, regula nuevos procedimientos
relativos a figuras inexistentes en la normativa actual, como la llamada
licencia de actividad para usos provisionales, sin que esta licencia
esté contemplada en el ordenamiento jurídico autonómico”.
Esta ley, ha
dicho Urralburu, crea una inseguridad jurídica que hace imposible tener
certeza alguna de cuál es la regulación existente y cuáles serán los
resultados jurídicos de su aplicación.
El
secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, ha remarcado que
Partido Popular y Ciudadanos se han valido de todas sus “artimañas para
diseñar un instrumento que les da carta blanca para legalizar empresas
que llevan 20 años saltándose las reglas y habilita que las mismas
puedan evitar los controles medioambientales y urbanísticos vigentes”.
Esta ley, “invade competencias de los ayuntamientos y se excede en todo
lo que concierne a la gestión que puede realizar la Comunidad Autónoma.
Así, los amiguetes de ambos partidos podrán verse beneficiados sin tener
que rendir cuentas ni cumplir trámites que garantizan la supervivencia
de nuestro patrimonio natural, algo que sí que llevan años haciendo
otros muchos empresarios”.
Está claro, ha dicho
Urralburu, que el PP y Ciudadanos “han creado una herramienta a su
medida. Con ella, pretenden dar vía libre y legitimar a todas aquellas
empresas que llevan años saltándose la ley y que ponen en peligro
nuestro medio ambiente, ya de por sí precario por la gestión del PP
durante dos décadas”.
Lo que han hecho, ha concluido, es utilizar el
resultado “del caos generado por décadas de desgobierno ambiental para
justificar una amnistía que no conviene a nadie: a esas empresas que se
pretende regularizar, les causa mayor inseguridad jurídica, a las que
siempre han cumplido la normativa, las discrimina.
Y a la Región, le
perjudica poniendo en riesgo su valioso patrimonio ambiental e
instaurando una inseguridad jurídica en la que sólo ser amigo del PP te
garantiza una cierta tranquilidad y eso es letal para esta Región"
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