MADRID.-El ex director general de Planificación
Educativa de la Región de Murcia, Enrique Ujaldón, ha negado hoy ante el juez del caso
Púnica en la Audiencia Nacional haber asistido a reunión alguna para
concertar contratos con empresas de la trama Púnica para mejorar la
imagen del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PAS).
Ujaldón
ha declarado hoy como testigo ante el juez Manuel García Castellón, que
le ha citado dentro de una ronda de comparecencias pedidas por las
defensas tras admitir un recurso contra el auto de cierre de instrucción
que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia antes de
inhibirse a la Audiencia Nacional.
El
juez consideró en ese recurso que se deben practicar varias pruebas propuestas por las
defensas antes de concluir la fase de investigación y abrir juicio oral
contra Sánchez, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años de
prisión por intentar usar dinero público para mejorar su reputación en
internet.
La citación de
Ujaldón responde a que un funcionario anónimo le emplazó en reuniones
con Sánchez para acordar que se usara una partida de formación de la
Consejería de Educación para pagar a dos empresas relacionadas con
Púnica (Eico y Madiva) campañas de mejora de la imagen del expresidente
de cara a las elecciones.
En concreto, la Guardia Civil
afirma que Sánchez se concertó con el empresario Alejandro de Pedro
(dueño de Eico y Madiva) para pagarle 4.600 euros al mes durante siete
meses para mejorar su reputación, un dinero que inicialmente saldría de
fondos públicos en el marco de un eventual contrato "en materia de
formación".
Según fuentes
presentes en su declaración, el testigo ha dicho hoy
al juez que él nunca participó en ninguna reunión en la que se hablara
de ese tema y que no conoce esos pagos a las empresas de Púnica.
Ha
añadido que, en todo caso, las tareas de formación nunca se contrataban
con empresas, por lo que se podían haber hecho esos pagos a través de
esas partidas porque ese tipo de abonos los hacían los centros de
profesorado, no la Consejería directamente.
La
rama del caso Púnica referida a Pedro Antonio Sánchez (PAS) volvió a la Audiencia Nacional
después de que el expresidente regional de Murcia perdiera su aforamiento al
dimitir como diputado autonómico en octubre de 2017.
En
este proceso se trata de determinar si Sánchez pudo incurrir en delitos
de cohecho, fraude y revelación de información reservada en sus tiempos
de consejero de Educación.
Junto a Sánchez figura también como imputado el que fue su asesor en la consejería, David Conesa.
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