LORCA.- El concejal-portavoz del Grupo Municipal de IU-V en
el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, salía hoy al paso de la última
sentencia en materia de convenios urbanísticos que condena al
Ayuntamiento de Lorca a devolver 1,1 millones de euros a los promotores
de un plan disparatado, que sólo contó con la oposición de IU en el
Pleno del Ayuntamiento, y que pretendía multiplicar por 25 la población
de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos. Pretendían la construcción
de cerca de 8000 viviendas en una pedanía de las tierras altas de Lorca
que apenas sobrepasa los 1.000 habitantes, apunta Sosa.
Sosa
ha recordado que "el tren de los convenios lo llevaba en Lorca el PSOE,
la palanca la movía su alcalde, y a su paso le aplaudían el PP, los
representantes más granados del empresariado lorquino y los
especuladores".
El concejal de IU-V ha tenido
palabras de recuerdo para el fallecido portavoz de IU, José Antonio
Pujante, y tirando de las actas de aquellos plenos municipales en los
que se debatía sobre urbanismo en Lorca, ha afirmado que Pujante se
cansó de advertir entonces sobre la inviabilidad de dicho urbanismo; de
la desmesura urbanística en la que se aventuraba el Ayuntamiento de
Lorca¸ del urbanismo depredador del territorio, del paisaje y del medio
ambiente; de los costes sociales; de la espiral especulativa; de las
dificultades para dotarlos de infraestructuras; y también, cómo no, de
los riesgos económicos, que como es el caso, finalmente han conllevado,
desembocando en estos momentos en el mayor quebranto económico conocido
que las arcas municipales hayan podido tener en muchas décadas atrás,
con la consiguiente repercusión sobre los ciudadanos y la prestación de
servicios.
Sosa ha pedido al gobierno local que se
remita a su grupo copia de esa sentencia reciente, al tiempo que
mantiene que su formación política no está a favor del allanamiento del
Ayuntamiento en los pleitos pendientes y en los que puedan venir, ya que
eso implica reconocer a quienes vinieron a especular con el suelo a
través de los convenios "un derecho al reintegro de lo que apostaron en
el casino del suelo en el que convirtieron a Lorca la pasada década".
Un
buen empresario, afirma Sosa, es el que corre con el riesgo y ventura
de su empresa y de su inversión, no el que hace apuestas sólo para
ganar, asegurándose siempre "lo metido". En esa línea, el concejal de
IU-V mantiene que el Ayuntamiento debe agotar por lo menos la primera
instancia y sostener una defensa seria y rigurosa de los intereses
económicos del Ayuntamiento. Además, no todos los convenios urbanísticos
tienen las mismas cláusulas, ni todos acaban con el mismo Juez.
Pedro
Sosa afirma que aunque ahora está de moda "estar en contra de los
convenios urbanísticos", y que se están apuntando a esta moda todos los
actores políticos de Lorca, lo cierto y verdad es que la única oposición
a los convenios que hubo cuando tenía que darse es la que realizó IU.
Entonces nos llamaron de todo, nos dijeron que estábamos contra el
progreso de Lorca, contra el empleo, contra el desarrollo, y nosotros
pusimos encima de la mesa toda una batería de argumentos urbanísticos,
territoriales, ambientales, sociales y económicos que el tiempo, por
desgracia, ha demostrado acertados.
Sosa afirma
que el acta fundacional de los convenios urbanísticos (en Lorca, en la
Región de Murcia y en España) hay que situarla en la entrada en vigor de
la Ley del Suelo de Aznar en 1998. A partir de esa Ley, que declaraba
que España entera era urbanizable, pudieron hacerse planes generales de
ordenación urbana como el de Lorca (que empezó a gestarse en 1999, tras
la pérdida de representación local de IU en el consistorio lorquino, y
por acuerdo vergonzante entre los dos únicos partidos -PSOE y PP- de
aquella corporación 99-03)
En ese Plan General
votado por el PSOE y PP ya se integraron diversos convenios en el mismo
momento de su aprobación, y después serían muchos más los que pasarían
por el Pleno del Ayuntamiento, para, pasados los años, provocar un
quebranto económico que hoy paga el pueblo de Lorca cuando lo deberían
estar pagando los responsables políticos que avalaron aquellas
actuaciones.
Sosa ha afirmado que el gran misterio
en torno a los convenios urbanísticos sigue siendo "qué destino se dio
al dinero recaudado por las arcas municipales".
La Ley previene al
respecto que ese dinero debería engrosar el patrimonio municipal del
suelo, y no sólo no consta que ello fuese así, sino que la empresa que
durante años gestionó ese patrimonio (Suvilorsa) está años y años en
proceso de liquidación y costando grandes cantidades de dinero al
Ayuntamiento.
Ahora nos enteramos, por boca del concejal de Hacienda que
el dinero que entonces recogía el Ayuntamiento se fundió en "gasto
corriente".
Por último, el portavoz de IU-V ha
recordado que "ni siquiera los partidos responsables de aquello han
pedido perdón al pueblo de Lorca, y eso es lo mínimo que deberían hacer"
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