Que España tiene la mayor crisis institucional desde
el inicio de la transición es poco discutible. A la crisis territorial
provocada por una desmesura política y judicial, principalmente, aunque
también económica y mediática, que ha puesto de relieve la endeblez de
la democracia española y su única apuesta por la represión como solución
de cualquier conflicto, se ha unido a raíz de la insultante sentencia
de La Manada emitida por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra un conflicto sin precedentes entre la judicatura española y el gobierno de Mariano Rajoy.
Cuando a un país se le rompen las costuras e implosiona en múltiples
crisis, suele entrar en una fase de colapso institucional y esto es lo
que le está sucediendo a España en la etapa crepuscular de un gobierno
incompetente hasta la saciedad. Las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá,
señalando directamente a uno de los tres jueces que emitieron la
sentencia de La Manada -el que pidió la absolución de los jóvenes
bárbaros- y apuntando al Consejo General del Poder Judicial por no
haberlo apartado ya que "tiene un problema singular" y "todo el mundo"
lo sabe, ha situado al órgano rector de los jueces literalmente contra
las cuerdas.
El hecho de que asociaciones de jueces y fiscales hayan pedido su
dimisión es casi anecdótico. La pidió el Congreso y ahí sigue y es obvio
que hace tiempo que Catalá debería estar fuera del Ejecutivo. Entre
otras cosas por la dirección gubernamental del 155 y el uso realizado de
la Fiscalía en el referéndum del 1-O, que un día conoceremos con
detalle, y las presiones a la justicia que aún hoy retienen en prisión a
una parte significativa del Govern y han forzado al resto a tomar el
camino del exilio, empezando por el president Carles Puigdemont.
No es ese el único conflicto entre el gobierno español y la justicia ya
que aún está viva la defensa del ministro Montoro de que no había
habido malversación en el referéndum en contra de lo defendido por el
juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Pero no es por el tema de La Manada que el ministro Catalá tiene que
irse corriendo de su cargo. Las acusaciones que ha hecho del juez de
Pamplona son muy graves y el CGPJ lejos de pedir prudencia a los
políticos -en España nadie tiene patente de corso se repite con
frecuencia, aunque a la vista está que no es así- lo que debe hacer es
abrir una investigación. Y, si conoce ya el resultado, dar cuenta
urgente a la opinión pública.
Ya sé que lo cómodo y lo fácil en los medios españoles es hablar de
la división en el independentismo y las quinielas sobre si habrá o no
Govern. Al haberse cumplido seis meses de la proclamación de la
República catalana, casi siete del 1-O (que se cumplen este martes) y,
sobre todo, algo más de cuatro de las elecciones del 21-D hay que
reconocer que este imprevisto acto de demolición de la arquitectura
institucional española nos lo hubiéramos perdido con una gestión
diferente de los tiempos en la formación del Govern.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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