Como un auténtico mazazo ha caído en el gobierno español el desplazamiento del president Carles Puigdemont y de la consellera Meritxell Serret durante varios días de la semana próxima a Suiza, abandonando
temporalmente su exilio de Bruselas.
Que, además, este viaje se
desarrolle con una cierta cobertura de las instituciones oficiales
helvéticas y que entre los actos programados haya nada más y nada menos
que un debate en la sede de la ONU en Ginebra sobre la
regresión de los derechos humanos en España ha movilizado a la Fiscalía
General del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio
del Interior.
Eso sí, hasta la fecha con aparente nulo resultado, una
vez se ha pronunciado el portavoz de la Oficina Federal de Justicia de
Suiza, Folco Galli, negando que pueda ser detenido o extraditado durante
su estancia, una hipótesis con la que había querido jugar horas antes
la fiscalía española.
Todo apunta, por tanto, que poco más que la gesticulación le acabará
quedando al gobierno español. Y, quizás, en esta clave hay que entender
la retención/detención durante unas horas del secretari de Comunicació i Difusió de la Generalitat, Antoni Molons,
buscando documentación sobre el coste para el Govern de la campaña del
referéndum del pasado 1 de octubre. O la irrupción de la Guardia Civil en la sede de Òmnium Cultural con
idéntico objetivo.
Aunque hace más de cinco meses de la celebración del
referéndum y que la sede de Òmnium ya fue investigada, se trataba,
supuestamente, de obtener nueva documentación. Mientras eso sucedía en
Barcelona, en Madrid, PP y Ciudadanos perdían el pulso con la oposición y
el Congreso impulsaba la derogación de la prisión permanente revisable.
Un traspiés para la Moncloa, aunque uno más después de las protestas de
los pensionistas y, sobre todo, la inmovilización del gobierno con los
presupuestos generales del Estado que no puede sacar adelante sin el
apoyo del PNV; que, a su vez, hoy se lo niega por la vigencia del 155.
Pero volvamos a Suiza. Si incómoda será la mesa redonda en la ONU en la que participarán el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín
y familiares de presos políticos, el hecho de que durante tres días el
foco sobre derechos humanos y autodeterminación tenga diferentes actores
catalanes es lo que ha causado un gran malestar en el gobierno español.
No deja de ser llamativo que con las legaciones diplomáticas de la
Generalitat cerradas por el Ministerio de Exteriores y con toda la
fuerza de un estado para impedir la internacionalización del conflicto,
el resultado sea que haya varios actos relacionados con Catalunya en la
semana que se celebra la 37ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
A veces, viendo las miserias interiores, uno puede perder de vista que en Madrid y en el extranjero también pasan cosas.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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