Leo con estupor el sesgo que se está realizando por la judicatura y
los medios de comunicación españoles de la inhibición del gobierno
español en la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Aunque esta abstención es únicamente parcial, el espíritu de la
decisión del Ministerio de Justicia viene a resolver algo que es obvio
para cualquier persona mínimamente juiciosa: de las demandas recibidas
por Llarena que tienen que ver con declaraciones públicas que ha hecho
se tiene que defender él, con su dinero; y no ha de salir el pago de las
costas del erario público.
Todo tiene su origen en la demanda civil presentada en Bruselas por
el president Puigdemont y los consellers en el exilio contra Llarena
después de que el magistrado se pronunciara sobre el procés y sus
responsables el pasado mes de febrero en Oviedo. Su posicionamiento
público sobre si hay o no presos políticos podría atentar contra su
imparcialidad a juicio de los demandantes.
El juez belga ha citado a
Llarena para el día 4 en Bruselas y la defensa cuesta dinero,
seguramente algunos miles de euros. ¿Por qué se la hemos de pagar entre
todos si el demandado lo es a título individual y no se encontraría en
esta situación si no se hubiera querido explayar públicamente de un
asunto que no podía?
Pero, ya me perdonarán, lo más divertido de todo es que desde el
Tribunal Supremo y desde la judicatura se alega indefensión y que el
Gobierno ha dejado vendido a Llarena a lo que suceda en Bélgica.
¿Indefensión? Hombre, hay que ser más prudente con las palabras. Porque,
si hablamos de indefensión, el juez Llarena puede ponerse a la cola, a
mucha distancia, de los presos políticos catalanes con los que se ha
llevado a cabo una tropelía sin parangón en la judicatura a partir de un
relato inconsistente, que desvirtúa lo que sucedió en Catalunya y que
solo busca dar un escarmiento al independentismo para que olvide sus
proyectos durante una generación.
El juez Llarena no está indefenso ni ha quedado vendido a lo que
suceda en Bruselas. Todo es mucho más sencillo: no tenga miedo, señor
Llarena, si tiene razón, la justicia belga se la dará y la demanda será
rechazada. Algo que, por otro lado, a cualquier juez debería
satisfacerle.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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