CARTAGENA.- CTSSP, junto a MC, ha anunciado que llevará una
moción conjunta para el próximo Pleno del 26 de febrero a fin de constituir una
Comisión de Investigación sobre el servicio de limpieza viaria,
recogida de basura y tratamiento de residuos.
El grupo municipal
de Cartagena Sí Se Puede considera indispensable poder acceder a toda la documentación que le
viene siendo sistemáticamente negada por el Gobierno socialista, como
son los informes técnicos del Director del Contrato o las actas del
Consejo de Administración de Lhicarsa, que fueron solicitadas a
principios de legislatura.
El grupo municipal de
Podemos considera indispensable investigar todas y cada una de las
posibles irregularidades existentes en el cumplimiento del contrato con Lhicarsa, irregularidades que han sido denunciadas por el Director del
contrato y recogidas por la prensa, y que algunas de ellas incluso han
sido asumidas tanto por la empresa concesionaria como el propio
Gobierno: irregularidades de personal, falta de inversiones, servicio
deficiente, problemas medioambientales ocasionados en la planta de
tratamiento, discrepancias acerca de la titularidad de los subproductos
que se venden, etc.
En palabras de Pilar Marcos:
“Un servicio público de 35 millones de euros no puede mantenerse oculto y
requiere de la mayor transparencia, una transparencia que no se
corresponde con las nulas e insuficientes respuestas que dio el Gobierno
a la treintena de preguntas que llevamos a Pleno. Pero más vergonzoso
es aún que se pretenda modificar las condiciones contractuales en
beneficio de la empresa sin antes esclarecer y fiscalizar adecuadamente
si ésta ha estado cumpliendo con lo que se establece en los pliegos de
condiciones.”
En versión de MC, los aspectos que se proponen estudiar en esta Comisión son los de la valoración del cumplimiento del contrato y de los pliegos de condiciones; la procedencia de cualquier modificación del contrato o alteración de sus condiciones, o de una nueva licitación según los procedimientos administrativos que correspondan; la obtención de beneficios por la empresa que deben ser valorados, investigados y regularizados, en su caso; la falta de recursos materiales (inversiones y reinversiones); la falta de recursos humanos; las condiciones de acceso al empleo y el listado de trabajadores; la falta de ingresos por subproductos de la planta de tratamiento de residuos; el reconocimiento implícito, al existir el 'Plan especial de Limpieza', del incumplimiento de sus obligaciones por parte de Lhicarsa, e incluso de FCC, así como posibles incumplimientos contractuales con especial impacto en el medio ambiente.
Concesionaria
Lhicarsa, empresa en la que el Ayuntamiento tiene una participación del 10%, es la concesionaria del contrato de limpieza, recogida de basura y tratamiento de residuos.
La viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha denunciado que "las manifestaciones de Castejón sobre lo insuficiente del contrato esconden la intención de premiar a la empresa con hasta cinco millones de euros más al año vía modificación de contrato, apartado a un lado, una vez más, el criterio de los técnicos. Una intención que rechazamos frontalmente".
Para García, "lo que demandan los ciudadanos es que la alcaldesa exija a Lhicarsa que cumpla, que limpie las calles con más trabajadores y mejores máquinas, que es lo que los cartageneros pagan desde hace años, y no que el Gobierno mire hacia otro lado para utilizar a las concesionarias como agencia de colocación y dejar en un cajón el interés general".
La representante de la formación cartagenerista ha recordado que "en relación a este servicio existen problemas que ya han sido recogidos en informes municipales y han sido tratados en el Pleno, habiendo sido asumidos, buena parte de ellos, tanto por la empresa como por el Gobierno".
Dada esta situación, para MC y CTSSP investigar acerca del cumplimiento del contrato con Lhicarsa se trata de una cuestión, sin duda, prioritaria.
Entre las conocidas deficiencias del servicio que aconsejan avanzar en la fiscalización del mismo se encuentran la limpieza insuficiente; que la recogida se ve lastrada por la existencia de viejos contenedores y de medios; el contrato está obsoleto, pues no se ha adaptado a las nuevas necesidades, como el quinto contenedor, la recogida de vegetales y la necesidad de actuar en planta y vertedero; la incertidumbre sobre la vida útil del vertedero; la utilización de maquinaria obsoleta e insuficiente; la falta de maquinaria y gestión del vertedero; la posible omisión de los ingresos por subproductos; el uso de instalaciones del vertedero como si fueran propiedad de FCC; que en el año 2017 no se han acometido por la sociedad inversiones o reinversiones, así como la confusión entre los medios y el ámbito de actuación de Lhicarsa y FCC.
