miércoles, 26 de septiembre de 2018

Del Amor advierte que técnicamente se tendrá que argumentar el aumento de la reserva a 600 hm3 en el Tajo

MURCIA.-El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, ha criticado la intención del Gobierno central de aumentar de 400 a 600 hectómetros cúbicos el nivel mínimo de los embalses de Entrepeñas y Buendía para poder trasvasar, lo que supone «una limitación muy grande para el Trasvase Tajo-Segura».

Esta revisión se contemplaría en el futuro Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo.
No obstante, el consejero ha advertido que tendrán que argumentar este cambio «técnicamente», y ha asegurado que «van a tener al Gobierno de la Región presente para evitar que eso suceda».
«No contentos con eso, también pretenden modificar los caudales ecológicos a través de una Ley de Cambio Climático», ha reprochado Del Amor, quien ha recordado que se trata de unos caudales que «están perfectamente tasados». A su juicio, «no se puede poner de excusa el cambio climático para acabar con el trasvase Tajo-Segura».
El consejero ha recordado que «hace relativamente poco tiempo ya se aprobó mediante el Memorándum los 400 hm3 (frente a los 240 que estaban vigentes) mediante un trabajo exhaustivo y técnico que veía que con esa cantidad se garantizaban los caudales necesarios para la cuenca cedente».
Del Amor, que se reunió hace unos días con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha comentado que éste le transmitió la posible modificación de la Ley de Cambio Climático que pretende «cambiar los caudales ecológicos, así como delimitar las acciones del trasvase Tajo-Segura».
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) tiene previsto sacar a información pública todos los planes de cuenca, al igual que el del Tajo, en octubre. Y hasta finales de 2020 o 2021 no está previsto que esté elaborado el documento final del nuevo Plan Hidrológico del Tajo.
El documento inicial que debe sustituir al Plan que está vigente no saldrá a información pública hasta mediados o finales de octubre. Será un primer borrador que debe estar expuesto para alegaciones durante seis meses. 
Luego se redactará un segundo plan, que también podrá ser alegado durante medio año; y finalmente se elaborará el documento definitivo, que también estará en información pública otros seis meses. 

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