MURCIA.-El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera,
ha abierto diligencias de investigación a raíz de una nueva denuncia de
la Plataforma Pro Soterramiento por las obras de entrada de la alta
velocidad a la ciudad de Murcia, al mismo tiempo que ha enviado a Madrid parte de los hechos denunciados.
En esta ocasión, las imputaciones
se refieren a un presunto delito de prevaricación, que se atribuye al
presidente de Adif, Juan Bravo; a todos los miembros del Consejo de
Administración de esa empresa pública; al secretario de Estado de
Infraestructuras del Ministerio, Julio Gómez-Pomar, y a los directivos
de la entidad Murcia Alta Velocidad y de la constructora adjudicataria
de la primera fase, Aldesa, encargada de los trabajos.
Los hechos
ahora denunciados tienen su base en la ampliación en 2017 de las obras
de soterramiento y a la ejecución del desvío ferroviario en vía única,
que implicaban una «modificación radical» del contrato original de 2015 y
que habrían sido encomendadas a Aldesa de forma supuestamente ilegal,
vulnerando la legislación sobre contratación pública, simulando que se
trataba de «trabajos complementarios» de los iniciales.
Entre las
medidas cautelares que los denunciantes solicitan destacan la
paralización o el cese de las obras del AVE a su entrada al municipio de
Murcia y la intervención judicial de las mercantiles Murcia Alta
Velocidad y Aldesa.
Díaz Manzanera ha dicho que en la actualidad, en la fiscalía que preside, se sigue la tramitación de las diligencias informativas que acordó abrir el pasado 18 de abril para investigar si, como denunció la Plataforma, se ha podido cometer algún ilícito penal en los trabajos y, en concreto, en la adjudicación de la pasarela sobre las vías a la empresa Aldesa.
El fiscal superior ha añadido que parte de los hechos contenidos en esa última denuncia y otras planteadas con anterioridad han sido comunicados a la Fiscalía de Madrid, al considerar que sería la competente, al encontrarse en la capital de España los órganos que adoptaron los acuerdos contra los que se ha recurrido por parte de la Plataforma pro Soterramiento.
Díaz Manzanera ha dicho que en la actualidad, en la fiscalía que preside, se sigue la tramitación de las diligencias informativas que acordó abrir el pasado 18 de abril para investigar si, como denunció la Plataforma, se ha podido cometer algún ilícito penal en los trabajos y, en concreto, en la adjudicación de la pasarela sobre las vías a la empresa Aldesa.
El fiscal superior ha añadido que parte de los hechos contenidos en esa última denuncia y otras planteadas con anterioridad han sido comunicados a la Fiscalía de Madrid, al considerar que sería la competente, al encontrarse en la capital de España los órganos que adoptaron los acuerdos contra los que se ha recurrido por parte de la Plataforma pro Soterramiento.
La Plataforma ya ha impuesto anteriormente otras
denuncias por el proyecto de alta velocidad.
En el escrito con el que acusó recibo de la recepción de la última denuncia, el fiscal superior indicaba que en su momento informaría a los denunciantes sobre el resultado de las actuaciones.
En el escrito con el que acusó recibo de la recepción de la última denuncia, el fiscal superior indicaba que en su momento informaría a los denunciantes sobre el resultado de las actuaciones.
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