BILBAO.- El PNV centra su propuesta de reforma estatutaria en blindar
el autogobierno frente a eventuales laminaciones de competencias y en
dotarle de seguridad jurídica a través de un «régimen eficaz de
garantías» que impida su modificación unilateral. Ésa nueva relación de
«bilateralidad efectiva» implicaría reconocer a Euskadi y a España como
«sujetos políticos» en pie de igualdad y estaría sustentada en los
derechos históricos reconocidos expresamente en la Disposición Adicional
Primera de la Constitución y en el propio Estatuto de Gernika. Ése es el espíritu que impregna los 17 folios que, en medio de una gran expectación, presentó este miércoles el PNV en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, según matiza El Correo.
La
propuesta jeltzale busca que el cumplimiento del Estatuto no vuelva a
depender de las circunstancias políticas o de las necesidades
aritméticas del Gobierno central de turno y propone que la nueva ley
fundamental vasca establezca no solo el listado de competencias que
corresponden a Euskadi sino las garantías de su cumplimiento y que, en
el plazo de tres meses a partir de su aprobación, se cierre un
«traspaso único y definitivo de los medios y servicios públicos que se
estimen de común acuerdo para asumir el nuevo Estatus Político
definitivamente».
«El sistema no precisará de ningún otro
proceso transferencial en el futuro», precisa la propuesta de Sabin
Etxea. A partir de ahí, se introduce el nuevo concepto de «competencia
concertada» y una nueva Comisión Mixta del Concierto Político para «objetivar de manera pactada las condiciones en las que ambas partes ejercerán sus respactivas» materias.
El
derecho a decidir, el gran caballo de batalla de la reforma del
Estatuto, está incluido en la propuesta jeltzale aunque no es, ni mucho
menos, su elemento central. Se introduce además, en todo momento, no
como un objetivo abstracto, sino como un derecho cuyo ejercicio debería
ejercerse de manera pactada.
Según subrayan fuentes del PNV, la
propia voluntad de los vascos de dotarse ahora de un nuevo estatus a
través del ejercicio de los derechos históricos supone poner en práctica
esa capacidad de decisión. «La pauta básica que debe guiar a
los redactores del texto deberá descansar, por igual, sobre la tradición
pactista que ha servido de inspiración a la organización política de
los territorios vascos desde la etapa foral y sobre los requerimientos
de la moderna sociedad democrática, que no concibe una fórmula de
convivencia política que no cuente con el refrendo de la ciudadanía»,
apuntan.
En cualquier caso, el PNV precisa que el nuevo estatus que plantea se basa en la «no ruptura»
y en el asentamiento de un nuevo «acuerdo convivencial» dentro «del
Estado español» basado en los conceptos de la «interdependencia» y la
«codecisión». En definitiva, una nueva apelación a la soberanía
compartida que ha venido defendiendo el lehendakari Urkullu, cuya
doctrina impregna de principio a fin el documento.
El documento jeltzale, que promueve también el
reconocimiento de la «identidad nacional» vasca, la participación
efectiva en los procesos de toma de decisiones en la UE y que el
Tribunal Superior vasco sea la última instancia judicial, se
mueve en un terreno pragmático y posibilista, encaminado a evitar que el
texto reciba un portazo de Madrid o sea recurrido a las primeras de
cambio ante el Constitucional.
En ese sentido, desaparece de la
propuesta peneuvista la ‘consulta habilitante’ que defendió en enero de
2016, un referéndum previo al debate del nuevo Estatuto en las Cortes
Generales que no está contemplado por la legalidad vigente. Su
desaparición, que el PNV justifica porque ahora se piden contenidos y no
metodología, implica en realidad remover un obstáculo fundamental, ya
que el único referéndum sería el de ratificación previsto en la propia
Carta de Gernika.
La ponencia de
autogobierno del Parlamento vasco ha recibido las aportaciones de todos
los grupos en la reunión que se celebró este miércoles, en la que se ha
acordado que la coordinadora de este órgano, la jeltzale Jone
Berriozabal, asuma la responsabilidad de sintetizar los «consensos y
disensos» que se detecten en los documentos de todos los partidos para
la reforma estatutaria.
Joseba Egibar (PNV)
ha asegurado que la reforma que plantea su partido es «perfectamente
legal» y toma como «engarce» la disposición adicional de la Constitución
que ampara los derechos históricos de los territorios forales vascos.
Aunque define al «pueblo vasco como sujeto político» y contempla en
«derecho a decidir», el documento presentado hoy por el PNV no incluye
ninguna alusión a la consulta habilitante. Según Egibar, no porque se
renuncie a ella, sino porque corresponderá hacer referencia a ella
cuando se redacte el texto articulado del nuevo estatus.
Maddalen Iriarte (EH Bildu)
ha acogido bien la aportación del PNV, aunque ha pedido a los jeltzales
que «no den ni un paso atrás en la defensa del derecho a decidir y en
su propuesta para celebrar una consulta habilitante» previa a la
negociación del nuevo estatus con el Estado. En cualquier caso, se ha
mostrado «optimista» ante la actitud mostrada por el PNV.
Lander Martínez (Elkarrekin Podemos)
ha aplaudido que los grupos hayan «abandonado los maximalismos» para
favorecer el debate en la ponencia, lo que ha definido como «un tímido
paso adelante» que también le hace ver con optimismo las posibilidades
de acuerdo.
José Antonio Pastor (PSE-EE)
ha destacado que existe «una amplia coincidencia en la necesidad de
actualizar el autogobierno y garantizar loa derechos sociales», pero ha
advertido que toda la reforma «tiene que ser legal», por lo que ha
recomendado no caer en «ejercicios de voluntarismo político» como
introducir el derecho a decidir. «Un Estatuto no puede modificar la
Constitución», ha recordado.
El más crítico con el desarrollo de la ponencia ha sido Borja Sémper (PP),
que se ha mostrado «seriamente preocupado» con la propuesta del PNV,
«que incluye el derecho de autodeterminación y puede llevar a Euskadi a
escenarios de división e incertidumbre como Cataluña». Sémper ha pedido
al lehendakari que «intervenga para detener este despropósito».
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