miércoles, 19 de diciembre de 2018

Los juzgados siguen dando la razón al Ayuntamiento de Santomera frente a la mercantil 'Arimesa'

MURCIA.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia ha rechazado el recurso de apelación presentado por la mercantil 'Arimesa' ante la primera resolución de este tribunal, que el pasado 4 de enero negó la suspensión cautelar de la orden de cierre aprobada por la Junta de Gobierno municipal de Santomera. 

A su vez, este órgano se hacía eco de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, que en enetro de 2015 ya ordenó la clausura total de la explotación minera por carecer de una licencia de actividad válida una cantera.
«Este fallo nos reafirma en que este Ayuntamiento lo único que ha hecho es cumplir estrictamente con la ley», dijo la alcaldesa, Inma Sánchez Roca, y el edil de Urbanismo, Joaquín Rubio, contra quienes Arimesa interpuso una querella por un presunto delito de prevaricación que también fue archivada, sin tener que llegar a declarar.

Arimesa dice que no pasa nada

Los empresa Arimesa asegura en un comunicado posterior que el contencioso con el Ayuntamiento de Santomera se mantiene porque los tribunales sólo avalan la denegación de la suspensión cautelar de la orden de cierre, a la espera de la concesión por parte del Ayuntamiento de la cédula de compatibilidad urbanística.
 "Quedamos a la espera de que el Ayuntamiento socialista cumpla con su obligación, ya que todas las instancias administrativas han dado los permisos necesarios a excepción del trámite administrativo obligatorio del Consistorio santomerano".
"La autorización para la legalización de la actividad de Arimesa ha superado todos los trámites administrativos autonómicos, incluidos los ambientales más exigentes, habiendo aportado informes de todo tipo sobre las posibles y teóricas afecciones de la actividad, y habiendo sido consultados todos los organismos con competencia en la materia, incluidos departamentos de otras Comunidades Autónomas. 
Solo el injustificado e injusto retraso municipal en la concesión de la preceptiva cédula de compatibilidad urbanística está impidiendo que una actividad legal pueda ejercerse", concluye la nota.

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