MURCIA.- Directivos de la constructora ACS que han declarado este miércoles en
el juzgado de Murcia que instruye un presunto caso de corrupción en
torno a la construcción y explotación de la desalinizadora de
Escombreras, en Cartagena, han señalado que este proyecto ha sido
«ruinoso».
Al declarar como investigados a petición de la
fiscalía, han señalado que en varias ocasiones han llegado incluso a
ofrecer la planta al Gobierno de Murcia conformándose con recuperar solo
lo invertido en ella, pero no ha querido.
Así lo han afirmado
José Alfonso Nebrera, Ramón Jiménez y Cristóbal González, responsables
de Servicios, Comunicaciones y Energía de la empresa, director general y
director financiero, respectivamente.
Han manifestado que hasta
septiembre de 2010 el Gobierno autonómico fue pagando a la empresa las
cantidades convenidas, pero a partir de entonces, coincidiendo con la
adquisición del 49 % del capital, que se sumaba al 51 % del que ya
disponía la administración regional, la regularidad en los pagos cesó.
Al
ser preguntados entonces por el motivo por el que continúan al frente
de la desalinizadora, han manifestado que lo hacen para que no se
resienta la reputación de ACS y porque creen que es mejor que la planta
continúe en funcionamiento para evitar su deterioro, con lo que al mismo
tiempo tendrán mayores posibilidades de cobro.
En cuanto a la
forma en la que se incorporaron a este proyecto, promovido inicialmente
por la empresa Hidromanagement, han indicado que comenzaron a
interesarse por él cuando a través de una consultoría recibieron
información sobre el particular.
Han añadido que cuando decidieron
incorporarse a él comenzaron a asistir a las reuniones que se
celebraban en torno a la planta, ya que esa es la forma de actuar de la
compañía.
Para todos ellos, las actuaciones que se llevaban a
cabo, impulsadas por el gerente del Ente Público del Agua (EPA)
autonómico, Amalio Garrido, y por la secretaria general de ese ente,
María Antonieta Fernández, estaban dentro de la legalidad, ya que se
contaba con el asesoramiento de importantes gabinetes jurídicos, como el
de Ariño, Garrigues y Cuatrecasas.
En cuanto al aumento del coste
de las obras, han declarado que estaba plenamente justificado, ya que
el proyecto inicial estaba pensado para la consecución de agua para usos
industriales, por lo que al ser utilizadas también para otros fines,
estos imponían unos requisitos que encarecían el proyecto, sin olvidar
el coste que suponía la instalación de una amplia red de conducciones,
de varios kilómetros de longitud.
También han afirmado que la
disponibilidad del agua desalinizada de la planta depende siempre del
Gobierno regional. Estos directivos han defendido el prestigio de la
compañía, la cuarta o quinta del mundo en este sector, han concluido.
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