MADRID.- El gasto en servicios públicos fundamentales en 2016 en la Región de
Murcia fue de 2.695 euros por habitante, mientras que el mismo dato en
el conjunto de España fue de de 2.464 euros por habitante, lo que supone
que la cifra regional sea un 9,4% mayor que la nacional. La Región se
encuentra entre las comunidades con un mayor gasto por habitante en
estos servicios: solo es superada por el País Vasco, Navarra, Cantabria y
Extremadura, en ese orden.
Sólo País Vasco y Cantabria han recuperado los niveles de gasto
público por habitante que había antes de la crisis, según un informe de
la Fundación BBVA, que subraya además que hay diferencias notables entre
unas comunidades y otras respecto a lo que destinan a educación,
sanidad y protección social.
En su último informe de la serie "Esenciales", elaborado junto al
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), esta
fundación analiza la etapa de 2003 a 2016 y señala que no todas las
comunidades se han comportado de la misma manera a lo largo de ese
tiempo. Destaca la Región de Murcia, que cerca del 50%, lidera el
crecimiento acumulado del gasto real por habitante, principalmente por
la etapa expansiva de 2003 a 2009.
Durante la etapa expansiva (de 2003 a 2009), el gasto real por
habitante en servicios públicos esenciales experimentó un crecimiento
acumulado de algo más del 20% en todas las autonomías y rebasó el 40% en
Murcia y en Castilla-La Mancha.
Tampoco fue la misma la intensidad de los ajustes en los años de
crisis y, mientras Castilla-La Mancha redujo su gasto en esta materia
por encima del 26% entre 2009 y 2013, el País Vasco, Asturias y
Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.
De media, las comunidades bajaron su gasto público un 15% durante la
crisis, mientras que la Seguridad Social -que se encarga principalmente
de las pensiones y las prestaciones por desempleo- logró proteger el
nivel de gasto en servicios públicos fundamentales.
En los últimos años, agrega el estudio, el gasto ha iniciado una
senda de recuperación, si bien ninguna comunidad, excepto Cantabria y
País Vasco, ha recuperado los niveles de gasto público per cápita
(calculado en euros constantes) previos a la crisis.
Además de experimentar evoluciones tan distintas, los niveles de
gasto en educación, sanidad y protección social por habitante difieren
notablemente entre comunidades, hasta el punto de que el del País Vasco
(3.218 euros) es un 42% superior al de Canarias (2.265 euros).
El gasto por habitante ajustado de País Vasco y Navarra es 31 puntos y
23 puntos superior a la media española en 2016, respectivamente,
mientras que el de las comunidades insulares (Baleares y Canarias) fue
un 7-8% inferior.
Unas diferencias interregionales que ya eran patentes en el momento
en el que finalizó el traspaso de competencias a las comunidades en 2002
y la posición relativa de las mismas apenas ha sufrido modificaciones a
lo largo de periodo.
Y es que, según recuerda la Fundación BBVA, la existencia de
obligaciones de gasto por habitante son distintas dependiendo del
territorio, de manera que una población más envejecida tiene mayores
necesidades sanitarias y de dependencia que una más joven, cuyas
exigencias están más enfocadas al ámbito educativo.
Las comunidades con población más dispersa asumen igualmente mayores
costes unitarios para prestar servicios públicos como consecuencia del
desaprovechamiento de las economías de escala.
Se analiza además el nivel de bienestar calculado a partir de
variables de naturaleza objetiva correspondientes a tres dimensiones:
bienestar material, educación y salud.
País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid y Cantabria se situaron en las
primeras posiciones en cuanto a bienestar en 2015 (último año
disponible), y todas ellas -excepto la comunidad madrileña- presentan un
gasto en servicios públicos fundamentales superior a la media española.
En las últimas posiciones se encuentran Canarias y Andalucía, ambas por debajo del promedio en gasto público per cápita.
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