MURCIA.- Las operaciones ruinosas de Catalunya Caixa en cuatro en 'resorts' de la Región de Murcia lleva a Narcís Serra ante el juez tras su imputación. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lo ha citado a declarar como investigado, el próximo 20 de febrero, al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Catalunya Caixa por el 'agujero' de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas por la entidad bancaria entre los años 2000 y 2007.
Ese mismo
día y una hora después, el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 2 también interrogará a los ex directores generales Adolf Todó y
José María Loza. En los tres días siguientes, comparecerán otros doce
exdirectivos de la entidad.
Según el escrito de la Fiscalía
Anticorrupción que pedía la imputación de los quince investigados, la
caja catalana realizó entre 2000 y 2007 «una intensiva y creciente
actividad inversora inmobiliaria», principalmente en proyecciones y
expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por análisis
de solvencia.
El Ministerio Público denunciaba por «notables
irregularidades» en la gestión de la caja a los ex altos cargos por un
presunto delito continuado de administración desleal, en virtud de unas
irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (Frob). La Fiscalía asumió la denuncia de este organismo, el
cual consideraba que estas actuaciones le causaron un grave perjuicio.
Sobre
la actuación concreta de los exdirectivos, incluido Narcís Serra, la
Fiscalía detectó una «total falta de preparación técnica» de la mayor
parte de los ahora imputados.
Cuatro de estas operaciones
inmobiliarias ruinosas las acometió Catalunya Caixa en la Región y
acabaron acarreándole unas pérdidas de 150 millones de euros. Una de
ellas fue con el resort Hacienda del Álamo, para cuya construcción la
caja catalana adquirió por 170 millones una gran extensión de suelo en
Fuente Álamo, con el fin de construir un residencial con unas 1.500
viviendas. Las pérdidas ascendieron a 109 millones.
También en
Lorca adquirió en 2006 unas 173 hectáreas, en una operación que supuso
un perjuicio de 16 millones. Y en Molina de Segura compró un solar
calificado como industrial, para levantar 800 viviendas. Las pérdidas
superaron los 22 millones, según La Verdad.
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