Repasemos los hechos y
las pruebas, que diría Grissom. Los Mossos cargan con dureza para
impedir que los CDR boicoteen actos de Vox en Girona y Tarrasa. El
president Torra comete el error y la imprudencia de declarar culpables a
los Mossos sin ni siquiera haber oído su caso y abre una crisis en su
propio Govern y con su propia policía.
Para acabar de arreglarlo el
mismo president Torra se va a Bruselas e invoca frívolamente una vía
eslovena que divide aún más a los independentistas y siembra dudas sobre
su principal activo internacional: la irrenunciable naturaleza
pacífica.
Durante el puente, los CDR vuelven a actuar
cortando una autopista y levantando las barreras de los peajes. Los
mandos políticos y operativos de los Mossos deciden que es mejor mediar
antes que cargar y negocian durante horas, hasta que se retiran los
manifestantes; una decisión prudente que hemos visto en decenas de
huelgas y conflictos y que parece aún más acertada cuando la presunta
violencia policial está en el ojo del huracán.
De vuelta del puente, el president Torra se va de ayuno a
Monserrat teniendo que comerse sus palabras y dejando que el conseller
Miquel Buch se reúna con los mandos de los Mossos para disculparse,
ratificar su intervención y reafirmar su confianza y su apoyo en el
cuerpo.
En un país normal habría sido un mal final
para quienes apuestan por el conflicto unilateral a un lado y otro y un
buen día en la oficina para quienes buscan una solución en Catalunya por
la vía de la política. Pero esto es España y se trata de Catalunya;
quién dice qué es normal y qué no es la derecha.
Así que, a la
irresponsabilidad de invocar la vía eslovena, se suman la tremenda
responsabilidad de hablar de "ulsterización" y "balcanización" de
Catalunya (copyright Pablo Casado) o proclamar que Catalunya es un "territorio sin ley" (copyright
Albert Rivera), lo que comenzó a causa de una intervención contundente
de los Mossos se convierte en denuncia de su pasividad frente a la
violencia y resulta que ya no es Torra quien tiene una crisis de
autoridad y en su Govern, sino que el problema de autoridad lo tiene
Pedro Sánchez.
Y así estamos hoy, como hace dos años,
con el gobierno central remitiendo por la tarde cartas al Govern para
advertirle que hagan lo que acababa de hacer con normalidad esa misma
mañana el conseller de Interior respaldando a los Mossos, con los
independentistas repegando su división con el fantasma del enemigo
exterior, con los patriotas de tertulia especulando sobre los centenares
de policías que conviene mandar a Catalunya y con Rivera y Casado
discutiendo por ver quién aplicaría antes el 155 y a más cosas mientras
se chotean de las cartitas de Moncloa y las usan como evidencias a su
favor y herramienta de desconcierto entre los apoyos de Sánchez.
Ya
podemos apuntar el primer éxito de esta estrategia epistolar: el
Gobierno ha tenido que salir a aclarar sus propias dudas sobre si
celebrar o no el Consejo de Ministros en Barcelona.
Haría bien el presidente Sánchez en preguntarle a Mariano Rajoy qué pasó
la última vez que se cuestionaron la actuación y la confianza en los
Mossos y se mandó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a hacer su
trabajo. Catalunya vuelve a definirse como un problema de orden público,
no como un problema político; justo el debate y el marco que le
interesan a la derecha extrema.
(*) Periodista y profesor
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