VALENCIA.- Ocurrió el pasado 25 de febrero. Un interno reincidente en mala conducta agarró del brazo a un funcionario de la prisión de Picassent negándose a entrar en el comedor y comenzó a arengar al resto de presos para provocar una protesta colectiva que, por suerte, no fue secundada.
Poco más de dos meses después, el 15 de mayo, otro recluso, alterado
ante su resistencia a tomar la medicación psiquiátrica prescrita,
agredió a los vigilantes que trataban de reducirlo. El resultado de la
trifulca fueron tres empleados de la cárcel lesionados, uno de ellos con
un cabezazo en el lóbulo izquierdo y un agarrón en los testículos, relata hoy El Confidencial.
Son dos ejemplos de los sucesos más graves que se han registrado en el primer semestre de este 2018 en “uno de los centros penitenciarios más conflictivos del sistema
penitenciario español”, según recoge un informe sobre incidentes
relevantes correspondiente al periodo de enero a junio difundido
recientemente por Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penintenciarias (Acaip), uno de los sindicatos de funcionarios de prisiones más representativos del centro valenciano.
Esta relación de sucesos recoge 808 incidencias graves o muy graves,
entre ellas nueve agresiones o intentos de agresión a funcionarios, 72 agresiones entre los propios internos,
230 casos de resistencia pasiva a las normas penitenciarias o 48
autolesiones, además de 64 casos de deterioro grave de mobiliario o
dependencias del centro.
La prisión, según el sindicato, sufre males endémicos como
una población de presos y presas “muy peligrosos” para los que “no
reúne las condiciones necesarias de seguridad”. Acaip añade un déficit
en materia de personal, debido al “maltrato” de Instituciones
Penitenciarias “que lo considera un centro normal a la hora de dotación
de personal, algo que no es cierto debido a su tamaño y estructura
arquitectónica”.
El recinto ha perdido el 15% de su plantilla en los
últimos cuatro años y necesitaría cien trabajadores para cumplir con el
mínimo que debería haber, según la Relación de Puestos de Trabajo, insisten los trabajadores.
La
cárcel, con alrededor de 1.500 celdas y una población de 2.050
reclusos, lejos de la ratio de preso por celda que marca la legislación
como objetivo, es el lugar en el que duermen algunos reos ‘ilustres’,
como el 'exconseller' valenciano del Partido Popular, Rafael Blasco,
que cumple ocho años por malversar fondos públicos de ayuda al
desarrollo.
También tiene ‘chabolo’ en Picassent el exministro de
Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana,
recluido provisionalmente por orden judicial tras su arresto en la
operación Erial. La Audiencia Provincial ha rechazado de forma reiterada
todos los intentos de su defensa de sacarlo de la celda por razones de
salud. Sus abogados insisten en el riesgo de poder contraer alguna infección por la inmunodepresión que sufre como consecuencia de su tratamiento contra la leucemia.
Zaplana pasa sus días en Picassent en el módulo de enfermería,
que dispone de varias celdas para facilitar la atención y la vigilancia
sanitaria a los presos con problemas de salud. Sobre el papel, está lo
suficientemente cerca del personal sanitario como para que se activen
todos los protocolos médicos en caso de necesidad, un factor que ha
pesado en la decisión judicial de mantenerlo tras las rejas como
solicitaba la Fiscalía Anticorrupción aludiendo a una
posible destrucción de pruebas.
La instructora de la causa de Zaplana ha
negado la puesta en libertad haciendo referencia a que la defensa del
que fue portavoz del Gobierno de José María Aznar
planea un escenario carcelario “falso”, “como si estuviéramos hablando
de una cárcel del medievo, con los presos hacinados, sin controles
sanitarios”, recogía un auto difundido por Europa Press el pasado 25 de
julio.
Sin embargo, si Zaplana está recibiendo una vigilancia especial en
materia médica es probable que esto contribuya a mermar la capacidad del
centro de dar cobertura de salud a toda su población reclusa restante.
Picassent apenas tiene asignados ocho médicos de los 23 que, según
Acaip, debería tener por su volumen de reclusos.
Y, de estos, cinco
están de baja por enfermedad, según admiten fuentes de Instituciones Penitenciarias, con lo que ahora solo prestan servicio en la prisión tres facultativos y un becario para todos los turnos.
“Tendría que haber más. El problema existe y estamos
tratando de darle soluciones, pero es un problema que afecta a todas las
administraciones”, señalan a El Confidencial desde la Secretaría
General que ahora ocupa Ángel Luis Ortiz González.
Prisiones
lanzó el pasado 31 de julio una nueva convocatoria de 35 plazas de
médicos y 45 enfermeras, pero no es del todo optimista sobre el éxito de
las contrataciones. “En 2017 se convocaron 17 plazas y solo tomaron
posesión doce”, abundan las mismas fuentes aludiendo al déficit endémico
de médicos.
Prisiones relativiza el número de incidentes recogidos por Acaip. Afirma que sus archivos solamente recogen cuatro agresiones a funcionarios
en el primer semestre en Picassent que han sido merecedoras de sanción,
en línea con el resto del planta carcelaria en relación al volumen de
presos que alberga.
“Este año, en todas las prisiones de España se han registrado 150 agresiones, para un total de 69 centros penitenciarios”, admiten las mismas fuentes.
“La Administración penitenciaria solo considera que hay agresión a un trabajador si hay un daño.
Así, por ejemplo, en el caso de que un interno le ponga un cuchillo en
el cuello a un trabajador, sólo sería reflejado como agresión si le
clava el cuchillo. Algo que es totalmente inconcebible”, denuncian desde
el sindicato.
Sobre las carencias de personal, Instituciones Penintenciarias señala que en España hay unos 25.000 funcionarios para una población reclusa de 51.000 presos y
que Picassent “está en la misma ratio”.
No obstante, Acaip insiste en
que en períodos vacacionales, como el actual, puede darse la
circunstancia de que un preso vigile a 120 internos en solitario.
Prisiones asegura que está trabajando para ampliar las plantillas del conjunto de cárceles españolas. El año que viene convocará 831 plazas
que se sumarán a las 700 que se seleccionaron el año pasado.
“Hay 2.000
plazas por cubrir, y el año que viene tendremos 831. Se trata de plazas
nuevas”, insisten.
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