CARTAGENA.- La portavoz del gobierno municipal socialista de Cartagena, Obdulia Gómez, exigió este jueves la dimisión del actual presidente de la Autoridad Portuaria y exconcejal de Urbanismo en la etapa del Partido Popular, Joaquín Segado, por ser quien, como concejal de Urbanismo (del PP) tomó la «decisión política» de aprobar el cambio de uso del terreno en La Azohía. «Nos hará perder 3,4 millones de euros, más las costas y los intereses, es decir alrededor de cuatro millones apuntó»!.
Sin
embargo, eludió cargar con responsabilidad alguna al jefe de área de
Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, que dio el visto bueno técnico
previo a la decisión y una funcionaria que también informó
favorablemente la decisión.
Gómez avanzó que el Ayuntamiento
interpondrá un recurso de aclaración ante el TSJ y, con toda seguridad,
acudirá al Supremo en casación. El Grupo Municipal del Partido Popular
indicó que por ahora no hace valoraciones
Para el Grupo Municipal
Cartagena Sí Se Puede (Podemos), «resulta escandaloso que la
Administración Local prevarique a costa del dinero público, y que el
conjunto de los vecinos paguemos las consecuencias del urbanismo del
Partido Popular, que hace tres años dejó el Gobierno pero aún sigue
haciendo daño al municipio».
La portavoz de Podemos, Pilar Marcos,
consideró este jueves «inmoral que el conjunto de los cartageneros
paguemos 3,4 millones de euros a las promotoras como consecuencia de
decisiones técnicas y políticas de personas que no han asumido ni
asumirán sus responsabilidades» .
La formación morada también
calificó de «vergonzoso que el Gobierno del PSOE no haya exigido dichas
responsabilidades tras estas sentencias que condenan al Ayuntamiento a
seguir pagando indemnizaciones al por mayor, unas indemnizaciones que
consolidan la sangría económica, en la misma senda que ha ocurrido con
las sucesivas sentencias de Casco Antiguo SA».
El grupo municipal
añadió «que esta supuesta mala praxis no es causal ni mucho menos, y que
es la consecuencia del urbanismo «popular» que el PSOE no ha revertido
en modo alguno... un urbanismo que sigue sumando desastres como los
sobrecostes millonarios del Batel, la construcción faraónica del Palacio
de los Deportes, la tragicomedia de la anulación del Plan General o las
citadas sentencias sobre Casco Antiguo SA».
El
presidente de MC, Jesús Giménez, por su parte, manifestó sobre la
sentencia del TSJ que «ya parecen estar fuera de circulación Alonso y
Barreiro, pero ahí sigue Joaquín Segado, el responsable político de esta
cacicada en La Azohía que nos va a costar unos 4 millones de euros con
intereses y costas».
«Entiendo que el señor Segado dimitirá de su
cargo de modo inmediato y abandonará la vida pública, porque además de
aprobar un plan anulado y que está comprometiendo el desarrollo del
municipio y costarnos 8.000 euros al mes que se lleva de sueldo; desde
esta sentencia sabemos que todos los ciudadanos de Cartagena perderemos
servicios por valor de 4 millones para pagar sus desmanes en la
gestión», añadió Giménez.
A juicio de MC, «si no dimite deberán
cesarlo de modo inmediato desde el Gobierno regional (del PP), por su
ineptitud presente demostrada en que mantiene amianto al aire libre
junto a los trabajadores en Peñarroya y pasada, porque políticos como él
nos cuestan la salud y el dinero, y ya está bien».
Para
la formación naranja, la gestión urbanística del Gobierno del Partido
Popular en Cartagena sigue tres años después ocasionando gravísimos
perjuicios económicos a este municipio. No sólo porque diseñaron un plan
general de ordenación urbana que fue anulado y ha provocado la
paralización de muchos proyectos y cuyo coste público es difícil de
determinar (sin duda millonario), sino porque se tomaron decisiones, que
de momento, han merecido una reafirmación del TSJ de una condena que
podría conllevar el pago por parte del Ayuntamiento de unos cuatro
millones de euros por demorar los permisos necesarios para iniciar unas
obras en La Azohía de manera arbitraria hasta que consiguió impedirlas
de manera irregular, según reza el contenido de la sentencia.
Con
motivo de esta información, Ciudadanos quiere manifestar una vez más su
respeto a las decisiones judiciales y recuerda que este fallo puede ser
recurrido en casación ante el Tribunal Supremo y que el Ayuntamiento de
Cartagena ya ha manifestado públicamente su intención de hacerlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario