Después de haber incendiado el gobierno Sánchez el lunes la opinión
pública y los medios de comunicación, con sus advertencias al Govern,
juntando en un único titular el president Quim Torra, Eslovenia, la violencia,
los muertos, los CDR, los cortes de la AP-7 y los peajes de las
autopistas catalanas, con el único objetivo de efectuar un cambio de
rasante público en la política con Catalunya, el Ejecutivo español
empieza a enseñar sus cartas: los Mossos d'Esquadra son
la pieza a cobrar.
La crítica feroz a la policía catalana por parte de
los partidos españoles está más o menos presente desde su brillante
actuación en los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto del pasado
año. Con el 155, los Mossos ya pasaron a depender del Ministerio del
Interior y, más concretamente, de su titular Juan Ignacio Zoido.
Pues bien, en aquellos meses y dependiendo directamente del
Ministerio, los Mossos actuaron exactamente igual que en las actuales
protestas, por ejemplo, el 8 de noviembre, en que se convocó el
denominado paro de país, y
que se saldó, en las infraestructuras catalanas, con unos 60 cortes de
carretera, autopistas y vías de ferrocarril.
Entonces era un ministro
del PP quien comandaba los Mossos y en aras a la proporcionalidad la
policía autonómica vigiló la seguridad, la ausencia de violencia y
garantizó la máxima movilidad posible. Zoido comandó el operativo y no
adoptó medida disciplinaria alguna. Obviamente, la fiscalía, a
diferencia de ahora, tampoco tomó ninguna iniciativa judicial contra el
ministro por haber hecho, supuestamente, dejación de sus funciones.
¿A qué viene, por tanto, una actuación tan desproporcionada por parte
de Sánchez y Marlaska? Solo se explica por razones estrictamente
políticas y con la voluntad de no quedar desplazados del relato
actualmente dominante en España de guerra abierta al independentismo, al
president y al Govern y a los Mossos como única estructura de estado de
la que dispone el Ejecutivo catalán.
Hará bien el president Torra en
reconocer errores: la petición de dimisiones en los Mossos no era de su
incumbencia y si había perdido la confianza tenía otras maneras de
expresarla; y en explicarse sobre sus palabras sobre Eslovenia,
descontextualizadas por muchos medios a partir de unas frases
poco medidas-. Pero también hará bien en no aceptar amenazas y
chantajes.
No hay motivo alguno para aplicar un nuevo 155 y tampoco para
recuperar las competencias en materia de seguridad ciudadana y el
control de los Mossos. Solo desde el ataque permanente a la autonomía de
Catalunya puede plantearse una medida regresiva como esta.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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