MADRID.- El PP ha presentado en el Congreso una enmienda a la totalidad a la
proposición de ley que busca derogar los plazos máximos de instrucción
porque, aunque cree que hay que mejorar el sistema diseñado en 2015,
estima que la medida ha sido «beneficiosa para la justicia» y para
agilizar los procesos.
Todos los grupos, menos el popular,
respaldan derogar los límites a la instrucción y las asociaciones de
jueces y fiscales han advertido públicamente de que pueden abrir
espacios a la impunidad.
Y un ejemplo es, ha denunciado este jueves la
Unión Progresista de Fiscales (UPF), la absolución del expresidente de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el denominado caso Pasarelas porque el
fiscal no presentó en plazo la solicitud de que la causa fuera declarada
compleja y con ello se ampliara el plazo de instrucción.
En su
enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley
que presentó Unidos Podemos para derogar los plazos de instrucción
-fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- el PP
sostiene que aquella medida era necesaria para agilizar la justicia
penal y evitar dilaciones indebidas.
«Gracias a esta reforma
puntual, las instrucciones eternas, que en ocasiones rondaban los diez
años, han sido afortunadamente superadas», recalcan los populares. El
paso del tiempo y la aplicación del artículo 324, añade el grupo,
«permite mejorar la redacción» del mismo: «No se trata de volver atrás;
deshacer una reforma que ha sido beneficiosa para la justicia sería
retroceder en el tiempo y volver a una justicia lenta e incapaz de
resolver en plazos razonables los asuntos pendientes».
El artículo
324 fijó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en
causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo,
siempre a petición de la Fiscalía.
El PP propone ahora que, además de
las instrucciones complejas, se pueda pedir una prórroga de los plazos
cuando se demuestre que las pruebas periciales demandadas y que sean
determinantes para la causa no puedan recibirse a tiempo por motivos
ajenos a la instrucción, como, por ejemplo, el colapso de los servicios,
unidades o profesionales que deben practicarlas.
Según su enmienda, el
juez instructor estará obligado a informar al fiscal, un mes antes de
concluir los plazos previstos o sus prórrogas, de la finalización de los
mismos, para que pueda solicitar una eventual ampliación.
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