CARTAGENA.- La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, defendió este martes que el nuevo mapa escolar, puesto en marcha la pasada primavera, permitió a los padres tener «toda la información relevante» de los 639 centros educativos de la Región para poder elegir aula para sus hijos.
En su comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional, Martínez-Cachá aseguró que la implantación del mapa escolar fue «según lo previsto»,
ya que se convirtió en un «instrumento de enorme utilidad» para la
comunidad educativa y supuso un «impulso decidido» en transparencia.
En
este sentido, la consejera resaltó que esta herramienta puso a
disposición de los docentes y los progenitores «de forma rápida y
sencilla» los datos necesarios para la elección de centro con vistas al
próximo curso escolar.
Además, Martínez-Cachá aclaró al PSOE, que le interpeló sobre el mapa escolar como herramienta de planificación, que esta iniciativa «nunca pretendió ser el instrumento de planificación»,
sino que los técnicos de la consejería de Educación, Juventud y
Deportes se basan en los censos municipales para ofertar las plazas.
Sin
embargo, la diputada del PSOE Choni Ludeña lamentó que el mapa escolar
puesto en marcha por el Gobierno regional incumpla los términos de la
moción aprobada por unanimidad hace más de un año en la Asamblea
Regional, que contempla que esta herramienta debe servir como elemento de planificación de la red, de los recursos y de las necesidades educativas de la Región en los próximos años.
Por
otra parte, la consejera tuvo que responder a otra interpelación de
Podemos sobre los pagos de los gastos de funcionamiento de los centros
educativos, negando que se haya hecho el abono de forma semestral
durante 2018 y recalcando que su departamento presupuestó 16,5 millones de euros más en estas partidas que en 2017, por los que los niveles de inversión recuperan los datos de 2012.
Así, Martínez-Cachá recordó que, mientras en 2017 se efectuaron los pagos de forma cuatrimestral, este año estaba previsto hacerlo mensualmente,
pero, para acompasar el ritmo de gasto de los centros a la
disponibilidad de tesorería, se pagaron en mayo los cinco primeros
meses.
El diputado de Podemos Miguel García
reprochó a la consejera el trato que dispensa a la educación pública,
acusándola de tener un «planteamiento político» consistente en «depauperar» a los centros públicos frente a los concertados.
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