CARTAGENA.- PP y PSRM han llegado a un principio de acuerdo sobre el modelo de la ITV en la Región, que contempla un sistema mixto de autorización administrativa que mantiene la estación de Alcantarilla como de gestión pública, si bien los socialistas también condicionan la entente a que no haya liberalización de las concesiones.
Tanto el
portavoz parlamentario del PP, Víctor Manuel Martínez, como el
viceportavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Alfonso Martínez Baños,
confirmaron que hay un principio con los sindicatos para que haya una legislación regional sobre las ITV, una vez que el 4 de septiembre fue derogado el decreto ley por parte de la oposición en la Cámara autonómica.
Martínez remarcó que el acuerdo está "al 99 por ciento" tras el trabajo "serio" realizado con PSRM,
patronal, sindicatos y trabajadores, concretando que la propuesta
consensuada apuesta por un sistema mixto de autorización administrativa
"viable y seguro".
El portavoz del PP ha indicado que los
empresarios que opten a abrir una estación de Inspección Técnica de
Vehículos tendrán que presentar un "plan de viabilidad".
Martínez
señaló que las solicitudes presentadas entre septiembre y la aprobación
de la futura legislación, que hasta el pasado mes de noviembre eran de
cerca de 80, están regidas actualmente por la liberalización que
contempla la norma estatal.
Sin embargo, Martínez Baños condicionó el acuerdo a que la consejería articule unas medidas que eviten las aprobaciones de las solicitudes presentadas hasta ahora. "Hay que evitar que aparezcan estaciones como churros", ha apostillado.
El
diputado autonómico socialista ha remarcado que la apuesta por la ITV
pública de Alcantarilla también debe contemplar que se refuerce la
plantilla para tener operativas las cuatro líneas de la estación.
Martínez
Baños indicó que el PSRM tiene un acuerdo al "cien por cien" con los
sindicatos CCOO y UGT, pero añadió que la entente con el PP también
depende de concretar cómo se tramitaría la futura norma,
puesto que Ciudadanos tiene ya registrada una proposición de Ley en la
Cámara autonómica en la que apuesta por la liberalización
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