MADRID.- Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez al
poco de llegar al poder fue la decisión de no prolongar la concesión de
las primeras autopistas de peaje en España, así como la eliminación de
los peajes que hoy pagan los ciudadanos. De esta forma, las autopistas
empezarán a revertir al Estado a partir de noviembre de este año. Esta
'nacionalización' supondrá que el Estado renuncie a 10.340 millones a
largo plazo, según los cálculos realizados por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE) y que hoy recoge Voz Pópuli.
En concreto, suprimir los peajes que hoy pagan los ciudadanos por
circular por esas carreteras de pago tendrá un impacto negativo en las
arcas públicas de 437,5 millones euros al
año, como ya dijo la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.
Según el IEE, la cifra se explica por los 84,8 millones de coste de
explotación y mantenimiento, hasta ahora asumido por las concesionarias,
y por los 352,7 millones que dejaría de recibir el Tesoro en concepto
de retorno fiscal anual (IVA, Sociedades, IRPF, cargas sociales y otros
tributos).
Pero ahí no acaban los problemas. A esta cifra habría que
añadir las pérdidas en las que incurriría el Estado por no volver a
licitar, como estaba previsto, las nueve autopistas
que han revertido anticipadamente y cuyo ingreso para el Estado se
estima en unos 1.000 millones de euros.
Además, el levantamiento de
barreras de las autopistas que terminan contratos implica la renuncia a
su relicitación, que podría haber permitido un pago inicial al Estado por parte de futuros concesionarios de 9.340 millones de euros.
La renuncia de Sánchez
Esto significa que la continuidad del sistema de peaje en las tres autopistas que acaban contrato en breve (AP-1, AP-7 y AP-4)
y la relicitación de las autopistas que han revertido anticipadamente
supondrían la obtención de unos recursos adicionales para el Estado de
10.340 millones a los que Sánchez ha decidido renunciar, según anunció
el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País. A esta renuncia de ingresos habría que sumar los 437,5 millones que se ahorraría en gastos.
En
2021 llegará el vencimiento de otras dos autopistas de peaje: la AP-2
entre Zaragoza y la costa mediterránea y diversos tramos de la AP-7
(Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol). Sin embargo, el horizonte
temporal del fin de estas concesiones trasciende la actual legislatura por lo que deberá ser el Gobierno resultante de las próximas elecciones el que tome una decisión definitiva.
Lo cierto es que el Gobierno del PP había dicho también
que no prolongaría las concesiones de peajes con próximos vencimientos, a
pesar de las peticiones de las sociedades concesionarias (Itínere, para el caso de la AP-1, y Abertis para
las otras dos vías). Sin embargo, no terminó de definir cuál sería el
destino de los peajes una vez que finalizara la concesión.
La idea del Ministerio de Fomento que dirigía Íñigo de la Serna era
que el coste de estas primeras autopistas de peaje ya estaba
amortizado. No obstante, aún se planteaba la posibilidad de que fuera el
Estado el que siguiera cobrando el peaje, una vez vencida la concesión,
para sufragar el mantenimiento de esos tramos, que ya no correrían a
cargo de la concesionaria.
La renuncia a los 10.000 millones es una de las razones que han llevado al Instituto de Estudios Económicos
(IEE) a llamar a su ultimo informe ‘No perder la confianza que tanto
ha costado recuperar’.
El organismo, laboratorio de ideas económicas de
la CEOE, se ha mostrado muy critico con las primeras medidas anunciadas
por el nuevo Gobierno y convencido de que el próximo que salga de las
urnas en 2020 tendrá que arreglar los desastres de los socialistas.
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