MURCIA.- Ahora Murcia ha registrado hoy una solicitud al Ayuntamiento de
Murcia instándole a que reconozca la desestimación de la legalización de
las construcciones que solicitó la UCAM, al haberse agotado el plazo
para la tramitación de la misma.
Se hacía
necesario para aprobar el expediente que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia emitiera la autorización que le solicitó el
Ayuntamiento, pero se ha agotado el plazo para la misma, sobrepasándolo
ampliamente sin que la CARM haya informado ni autorizado las
construcciones.
Es por ello que este grupo
municipal ha requerido que, en cumplimiento de la ley, se emita la
correspondiente "CERTIFICACIÓN DE ACTO PRESUNTO EN SENTIDO
DESESTIMATORIO", lo que supone reconocer que se ha acabado el plazo de
tramitación y, como señala la disposición legal, "el transcurso del
plazo máximo establecido sin resolver, determina la denegación de la
autorización".
Desde el PP, el concejal Navarro
Corchón, se ha escudado repetidas veces en que las ilegalidades en las
que incurre la UCAM se iban a solucionar con un procedimiento abierto
para su legalización mediante "autorización excepcional por razones de
interés público", que debía otorgar la CARM tras la revisión del
expediente remitido desde el Ayuntamiento.
Como
ahora reclama este grupo municipal, "al estar agotado el plazo de
tramitación de 4 meses de que disponía la CARM para conceder la
autorización excepcional, se entiende que la solicitud ha sido
desestimada, al no haberla concedido expresamente en plazo".
El
Ayuntamiento remitió el 28 de octubre de 2016 el expediente a la CARM,
con lo que el tiempo transcurrido ha sido de año y medio, superándose en
más de un año el plazo máximo legal para emitir la autorización.
Por
ello, desde Ahora Murcia instamos al concejal Navarro Corchón a que
"deje de inventar excusas y cumpla la ley, reconociendo que se ha
acabado el tiempo de la supuesta legalización y ahora toca reconocer la
desestimación de lo que pretendía la UCAM", así como que "acabe con la
barbaridad de dar cobertura administrativa a la UCAM", que sin respeto
alguno a las normas y por la vía de los hechos consumados, ha construido
una superficie de miles de metros en el entorno monumental del
Monasterio de los Jerónimos, con valores altamente protegidos.
Por
último, y en referencia a la moción que se ha debatido esta tarde en el
Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se ha debatido la propuesta de Ahora
Murcia para que el equipo de gobierno del PP rindiera cuentas por la
situación de la UCAM.
Tras un intenso debate,
donde la concejala Ángeles Micol ha anunciado la solicitud de
certificación de la desestimación por silencio de la legalización de la
UCAM, la propuesta de rendición de cuentas del concejal de Urbanismo y
del equipo de gobierno del PP ha sido rechazada. Ha sido necesaria una
segunda votación ante el empate producido en la votación, y el alcalde
José Ballesta ha hecho uso de su voto de calidad para impedir la
aprobación de la moción.
Ahora Murcia ha instado a
los concejales del PP que han sido profesores de la UCAM o que han
cobrado de esta entidad privada se abstuvieran de participar en la
votación, cosa que finalmente no han hecho.
La UCAM advierte
La UCAM advierte
"La UCAM confía en que la comisión
municipal creada sea el instrumento para solucionar la grave situación a
la que se está sometiendo a esta institución desde hace tres años, ya
que tras realizar una fuerte inversión en estos terrenos de la zona
norte del campus (Plan Especial GU-Ñr3), en los que ha hecho la completa
obra de urbanización con autorización de Ayuntamiento y Consejería de
Cultura, se le impidió seguir con los trabajos justo en el momento de
iniciar la edificación de las instalaciones educativas (febrero de
2016), planificadas de manera respetuosa con el entorno y preservando la
hegemonía del Monasterio de los Jerónimos, recuperado y rehabilitado
por esta institución", dice la UCAM en un comunicado.
"Esas instalaciones son
aularios, laboratorios, un complejo deportivo o la Incubadora de
Tecnología en Salud, Deporte y Nutrición, obtenida con fondos FEDER a
través de la Fundación Incyde para desarrollar investigaciones aplicadas
a las empresas y la sociedad murciana, y que contará con el liderazgo
del investigador Juan Carlos Izpisua, catedrático por esta Universidad", añade.
"Esta
decisión de paralización es contraria a Ley, priva a la fundación de
ejercer sus derechos legítimamente adquiridos e incumple los acuerdos
alcanzados. La actuación de la administración ha provocado hasta ahora
pérdidas millonarias a la Fundación Universitaria San Antonio y un grave
perjuicio en la prestación de los servicios que le demanda la sociedad.
Solucionar esta situación debe servir para evitar problemas de mayor
envergadura", concluye.
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