Estamos asistiendo a un asalto sin precedentes por parte del
presidente del Gobierno a las instituciones y empresas de todos para
ponerlas al servicio de un partido político. Los ciudadanos reaccionan
con indignación y estupor tras ver cómo adjudica la gestión de empresas
públicas como Paradores (180.000 euros de sueldo) a su ex secretario de
organización (sin experiencia ni formación alguna para el puesto), la
gestión del CIS a su compañero en la ejecutiva y la del Correos a su ex
jefe de gabinete (190.000 euros de sueldo y 50.000 empleados).
Pero ha
habido muchos más, docenas de nombramientos a dedo solo en el primer
nivel (imaginen lo que sucede debajo) para cargos que no deberían ser
políticos y que seguramente pasarán bajo el radar en numerosos casos,
muchos con consecuencias como mínimo igual de graves para el país.
Destacamos solo dos: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil y la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA).
Miembros de la
Guardia Civil han comentado su enorme preocupación ante la destitución
del excelente ex jefe de la UCO de la Guardia Civil, coronel Sánchez Corbí,
alguien que se atrevió a investigar la corrupción del PP con éste en el
poder y que estaba examinando, entre otras cosas, la financiación
irregular del PSOE valenciano del hoy todopoderoso José Luis Ábalos.
Nos parece indignante esta interferencia del poder político en la
carrera y el trabajo de un brillante funcionario sin más explicación que
la "pérdida de confianza". Un argumento así, para despedir a quien
dirige la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el crimen
organizado, es simplemente una tomadura de pelo hacia los ciudadanos. Ni
Mariano Rajoy, con los miembros de su partido cayendo uno tras otro víctimas de sus investigadores, se había atrevido a tamaño abuso.
En cuanto a la Empresa Nacional del Uranio, la pasada semana comenzaba sus funciones el flamante nuevo presidente, José Vicente Berlanga Arona.
Una persona sin formación ni experiencia alguna que le cualifiquen para
un cargo con alto contenido técnico. Es afiliado al PSOE, licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación y hasta hace dos semanas era
Gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia con 65.000 euros
de sueldo anuales.
Pasa a cobrar uno de los más elevados sueldos del
sector público español: 210.000 euros. Sustituye a un ingeniero
industrial que trabajaba en ENUSA desde 1975 y era presidente desde hace
20 años, es decir, había sobrevivido a tres presidentes del Gobierno.
Desgraciadamente, entre sus cualificaciones no estaba haber asesorado al
ministro José Luis Ábalos cuando estaba en el Ayuntamiento de Valencia.
Llevar a cabo estos nombramientos es una irresponsabilidad
reprochable. Hacerlo para unos meses de gobierno, sin un pase previo por
las urnas, es una cacicada monumental.
La reacción del resto de
los partidos -del Partido Popular, de Podemos o de los partidos
nacionalistas- a estas cacicadas ha sido un silencio aplastante. La
razón de tal mutismo es evidente: como el Lazarillo que se come las uvas
de dos en dos, no dicen nada para evitar que alguien les muestre que
ellos son peores. La mayor parte de la clase política española está
asentada en el tribalismo caciquil y ve al Estado como un botín a
repartirse.
Es imposible acabar con la corrupción sin terminar con
las redes clientelares que unen el mundo de los negocios y de la
política. ¿Cómo va un ex político, que ahora dirige una gran empresa con
50.000 trabajadores como Correos, a rechazar un favor que le pide el
político que le nombró por el único mérito de ser su amigo?
Los
políticos no empiezan a ser corruptos de repente. Se pasa de una
recomendación a un enchufe, a un favor, a uno más grande, al cohecho o
la prevaricación. El señor Sánchez, con estas docenas
de nombramientos que vulneran la obligación legal de nombrar personas
con la adecuada preparación -"el nombramiento de los altos cargos se
hará entre personas idóneas (...) Son idóneos quienes reúnen
honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en
función del cargo que vayan a desempeñar", art. 2 Ley 3/2015- ha dado el
primer paso en esa dirección.
Luego vendrán (¿cómo no van a venir de
personas que saben para qué están ahí?) las contratas arregladas a
amigos, los ascensos a dedo dentro de la propia empresa pública, las
pérdidas que tendremos que enjuagar todos. Las tristemente célebres
Cajas de Ahorro nos muestran ese futuro.
Con estas políticas
tribales, nuestro Estado engorda por las peores razones: no para prestar
mejores servicios, sino porque hace falta enchufar a afiliados. El
resultado es la ineptocracia, el Gobierno de los más ineptos, los menos
capaces de tomar las decisiones y los más enchufados.
En
Ciudadanos creemos que el Estado es un instrumento para proteger
derechos y garantizar servicios a los españoles, no un botín a repartir.
Y para garantizar esos derechos, "el Estado debe ser delgado y fuerte,
no gordo y débil como lo que tenemos ahora", en brillantes palabras de
la escritora María Elvira Roca en Imperiofobia y la Leyenda Negra.
El compromiso de Ciudadanos es poner el final definitivo al Estado
tribal del bipartidismo y crear una administración neutral, fuerte y
ágil (no hipertrofiada) capaz de proteger los derechos y garantizar los
servicios de los ciudadanos.
(*) Presidente de Ciudadanos; responsable de Economía y Empleo del partido
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