CARTAGENA.- PSOE, Ciudadanos y Podemos pactaron la mayoría de las enmiendas a
la proposición de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional que
presentó la formación morada en la Asamblea. La Comisión de Asuntos
Generales e Institucionales y de la UE validó cerca de medio centenar de
incorporaciones al texto, que prohíbe usar las campañas publicitarias
del Gobierno autonómico para cuestionar a otras administraciones, así
como vender sus éxitos y logros o los de alguno de sus miembros.
La
norma, que se aprobará en las próximas semanas en el Pleno, contempla
que en las actividades publicitarias y la comunicación institucional no
deberá «cuestionarse implícita o explícitamente» a otras instituciones,
entidades o personas, además de servir «exclusivamente» a razones de
interés público o general y de lealtad institucional.
Uno de los
puntos más controvertidos del texto, que había suscitado enmiendas del
PP, PSOE y Ciudadanos, era las dudas legales que generaba sobre las
injerencias en la autonomía de la Asamblea, los ayuntamientos y las
universidades.
Finalmente, se ha aprobado eliminar el artículo 6.9, que
exigía una comunicación justificativa y razonada de estas instituciones
en el caso de que el gasto por publicidad rebasara el 4 % del
presupuesto total y que debía remitirse a una comisión delegada para que
autorizara previamente esa partida con informe de ello a la Cámara
autonómica.
Por el contrario, se crea un consejo integrado por
dirigentes de las consejerías competentes que será el encargado de
dirigir, planificar y coordinar las acciones de publicidad
institucional.
Desde el Partido Popular
lanzaron duras críticas a la propuesta de ley de Podemos, así como al
apoyo de Ciudadanos a las enmiendas. Consideran que C's se ha echado en
brazos de la formación morada.
El socialista Emilio Ivars destacó que la
norma es «impecable» tras las modificaciones realizadas, entre las que
resaltó la que prohíbe al Ejecutivo contratar espacios publicitarios ni
conceder ayudas a medios de comunicación que denigren la imagen de la
mujer con anuncios de prostitución, contactos, comercio sexual o que
reproduzcan contenidos vejatorios.
Urralburu (Podemos) valoró que la
norma controlará la publicidad pública y López-Morell (Ciudadanos)
incidió en que evitará que ese Ejecutivo pueda utilizar dinero público
para «dirigir voluntades».
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