Del mismo modo, ambas formaciones rechazan la pública intención del Gobierno de Castejón de modificar las condiciones contractuales en beneficio de la concesionaria, habida cuenta además de que no se tiene constancia de que la mercantil haya cumplido estrictamente con el servicio que debe ofrecer a los cartageneros.
Cabe recordar que el concejal socialista Torralba reconoció de forma implícita en el último Pleno que, en las concesionarias municipales, han encontrado trabajo en esta legislatura afortunados miembros del PSOE, lo que abunda en la necesidad de investigar en las contrataciones de la empresa.
En versión de MC, los aspectos que se proponen estudiar en esta Comisión son los de la valoración del cumplimiento del contrato y de los pliegos de condiciones; la procedencia de cualquier modificación del contrato o alteración de sus condiciones, o de una nueva licitación según los procedimientos administrativos que correspondan; la obtención de beneficios por la empresa que deben ser valorados, investigados y regularizados, en su caso; la falta de recursos materiales (inversiones y reinversiones); la falta de recursos humanos; las condiciones de acceso al empleo y el listado de trabajadores; la falta de ingresos por subproductos de la planta de tratamiento de residuos; el reconocimiento implícito, al existir el 'Plan especial de Limpieza', del incumplimiento de sus obligaciones por parte de Lhicarsa, e incluso de FCC, así como posibles incumplimientos contractuales con especial impacto en el medio ambiente.
Concesionaria
Lhicarsa, empresa en la que el Ayuntamiento tiene una participación del 10%, es la concesionaria del contrato de limpieza, recogida de basura y tratamiento de residuos.
La viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha denunciado que "las manifestaciones de Castejón sobre lo insuficiente del contrato esconden la intención de premiar a la empresa con hasta cinco millones de euros más al año vía modificación de contrato, apartado a un lado, una vez más, el criterio de los técnicos. Una intención que rechazamos frontalmente".
Para García, "lo que demandan los ciudadanos es que la alcaldesa exija a Lhicarsa que cumpla, que limpie las calles con más trabajadores y mejores máquinas, que es lo que los cartageneros pagan desde hace años, y no que el Gobierno mire hacia otro lado para utilizar a las concesionarias como agencia de colocación y dejar en un cajón el interés general".
La representante de la formación cartagenerista ha recordado que "en relación a este servicio existen problemas que ya han sido recogidos en informes municipales y han sido tratados en el Pleno, habiendo sido asumidos, buena parte de ellos, tanto por la empresa como por el Gobierno".
Dada esta situación, para MC y CTSSP investigar acerca del cumplimiento del contrato con Lhicarsa se trata de una cuestión, sin duda, prioritaria.
Entre las conocidas deficiencias del servicio que aconsejan avanzar en la fiscalización del mismo se encuentran la limpieza insuficiente; que la recogida se ve lastrada por la existencia de viejos contenedores y de medios; el contrato está obsoleto, pues no se ha adaptado a las nuevas necesidades, como el quinto contenedor, la recogida de vegetales y la necesidad de actuar en planta y vertedero; la incertidumbre sobre la vida útil del vertedero; la utilización de maquinaria obsoleta e insuficiente; la falta de maquinaria y gestión del vertedero; la posible omisión de los ingresos por subproductos; el uso de instalaciones del vertedero como si fueran propiedad de FCC; que en el año 2017 no se han acometido por la sociedad inversiones o reinversiones, así como la confusión entre los medios y el ámbito de actuación de Lhicarsa y FCC.
Del mismo modo, ambas formaciones rechazan la pública intención del Gobierno de Castejón de modificar las condiciones contractuales en beneficio de la concesionaria, habida cuenta además de que no se tiene constancia de que la mercantil haya cumplido estrictamente con el servicio que debe ofrecer a los cartageneros.
Cabe recordar que el concejal socialista Torralba reconoció de forma implícita en el último Pleno que, en las concesionarias municipales, han encontrado trabajo en esta legislatura afortunados miembros del PSOE, lo que abunda en la necesidad de investigar en las contrataciones de la empresa.
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